La conmoción sacude al sur del Gran Buenos Aires: los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años) fueron hallados enterrados en el jardín de una vivienda ubicada en Florencio Varela, luego de varios días de búsqueda tras su desaparición. Las víctimas habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita/La Tablada, cuando subieron a una camioneta con la promesa de ir a una fiesta que se transformó en trampa mortal.

El horror descubierto: tortura, mutilaciones y perfiles de violencia extrema

Las autopsias revelaron signos de violencia exacerbada: torturas, cortes, mutilaciones y ensañamiento. En el caso de la menor, Lara, se constató que le fueron amputados dedos de una mano y parte de una oreja antes del homicidio. Para los investigadores no se trató de un hecho casual, sino de una operación planificada. Incluso aseguran que el crimen habría sido transmitido en redes sociales como parte de un ajuste de cuentas narco.

Según los registros, las jóvenes subieron a una camioneta blanca frente a una estación de servicio y ese vehículo luego apareció incendiado a pocas cuadras, lo que refuerza la hipótesis de un traslado premeditado.

“Pequeño J”: el presunto cerebro bajo la lupa, pero con dudas familiares

La justicia apunta a un supuesto jefe narco peruano, conocido como Pequeño J —identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano—, como autor intelectual del triple crimen. Se lo investiga por haber contratado sicarios para ejecutar los asesinatos y por sus vínculos con redes delictivas que operan en la Villa 1-11-14 y el Conurbano. También pesa sobre él una orden de captura internacional.

Sin embargo, la figura de “Pequeño J” es cuestionada por familiares de las víctimas. El padre de Brenda sostuvo que no cree en esa hipótesis y habló de un posible encubrimiento. La madre de Morena también expresó dudas sobre la versión oficial.

Avances en la causa: detenidos, prófugos y órdenes internacionales

Hasta ahora hay al menos seis personas detenidas, entre ellas dos mujeres y cuatro hombres. También fue arrestado en Bolivia un hombre vinculado al encubrimiento del crimen. A su vez, hay pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, señalado como lugarteniente de “Pequeño J”.

El fiscal imputó a los detenidos por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía, violencia de género y concurso real de delitos, lo que contempla penas de hasta 35 años de prisión. No se descarta que la causa pase al fuero federal por la vinculación con el narcotráfico internacional.

Reacción social y reclamo de justicia

El horror generó una inmediata reacción social. Colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y vecinos se movilizaron bajo las consignas “Ni Una Menos” y “Justicia por Brenda, Morena y Lara”. Las familias encabezaron marchas desde la rotonda de La Tablada hasta distintos puntos del Conurbano exigiendo que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

Las críticas alcanzan a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial, señalados por complicidades, encubrimientos y falta de sensibilidad frente a la violencia contra las mujeres en barrios vulnerables.

Retos pendientes para esclarecer el caso

• Confirmar si “Pequeño J” es realmente el autor intelectual o una cortina de humo.
• Localizar y detener a todos los prófugos, especialmente a Matías Ozorio.
• Profundizar las pericias forenses para reconstruir el minuto a minuto de los hechos.
• Garantizar protección a testigos y contención a los familiares.
• Revisar el accionar policial para descartar fallas u omisiones.

Este caso —donde convergen la violencia de género, la crueldad extrema y la sospecha de estructuras narco— marca un punto de inflexión: muestra cómo, en zonas de vulnerabilidad, los crímenes más atroces se mezclan con economías ilícitas que actúan con impunidad.

FM del Este 100.5

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