En una provincia atravesada por la escasez de recursos, salarios públicos deteriorados y servicios esenciales en crisis recurrente, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz decidió mirarse al espejo y premiarse. Lo hizo en silencio, hacia adentro, mediante una resolución administrativa que le permitirá a sus máximas autoridades cobrar hasta 24 millones de pesos mensuales. No es una anécdota. Es una definición política.

Porque cuando un poder del Estado se garantiza incrementos salariales muy por encima del promedio social y del resto del sector público, deja de ser un hecho técnico y pasa a ser una señal de poder. Una señal clara: la Justicia se considera a salvo del esfuerzo que se exige a todos los demás.

Legal, sí. Legítimo, no.

Nadie discute que el Poder Judicial tenga autonomía ni que la Constitución proteja la intangibilidad de los salarios de los jueces. Pero la legalidad no agota la discusión. La legitimidad se construye con responsabilidad institucional, con mesura y con comprensión del contexto.

Autoasignarse aumentos escalonados, acumulativos y superiores a la inflación proyectada, mientras el resto del Estado discute paritarias defensivas, no es independencia judicial. Es autoindulgencia corporativa.

El privilegio como sistema

El contraste es brutal. Mientras docentes, médicos, policías y empleados públicos hacen malabares para sostener ingresos que pierden poder adquisitivo, la cúpula judicial se asegura sueldos de elite en una provincia con enormes desigualdades estructurales.

No se trata de envidia ni de demagogia. Se trata de proporcionalidad y decencia institucional. Un Estado no puede pedir sacrificios cuando uno de sus poderes se excluye de cualquier límite.

El daño a la credibilidad

La Justicia no solo administra sentencias: administra confianza. Y decisiones como esta erosionan esa confianza. Porque la ciudadanía observa, compara y concluye. Con razón o sin ella, el mensaje que queda es devastador: hay funcionarios que ajustan y otros que se blindan.

Más grave aún es el procedimiento. Sin debate público, sin explicaciones previas, sin rendición de cuentas. Una decisión tomada en despachos cerrados, como si la Justicia no debiera explicarle nada a nadie.

Una señal equivocada en el peor momento

Santa Cruz no necesita gestos de privilegio. Necesita instituciones que comprendan su tiempo histórico. El Tribunal Superior de Justicia tenía margen para actuar con prudencia, para diferir aumentos, para alinearse con el esfuerzo colectivo. Eligió lo contrario.

Y cuando la Justicia se coloca en una burbuja salarial, no se fortalece: se aísla. Se aleja de la sociedad que debe juzgar con imparcialidad y servir con austeridad.

Porque una Justicia que parece justa consigo misma, pero indiferente con el resto, deja de parecer justa.

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