Proyectos vetados

1. Aumento de jubilaciones: se rechazó una suba del 7,2 % en todos los haberes y un bono extraordinario de $70.000 a $110.000 pesos, con actualizaciones según inflación.
2. Moratoria previsional: se canceló la reinstalación por dos años del programa que permitía jubilarse sin completar los 30 años de aportes.
3. Emergencia en discapacidad: declaraba emergencia hasta 2027, establecía pensiones no contributivas al 70 % del haber mínimo y permitía compatibilidad con empleo formal de ingresos bajos.

Argumentos del Ejecutivo

El Gobierno justificó el veto señalando:

• Un impacto fiscal de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, equivalentes a casi 1 % del PBI el primer año y 1,68 % del PBI el siguiente, sin fuentes de financiamiento claras ni estudios actuariales.
• Procedimientos legislativos con “graves nulidades reglamentarias”: según el Ejecutivo, la sesión del Senado del 10 de julio no contaba con la citación previa ni la mayoría de dos tercios requerida.

Panorama político y reacción legislativa

• Milei firmó los vetos el sábado 2 de agosto, pero la publicación se demoró al límite legal para evitar que el Congreso reaccionara rápidamente.
• Para que el veto quede firme, se requiere el apoyo de dos tercios en Diputados o en el Senado. El oficialismo asegura contar con el respaldo suficiente en Diputados gracias a negociaciones con gobernadores y aliados.
• La oposición reprochó la decisión. Legisladores y referentes sociales la calificaron de “inhumana” y convocaron a redoblar la movilización y la lucha parlamentaria.

Contexto

La decisión se enmarca en una agenda de ajuste fiscal impulsada desde la asunción de Milei, que reformó por decreto el sistema de movilidad jubilatoria, priorizando la inflación como único parámetro de ajuste. Esto derivó en una reducción de ingresos reales para los jubilados desde abril de 2024.
En junio y julio, diversas organizaciones y movimientos sociales se movilizaron frente al Congreso para exigir la restitución de derechos previsionales y atención a personas con discapacidad.

Qué viene ahora

• La oposición deberá lograr dos tercios de los votos en alguna cámara para insistir y derogar el veto.
• El oficialismo confía en contar con el número requerido en Diputados, mientras que negocia alianzas y posibles concesiones con gobernadores.
• La tensión institucional aumentará en un contexto electoral agitado, con legislativas previstas para octubre de 2025 y críticas desde distintos sectores al gobierno por priorizar superávit fiscal frente a reclamos sociales.

FM del Este 100.5

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En una jornada inusual y cargada de tensión política, el Senado de la Nación llevó adelante este miércoles una sesión ordinaria impulsada por la oposición, sin convocatoria oficial y con un quórum de 42 senadores. La reunión parlamentaria fue habilitada por la vicepresidenta del cuerpo, Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), y marcó un hito al aprobar por mayoría leyes sociales de alto impacto y rechazar un veto del Poder Ejecutivo.

El Senado desafía al Gobierno y aprueba leyes por consenso opositor

Entre las medidas más relevantes convertidas en ley, se destaca un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios acompañado de una suma fija de $40.000, la prórroga de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año adicional. Todas estas iniciativas contaron con amplio respaldo y, en el caso de la emergencia en discapacidad, fueron aprobadas por unanimidad.

“Hay una deuda del Estado con las personas con discapacidad”, expresó la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana), mientras que el senador Luis Juez (PRO) compartió un testimonio personal: “Hace 25 años convivo con la discapacidad. Muchos prestadores cobran menos que un albañil, la retribución es miserable, lo fue antes y lo es ahora”.

Jubilados, discapacidad y federalismo: el Congreso actúa mientras el Ejecutivo mira de reojo

En otro tramo de la sesión, se rechazó por unanimidad el veto presidencial al proyecto que declara en emergencia y en situación de catástrofe a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales por los daños sufridos por recientes inundaciones. Con este rechazo, se restablece la ley que asigna fondos especiales para atender esa situación crítica.

Además, el Senado dio media sanción a dos proyectos que apuntan a fortalecer el federalismo fiscal. Uno establece una distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, y el otro modifica el esquema de reparto del impuesto a los combustibles. Ambas iniciativas fueron aprobadas con 56 votos afirmativos y solo uno negativo.

“Estas propuestas tienen el aval de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de nuevos tributos, sino de mejorar la forma en que se distribuyen los recursos existentes”, explicó el senador Fernando Salino (Convicción Federal). En la misma línea, Beatriz Ávila (Por la Justicia Social) destacó: “Los gobernadores están garantizando la paz social en nuestro país. La Nación debe trabajar codo a codo con ellos”.

En el cierre del debate, el senador Eduardo Vischi (UCR) expresó: “Hoy hay argentinos que la están pasando mal. Este Congreso decidió escuchar sus necesidades y votar en consecuencia. Las 24 jurisdicciones se pusieron de acuerdo para avanzar en un acto de justeza y de federalismo real”.

Finalmente, se decidió posponer el tratamiento de una declaración institucional sobre la situación actual de YPF, que será retomado en futuras sesiones.

La jornada legislativa no solo puso en evidencia el accionar coordinado de los bloques opositores, sino que también representa un fuerte mensaje al oficialismo sobre la necesidad de atender demandas urgentes y respetar los principios del federalismo en el reparto de recursos.

FM del Este 100.5

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