Pagliotto intimó a Frigerio a suspender el contrato con Teknofood para los comedores escolares de Entre Ríos
El abogado Rubén Pagliotto presentó una intimación formal al gobernador Rogelio Frigerio para que suspenda la entrada en vigencia, prevista para el 1 de agosto, del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares adjudicado a Teknofood S.A.
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También exigió la entrega de documentación oficial y advirtió que promoverá acciones judiciales y penales si el Ejecutivo mantiene la implementación.
Pagliotto exige frenar la implementación del contrato con Teknofood
El conflicto por la adjudicación del servicio de desayunos y meriendas escolares en Entre Ríos sumó este lunes un nuevo capítulo de fuerte impacto institucional.
El abogado Rubén Alberto Pagliotto presentó una intimación formal al gobernador Rogelio Frigerio para que disponga la suspensión inmediata de la entrada en vigencia del contrato adjudicado a la empresa Teknofood S.A., prevista para el próximo 1 de agosto de 2026, hasta tanto el Gobierno provincial acredite, mediante informes técnicos, científicos, nutricionales y bromatológicos independientes, que el nuevo sistema cumple plenamente con la legislación vigente.
En la presentación, Pagliotto sostiene que el objetivo de la intimación no es interferir en las facultades del Poder Ejecutivo, sino impedir que se consolide una decisión administrativa que, según afirma, podría vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos, tratados internacionales y la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable.
El eje del planteo: alimentos ultraprocesados en las escuelas
El núcleo del cuestionamiento gira alrededor del cambio del sistema de abastecimiento.
Según sostiene el abogado, la Provincia abandonaría el esquema descentralizado basado en alimentos frescos para reemplazarlo por un sistema centralizado sustentado en productos industrializados, respecto del cual existen objeciones formuladas por profesionales de la nutrición.
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Pagliotto recuerda además que la propia Dirección de Comedores Escolares de Entre Ríos, mediante la Circular Nº 2/2023, adoptó los lineamientos de la Ley Nacional 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, que prohíbe la provisión en establecimientos educativos de productos que posean sellos de advertencia nutricional.
En ese contexto, afirma que la gran mayoría de los productos que integran la propuesta de Teknofood serían alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, circunstancia que —según su interpretación jurídica— resultaría incompatible con esa normativa.
Reclama transparencia y acceso a toda la documentación
La intimación también incorpora un fuerte reclamo por la falta de información pública.
Pagliotto informó que el pasado 20 de julio había solicitado formalmente toda la documentación administrativa, técnica, nutricional y bromatológica vinculada a la contratación de Teknofood S.A., pero aseguró no haber recibido respuesta.
Ahora exige que el Gobierno remita copia certificada del decreto o resolución mediante el cual se adjudicó el contrato, además de los informes técnicos, nutricionales y jurídicos que fundamentaron la decisión administrativa, otorgando un plazo de 72 horas para responder.
Advierte sobre un amparo y una denuncia penal
El escrito concluye con una advertencia contundente.
Si el Gobierno provincial mantiene la implementación del nuevo sistema sin acreditar previamente su adecuación a la legislación vigente, Pagliotto anticipa que promoverá una acción de amparo con pedido de medida cautelar, además de una denuncia penal para que se investigue la eventual comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras responsabilidades que pudieran surgir durante la investigación.
Intimación como primer paso
La intimación presentada al gobernador Rogelio Frigerio eleva el conflicto al máximo nivel político e institucional de la provincia.
El debate ya no se limita únicamente a la adjudicación del contrato a Teknofood S.A., sino que incorpora interrogantes sobre la transparencia del proceso, el acceso a la información pública, el cumplimiento de la Ley de Alimentación Saludable y la calidad nutricional de los alimentos que recibirán miles de alumnos entrerrianos.
Mientras el Ejecutivo provincial aún no respondió públicamente a la intimación, el caso podría derivar en una intensa disputa administrativa y judicial si la implementación del nuevo sistema continúa según el cronograma previsto para el 1 de agosto.
