Milei vetó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, argumentando que afectarían el equilibrio de las cuentas públicas y no contenían fuentes claras y sostenibles de financiamiento.
El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto de dos normas aprobadas por el Congreso: la Ley de Emergencia Pediátrica —impulsada por legisladores y referentes del Hospital Garrahan y otros centros— y la Ley de Financiamiento Universitario, que proponía una recomposición de partidas para las universidades públicas. Ambos vetos fueron oficializados el 11 de septiembre de 2025 y reavivan un conflicto entre el Ejecutivo, el Parlamento y los sectores afectados.
| Ley / Proyecto | Decreto | Fecha de publicación | Objeto del veto (resumen) |
|---|---|---|---|
| Emergencia Pediátrica (Proyecto de Ley Nº 27.796) | Decreto N° 651/2025 | Se publicó en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de 2025. (Boletín Oficial) | Observa en su totalidad el proyecto que declaraba la emergencia sanitaria en salud pediátrica por un año. (Boletín Oficial) |
| Financiamiento Universitario (Proyecto de Ley Nº 27.795) | Decreto N° 647/2025 | Se publicó en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de 2025 (suplemento). (Boletín Oficial) | Observa en su totalidad el proyecto que proponía una recomposición de financiamiento para universidades públicas. (Boletín Oficial) |
Qué establecían las leyes
La Ley de Emergencia Pediátrica declaraba la emergencia sanitaria en el área pediátrica por un año, habilitaba mecanismos de compra directa de insumos con financiamiento estatal, proponía mejoras en las condiciones laborales del personal médico (incluida una recomposición salarial) y la exención del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, con el objetivo de frenar la fuga de recursos humanos en hospitales pediátricos de alta complejidad.
La Ley de Financiamiento Universitario proponía una recomposición de las partidas presupuestarias para las casas de altos estudios públicas, buscando recuperar parte del poder de compra del financiamiento universitario y asegurar recursos para la docencia, la investigación y el funcionamiento de las universidades. Sectores académicos y gremiales habían reclamado su sanción como condición mínima para sostener la actividad académica.
Argumento del Ejecutivo
El gobierno justificó las decisiones en términos fiscales: desde la Presidencia se argumentó que ambas normas afectarían el equilibrio de las cuentas públicas y no contenían fuentes claras y sostenibles de financiamiento, en línea con la política de ajuste que el Ejecutivo ha promovido desde el inicio de la gestión.
Reacción de hospitales, universidades y gremios
La decisión generó una rápida reacción de rechazo por parte de la comunidad médica, docentes y organizaciones estudiantiles. El Hospital Garrahan, las federaciones universitarias y sindicatos vinculados a la educación y la salud anunciaron medidas de alerta y movilizaciones; ya se anticiparon protestas conjuntas, paros y clases públicas en espacios públicos en caso de que se confirme la vigencia de los vetos. Las convocatorias apuntan a presionar al Congreso para que insista en la sanción.

Posibilidad de insistencia parlamentaria y contexto político
Con el veto formalizado, la única vía para convertir las normas en ley a pesar del rechazo presidencial es que el Congreso “insista” y rechace el veto con una mayoría calificada (dos tercios) en ambas cámaras. La oposición ya analiza la estrategia para convocar sesiones especiales y reunir los votos necesarios; el precedente inmediato del Parlamento —la reciente revocación del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad— muestra que una insistencia es políticamente posible cuando la oposición logra cohesión.
Escenario probable y próximos pasos
- Movilización social y gremial: las universidades y el personal del sector salud mantienen la movilización como mecanismo de presión, con paros y actos previstos en los próximos días si persisten los vetos.
- Acción legislativa: la oposición evaluará si convoca a sesión para “insistir” sobre las leyes; para ello necesita articular mayorías y definir fechas. Si el Congreso logra la mayoría de dos tercios, podría anular los vetos y promulgar las normas.
- Posible judicialización o recursos institucionales: en casos previos de alta tensión política, las partes han recurrido a instancias judiciales o a recursos institucionales; no puede descartarse que el Ejecutivo o la oposición utilicen vías legales o administrativas complementarias.
En este contexto, los vetos de Milei a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario profundizan un choque entre la estrategia fiscal del Gobierno y reclamos de sectores claves del Estado social (salud y educación). La situación plantea una pulseada política con impacto inmediato en hospitales de referencia y en la vida académica de las universidades públicas; la resolución dependerá ahora de la capacidad de la oposición para consolidar mayorías en el Congreso y de la intensidad de la respuesta social y gremial en las semanas que siguen.
FM del Este 100.5
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