Megajuicio: momento de escuchar las defensas del exgobernador Urribarri y su cuñado Aguilera
El megajuicio por causas de corrupción está transitando la ruta de las defensas de los acusados de haber desviado dineros públicos a negociados personales.
Los 3 primeros
Al retomar las audiencias, tras la feria judicial, declararon ante el Tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, tres de los acusados en las cinco causas acumuladas que llegaron a esta instancia.
El martes realizaron su declaración indagatoria Luciana Almada -pareja de Juan Pablo Aguilera- y su hermano Alejandro Almada. Ambos negaron las acusaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) ante el Tribunal y aseguraron su inocencia. En el mismo sentido se pronunció Maximiliano Sena, del entorno de Aguilera.
Le siguen otros 2
La semana próxima comienza con una agenda cargada ya que está previsto que realicen sus declaraciones defensivas Juan Pablo Aguilera y su cuñado, el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri. Aguilera lo hará de manera presencial en el Salón del Superior Tribunal de Justicia (STJ), mientras que el exgobernador lo hará en forma virtual desde medio oriente.
La cita será el lunes y los jueces escucharán primero a Aguilera y luego a Urribarri. Todavía no se sabe si responderán o no preguntas del Ministerio Público, ya que los 3 imputados que declararon a principios de esta semana decidieron sólo hablar y responder algunas preguntas de sus abogados defensores.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.
Fuente: Análisis Digital.