Megajuicio: acusan a Urribarri y Báez de “impunes” para “direccionar” en favor de Aguilera
La fiscal Patricia Yedro realizó el alegato de cierre en la causa “imprentas”.
Expuso desde las 9.40 de este lunes hasta la media tarde. Repasó la extensa prueba documental, los testimonios producidos en el debate y las declaraciones de imputados. Reivindicó la labor de Fiscalía, rechazó las acusaciones de persecución política que se escucharon de parte de defensores e imputados. Describió cómo fue el rol de la contadora Corina Cargnel al servicio de Juan Pablo Aguilera. Dijo que en Paraná “era un secreto a voces” la titularidad de las empresas Tep y Next. Retomó los testimonios de algunos empleados estatales y volvió a acusar “reticencia” y hasta “falsedad” en las declaraciones. Aseguró que las empresas que funcionan bajo el nombre comercial de Formato Urbano -Tep y Next- efectivamente son de Aguilera y agregó que la evidencia que lo prueba es abundante. “Tep y Next crecieron y se desarrollaron a partir de un ingreso constante de dinero del Estado”, apuntó. Habló de “caos administrativo” en el desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación y advirtió que actualmente se continúa con el mismo mecanismo. Se mostró firme al momento de referirse a los roles que desarrollaron el exgobernador Sergio Urribarri, y el exministro Báez. “Dijimos al inicio del debate que en el período investigado, la excepción se transformó en regla, se ordinarizó la vía de contratación directa. Esta no es la única forma de contratar, pero se transformó en regla porque permitía direccionar las contrataciones, eludiendo controles. Una forma que garantizaba a Urribarri y Báez la posibilidad de dar publicidad a quiénes ellos querían. Dispusieron de millonarias sumas aplicadas en contrataciones directas de publicidad, contrataciones que no eran urgentes”, acusó.
“Usaron toda clase de estrategias”
Antes de meterse de lleno en la causa de las imprentas, Yedro hizo una breve introducción y se refirió a la estrategia defensiva. “Vamos a sostener las imputaciones. Tantas descalificaciones que recibimos, menciones de tinte personal y agresivo, algo que nunca presenciamos, aquella falta de objetividad que tanto se achacó a la Fiscalía, todos esos son argumentos que enarbolaron quienes no tenían otro recurso al que acudir para objetar las imputaciones”, dijo pasadas las 9.40 de este lunes. “Nos tildaron de arbitrarios, irresponsables, inhumanos. Sin embargo siempre estuvimos comprometidos y desarrollamos nuestra labor con objetividad, comprometidos con descubrimiento de la verdad”, agregó.
Cuestionó las alegaciones y “valoraciones fuera de tiempo y lugar”. Dijo que es “llamativo de colegas con muchos años” de experiencia. “Hicieron imputaciones falsas y usaron toda clase de estrategia para cuestionar a la Fiscalía, hablando de una especie de causa armada. Estamos muy lejos de eso y hablo en nombre de mis compañeros y mío”, subrayó.
Sostuvo que las investigaciones tuvieron un “transitar lento” que llevó 6 años y estuvo “plagado de cuestionamientos y planteos, desde el primer día que inició la investigación con la denuncia”. Posteriormente los “hechos fueron comprobados y lo demostramos, y este es el momento en el que podemos hacer valoraciones”, cerró la introducción.
“Todos en esta ciudad sabían que las empresas son de Aguilera”
Los alegatos de Fiscalía comenzaron con la investigación conocida como “causa de las imprentas”, aquella vinculada a la titularidad de las empresas Tep y Next -las mismas que concentraron casi la totalidad de la publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 en Entre Ríos-.
Yedro también alegará sobre la causa que se llevó en la justicia de Transición, que concluyó con las imputaciones del exgobernador Sergio Urribarri; del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; y del comerciante Germán Buffa por la contratación de espacios publicitarios en dos diarios, en 2011.
En cuanto a la causa 31253, es decir aquella que “nos llevó a definir que Juan Pablo Aguilera es el dueño de las empresas -señaló la fiscal-, hay evidencia abrumadora y contundente”. “Aguilera es el dueño y se mantuvo en la sombras, oculto, actuando a través de testaferros”. “Acreditamos que las empresas Tep y Next, creadas en 2009, la primera con una participación del 90 por ciento de Emiliano Giacopuzzi y 10 por ciento de Luciana Almada y un capital social de 120 mil pesos en 10 cuotas iguales; la segunda empresa creada exactamente igual a la primera, con una participación de Maximiliano Sena del 90 por ciento, y de Alejandro Almada de 10 por ciento”. Añadió que las dos empresas “nacieron para absorber la totalidad de las contrataciones de publicidad, crecieron y se desarrollaron ensambladas, y están vinculadas hasta en el objeto social. El nacimiento de las dos empresas es contemporáneo a la aparición de Aguilera como funcionario público, que pasó a ser planta permanente del Senado en 2009”, trazó y mencionó testimonios producidos en el debate que encuadran con esa hipótesis acusatoria. Rescató tramos de los descargos de imputados de Sena y Giacopuzzi, del testimonio del exlegislador Hugo Berthet y aseguró que Tep y Next tuvieron un precedente que se llamó 5Tipos, empresa compuesta por Aguilera, Giacopuzzi, Sena, Luciana y Alejandro Almada.
“Aguilera era el dueño de las empresas y en Paraná era un secreto a voces”, reiteró. “No estamos hablando de cualquier sociedad”, apuntó, y puso en pantalla un documento elaborado por el abogado Lisandro Minigutti -no fue a declarar como testigo en el juicio porque se amparó en el secreto profesional- donde aparece Aguilera como único dueño de las empresas. “Este documento elaborado por el Dr Minigutti, que estaba guardado en una carpeta de la contadora Corina Cargnel, fue creado en 2016. Otro documento de las mismas características, prevé el pago de una multa a favor de Aguilera en caso de demora en la transferencia de acciones sociales. Estos dos documentos fueron hallados en el disco externo donde también se encontró mucha documentación de Cargnel, cosas personales, documentación con otros clientes y vinculada a su actividad como docente”, alegó Yedro.
Después recordó el ataque de los defensores al secuestro del disco extraíble. “El día que Giacopuzzi hizo su descargo mostró fotos, esas mismas fotos que mostró acá, que tarjo él estaban en el disco externo que tanto cuestionaron. Esa hipótesis de la defensa es absurda, salvo que digan que la documentación se estaba creando varios años antes de la denuncia, para hacer una denuncia tantos años después”, ironizó.
“Hubiera sido interesante preguntarle a Minigutti por estos documentos, si los proyectos de documentos también se elaboraron para el encuentro con el couch en Oro Verde, ese encuentro en el cual colocaron a Aguilera como gerente general de las empresas. Sin embargo, Minigutti se amparó en secreto profesional y no vino a declarar”, dijo.
Yedro retomó además el testimonio del empresario Carlos Vitagliano; de los empleados estatales Raúl Tati Galarza y Florencia Della Ghelfa; y del empleado del Partido Justicialista Gustavo Pereyra. Habló de los vínculos que cada uno de esos testigos mantuvo, en distintos momentos, con la contadora Corina Cargniel, a quien volvió a definir como “mano derecha” de Aguilera.
Recordó que se mostraron correos electrónicos a lo largo de la audiencia donde se hablaba de la intención de Aguilera de quedarse con el 50 por ciento de Visual Ilusión, la empresa de Vitagliano que, a otro nivel cumple, el mismo rol que Tep y Next con el PJ Entre Ríos.
“Carlos Vitagliano testigo particular que llegó enojado no respondió a interrogatorio de fiscalía, habló de lo que quiso, cuando le mostraron los numerosos correos que mantuvo con Cargnel, que decían que Aguilera quería comprar el 50 por ciento del paquete accionario de Visual Ilusión, reclamaba aportes de dinero, la presencia de Aguilera, gestiones para destrabar ingreso de mercadería. En el medio la contadora Cargnel interviniendo en representación de Aguilera. Después Cargnel negó ese rol, se burló, ironizó sobre sus vínculos con el funcionariado, pretendió decir que no sabía lo que le imputaban. Pero Cargnel era la mano derecha de Aguilera, sabía todos sus negocios, que muchos no eran lícitos”, alegó.
Más adelante la fiscal aseguró que no necesitan más que los propios registros que elaboraba Cargnel para sustentar la acusación en su contra. “Ella misma llevaba con minucioso detalle y precisión todo, eso es un patrón que se repite y conocemos quienes investigamos la corrupción. Cargnel entablaba vínculos con funcionarios en nombre de Aguilera y en nombre personal por cuestiones domésticas. Actuaba como contadora de las empresas en nombre de Aguilera, ni en representación de Sena, ni Giacopuzzi ni los hermanos Almada”, subrayó.
Dedicó otro tramo de su extenso alegato -lleva más de 4 horas y aún no concluyó- a los roles de Sena y Giacopuzzi. Contrastó la hipótesis acusatoria con cada una de las declaraciones de imputados. En el caso puntual de los socios mayoriatarios de Tep y Next, dijo: “Es posible que hayan tenido un proyecto personal cuando estudiaban en la facultad. Pero cuando apareció Aguilera en la escena transformaron al proyecto inicial de dos en un proyecto de cinco. A la Fiscalía no le caben dudas que la intervención de dos familiares en el negocio es lo que aseguró a Aguilera mantener el control de las dos empresas. Toda la prueba que producimos demuestra que ninguno de los cuatro que aparecen como dueños de las empresas actuaba como tal, ninguno se comportaba como gerente. Les molestó tanto la palabra testaferro, pero Sena y Giacopuzzi estaban registrados en las listas de empleados. No hay duda que cumplían un rol relevante, pero ninguno actuaba como dueño, tomando decisiones sobre el giro comercial. Cobraban como empleados jerarquizados, cobraban lo mismo que Cargnel y Raúl Galarza. El descargo que hicieron Giacopuzzi y Sena carece de sustento y se cae ante la prueba”, señaló.
Testimonios “reticentes y evasivos”
Yedro dedicó un tramo de su exposición final en la “causa imprentas” a los testigos que declararon en la audiencia que comenzó el 27 de septiembre pasado y tuvieron una actitud “reticente y evasiva” con la Fiscalía. Se refirió en ese aspecto a Raúl Galarza. “No figura en ningún papel dentro de las empresas pero cobraba como Cargnel. Cuando se le preguntó por su rol, dijo que lo llamaban cariñosamente como Gerente General. Podemos demostrar cómo Aguilera usó personas de su entorno para avanzar en los negocios”, introdujo y mencionó a Florencia Della Ghelfa.
“Joven, inexperta, quizás por su corta edad y falta de experiencia aceptó trabajar para Aguilera. Estaba ocupada de armar todos los expedientes de Montañana, Bustamante y Aguilera. Estaba tan comprometida con el trabajo que le asignó a aguilera que armaba los expedientes, cambiaba fotos, avisaba cuando se veían retocadas, iba a buscar hojas membretadas. No podía ser empleada de las empresas porque era empleada del Estado que contrataba a las empresas. Pero cobraba por eso. Que Aguilera era el dueño, era conocido por todos, sobre todo en el Ministerio de Cultura y Comunicación donde desde empleado más raso al ministro lo sabían. Nosotros advertimos que los testigos iban a mentir porque ellos sabían que Aguilera era el dueño y conocían la mecánica para beneficiarlo”, apuntó.
Se refirió en términos similares a la declaración de Luciana Almada. “Negar a esta altura que Aguilera es el dueño de las empresas, es inútil. Ella quiso explicar unos mensajes en los que reclamaba a Aguilera por su sociedad con Vitagliano, pero en los mensajes no menciona a Vitagliano sino las otras empresas”, contestó.
Sumó el testimonio de la empleada del Ministerio de Cultura y Comunicación Rina Deymonnaz, Mariela y Daniela Teruel en la lista de “reticentes” y “evasivos”.
Contratos de la Legislatura y “dinero constante”
La fiscal dedicó otro tramo de su alegato a la documentación secuestrada en la casa particular de Juan Pablo Aguilera, donde encontraron facturación por contratos en la Legislatura de empleados de las empresas Tep y Next.
“Empleados de las empresas de Aguilera como Alegre y Ramírez eran titulares de contratos cuyas facturas encontraron en la casa de Aguilera. Acá ellos dijeron que consiguieron los contratos a través de Aguilera o Alejandro Almada. Y también trabajaban en las empresas de Aguilera. Él tenía contratos a nombre de empleados suyos en las empresas. Les pagaba a los empleados con contratos de la Legislatura. Esto no solo se daba en el Senado, sino también en el Ministerio de Cultura y Comunicación. Tep y Next crecieron y se desarrollaron por un ingreso constante de dinero del Estado, no solo por las contrataciones de publicidad sino por otro tipo de contrataciones”, alegó.
“Discrecionalidad” y “arbitrariedad”
Con esos calificativos alegó sobre las decisiones y responsabilidad que cupo a exgobernador Urribarri y al exministro Báez. “Tanta arbitrariedad y discrecionalidad tenían, que llegaron a favorecer a Tep cuando todavía no estaba en el registro de medios, una condición sine qua non para facturar órdenes de publicidad”, acusó.
“Acá se dijo que el contador Enrique tuvo animosidad cuando hizo la pericia contable porque Urribarri lo despidió, pero el propio Enrique contó que participó de una gestión y renunció. Además hablaron de posible afiliación política. ¿Por qué no lo recusaron? Lo dijeron algunos defensores pero también lo dijo el exgobernador”, recordó Yedro.
Después se refirió al “rédito personal” que obtenía Urribarri avalando el direccionamiento de publicidad. “Parte de ese dinero era aplicado a su promoción personal. Y el ministro Báez respondía a Urribarri, y daba órdenes a sus empleados para que se contactaran directamente con Giacopuzzi para los diseños gráficos. Giacopuzzi no recibía beneficio por ser diseñador gráfico de Aguilera y el Ministerio”, estructuró.
“Era tal la discrecionalidad con la que se manejaban para direccionar las contrataciones que no se ocuparon en lo más mínimo de observar los procedimientos, con tanta impunidad y discrecionalidad que mantenían un flujo constante de dinero a las tres empresas: Montañana; Bustamante y Tep. Ahí se cometieron serios errores, nosotros mostramos una parte. Pero son evidentes los controles laxos de los responsables de armar expedientes, de certificar contrataciones”, alegó.
“Caos administrativo” y “direccionamiento”
Cuando se refirió específicamente a la gestión en el Ministerio de Cultura y Comunicación, habló de “caos administrativo”. “Vimos que la mayoría de los expedientes carecía de nota inicial, iniciaban con la orden de publicidad, los pocos que tenían propuesta estaba fechada posteriormente a la orden de publicidad. Certificaciones sin fecha, sin firma, suscriptas por Báez, ordenes de publicidad que se fechaban el último día de un mes para iniciar al día siguiente la campaña publicitaria, renovaciones de compaña por meses sin justificación, expedientes armados meses después de terminada la campaña. Todas estas irregularidades no son errores involuntarios, Teruel y -Pabo- Dimier dijeron que eran errores involuntarios, pero sabemos que el expediente administrativo es una hoja de ruta. El caos administrativo es uno de los indicios de corrupción”, valoró.
Fuente: Análisis