Fin de los recargos Municipales en las facturas de servicios públicos
Tasas municipales o provinciales, como aquellas destinadas a bomberos, seguridad e higiene, y contribuciones especiales, ya no podrán figurar en las facturas de servicios de electricidad, gas o agua
La medida, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, especifica cuáles son los conceptos que pueden ser incluidos dentro de las facturas. El Ejecutivo ya había reclamado por las subas de tasas de municipios para los supermercados
Tasas municipales o provinciales, como aquellas destinadas a bomberos, seguridad e higiene, y contribuciones especiales, ya no podrán figurar en las facturas de servicios de electricidad, gas o agua
Con la reciente resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional puso fin a la práctica extendida de incluir recargos e impuestos municipales en las boletas de servicios públicos. Esta normativa, que afecta directamente a la provincia de Entre Ríos, ha generado una serie de reacciones en los municipios locales, que ahora deberán ajustarse en un plazo de 30 días a las nuevas reglas que restringen el contenido de las facturas exclusivamente al costo del servicio brindado.
La resolución y su alcance
La resolución, firmada por la Secretaría de Industria y Comercio, establece que las boletas emitidas por los proveedores de servicios públicos solo podrán contener los conceptos directamente relacionados con el servicio contratado por el usuario. Esto implica que tasas municipales o provinciales, como aquellas destinadas a bomberos, seguridad e higiene, y contribuciones especiales, ya no podrán figurar en las facturas de servicios de electricidad, gas o agua, entre otros.
Este cambio es de suma importancia en Entre Ríos, donde varios municipios habían implementado estos recargos como una fuente adicional de ingresos. El artículo 1° de la resolución establece claramente que las facturas solo podrán incluir información vinculada al bien o servicio consumido, y no podrán agregar “sumas o conceptos ajenos”, lo que busca evitar confusiones y proteger a los consumidores, como establece la Ley N° 24.240.
El impacto en los municipios de Entre Ríos
Esta medida tiene un impacto directo en los presupuestos de varios municipios entrerrianos. Hasta ahora, muchas localidades habían recurrido a incluir tasas en las facturas de servicios para compensar la caída de ingresos propios o la reducción en las transferencias de fondos discrecionales desde el gobierno nacional. Sin embargo, con la implementación de la resolución 267/2024, deberán buscar alternativas para mantener esos ingresos sin afectar los servicios esenciales que esas tasas contribuían a financiar.
Muchos recargos, como las contribuciones para bomberos y seguridad, jugaban un rol clave en la financiación de actividades comunitarias que ahora deberán ser reestructuradas en el presupuesto municipal.
Protección al consumidor y transparencia
El argumento central del Gobierno nacional detrás de esta medida es la protección de los derechos de los consumidores. Según el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley N° 24.240, los consumidores tienen derecho a información clara y precisa sobre lo que están pagando. Con esta normativa, se busca evitar prácticas abusivas donde las facturas incluían conceptos que no guardaban relación con el servicio prestado, generando confusión y, en algunos casos, incrementando el costo para los usuarios.
El artículo 2° de la resolución aclara que el incumplimiento de esta norma será sancionado bajo el régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto refuerza la necesidad de que los municipios y provincias adecuen sus sistemas de facturación para cumplir con las nuevas disposiciones y evitar sanciones.
Reajuste fiscal en la provincia
En las próximas semanas, se espera que los municipios de Entre Ríos presenten propuestas para enfrentar esta nueva realidad. Mientras tanto, los consumidores locales verán un cambio en sus facturas de servicios, donde ya no aparecerán conceptos ajenos al costo real del servicio brindado. Esta medida, según el Ministerio de Economía, no solo busca proteger al consumidor sino también frenar los efectos inflacionarios derivados del aumento indiscriminado de tasas.
El futuro financiero de muchos municipios entrerrianos dependerá de cómo logren adaptarse a esta nueva normativa sin afectar la prestación de servicios esenciales para la comunidad.
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