#robomotofederacion

Un rápido operativo policial permitió recuperar este viernes una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Federación y detener a dos hombres que se desplazaban en el rodado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura Departamental Federación – Comisaría Tercera, el hecho se conoció alrededor de las 13:00, cuando una mujer mayor de edad informó que momentos antes le habían sustraído su motocicleta Corven Energy 110 cc, de color negro, que se encontraba frente a un domicilio de calle Pedro Páez.

Según manifestó la damnificada, había dejado la moto con la llave de contacto colocada, circunstancia que habría facilitado la sustracción.

A partir de la denuncia, la Policía puso en marcha un operativo de cierre de la ciudad, con intervención de distintas dependencias. En ese marco, personal de la Comisaría N° 23 Suburbios logró localizar el motovehículo y comenzó una persecución.

Finalmente, los efectivos consiguieron interceptar la motocicleta en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 44, a la altura del kilómetro 7, donde procedieron a detener a sus dos ocupantes.

Se trata de dos hombres mayores de edad, oriundos de la ciudad de Concordia, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La situación fue comunicada a la UFI local, que avaló el procedimiento policial y dispuso la aprehensión de ambos hombres y el secuestro de la motocicleta, en el marco de las actuaciones iniciadas por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

La investigación continuará bajo intervención de la Fiscalía para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y la participación que le correspondió a cada uno de los detenidos.

Jefatura Dptal. Federación

La entrada Dos hombres fueron detenidos tras una persecución por el robo de una moto en Federación se publicó primero en FM del este 100.5.

El procedimiento se concretó el pasado 3 de septiembre, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una Ford EcoSport Titanium conducida por un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por otro de 48, ambos oriundos del departamento Colón.

Durante el control de rutina y con la intervención de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura departamental Islas y un can antinarcóticos, se logró hallar un total de 1,052 kilogramos de cocaína.

En esta línea, se dió intervención a la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Gualeguaychú -a cargo del Dr. Hernán Sergio Viri-, desde donde se dispuso la inmediata detención e incomunicación de ambos hombres, así como el secuestro de la sustancia, el vehículo y los teléfonos celulares utilizados por los sospechosos.

La entrada Secuestraron más de un kilo de cocaína en el puesto de control vial Brazo Largo se publicó primero en FM del este 100.5.

#DireccionNacionaldeDiscurso #Subsecretariadediscursomonitoreo #chamuyo

La decisión reabre el debate sobre el crecimiento de estructuras estatales en un Gobierno que llegó al poder prometiendo achicar el Estado.

El Gobierno de Javier Milei incorporó una nueva pieza a su estructura de comunicación: la Dirección Nacional de Discurso, un cargo que quedó formalmente en manos del licenciado en Filosofía Martín Ariel Polakiewicz.

La designación fue oficializada mediante la Resolución 3/2026 de la Secretaría de Vocería Presidencial, publicada el 17 de septiembre en el Boletín Oficial y firmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Polakiewicz fue designado transitoriamente desde el 24 de julio y por un período de 180 días hábiles, con Nivel A, Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel I del régimen SINEP. El gasto correspondiente al cargo se imputa al presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia.

Pero la Dirección Nacional de Discurso no funciona como una oficina aislada. Forma parte de una estructura más amplia: la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, dependiente de la Secretaría de Vocería Presidencial.

El Decreto 581/2026 estableció esa Subsecretaría y le asignó, entre otras funciones, participar en la estrategia de contenidos del Gobierno, definir prioridades temáticas y narrativas, intervenir en la comunicación institucional del Presidente, elaborar discursos y mensajes, planificar la comunicación digital y supervisar contenidos utilizados en las campañas orgánicas de comunicación digital de Javier Milei y de la Presidencia.

En otras palabras, no se trata solamente de alguien encargado de escribir discursos. La estructura tiene entre sus responsabilidades formales intervenir en buena parte de la construcción y planificación del mensaje político y comunicacional del Gobierno.

¿Qué hará el nuevo director?

De acuerdo con las funciones establecidas oficialmente, el director nacional de Discurso deberá asistir a la Subsecretaría en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente y de la Secretaría.

También tendrá intervención en la planificación de la comunicación institucional del Presidente, incluida la elaboración de discursos, mensajes y contenidos; en la preparación de conferencias de prensa; en la recopilación de información para comunicaciones oficiales y en la definición de prioridades temáticas y narrativas del Gobierno.

El Gobierno defendió la designación argumentando que Polakiewicz posee una trayectoria de publicaciones y colaboraciones en el ámbito de la discusión pública y que su formación filosófica y económica resulta adecuada para la función.

Adoctrinamiento invisible: del consumo al suicidio, las huellas de la manipulación global

Polakiewicz es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y participó en publicaciones como la revista digital Seúl y en el sitio Principios Informales. También tiene una activa presencia en la red social X mediante la cuenta @aceleranding. Infobae señala que una fuente oficial confirmó colaboraciones en el marco de esa cuenta, aunque aclaró que tendría múltiples colaboradores anónimos.

Las acusaciones que circulan en redes

En las últimas horas también comenzó a circular una caracterización mucho más dura del nuevo funcionario y de la estructura.

El portal Portal Noticias Argentinas, en una publicación difundida a través de su página de Facebook, sostiene que Polakiewicz sería un “troll militante de La Libertad Avanza”, que operaría bajo la cuenta “Aceleranding” y que tendría vínculos con redes de trolls. Esa publicación también utiliza expresiones como “jefatura del chamuyo”, “fábrica de guiones” y “búnker creativo” para describir las funciones de la nueva estructura.

Es importante hacer una distinción periodística: esas afirmaciones y caracterizaciones pertenecen a la publicación de Portal Noticias Argentinas y no deben confundirse con hechos acreditados oficialmente.

La existencia de la cuenta @aceleranding y la participación de Polakiewicz en el debate político en redes sí aparecen documentadas por distintos medios. Infobae, por ejemplo, identificó la cuenta y describió sus publicaciones críticas hacia el kirchnerismo y otros sectores opositores al Gobierno.

La afirmación de que desde esta estructura se “inyectan fondos públicos” para financiar redes de trolls, en cambio, no surge de la resolución oficial que creó el cargo ni de la documentación oficial consultada, por lo que corresponde presentarla como una acusación de terceros y no como un hecho comprobado.

Una contradicción difícil de ignorar

La creación de esta estructura también plantea una pregunta política sobre la coherencia entre el discurso fundacional del Gobierno y la evolución de su propia administración.

Durante la campaña presidencial de 2023, Javier Milei propuso una fuerte reducción de la estructura estatal. Su programa de gobierno planteaba eliminar jefaturas de gabinete, secretarías y direcciones que, según aquella propuesta, hubieran sido creadas para colocar personas, además de reducir equipos de análisis de políticas públicas y controlar estrictamente el gasto.

Ya en el Gobierno, la administración de Milei destacó como uno de sus principales logros haber reducido ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. En un discurso oficial de noviembre de 2024, el Presidente afirmó que se habían eliminado casi 100 secretarías y subsecretarías y más de 200 áreas consideradas duplicadas u obsoletas.

Incluso en 2026 el Gobierno continuó defendiendo el achique de la Administración Pública. Un decreto de marzo sostuvo que la magnitud de la estructura estatal y su “excesiva injerencia” justificaban reducir unidades organizativas y organismos.

Y, sin embargo, ahora aparece una nueva estructura con una Secretaría de Vocería Presidencial, una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital y una Dirección Nacional de Discurso.

La explicación oficial es que estas áreas cumplen funciones necesarias para organizar la comunicación presidencial. La pregunta que queda abierta es si la creación de nuevas capas administrativas resulta compatible con el criterio de reducción de estructuras que el propio Gobierno convirtió en una de sus principales banderas.

Cuando el Estado se achica… pero también crea nuevas oficinas

Argentina atraviesa una etapa en la que el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio fiscal, la reducción del gasto y la eficiencia de la administración pública. En paralelo, miles de trabajadores estatales han dejado sus puestos y el Ejecutivo continúa impulsando reducciones en organismos y estructuras de la Administración Pública Nacional.

En ese contexto, cada nueva estructura financiada con recursos públicos inevitablemente genera una discusión. Un Presidente necesita comunicar, preparar discursos, organizar conferencias y transmitir sus políticas. De hecho, existen antecedentes de áreas similares en administraciones anteriores; durante el gobierno de Mauricio Macri también funcionó una Dirección General de Discurso.

El interrogante es otro: ¿cuánto cuesta esta nueva estructura, qué resultados concretos produce y por qué necesita incorporar nuevos niveles jerárquicos mientras el mismo Gobierno les explica a los argentinos que el Estado debe hacer más con menos?

Es una pregunta especialmente sensible cuando el dinero utilizado para sostener la administración pública proviene, en última instancia, de los recursos que aportan los ciudadanos a través de impuestos y otros ingresos del Estado.

Por eso, más allá de las etiquetas de “chamuyo”, “relato” o “propaganda”, hay una discusión concreta que merece datos: qué presupuesto tendrá esta estructura, cuántos cargos involucra, cuánto costará y qué objetivos medibles deberá cumplir.

Porque si el argumento es que la comunicación presidencial necesita profesionalizarse, el Gobierno puede explicarlo y justificarlo. Y si el argumento central de su política sigue siendo que Argentina necesita un Estado más pequeño y austero, también tendrá que explicar por qué algunas estructuras desaparecen mientras otras nuevas aparecen.

En definitiva, la discusión no debería quedar atrapada solamente en una pelea entre oficialistas y opositores sobre quién tiene razón acerca del “relato”.

La pregunta más sencilla es también la más importante: ¿cuánto le cuesta al ciudadano esta nueva estructura y qué recibe a cambio?

FM del Este 100.5

La entrada El Gobierno creó la “Dirección Nacional de Discurso” se publicó primero en FM del este 100.5.

#contaminacionriogualeguaychu #RicardoLuciano

La investigación judicial, iniciada en julio de 2025, ya involucra a integrantes de la entidad encargada de administrar la planta y a representantes de las industrias.

El abogado Ricardo Luciano sostiene que la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú permaneció fuera de funcionamiento durante meses y que distintos análisis detectaron elevados niveles de materia orgánica, bacterias y metales pesados.

Escuchá la entrevista al Dr. Ricardo Luciano en “El Despertador”

La contaminación del río Gualeguaychú volvió a quedar en el centro de una investigación judicial a partir de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Luciano, quien sostiene que durante meses no funcionó correctamente la planta de tratamiento de efluentes líquidos del Parque Industrial de Gualeguaychú y que los controles previstos por la normativa no se habrían realizado, o al menos no se encontrarían incorporados al expediente en la forma exigida.

La denuncia fue presentada el 11 de julio de 2025, después de que el Foro Ambiental de Gualeguaychú hiciera pública, en junio de ese año, una situación que Luciano consideró particularmente grave: el presunto funcionamiento deficiente de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del Parque Industrial. Al tratarse de residuos que, según el denunciante, pueden quedar comprendidos dentro de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, la causa quedó radicada en el ámbito de la Justicia Federal.

De acuerdo con lo relatado por Luciano durante la entrevista, el sistema de tratamiento está compuesto por unidades de tratamiento correspondientes a las distintas industrias, cuyos efluentes confluyen posteriormente en una planta de mayor capacidad administrada por la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), junto con una comisión integrada por representantes del sector industrial.

El punto central de la denuncia está precisamente en ese sistema de control. Luciano afirma que la planta principal no funcionaba desde noviembre de 2024 y que, pese a esa situación, no se habrían adoptado las medidas necesarias para corregir el problema. A partir de la investigación judicial se realizaron distintos procedimientos de toma de muestras para analizar tanto los líquidos que ingresaban a la planta como aquellos que salían de ella antes de su vuelco al río Gualeguaychú.

Según el abogado, los resultados obtenidos fueron preocupantes. En distintos muestreos se detectaron metales pesados en la salida de la planta general y, de acuerdo con la información incorporada al expediente que dice conocer por su condición de denunciante, algunos de esos mismos elementos también aparecieron en muestras correspondientes a determinadas plantas industriales. Luciano aclaró expresamente que no identifica a esas empresas porque, hasta el momento de la entrevista, no existían imputaciones dirigidas contra ellas y hacerlo implicaría formular una acusación que, según explicó, no está respaldada todavía por la situación procesal de la causa.

Una investigación que ya alcanza a responsables de la administración

La causa, según el relato de Luciano, tiene varios miles de fojas y comprende a más de treinta personas entre imputados y sospechados. Entre quienes fueron llamados a prestar declaración indagatoria se encuentran integrantes de la comisión directiva de la CODEGU y representantes de la comisión vinculada con las industrias que participa en la administración y fiscalización del sistema.

El abogado sostiene que esta circunstancia adquiere especial relevancia porque la normativa sobre residuos peligrosos establece mecanismos específicos para controlar los efluentes industriales. Según explicó, deben realizarse periódicamente muestras de los líquidos que ingresan a la planta y de aquellos que salen de ella, con un protocolo destinado a garantizar la trazabilidad de los resultados. En la entrevista señaló que esos controles debían efectuarse cada quince días y que los registros debían conservarse durante todo el período de funcionamiento de la planta y aun después de su eventual cierre.

Para Luciano, la ausencia de esos registros o la falta de controles constituye uno de los aspectos centrales que debe esclarecer la investigación. La cuestión no se limita, según su planteo, a determinar qué sustancias llegaron al río, sino también a establecer quién tenía la obligación de controlar el funcionamiento del sistema, qué controles fueron efectivamente realizados y qué ocurrió con la información que debía quedar documentada.

Area Industrial Chajarí: Piden el Procesamiento del presidente de la fábrica de jugos “El Carmen S.A.” por la contaminación de la cuenca del Mandisoví Chico

Los análisis: DBO, DQO, bacterias y metales pesados

Los datos publicados por Máxima Online y mencionados por Luciano permiten dimensionar el problema a partir de diferentes análisis realizados entre agosto de 2025 y junio de 2026.

En agosto de 2025, según el informe difundido por el abogado, una muestra del río Gualeguaychú presentó una demanda biológica de oxígeno (DBO) de 488 miligramos por litro, frente a un máximo reglamentario de 50 mg/L. La demanda química de oxígeno (DQO) alcanzó 908 mg/L, mientras que el valor máximo consignado en el informe es de 100 mg/L. También se detectaron 46.000 NMP/100 ml de coliformes termotolerantes, frente a un máximo reglamentario de 5.000, además de presencia de Escherichia coli. En esa misma serie de análisis se informó una concentración de plomo de 0,067 mg/L, frente a un máximo indicado de 0,007 mg/L.

En noviembre de 2025, el análisis realizado sobre aguas de la planta del Parque Industrial registró una DBO de 752 mg/L, nuevamente por encima del máximo de 50 mg/L consignado en el informe. En esa oportunidad se informaron además 240.000 NMP/100 ml de coliformes termotolerantes, frente a un máximo de 5.000, junto con presencia de Escherichia coli.

Los resultados correspondientes a junio de 2026 incorporan otro conjunto de parámetros. Las muestras fueron tomadas por la Subsecretaría de Ambiente municipal ante un posible vertido procedente de la planta de tratamiento, en la zona de Los Cedros y Las Magnolias, en el ingreso al barrio Don Pedro, y fueron analizadas en laboratorios de la UNER local, según la publicación de Máxima Online.

En esas muestras se detectaron 54.500 UFC/100 ml de coliformes termotolerantes, cuando el máximo indicado era de 5.000, y 19.759 UFC/100 ml de Escherichia coli, frente a un valor máximo de 50.

También se registraron concentraciones elevadas de distintos metales: 1,164 mg/L de aluminio, frente a 0,005 mg/L; 0,095 mg/L de cromo, frente a 0,002 mg/L; 0,012 mg/L de cobre, frente a 0,002 mg/L; 0,065 mg/L de plata, frente a 0,0001 mg/L; 0,022 mg/L de selenio, frente a 0,001 mg/L; y 0,033 mg/L de zinc, frente a un máximo de 0,03 mg/L.

Luciano destacó especialmente la presencia de estos elementos porque algunos presentan riesgos reconocidos cuando la exposición alcanza determinadas concentraciones o se prolonga en el tiempo. En el informe publicado por Máxima Online se menciona al cromo hexavalente como carcinógeno humano, mientras que también se describen efectos asociados a la exposición elevada o crónica a aluminio, cobre, selenio, zinc y plata.

En este punto, sin embargo, resulta fundamental diferenciar la existencia de determinados contaminantes en una muestra de la demostración de un daño sanitario concreto. El propio Luciano señaló durante la entrevista que para atribuir una enfermedad determinada a la contaminación es necesario establecer el correspondiente nexo causal. La presencia de un contaminante, por sí sola, no permite concluir que una enfermedad específica de una persona haya sido provocada por ese contaminante.

El problema no termina en el Parque Industrial

Otro de los ejes de la entrevista fue la responsabilidad de los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las normas ambientales.

Luciano cuestionó tanto a los organismos provinciales como a la estructura municipal de control y sostuvo que la situación no puede analizarse exclusivamente desde la conducta de las empresas. Su planteo apunta a determinar qué hicieron las autoridades que tenían la obligación de controlar la planta, qué información obtuvieron, qué medidas adoptaron ante eventuales incumplimientos y si existieron mecanismos adecuados para prevenir que los efluentes llegaran al río.

El abogado también cuestionó el papel de la CODEGU, en tanto entidad vinculada a la administración del Parque Industrial y de su sistema de tratamiento. Según explicó, quienes integran los órganos responsables de esa administración fueron alcanzados por la investigación judicial.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor por la relación entre el río Gualeguaychú y el río Uruguay. Durante la entrevista, Luciano sostuvo que los contaminantes detectados en las muestras del Parque Industrial también aparecen en análisis realizados en la desembocadura del río Gualeguaychú sobre el Uruguay. Mencionó en particular informes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y sostuvo que existen mediciones realizadas en distintos laboratorios, aunque remarcó que todavía debe establecerse judicialmente el nexo causal entre una fuente determinada y la contaminación detectada aguas abajo.

Leé también: Diecisiete años de denuncia y una lucha desigual por la contaminación del arroyo Las Alpargatas

Según los datos que expuso, en análisis correspondientes a 2023 se habrían registrado numerosos incumplimientos de los parámetros establecidos para distintos elementos en la zona de la desembocadura. Luciano mencionó particularmente el aluminio, además de cromo, plomo, hierro y otros metales. Estos datos forman parte de su argumentación y deberán ser evaluados junto con la totalidad de la evidencia incorporada a la investigación.

La salud pública como cuestión que exige evidencia

Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista fue la relación entre contaminación ambiental y salud. Luciano hizo referencia a enfermedades que, según los informes que cita, pueden estar relacionadas con la exposición a determinados contaminantes. También mencionó casos de personas que padecen enfermedades sin antecedentes que permitan explicar inmediatamente su origen.

En este terreno, la propia investigación judicial enfrenta uno de sus principales desafíos: determinar si existe una relación concreta entre los contaminantes identificados, las fuentes de emisión y eventuales daños sobre la salud de la población.

El abogado sostuvo que el daño ambiental puede manifestarse en el presente, pero también generar consecuencias posteriores y difíciles de determinar. Por esa razón insistió en la importancia de conservar los protocolos de análisis y toda la documentación relacionada con el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

La discusión no se limita, por lo tanto, a saber si en una determinada muestra apareció un metal pesado por encima del parámetro establecido. También implica reconstruir durante cuánto tiempo ocurrió, de dónde provino, cómo ingresó al sistema hídrico, qué cantidad alcanzó el ambiente, qué controles existieron y cuáles fueron las medidas adoptadas por las autoridades responsables.

Una causa que continúa abierta

La denuncia de Luciano permanece bajo investigación. Según explicó en la entrevista, el expediente ya produjo numerosas medidas de prueba y amplió progresivamente la cantidad de personas alcanzadas por la investigación. También indicó que solicitó nuevas imputaciones y declaraciones indagatorias, algunas de las cuales permanecían pendientes al momento de la entrevista.

La situación procesal es relevante porque una denuncia, aun cuando esté respaldada por análisis ambientales y otros elementos de prueba, no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de las personas involucradas. Será la investigación judicial la que deberá establecer si existieron delitos, quiénes fueron responsables, qué conductas concretas se les pueden atribuir y cuál fue el vínculo entre esas conductas y el daño ambiental investigado.

Mientras tanto, los resultados de los análisis plantean una cuestión que excede las posiciones políticas, empresariales o ambientalistas: quién debe garantizar que los efluentes industriales sean tratados antes de llegar al río y qué ocurre cuando los mecanismos de control fallan.

El reclamo de Luciano se resume en una expresión que eligió para titular su segundo informe y que volvió a sostener durante la entrevista: “El silencio no es salud, el silencio mata”. Detrás de esa frase hay una discusión mucho más concreta que deberá resolverse con documentación, controles, análisis científicos y decisiones judiciales: determinar qué ocurrió con los efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú, quién debía impedir que los contaminantes llegaran al río y qué responsabilidad corresponde atribuir a cada uno de los actores involucrados.

FM del Este 100.5

La entrada Contaminación del río Gualeguaychú: una denuncia judicial pone bajo la lupa al Parque Industrial y a los organismos de control se publicó primero en FM del este 100.5.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) declaró “insuficiente” el aumento ofrecido por el Ejecutivo.

Durante el encuentro paritario realizado este jueves a las 17, el gobierno provincial presentó un 3,5% de aumento. La oferta fue declarada insuficiente por la representación docente.

De este modo, la instancia pasó a cuarto intermedio para el próximo martes 22.

“Desde Agmer volvemos a reiterar la necesidad de una propuesta que contemple las pérdidas que ha tenido el salario de las y los trabajadores de la educación”, reclamaron desde el sindicato.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AGMER (@agmercdc)

AGMER

La entrada “No alcanza”. Agmer rechazó la oferta salarial del gobierno y la paritaria pasó a cuarto intermedio se publicó primero en FM del este 100.5.

En el documento, fechado el 14 de septiembre de 2026, los profesionales matriculados en el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos que ejercen en consultorios privados de la ciudad advierten sobre la inexistencia de controles privados. Señalan que actualmente ningún profesional del sector privado de la seccional está recibiendo derivaciones ni realizando el seguimiento de las observaciones antirábicas obligatorias de diez (10) días, a pesar de que existen casos de mordeduras de caninos y felinos a personas.

Los veterinarios advierten que esta falta de constancia de controles genera un vacío de control en una enfermedad mortal y prevenible como la rabia, lo que representa un riesgo para la salud pública. “Nos preocupa el destino y estado sanitario de esos animales”, indican en la nota.

La comunidad veterinaria local se puso a disposición del municipio para colaborar en mesas de trabajo, aportar criterios técnicos y ayudar a regularizar la situación con el objetivo de garantizar la seguridad de toda la población.

La nota, que lleva múltiples firmas de médicos veterinarios de Chajarí, fue presentada ante el HCD este jueves y cuenta con el sello de recepción del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Chajarí.

Los firmantes solicitan una respuesta favorable y una intervención urgente de las autoridades.

La entrada Veterinarios de Chajarí alertan por falta de controles antirábicos y pidieron intervención urgente al Concejo Deliberante se publicó primero en FM del este 100.5.

El número varía según a quién se le pregunte. Es que en estas horas frenéticas, en el transcurso del jueves 17 de septiembre, las historias que salen de la Quinta de Olivos son tan intensas como irreales. Pero hay algo cierto: una decena de empleados, históricos trabajadores de la residencia presidencial, llegaron hasta el frontón verde como todas las mañanas pero descubrieron que esta vez ya no podían entrar a trabajar. No sólo eso: a algunos se les comunicó que serían relocalizados y otros despedidos. Lo que no sabían era lo que ocurriría luego. El Gobierno tomó la decisión de reemplazar a todo el personal civil de Olivos por militares, algo que no tiene antecedente en la historia local. Es decir que cada cocinero, mozo, jardinero y piletero, por sólo citar algunos casos, será a partir de ahora un miembro de las Fuerzas Armadas. Es que la paranoia oficial parece haber llegado a su momento más elevado.

Ruido. En esta historia de acusaciones cruzadas, supuestos complots y delirios varios, hay algo cierto: los militares se hicieron con el manejo del día a día de la Quinta de Olivos. “La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la residencia presidencial. Al mismo tiempo implica la disolución de la Administración General de la residencia presidencial y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”, dice el comunicado oficial que publicó el Gobierno, en el que aducían que la razón de tamaño cambio se debía a “la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV”.

La “disolución” de la intendencia también confirma que Osvaldo Sosa dejó de tener ese cargo. Aunque su expulsión coincide con este episodio, fuentes informadas aseguran que hace tiempo Milei lo miraba de reojo: hay versiones que indican que los domingos hacía grandes parilladas para sus amigos en Olivos, y que era muy desprolijo en el cuidado de la higiene del lugar.

Todo el conflicto repercute en la órbita de la secretaria general. Por un lado, por Sosa: él llegó a ese puesto recomendado por María Belén Agudiez, su cuñada, que a su vez es íntima de Karina Milei. Ambas trabaron relación en el arranque del 2023, cuando se cruzaron en un evento y “la brujita”, como la llaman, le reveló que podía ver el futuro a través de la lectura de manos. “Javier está destinado a ser Presidente”, le dijo, con las manos de ambas entrelazadas. Cuando llegaron al poder la menor de la familia la nombró subsecretaria de Planificación, dentro de su órbita, y de ahí salió la designación del ahora ex intendente. Pero más allá de los nombres, todo el episodio mancha a la hermanísima. El control de Olivos y la Rosada son temas que en última instancia dependen de ella, lío que se suma a los choques con el mandatario que este medio ya viene registrando. De hecho, el tema escaló tanto en los medios y en las redes que más de uno que orbita alrededor de Karina se preguntó si no estaría su archienemigo interno dándole alas. Sin embargo, desde el bando de Santiago Caputo niegan cualquier acusación. “Son todos temas de secretaria general”, dicen, quizá con alguna maldad.

Ladran, Sancho. Hasta acá la información oficial y los ruidos que despertó en la interna. Lo que sigue son rumores que corren a viva voz por todo el oficialismo, que nadie se anima a pronunciar con un grabador prendido porque saben que involucra el tema que a Milei más lo altera. La razón por la cual ya hizo cambiar la ley (cuando ordenó alterar el Acceso a la Información Pública) y también por la que le declaró la guerra a esta editorial: sus perros.

Es que la hipótesis más certera, según lo que pudo averiguar este medio, de por qué se habría dado todo este recambio en Olivos no es por lo que asegura el Gobierno. Tampoco por otra historia que circuló, que apuntaba a un supuesto enojo presidencial porque algunos medios, como C5N y La Política Online, habían revelado el miércoles 16 la compra de 29 toneladas de carne para Olivos y la Casa Rosada. Por el contrario, hay una fuerte versión que indica que el mandatario habría puesto en marcha todo este operativo porque se convenció de que a uno de sus perros -sus “hijitos”- lo habrían intoxicado. Es decir, envenenado. A priori podría sonar a una exageración de las tantas que se escuchan en la política, pero hay que entender quién es el libertario y qué tanto le importan sus canes. La sobreprotección que tiene hacia ellos es difícil de explicar: él mismo ha contado más de una vez que jamás mostró una foto de sus mastines desde que se metió en política porque está convencido de que podrían usar esa imagen para atacarlos. El miedo a un atentado hacia los animales o hacia él es algo que lo atraviesa, que lo carcome todos los días, un espiral de miedo e inseguridad que aumentó luego del ataque a Trump y el asesinato de Charlie Kirk. De hecho, tal cual relató este medio, hubo un día en que confundió una visita sorpresa de su entonces pareja Fátima Flórez con un golpe comando para asesinarlo (ver recuadro).

Esa inestabilidad, además, viene en combo con la creciente soledad del mandatario, que pasa cada vez más tiempo recluido en Olivos y que llegó a estar, en agosto, diez días enteros sin salir y con tan sólo una visita.

Ahora Milei se habría convencido de que ese momento tan temido habría finalmente llegado. ¿Será real? Los que alguna vez entraron a Olivos minimizan ese miedo presidencial: aseguran que la intoxicación de un animal podría ser perfectamente nada más que la intoxicación de un animal. Pero es una línea muy fina. Nadie, absolutamente nadie, se anima a decirle al mandatario que la realidad que imagina sucede sólo en su cabeza. Este temor absoluto a llevarle la contra a Milei aparece no sólo en cómo él vive su día a día sino también en lo que se convirtió en la novedosa línea de relato oficial: la idea de publicar fotos en las redes de shoppings o de calles abarrotadas, algo que el mandatario viene haciendo desde junio con cada vez mayor frecuencia, como si esas imágenes demostraran que el consumo está en un momento de alza. Una de ellas, según comprobó Chequeado, estaba hecha con inteligencia artificial. La realidad paralela no es sólo la que atraviesa a Milei cuando habla con uno de sus canes fallecidos. Es toda una política oficial.

Futuro. A esta altura cabe hacerse algunas preguntas. Si el mandatario ya tuvo que atravesar diez días encerrado cuando algunos indicadores de la economía y de las encuestas no dieron como él esperaba, ¿qué puede llegar a pasar en un momento más dramático? ¿Cómo va a poder funcionar el Gobierno con alguien que ve conspiraciones del calibre de un atentado hacia uno de sus animales? Y el gran interrogante de todos: ¿hasta dónde va a escalar la paranoia presidencial? ¿Qué podría pasar con su psiquis si vuelve a ganar las elecciones el año que viene? ¿Está en condiciones de gobernar un país tan complejo como este durante cinco años más? Por ahora son todas dudas, aunque hay una certeza: los temores, el encierro y la desconfianza que habitan en Olivos sólo pueden crecer.

Juan Luis González / Noticias

La entrada Paranoia en Olivos: las razones secretas por las cuales Milei echó a su personal se publicó primero en FM del este 100.5.

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 a 25 votos y será girada para su revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y exgobernador José Manzur.

En tanto, el proyecto fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Esta propuesta se pudo debatir luego de que se superaran las diferencias que existían sobre la participación de las pymes de biodiésel, dado que se acordaron modificaciones entre los libertarios y los aliados.

Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031.

Con la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán el piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado asegurada.

DEBATE

DEBATE

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este “dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

Señaló que “este dictamen no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada”.
Destacó que “en el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, señaló que “apoyo elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional”.

“Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia“, manifestó.

Dijo que la reforma “no solo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología y, por supuesto, si es favorable en términos de precios, en la economía regional”.

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, apoyó la reforma de la ley de biocombustibles y señaló que “esta ley lo que hace es poner la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”.

Destacó que esta iniciativa “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán”, apuntó, y destacó que la sanción de la ley impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles”.

“Esa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la provincia, hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”, aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos a aspectos del dictamen de mayoría al señalar que “hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley”.

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, señaló que “votaré hoy esta ley de biocombustibles, una ley que trabajé siempre porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales”.

Agregó que votará esta ley “pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: “no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”.

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”.

Agencia NA

La entrada Senado aprobó reforma de la ley de biocombustibles: corte de bioetanol sube al 15% y biodiésel al 10% se publicó primero en FM del este 100.5.

Apunta también a que se reconozcan tenencias en divisas no declaradas anteriormente.

La norma elimina el tope actual de 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y de 10.000 millones de patrimonio para poder acceder al régimen simplificado.

En otra de sus cláusulas limita la discrecionalidad del ARCA en la impugnación de declaraciones de los contribuyentes. Las observaciones sólo serán válidas sobre diferencias “significativas” en las presentaciones.

Las nuevas medidas incluidas en el proyecto se proponen movilizar las divisas que permanecen todavía fuera del sistema, a pesar de los últimos blanqueos aprobados por el Congreso. Al respecto, al anunciar su envío al parlamento el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que “tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.

Senado: el oficialismo intentará sancionar este jueves la ley de Inocencia Fiscal II

El miembro informante del proyecto, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan) coincidió con el funcionario en que el propósito de la nueva norma era que “la plata escondida deje de ser plata muerta”. Opinó que el monto de moneda norteamericana fuera de sistema ronda los 170 mil millones de dólares. “Traer una parte al sistema bancario -afirmó- es una luz para la economía”.

De todas maneras, la norma mantiene límites para acceder al régimen simplificado. No pueden hacerlo grandes contribuyentes, altos funcionarios, diputados, senadores y jueces.

Se modifica también la legislación vigente en caso de diferencias entre el monto a pagar declarado por el contribuyente y el que establece el ARCA. Para que el contribuyente pierda el beneficio la discrepancia deberá ser significativa, es decir, del 15% del monto total a pagar por el impuesto. Esa discrepancia deberá ser además mayor a 5 millones de pesos.

Otra reforma consiste en que se invierte el cargo de la prueba: el que acusa, en este caso, el Estado, debe aportar la prueba correspondiente. La carga de la prueba le corresponde a Arca que no puede investigar sobre meras presunciones.

Por último, para poder ser utiiizados, los ahorros blanqueados deben haber ingresado al circuito económico por canales legales como los de los bancos. La fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre 2027.

Rechazaron el proyecto por el peronismo Jorge Capitanich, Adán Bahl y José Mayans. Este último sostuvo que a partir de su sanción desaparecería el delito de evasión y lo llamó “ley Adorni”. Aseguró que había sido pensado para beneficiar al ex jefe de Gabinete que estaba esperando la finalización del trámite parlamentario para presentar su declaración jurada ante la Justicia. También sostuvo que era una ley en beneficio de “narcotraficantes” y de “las mafias”.

La Prensa

La entrada El Senado convirtió en ley el proyecto de inocencia fiscal II se publicó primero en FM del este 100.5.

Durante el encuentro, el Poder Ejecutivo provincial formalizó una oferta de recomposición salarial que consiste en un incremento del 3,5 por ciento para el sector docente. Este porcentaje toma como base de cálculo los haberes correspondientes al último mes liquidado, agosto de 2026.

Asimismo, las autoridades informaron que la mejora tiene carácter remunerativo y bonificable, y se liquidará de forma efectiva con los sueldos de septiembre, a percibirse en el mes de octubre.
Tras darse a conocer la oferta, el encuentro pasó a un cuarto intermedio pedido por los gremios, quienes solicitaron mejorar la misma antes del día martes de la próxima semana.

De la audiencia participaron los miembros paritarios del estado provincial y los secretarios generales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Gobierno de Entre Ríos

La entrada El gobierno provincial presentó una propuesta de mejora salarial a los gremios docentes se publicó primero en FM del este 100.5.

El Gobierno ratificó su compromiso con una producción responsable, el cuidado de la salud y el cumplimiento estricto de los controles previstos por la normativa.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de la sentencia que había fijado distancias para la aplicación de productos fitosanitarios diferentes de las establecidas por la Ley Provincial Nº 11.178 y rechazó las acciones de amparo promovidas en relación con predios ubicados en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, departamento Diamante.

La resolución deja sin efecto las prohibiciones que la sentencia de primera instancia había dispuesto para las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y para las aéreas a menos de 3.000 metros, y mantiene plenamente vigente el régimen provincial de buenas prácticas en materia de fitosanitarios.

En sus fundamentos, los integrantes del Superior Tribunal advirtieron una contradicción central en el fallo revisado: por una parte, reconocía la validez y el carácter progresivo de la Ley 11.178 pero, al mismo tiempo, desplazaba sus disposiciones y establecía distancias diferentes sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.

El Tribunal también señaló que no fue acreditada una infracción concreta a las distancias previstas por la legislación vigente por parte de los demandados. Asimismo, consideró que los cuestionamientos generales sobre la suficiencia del régimen legal deben plantearse mediante las vías judiciales específicas y no pueden resolverse sustituyendo sus disposiciones a través de una acción de amparo.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia institucional del pronunciamiento, porque preserva el principio de legalidad, brinda previsibilidad a productores y pobladores y reconoce las competencias que corresponden a cada uno de los poderes del Estado.

La Ley 11.178 regula las condiciones para el uso responsable de productos fitosanitarios, establece distancias de resguardo, registros, recetas agronómicas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos. Su aplicación no exime a productores ni aplicadores de las obligaciones previstas ni limita la capacidad del Estado para controlar y sancionar cualquier conducta irregular.

El Gobierno de Entre Ríos reafirma que la producción y el cuidado del ambiente no constituyen objetivos contrapuestos. Por ese motivo, continuará fortaleciendo los mecanismos de prevención, fiscalización y control, promoviendo la incorporación de tecnología y buenas prácticas que permitan proteger la salud de las personas y acompañar una producción sustentable y responsable.

La entrada El Superior Tribunal anuló el fallo que desplazaba la Ley de Buenas Prácticas en Fitosanitarios se publicó primero en FM del este 100.5.

El proyecto del Departamento Ejecutivo ingresará en la décima cuarta Sesión Ordinaria del Año Legislativo N°63 del Concejo local. En el mismo se solicita al poder legislativo la autorización a ampliar los alcances del Programa creado originalmente por Ordenanza HCD N°2967, con los recursos necesarios para la entrega de 20 subsidios reintegrables para emprendedores de nuestra localidad. Se trata de un apoyo financiero destinado a crear o sostener sus proyectos laborales. El subsidio se deberá devolver en 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés de financiación.

Con esta ampliación el Gobierno de la ciudad busca seguir ayudando a los emprendedores de la economía social a mejorar sus condiciones laborales para aumentar su producción y capacidad de comercialización, como así también mejorar la prestación de servicios para promover una mejor inserción de los mismos. Los interesados, al momento de inscribirse, deberán presentar un proyecto con descripción del emprendimiento y presupuesto de productos o servicios a adquirir con el subsidio.

El Programa “Chajarí Emprende” ha sido establecido por el Gobierno de la ciudad con el objetivo principal de promover y financiar la generación, desarrollo y consolidación de microemprendimientos de vecinos de la ciudad de Chajarí. Resultando de utilidad y conveniencia para los emprendedores que no pueden acceder a otras fuentes de financiamiento para impulsar las actividades que desarrollan. El mismo tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Productivo del Gobierno de Chajarí.

Otros asuntos a tratar en sesión

La décima cuarta Sesión Ordinaria del Año Legislativo N°63 tendrá lugar este jueves 17 de septiembre, a las 8:30 horas y contará con un total de 32 asuntos dentro del orden del día.

De las Comunicaciones del Departamento Ejecutivo ingresarán 4 asuntos. Un proyecto de Ordenanza, disponiendo eximir de la TGI al salón comunitario de propiedad del Consejo Vecinal Barrio El Tagué; el pedido de ampliar el programa “Chajarí Emprende”; una respuesta al pedido de informes, del Bloque Más por Entre Ríos, sobre cursos y capacitaciones laborales y un proyecto de ampliación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 2026.

De las peticiones o asuntos particulares se tratarán 11 asuntos. Aquí cabe mencionar una nota proveniente de médicos veterinarios, manifestando preocupación sobre situación epidemiológica y control de zoonosis y un pedido de integrantes familia Duarte, solicitando instalación de escultura en Plazoleta de los Músicos, en homenaje a Germán Duarte.

Luego se votarán 14 despachos de las Comisiones Permanentes. Entre otros, se tratarán los despachos de la Comisión de Asuntos Generales, sobre proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por Chajarí, asignando nombres de calles en Barrio Belén y loteo Rubinich; sobre el ofrecimiento de la Agrupación Atlética El Chajá, de devolución de terreno y sobre proyecto de ordenanza del D.E. afectando lotes a calles públicas.

De los proyectos, ingresarán tres pedidos de informes del bloque Más por Entre Ríos. Uno sobre derrame de desechos cloacales al Arroyo Yacaré y Arroyo Chajarí; otro sobre servicios de camiones contratados por el municipio y un tercero sobre la piscina con cascada del Parque Termal. Finalmente, se dará lugar a los asuntos que ingresen por fuera del orden del día, según lo establece el Reglamento Interno del Concejo.

Gobierno de Chajarí

La entrada Chajarí Emprende: el Municipio quiere invertir $30 millones para impulsar emprendimientos se publicó primero en FM del este 100.5.