El Gobierno creó la “Dirección Nacional de Discurso”

El cargo fue asignado a Martín Ariel Polakiewicz y depende de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital. ¿Más chamuyo?

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La decisión reabre el debate sobre el crecimiento de estructuras estatales en un Gobierno que llegó al poder prometiendo achicar el Estado.

El Gobierno de Javier Milei incorporó una nueva pieza a su estructura de comunicación: la Dirección Nacional de Discurso, un cargo que quedó formalmente en manos del licenciado en Filosofía Martín Ariel Polakiewicz.

La designación fue oficializada mediante la Resolución 3/2026 de la Secretaría de Vocería Presidencial, publicada el 17 de septiembre en el Boletín Oficial y firmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Polakiewicz fue designado transitoriamente desde el 24 de julio y por un período de 180 días hábiles, con Nivel A, Grado 0 y Función Ejecutiva Nivel I del régimen SINEP. El gasto correspondiente al cargo se imputa al presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia.

Pero la Dirección Nacional de Discurso no funciona como una oficina aislada. Forma parte de una estructura más amplia: la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, dependiente de la Secretaría de Vocería Presidencial.

El Decreto 581/2026 estableció esa Subsecretaría y le asignó, entre otras funciones, participar en la estrategia de contenidos del Gobierno, definir prioridades temáticas y narrativas, intervenir en la comunicación institucional del Presidente, elaborar discursos y mensajes, planificar la comunicación digital y supervisar contenidos utilizados en las campañas orgánicas de comunicación digital de Javier Milei y de la Presidencia.

En otras palabras, no se trata solamente de alguien encargado de escribir discursos. La estructura tiene entre sus responsabilidades formales intervenir en buena parte de la construcción y planificación del mensaje político y comunicacional del Gobierno.

¿Qué hará el nuevo director?

De acuerdo con las funciones establecidas oficialmente, el director nacional de Discurso deberá asistir a la Subsecretaría en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente y de la Secretaría.

También tendrá intervención en la planificación de la comunicación institucional del Presidente, incluida la elaboración de discursos, mensajes y contenidos; en la preparación de conferencias de prensa; en la recopilación de información para comunicaciones oficiales y en la definición de prioridades temáticas y narrativas del Gobierno.

El Gobierno defendió la designación argumentando que Polakiewicz posee una trayectoria de publicaciones y colaboraciones en el ámbito de la discusión pública y que su formación filosófica y económica resulta adecuada para la función.

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Polakiewicz es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y participó en publicaciones como la revista digital Seúl y en el sitio Principios Informales. También tiene una activa presencia en la red social X mediante la cuenta @aceleranding. Infobae señala que una fuente oficial confirmó colaboraciones en el marco de esa cuenta, aunque aclaró que tendría múltiples colaboradores anónimos.

Las acusaciones que circulan en redes

En las últimas horas también comenzó a circular una caracterización mucho más dura del nuevo funcionario y de la estructura.

El portal Portal Noticias Argentinas, en una publicación difundida a través de su página de Facebook, sostiene que Polakiewicz sería un “troll militante de La Libertad Avanza”, que operaría bajo la cuenta “Aceleranding” y que tendría vínculos con redes de trolls. Esa publicación también utiliza expresiones como “jefatura del chamuyo”, “fábrica de guiones” y “búnker creativo” para describir las funciones de la nueva estructura.

Es importante hacer una distinción periodística: esas afirmaciones y caracterizaciones pertenecen a la publicación de Portal Noticias Argentinas y no deben confundirse con hechos acreditados oficialmente.

La existencia de la cuenta @aceleranding y la participación de Polakiewicz en el debate político en redes sí aparecen documentadas por distintos medios. Infobae, por ejemplo, identificó la cuenta y describió sus publicaciones críticas hacia el kirchnerismo y otros sectores opositores al Gobierno.

La afirmación de que desde esta estructura se “inyectan fondos públicos” para financiar redes de trolls, en cambio, no surge de la resolución oficial que creó el cargo ni de la documentación oficial consultada, por lo que corresponde presentarla como una acusación de terceros y no como un hecho comprobado.

Una contradicción difícil de ignorar

La creación de esta estructura también plantea una pregunta política sobre la coherencia entre el discurso fundacional del Gobierno y la evolución de su propia administración.

Durante la campaña presidencial de 2023, Javier Milei propuso una fuerte reducción de la estructura estatal. Su programa de gobierno planteaba eliminar jefaturas de gabinete, secretarías y direcciones que, según aquella propuesta, hubieran sido creadas para colocar personas, además de reducir equipos de análisis de políticas públicas y controlar estrictamente el gasto.

Ya en el Gobierno, la administración de Milei destacó como uno de sus principales logros haber reducido ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. En un discurso oficial de noviembre de 2024, el Presidente afirmó que se habían eliminado casi 100 secretarías y subsecretarías y más de 200 áreas consideradas duplicadas u obsoletas.

Incluso en 2026 el Gobierno continuó defendiendo el achique de la Administración Pública. Un decreto de marzo sostuvo que la magnitud de la estructura estatal y su “excesiva injerencia” justificaban reducir unidades organizativas y organismos.

Y, sin embargo, ahora aparece una nueva estructura con una Secretaría de Vocería Presidencial, una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital y una Dirección Nacional de Discurso.

La explicación oficial es que estas áreas cumplen funciones necesarias para organizar la comunicación presidencial. La pregunta que queda abierta es si la creación de nuevas capas administrativas resulta compatible con el criterio de reducción de estructuras que el propio Gobierno convirtió en una de sus principales banderas.

Cuando el Estado se achica… pero también crea nuevas oficinas

Argentina atraviesa una etapa en la que el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio fiscal, la reducción del gasto y la eficiencia de la administración pública. En paralelo, miles de trabajadores estatales han dejado sus puestos y el Ejecutivo continúa impulsando reducciones en organismos y estructuras de la Administración Pública Nacional.

En ese contexto, cada nueva estructura financiada con recursos públicos inevitablemente genera una discusión. Un Presidente necesita comunicar, preparar discursos, organizar conferencias y transmitir sus políticas. De hecho, existen antecedentes de áreas similares en administraciones anteriores; durante el gobierno de Mauricio Macri también funcionó una Dirección General de Discurso.

El interrogante es otro: ¿cuánto cuesta esta nueva estructura, qué resultados concretos produce y por qué necesita incorporar nuevos niveles jerárquicos mientras el mismo Gobierno les explica a los argentinos que el Estado debe hacer más con menos?

Es una pregunta especialmente sensible cuando el dinero utilizado para sostener la administración pública proviene, en última instancia, de los recursos que aportan los ciudadanos a través de impuestos y otros ingresos del Estado.

Por eso, más allá de las etiquetas de “chamuyo”, “relato” o “propaganda”, hay una discusión concreta que merece datos: qué presupuesto tendrá esta estructura, cuántos cargos involucra, cuánto costará y qué objetivos medibles deberá cumplir.

Porque si el argumento es que la comunicación presidencial necesita profesionalizarse, el Gobierno puede explicarlo y justificarlo. Y si el argumento central de su política sigue siendo que Argentina necesita un Estado más pequeño y austero, también tendrá que explicar por qué algunas estructuras desaparecen mientras otras nuevas aparecen.

En definitiva, la discusión no debería quedar atrapada solamente en una pelea entre oficialistas y opositores sobre quién tiene razón acerca del “relato”.

La pregunta más sencilla es también la más importante: ¿cuánto le cuesta al ciudadano esta nueva estructura y qué recibe a cambio?

FM del Este 100.5