Modificación de la Ley de Glaciares: el proyecto del Gobierno pone en riesgo el agua del país
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo es regresiva, inconstitucional y habilita la destrucción legal de glaciares y ambiente periglacial, las principales reservas estratégicas de agua dulce de la Argentina.
El Poder Ejecutivo Nacional impulsa en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), identificado como P.E. 161/25, que representa un retroceso sin precedentes en la protección ambiental y en el derecho humano al agua. Así lo advierte un informe técnico-jurídico elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE), que analiza en detalle el alcance y las consecuencias de la iniciativa.
Lejos de tratarse de una discusión técnica o académica, el debate encierra una definición política de fondo: si la Argentina mantiene un piso común e inderogable de protección del agua o si avanza hacia su desprotección sistemática, poniendo en riesgo la seguridad hídrica de más de la mitad del territorio nacional.
Una reforma regresiva y contraria a la Constitución
El informe es contundente: el proyecto es regresivo desde el punto de vista socioambiental, vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y desconoce el principio de no regresión ambiental, reconocido tanto por el Acuerdo de Escazú como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lugar de fortalecer la Ley de Glaciares como norma de presupuestos mínimos, la vacía de contenido y convierte el piso de protección en un verdadero “sótano regulatorio”.
La Constitución es clara: la Nación debe fijar estándares mínimos obligatorios que las provincias pueden mejorar, pero nunca rebajar. El proyecto P.E. 161/25 rompe ese límite y habilita que cada provincia decida discrecionalmente qué glaciares proteger y cuáles no.
De la protección automática a la destrucción condicionada
Uno de los cambios más graves es que solo quedarían protegidos los glaciares considerados “reservas estratégicas de agua”, según criterios que definirían las propias provincias. Todo glaciar o ambiente periglacial que no sea calificado como “relevante” podría quedar fuera de la ley y ser habilitado para actividades extractivas. En la práctica, esto abre la puerta a la destrucción legal de glaciares, incluso bajo argumentos técnicos funcionales a la megaminería y a los hidrocarburos.
Además, el proyecto redefine el principio precautorio, invirtiendo su lógica: la protección deja de ser la regla y pasa a ser una excepción transitoria hasta que se demuestre que un glaciar “no cumple” funciones hídricas suficientes. La incertidumbre científica, en lugar de proteger a la naturaleza y a la sociedad, pasa a beneficiar a los negocios extractivos.
Vaciamiento del Inventario Nacional de Glaciares
Aunque el texto dice mantener al IANIGLA, el informe advierte que se lo despoja de su rol central. Las provincias podrían informar qué glaciares existen, cuándo dejan de tener función hídrica y forzar su eliminación del Inventario. Incluso si el organismo científico nacional se negara, las autorizaciones provinciales seguirían siendo válidas, subordinando la ciencia pública a decisiones políticas y económicas.
Del régimen de prohibiciones a la habilitación extractiva
El núcleo duro de la reforma es la flexibilización de las actividades hoy prohibidas. La minería, los hidrocarburos y grandes obras de infraestructura podrían avanzar sobre glaciares y ambiente periglacial mediante Evaluaciones de Impacto Ambiental provinciales, un mecanismo que en la práctica suele funcionar como trámite administrativo y no como herramienta real de prevención. Así, la ley dejaría de proteger para autorizar el daño irreversible.
Lo que está en juego
Los glaciares no son bienes provinciales aislados: alimentan cuencas interprovinciales y sostienen sistemas hídricos indivisibles. Fragmentar su protección es abrir la puerta a conflictos sociales, judiciales y ambientales, en un contexto de crisis climática y creciente escasez de agua.
El informe concluye con un llamado claro al Congreso: rechazar el proyecto P.E. 161/25. No se trata de una posición ideológica ni sectorial, sino de una obligación constitucional, democrática e intergeneracional. Defender la Ley de Glaciares es defender el agua; y defender el agua es defender la vida.
Accedé al informe completo: “Análisis crítico del Proyecto de Reforma a la Ley de Glaciares (P.E. 161/25)”.
FM del Este 100.5
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