Juicio por YPF: el Gobierno le pide a la jueza Preska suspender el fallo y adelanta que no negociará

El reclamo se realizó este martes a través de una presentación del estudio de abogados que representa a la Argentina en Nueva York. La apelación del Gobierno se formalizará en los próximos días.

El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza estadounidense Loretta Preska suspender la ejecución del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, mientras se resuelve la apelación que será presentada en los próximos días.

La presentación fue realizada este martes por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla. En el escrito se solicita que no se ejecute la medida judicial o que, al menos, se dicte una suspensión provisoria hasta que intervenga un tribunal de apelaciones.

“Se cumplen los requisitos legales para suspender la medida: existe una alta probabilidad de éxito en la apelación; habría un daño irreparable si se ejecuta la orden; los demandantes no sufrirían un perjuicio significativo con la suspensión; y el interés público justifica mantener el estado actual”, sostienen los abogados en su escrito.

El fallo en cuestión fue emitido este lunes por Preska, quien ordenó al Estado argentino entregar el control accionario de la petrolera nacionalizada en 2012. La jueza se expidió en el marco de la causa iniciada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de dos firmas españolas del Grupo Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi.

“Estamos trabajando el tema. Hay un equipo de la Procuración del Tesoro preparando la apelación”, señalaron desde el Ejecutivo, aunque evitaron precisar los tiempos de la presentación por “estrategia y confidencialidad”.

Preska había fallado anteriormente contra la Argentina, pero ahora dictó que el Estado debe entregar las acciones “Clase D” de YPF —el 51%— que están en manos del Tesoro y la ANSES. Esta decisión representa un riesgo real de que el país pierda el control mayoritario de la petrolera, presidida actualmente por Horacio Marín, y un perjuicio económico estimado en US$ 16.000 millones.

Desde la Casa Rosada califican el fallo como “dramático” y sostienen que el juicio será largo: “Apelaremos todas las veces que sea necesario, porque es un juicio que va a durar años.”

El presidente Javier Milei utilizó el fallo para criticar nuevamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien señala como responsable de la expropiación irregular realizada en 2012 por el gobierno kirchnerista, entonces encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, con Julio de Vido en Planificación Federal.

Aunque el caso no se discutió en la reunión de gabinete del martes, la Procuración ya trabaja bajo la coordinación del subprocurador Juan Ignacio Stampalija, especialista en Arbitraje y Litigios Internacionales. Mientras tanto, el Ejecutivo dejó claro que no negociará con Burford Capital hasta que la justicia estadounidense emita una decisión definitiva.

Con información de Clarin