La inspección judicial fue llevada adelante por orden de la fiscalía federal de Paraná, luego de que se recibiera en la línea de denuncias del 145 una información que alertaba de la posibilidad concreta de trata laboral en un campo ubicado en la zona rural de Cerrito.

Del dispositivo oficial participaron autoridades judiciales, de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, de Uatre (Entre Ríos), Renatre, Afip y del Consejo Provincial contra la Trata de personas.

En este sentido, desde Uatre Entre Ríos, el referente provincial Edgardo Maier informó: “Se vienen realizando inspecciones en las cuales se busca hacer cumplir los derechos de los trabajadores rurales y verificar las condiciones laborales en las que se encuentran. En ese marco se ejecutó una inspección ordenada por la justicia federal, en un establecimiento de explotación agrícola en el norte del Departamento Paraná”.

El dirigente de Nogoyá hizo saber: “En dicho operativo se encontró a dos trabajadores en condiciones de vida deplorables, habitando una precaria vivienda con piso de tierra, hecha en gran parte con plásticos de silo bolsa, sin agua potable, ni baño, a pesar de trabajar en el lugar hace más de 40 años. En el procedimiento se estableció que no estaban registrados y no se les habían realizado ningún aporte, ni cobertura social”.

“Las lamentables condiciones de vida de estos trabajadores, se corroboraron fehacientemente, por lo que fue más que preponderante el trabajo conjunto de los organismos provinciales y nacionales encargados de las inspecciones y seguimiento de estas causas de trata y explotación de personas”, enfatizó el titular de Uatre en Entre Ríos.

En este mismo sentido remarco: “Es imposible no indignarse con este tipo de situaciones, entrado el siglo XXI parece increíble que se someta a este tipo de existencia a trabajadores, negándoles todos los derechos, sometiéndolos a la esclavitud, es por eso que desde nuestro gremio realizamos inspecciones y verificaciones constantes en todo el territorio provincial. Es sumamente importante que los trabajadores rurales conozcan sus derechos, es la única manera de que estos casos sean cada vez menos frecuentes”.

Por otra parte, se destacó que las personas rescatadas tenían más de 75 años, y eran oriundas de Corrientes. Habían llegado a Cerrito hace unos 40 años a cumplir tareas de hacheros, para lo cual solo podían obtener dinero merced a la venta de leña, ya que la madera que se preparaba del monte quedaba en poder del dueño del campo.

El matrimonio cuenta con hijos que viven en Cerrito, pero por motivos que la Justicia tratará de establecer, no trataron de ayudar a sus padres a salir de semejantes condiciones infrahumanas.

Por lo pronto, el titular del emprendimiento productivo deberá enfrentar la violación a la normativa laboral y aclarar por qué vivían en condiciones indignas y de trata laboral.

Desde la División Trata de Personas, se agregó que la Fiscalía Federal dio intervención a personal de la Dirección de Investigaciones a los fines de que se realicen tareas para corroborar la posible infracción a la Ley Nacional Nº 26.364.

Condiciones deplorables

A raíz de las tareas realizadas se pudo establecer que ambos ciudadanos mayores de edad se encontraban en situación de vulnerabilidad. A los mismo hacía aproximadamente 40 años, los llevó el dueño del campo para trabajar al lugar para realizar tareas de desmonte en un principio le abonaba un dinero por changas y posteriormente dejó de abonarle. La vivienda, que pertenece al dueño del campo, es tipo tapera con techo de chapa por dentro paja por encima cubierta por nylon de silobolsa, piso de tierra, con ventanas sin vidrios. No poseen baño, no tienen luz eléctrica ni agua potable, se abastecen de un molino que se encuentra a dos kilómetros del lugar, la cual es buscada caminando con la ayuda de un caballo.

Se indicó que “hacía mucho tiempo que no se veía condiciones de vulnerabilidad y abandono hacia adultos mayores”, que ahora tales situaciones deberán ser analizadas por la Justicia Federal de Paraná.

Fuente: Uno Entre Ríos

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La Policía busca a José Voytenco y a Marcelo Urban, secretario general y abogado de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por sospechar que se encuentran implicados en el asesinato del chofer Mauricio Cordara, de 45 años, quien trabajaba para Pablo Ansaloni, actual vicepresidente de la obra social del sindicato y ex diputado nacional.

El chofer fue asesinado al ser atacado cuando llegaba a una casa en el partido bonaerense de Colón y desde ayer se investigaba si el crimen ocurrió en el marco de una feroz interna gremial.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 17, cuando Cordara buscó a los hijos del dirigente en el colegio al que asisten y fue acribillado por al menos un hombre en la calle 20 entre 43 y 44.

Ansaloni, además de haber sido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2021 y ser el actual vicepresidente de la Obra Social del Personal Rural de la República Argentina (OSPRERA), es candidato a presidente para las elecciones de la UATRE, con fecha para el 21 de diciembre próximo.

Según allegados a la investigación, en los teléfonos constarían mensajes con la orden de atentar contra quien enfrentara al oficialismo del gremio.

Cordara iba con los dos menores de edad a bordo de un Volkswagen Vento. Los chicos descendieron del auto y el conductor se acercó al baúl para agarrar las mochilas. En ese momento fue sorprendido por un atacante que sin mediar palabra le disparó varias veces a corta distancia en una secuencia que duró 30 segundos.

El asesino -que iba vestido con una remera azul, jean y una gorra, de acuerdo a las imágenes que tomó una cámara de seguridad- abordó a un Fiat Palio y escapó. El vehículo, según se comprobó en las últimas horas, llevaba la patente de un auto robado en Esteban Echeverría.

Cordara se desplomó y murió en el lugar. El informe preliminar de la autopsia confirmó que el hombre recibió “entre seis y siete disparos” que le provocaron la muerte casi en el acto. En el lugar se encontraron en total 9 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

La investigación se encuentra en manos de la fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la UFI N°1 descentralizada en Colón, quien ayer ordenó las primeras medidas y tareas para identificar al homicida.

La Justicia no descarta por ahora que el crimen sea parte de un conflicto gremial. Sin embargo, recién comienza el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento para confirmar o desechar distintas versiones respecto al móvil del crimen y la toma de testimonios. Hasta ahora ya declararon el ex legislador, sus hijos y una vecina de la zona.

“Se investiga hechos previos como discusiones en asambleas del gremio. Hasta el momento no descartamos ninguna hipótesis, hay varias líneas de investigación” señaló un vocero del expediente. La fiscal Brandt también ordenó que sea peritado el teléfono de Cordara para establecer cuáles fueron las últimas personas con las que se contactó y si se eliminó información importante para la causa.

En enero de 2021, Ansaloni, integrante del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y presidente del Partido Fe -el espacio fundado por el fallecido dirigente rural Gerónimo Momo Venegas- fue suspendido como afiliado de la UATRE y repudiado por la DAIA por sus declaraciones antisemitas realizadas durante una charla virtual.

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”, manifestó en esa oportunidad el ex diputado, quien luego sostuvo que la divulgación del video tuvo intención de dañar su imagen.

Luego, en febrero de ese año, Voytenco presentó una denuncia penal contra Ansaloni y otros tres ex miembros en ese momento del Consejo Directivo de Osprera por “estafa y asociación ilícita” por “un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se autorizaban a sí mismos”, según el denunciante.

Fuente: El Entre Ríos

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