El Gobierno decidió posponer los aumentos previstos en las tarifas de luz y gas correspondientes a julio, confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía. Esto significa que sus precios quedarán congelados por, al menos, un mes. De esta manera, el ministro Luis Caputo postergó el ajuste mensual que iba a estar atado a una fórmula de estimación de inflación futura, aún no diseñada.

Esta determinación ocurre en medio de un contexto en el que las estimaciones privadas de inflación marcaban malas noticias para el bolsillo con un repunte en junio, que interrumpiría la tendencia de desaceleración registrada en lo que va del año. Más específicamente, luego del 4,2% de inflación de mayo, en junio la suba de precios ya mostraba un rebote, según los privados, en torno al 5,5%.

Además, desde Hacienda informaron que Caputo consideró el componente de la estacionalidad. En el invierno, el consumo de gas suele ser mayor y, en consecuencia, lo que pagan los usuarios también. Por lo tanto, este congelamiento puso un freno a los aumentos del mes pasado, que habían sido de entre 9% y 33% en gas y entre 23% y 156% en electricidad. A su vez, en la cartera que conduce Caputo explicaron que tampoco habrá reducción de subsidios. Por ende, queda pendiente qué ocurrirá con recomposición de la rentabilidad de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS.El valor final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios, más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.

El mes pasado, el Ministerio de Economía aplicó una suba en uno de los tres componentes para recortar el peso de los subsidios. De hecho, en electricidad, los usuarios residenciales, comercios e industrias en su conjunto cubren ahora el 65% del costo total del sistema eléctrico, cuando el mes pasado era el 45%, según estimaciones oficiales. En el medio hay variaciones: los hogares de ingresos altos pagan el 78% del costo, mientras los de bajos ingresos, el 22%.Para hacer espacio a la quita de subsidios y que el aumento final no impacte bruscamente en los valores finales de las facturas y, por lo tanto, en la inflación, el Ministerio de Economía congeló la suba de los otros dos componentes (transporte y distribución) durante mayo y junio.En lo que va del año, las tarifas de electricidad subieron 234% y las de gas 1179%, en promedio, entre aumentos de precios y de cantidades consumidas, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. “El costo de la canasta total de servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 365% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice.El mes pasado, el valor promedio de las facturas finales de gas para un usuario N1 con un consumo promedio de 149 m3 por mes aumentó de $25.756 a $28.142 (9%); para un N2, con un consumo promedio de 159 m3, pasó de $15.638 a $20.797 (33%), y para un N3, con un consumo promedio de 171 m3, subió de $24.465 a $26.865 (10%).En lo que se refiere a electricidad, si se consideran consumos promedio residenciales de 260 kwh por mes, el valor promedio de las facturas finales para un N1 subió de $24.710 a $30.355 (23%); para N2, de $6295 a $12.545 (100%), y para N3, de $6585 a $16.850 (156%).

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La presidenta del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades (IPCyMER), María Laura Renoldi, recibió a los representantes de la Federación, Néstor Valin, Diego Perina y Julieta Romagnoli; junto a los gerentes de Enersa, Omar Minigutti e Iván Tropini. En el encuentro pusieron en conocimiento al sector sobre asuntos técnicos vinculados a las tarifas y la situación respecto a subsidios.

Renoldi indicó: “Acordamos seguir trabajando juntos para continuar acompañando a las cooperativas de agua en el momento difícil que están atravesando y ofrecer herramientas y recursos que garanticen el servicio”.

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El Gobierno decidió avanzar con la quita de subsidios a la luz y el gas. Este martes 28 de mayo se anunció un período de transición para trasladar “de manera gradual” el “costo real” de las tarifas a los hogares que actualmente reciben asistencia estatal.

Así se oficializó mediante el Decreto 465, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Se considera prudente establecer un período de transición que permita trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”, expresó la disposición del Ejecutivo.

La misma se llevará a cabo entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extenderla por seis meses adicionales, “con el deliberado fin de dar a los usuarios previsibilidad en cuanto a la programación económica individual y familiar, y certeza en relación a los procesos”, indicó el texto.

En los considerandos de la medida, se destacó que esto permitirá reducir el número de más de 10 millones de usuarios con subsidios, quienes actualmente pagan entre el 15 y el 20% del precio completo del gas y el 5% de la electricidad.

De esta manera, “los subsidios focalizados” que se buscarán aplicar con la nueva Canasta Básica Energética (CBE) “buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.

Las facultades de la Secretaría de Energía durante la transición

Hasta que entre en vigencia dicho régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente”. Las mismas incluyen:

• Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas
• Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial
• Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2
• Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios
• Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía
• Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición
• Invitar a los usuarios residenciales a re-empadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión
• Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición

Por otro lado, se eliminaron los topes de aumento respecto del precio mayorista en el componente de la energía, de N2 (40%) y N3 (80%) sobre la base del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.  De esta manera, ya no habrá límites para los incrementos porcentuales en las facturas y su consecuente impacto en los ingresos.

Esto tuvo lugar apenas una semana después de que el Gobierno decidiera posponer los aumentos en las tarifas energéticas para evitar un repunte de la inflación, que había mostrado una desaceleración en los últimos meses, alcanzando un dígito en abril y con expectativas por debajo del 6% en mayo.

RS/ff

Fuente: Perfil

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Ahora los licenciatarios fijarán los valores que “deberán ser justos y razonables”.

El Gobierno derogó una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de las tarifas de internet, líneas de telefonía celular, y servicio de TV por cable, por lo que ahora las empresas los establecerán libremente. Así lo determinó un decreto publicado en el Boletín Oficial.

“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, sostiene la norma.

“Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.

Esa parte seguirá vigente con respecto a la normativa que regía hasta ahora, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios.

Fuente: El Once

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A las 21 hs. el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el comunicado completo tras la reunión del directorio de ayer en la que se aprobó el desembolso de U$S 7.500 millones. Señala que “los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas“. Agrega que “en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal”.

La titular del FMI Kristalina Georgieva, señaló que “con una inflación elevada y crecientes presiones de balanza de pagos como telón de fondo, las autoridades están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo, y centradas en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal”.

Reitera que es “esencial” alcanzar el déficit fiscal primario acordado del 1.9% del PIB, un objetivo que resulta difícil de alcanzar por la caída de los derechos de exportación provocada por la sequía. El desequilibrio se ubica actualmente en 2.7% del PIB, según cálculos de la consultora ACM.

La titular del Fondo precisó que el gobierno debe centrar “los esfuerzos” en:

• reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía
• contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura.

Además, consideró que estas medidas están siendo complementadas con aumentos temporales de los impuestos sobre las importaciones para compensar la pérdida de ingresos.

En lo que fue interpretado en el Palacio de Hacienda como un aval de las últimas medidas adoptados, Georgieva sostuvo que “la reciente realineación del tipo de cambio, sumada al endurecimiento de la política monetaria, debería continuar a ayudar a promover la acumulación de reservas y al mismo tiempo limitar el efecto de traspaso del tipo de cambio a la inflación”.

Mercados

Con relación al futuro de la política cambiaria la titular del FMI dijo que”

• La tasa de ajuste del tipo de cambio se calibrará con detenimiento para facilitar el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reservas y reducción de la inflación,
• Las tasas de interés real permanecerán en niveles debidamente positivos para seguir apoyando la demanda de activos en pesos.
• Las intervenciones en el mercado financiero y de futuros también serán limitadas y temporales, y se centrarán en corregir condiciones de desorden.
• Las prácticas de tipos de cambio múltiples, las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de los flujos de capital se replegarán gradualmente conforme lo permitan las condiciones, ya que no son una sustitución de una política macroeconómica sólida.

Política fiscal

Las autoridades argentinas y el staff del Fondo acordaron que en años posteriores se acelerará “la consolidación fiscal con medidas de alta calidad enfocadas en el gasto y el ingreso”. También se reconoce la importancia de fomentar las exportaciones y en este sentido, Georgieva calificó como “un hecho positivo” la culminación del gasoducto.

Como es habitual reitera que es “preciso continuar prestando atención a proteger a los pobres y a promover el crecimiento inclusivo conforme se corrigen los desequilibrios”.

Por último, advierte que “continúa siendo crucial contar con un amplio respaldo político y que el programa se asuma como propio a corto y mediano plazo, ya que para resolver los profundos desafíos a los que se enfrenta Argentina se requerirán los esfuerzos de futuros gobiernos”.

En principio, este viernes se conocería el staff report, informe extenso donde el equipo analiza la situación argentina y presenta sus observaciones.

Una síntesis de este comunicado fue difundida en la tarde del miércoles y anticipando un desembolso inmediato.

Tras cuatro meses de arduas negociaciones finalmente el gobierno logró el desembolso del FMI y durante ese tiempo las negociaciones tuvieron momentos tensos no exentos de enojos.

En el encuentro que mantuvieran la titular del FMI y el ministro de Economía se abordó, como no podía ser de otra manera, la cuestión de los tipos de cambios múltiples. Existió coincidencia en la necesidad de ir a una simplificación, pero no en estos momentos en medio de la incertidumbre electoral y la escasez de reservas.

Massa defendió su esquema de tipo de cambio diferencial para los productos agropecuarios que le permitieron, sostuvo, recomponer 1.800 millones de dólares en reservas y revertir la situación deficitaria previa.

Las evaluaciones del Ministerio de Economía arrojan que, superada la sequía y con la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, el año próximo el país tendrá un abultado superávit comercial. Cabe señalar al respecto, que el FMI inicialmente subestimó los efectos de la sequía en el país. Para no volver a equivocarse, se supo que ha contratado un estudio específico sobre las perspectivas de la cosecha argentina.

A diferencia de su antecesor, Martín Guzmán, Massa en ningún momento planteó el tema de los sobrecargos que paga la Argentina por los créditos.

Un dato no menor, que se comenta en el Palacio de Hacienda, es que el sueldo de los directores del organismo (entre 14.000 y 16.000 dólares) se cubre precisamente con estos sobrecargos. Dicho sea de paso, en estos momentos el Fondo está discutiendo la posibilidad de un aumento en las remuneraciones de los directores, a los que Argentina votará en contra.

La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de US$7.500 millones (5.500 millones de DEG), con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos US$36.000 millones. La próxima revisión está prevista para noviembre de 2023.

Fuente: Ambito

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El presidente de la nación, Alberto Fernández, visitó Concepción del Uruguay en Entre Ríos y junto al gobernador, Gustavo Bordet realizaron un acto en el auditorio Scelzi.

Hasta allí se movilizaron vecinos autoconvocados con el propósito de reclamar por las exageradas tarifas eléctricas de la distribuidora en Entre Ríos (ENERSA) y la altísima carga impositiva que contienen las facturas que en algunos municipios llega al 58%

Sin hechos violencia, pero si con cánticos y abucheos, se hicieron escuchar en pleno centro de la ciudad, y recalcaron por los excesivos aumentos en la tarifa eléctrica.

La convocatoria se venía realizando a través de un grupo de facebook llamado La Estafa de ENERSA con la energía eléctrica en Entre Ríos y también por whatsapp en distintos grupos de cada ciudad. En Colón, Concepción del Uruguay, Paraná, entre otros convocando a firmar un petitorio para reclamar ante el Gobierno de Entre Ríos por los altos costos y enorme carga impositiva.

Reclamaron por los excesivos montos que se reciben en las facturas de luz y la gran disparidad existente con otras provincias ante el mismo consumo

Los vecinos se manifestaron en forma pacífica ante un gran operativo de seguridad que se montó en 8 de junio y Urquiza de Concepción del Uruguay, esta mañana, ente la llegada del presidente Fernández y el gobernador Bordet.

Los primeros asambleístas se convocaron a las 8.30 horas en la Plaza Ramírez. Luego se trasladaron, alrededor de las 11 horas, al Auditorio Carlos María Scelzi, donde se realizó el acto central de la visita presidencial.

Sin hechos violencia, pero si con cánticos y abucheos, se hicieron escuchar en pleno centro de la ciudad, y recalcaron por los excesivos aumentos en la tarifa eléctrica.

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La información la dio a conocer este sábado el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. “Buenas noticias para el Norte Grande. Por el artículo 10 de la resolución 719/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación, las provincias del Norte Grande accederemos hasta un límite de 650 kW/mes/hora respecto al subsidio a las tarifas energéticas”, informó en su cuenta de Twitter.

“Esto constituye un logro mediante el trabajo conjunto de la asamblea de gobernadores de nuestras provincias trabajando sin banderías políticas por el bien común”, continuó.

“Corregir asimetrías es nuestra consigna. Acceder a una tarifa energética diferencial por la segmentación del subsidio en base al consumo constituye una reparación histórica para la región. Esto es producto de la organización, la perseverancia y el trabajo mancomunado”, cerró el mandatario chaqueño.

Esta resolución llega tras el fuerte reclamo que las provincias del NEA y NOA vienen realizando a Nación para que se eleve el tope de consumo subsidiado cerca de los 700 kilovatios al mes/ hora y que hasta ayer alcanzaba los 400 kilovatios.

Comparación con Entre Ríos

La resolución a la que aludió Capitanich otorga a Corrientes un beneficio que Entre Ríos no posee, sin que importe que sean provincias vecinas y sin que tampoco sea tenido en cuenta que en tierras entrerrianas hay miles de familias que no cuentan con gas natural de red frente a sus domicilios.

Mientras un correntino de ingresos medios seguirá con tarifa subsidiada en sus consumos hasta 650 kW/mes/hora, el vecino entrerriano sufrirá la quita del subsidio a partir de los 400.

En septiembre, otra Resolución, la 649 de la Secretaría de Energía de la Nación, había dejado afuera a Entre Ríos del grupo de provincias que mantendrán tarifa subsidiada para consumos que superaran los 400 kilovatios hora.

Fuente: El Litoral de Corrientes

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En declaraciones periodísticas, Batakis reveló que tuvo una comunicación directa con la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien le dio su respaldo: “Me felicitó.  Le conté lo que pensaba hacer con el gabinete y ella estuvo de acuerdo. No ahondamos en un tema particular”.

De la misma forma, señaló que durante el día estuvo reunida con parte del equipo que la acompañará y el ministro saliente Martín Guzmán preparando la transición.

A continuación las principales definiciones:

Inflación: “Hoy tenemos una inflación que se triplicó en el mundo. Queremos empezare a corregir toda esa problemática. Argentina fue el país que más creció el año pasado y creo puestos de trabajo. Por eso se demandan divisas. La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos. Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. No le permite planificar a las empresas, ni al Estad,o ni a las personas. Lamentablemente se triplicó la inflación en el mundo y no estamos exentos de eso. Los acuerdos con los empresarios son importantes pero es importante que ellos puedan planificar su cadena productiva. No sólo es un acuerdo de precios. Voy a empezar a hablar mañana con los empresarios. No es el único instrumento el de los acuerdos de precios. La inflación en la Argentina tiene muchas causas. Vamos a hacer un abordaje integral. Necesitamos usar la tasa de interés y también nuevos instrumentos financieros para ofrecer inversiones atractivas. Ayudar a la oferta es una ayuda contra la inflación”.

Déficit fiscal: “Necesitamos un programa económico que nos ponga en un sendero de equilibrio fiscal. El Estado no tiene por qué acumular superávit, pero en situaciones como fue la pandemia o en una situación de guerra uno tiene que poder utilizar el déficit como política contra cíclica. Cuando se retiró el mercado el Estado tuvo que estar presente como por ejemplo con los ATP pero no se puede vivir en déficit permanente. Vamos a hacer el camino de llegar al equilibrio pero con la gente adentro”.  

Salarios: “El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Creemos en el salario y en la paritaria. El salario no es inflacionario. Necesitamos que la clase trabajadora recupere los salarios. Necesitamos una redistribución más equitativa y más justa”.

Dólar: “El blue es un mercado pequeño y muy marginal pero está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial que está en un sendero de equilibrio. Yo me siento cómoda con este tipo de cambio. Hoy fue un día particular y mañana tal vez lo sea también., Pero hay que dejar recorrer unos días y evitar especulaciones. Vamos a ir monitoreando hora por hora lo que va pasando. En estos días iremos teniendo respuestas. Apelo a que me conozcan un poco más. Cuando estuve en la provincia (de Buenos Aires como ministra) emitíamos deuda distintos instrumentos financieros. Ya nos iremos conociendo más”.

Cepo: “Estoy convencida que los dólares tiene que estar puestas a disposición del crecimiento. Hay que ser muy asertivo donde se hacen las locaciones de esos dólares. Tiene que estar bien pensado y planificar para ser eficientes. La planificación tiene que ser con los empresarios. Tenemos que planificar el uso de las reservas. No solo es una cuestión de mercado.Hay que empresas que necesitan sobre stockearse”.

Energía: “Argentina tiene condiciones para desarrollar hidrógeno y litio y Vaca Muerta es una gran oportunidad. Hoy tenemos un cuello de botella. En un mes tiene que estar resuelto”.

Tarifas: “La segmentación se mantiene.  Los que tiene capacidad de pago se tienen que hacer cargo del total de las tarifas”.

Ingreso Básico Universal: “Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”.

FMI: “Se cumplió el primer trimestre el segundo trimestre entendemos que estará cumplido. Mañana tomaré contacto con el FMI. Iremos monitoreando todas las variables”.

Deuda en pesos: “Los países que emiten en su propia moneda tienen una sanidad mucha mejor. El segundo semestre del año tiene muchos vencimientos y desde esta mañana lo estuvimos trabajando con el presidente del BCRA. Son vencimientos que vamos a poder renovar tranquilamente. Las tasas tienen que ser positivas”.

Gabinete: “Lo tengo que pulir con el presidente. Lo estamos completando. Hoy muchos de ellos estuvieron trabajando con el equipo de Guzmán”.

Renta inesperada: “Es una vía justa. Es justo que cuando hay una renta inesperada, como en este caso por una guerra, se aporte más. Tiene que ser un instrumento que logre la redistribución de recursos”.

Fuente: La Prensa

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La novela de las tarifas y la quita de subsidios. No está el registro para conservar la asistencia y hay guerra fría comunicacional

A una semana de publicado el decreto que anunció la segmentación de subsidios y el aumento de tarifas a la energía, siguen faltando datos centrales para los consumidores: no se publicó aún el registro para anotarse y reclamar la continuación de la asistencia del Estado, y tampoco se especificó cuál será el nivel de suba de tarifas en el decil más rico de la población. Todo esto se da mientras siguen los cortocircuitos comunicacionales del Gobierno y los encargados del área, luego de la suspensión de una conferencia de prensa en la que funcionarios de Economía y la Secretaría de Energía debían, en principio, explicar los alcances de la medida ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE). Un gesto que muestra dos cosas: lo complejo que será políticamente detallar y comunicar el alza de las tarifas y la quita de subsidios; y el malestar e incomodidad que hay entre las provincias que integran el Consejo y siguen sin saber cómo serán los procedimientos. 

En este escenario, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en conferencia de prensa que “las tarifas continuaran como están ahora”, hasta que se concrete la segmentación. Y que “no habrá un aumento generalizado” hasta tanto esté disponible el registro. Agregó además que se “está trabajando en la implementación y en estos días ya se podrá ingresar” para completar los datos. La funcionaria adelantó que “va a ser un procedimiento muy sencillo (…) habrá tres meses entre el anuncio y la implementación y los que pagaran la tarifa sin subsidios tendrá un aumento prorrateado durante los últimos trimestres del año”. 

A esa demora en la conformación del registro se suman otras de mayor peso: la más importante, cuánto aumento será el que percibirá el decil más rico de la población? Este dato es central y el Gobierno viene gambeteándolo porque, se deduce, las subas serán muy importantes y bastante mayores porcentualmente a lo que pagará el resto. Y cómo la segmentación de los subsidios tiene resquicios, pueden caer subas relevantes en gente que aún cobrando 333 mil pesos como grupo familiar (uno de los requisitos para perder el subsidio) sentirá un golpe duro en el bolsillo por perder el 100 por ciento de la asistencia. En paralelo, la otra duda es cómo la gente se enterará de que existe el registro. El tema no es menor, dado que el que no se inscriba, corre el riesgo de quedar fuera del subsidio. Hay sectores del Gobierno que reclaman una campaña publicitaria urgente para que se da a conocer la existencia de la herramienta, pero los tiempos de aplicación se acortan. 

La tercera pata del problema es que algunos dirigentes del Gobierno y las provincias creen que las demoras en la implementación tienen que ver con no están claros aún los preceptos y bases de datos que servirán para segmentar el subsidio. 

La reunión que fue y después no fue

Hace unos días, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que preside el secretario de Energía Darío Martínez, envió a todos los representantes sectoriales de las provincias una invitación a una conferencia en la que se explicarían los alcances y puntos ciegos de la segmentación de subsidios. Ese encuentro debía comandarlo, según la carta de invitación, Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético. Esa división depende, en los papeles, de Martínez, pero Osornio es el hombre del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la segmentación de subsidios y aumento de tarifas. En pocas palabras, el responsable de todo el proceso. 

Esa charla, que debió ocurrir a las 10.30 de la mañana del jueves, no ocurrió. Y desató una guerra subterránea de versiones y críticas. Un rato antes de esa convocatoria, en la conferencia de Cerruti, un periodista le preguntó por este encuentro. “Habrá más precisiones, y es el encargado (López Osornio) de darlas, asi que las podrán seguir por allí”, respondió la portavoz dando por hecho que esa reunión se estaba produciendo. 

A la hora del mitin, que sería mitad presencial y mitad virtual en un Google Meet, algunos se conectaron por no saber y otros, avisados el día anterior de la suspensión, directamente no participaron. Fuentes del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía que consultó Página I12 negaron que hubiese alguna reunión planeada a convocada, pero los enviados de los gobernadores garantizaron que “recibimos la invitación y el miércoles por la tarde fue el mismo Consejo Federal el que desinvitó”. Este diario consultó a al menos cuatro distritos que confirmaron la mecánica y el convite. 

La versión del Gobierno de que nunca se convocó la desmienten no sólo la invitación, sino también la desinvitación. Este diario accedió al texto de suspensión: “Señor representante: me dirijo a Usted con el fin de informarle que se no ha comunicado que la reunión prevista para el jueves 23 sobre “segmentación Tarifaria” queda SUSPENDIDA hasta nuevo aviso”. Ese mensaje se envió de un mail de Presidencia del CFEE. En ese escenario, las provincias están que trinan por las demoras de Nación en explicar un tema técnico en el que vienen trabajando hace más de un año y que es de una fuerte sensibilidad social. 

Fuente: Página 12

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La medida -anticipada por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, en su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada- se dispuso mediante el decreto 332/2022, publicado este jueves en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial.

Tal como se había estipulado meses atrás, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

Esa decisión implica una serie de incrementos de los valores vigentes que, según explicó Cerruti, se prorrateará de manera bimestral en la segunda mitad de 2022.

Esa franja de usuarios está comprendida por aquellos que reúnan al menos uno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT); ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; de tres o más inmuebles; de uno o más aeronaves o embarcaciones de lujo y/o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

El segundo nivel está integrado por los beneficiarios de la tarifa social, y el tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores.

Tanto el nivel 2 como el 3 ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes respectivamente al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022.

Cerruti explicó que el segmento que recibe la tarifa social, alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad “va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

“La manera en que esto se va a implementar y su reglamentación va a ser luego comunicado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría de Energía”, concluyó la portavoz.

Fuente: La Prensa

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El Gobierno sumó nuevos criterios socioeconómicos para segmentar los subsidios de luz y gas. La modalidad es impulsada por el equipo vinculado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para identificar qué hogares deben mantener o no las subvenciones. Según esta propuesta, el piso de ingreso para integrar el sector de mayor poder adquisitivo rondaría en torno a los $ 314.000 en marzo.

Así surge de un documento de la subsecretaría de Planeamiento Energético, a cargo de Santiago Lopez Osornio, un hombre de Guzmán dentro de la secretaría de Energía, encabezada por Darío Martínez. El economista de la Universidad de La Plata -como el ministro- avanzó en criterios “complementarios” a los del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el CONICET.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la titular del ENRE, Soledad Manín, habían elaborado mapas de segmentación a partir del valor de la vivienda en el AMBA. Sin embargo, por las dificultades para aplicarlo a nivel nacional, el trabajo sugería hacer que se hicieran análisis de la situación socioeconómica de los titulares del suministro, más allá de la geolocalización.

El alfil de Guzmán avanzó por ese carril y tomó como umbral para definir el segmento de alta capacidad de pago los ingresos superiores al valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) –la canasta familiar de pobreza- para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años). En marzo, según el INDEC, ese valor alcanzó los $ 314.000.

“Es decir, que recién a partir de ese nivel de ingresos se reduciría el nivel de subsidios de forma significativa”, señaló Planeamiento Energético. Y más adelante precisa que “aún así, la cantidad de CBTs analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”.

Además, se consideró como titulares con alta capacidad de pago a aquellos que posean aviones o embarcaciones de lujo, posean 3 o más inmuebles registrados o posean 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.

“La propuesta del ENRE aplica al AMBA y no es extrapolable al resto del pais, ese documento sugiere que haya un criterio complementario por nivel socioeconómico, con el ingreso y el patrimonio sí puede ser aplicado en el resto del país”, señalaron fuentes oficiales.

En su documento, el área de Osornio muestra que el gasto en energía en relación al ingreso es mucho más alto para los hogares más pobres y que, a medida que crece el consumo por nivel de ingreso, también crece el monto de subsidios, lo que es calificado como un “sesgo pro-rico”. Guzmán lo planteó exactamente hace un año y agitó la interna con el kirchnerismo.

El análisis incluye un cálculo de los subsidios a los hogares según su ingreso y decil en 2021. En un recuadro se observa que los de mayor capacidad de pago, con un ingreso de $3,2 millones al año, recibieron subvenciones por la luz y el gas de casi $73.000 anuales, un promedio de $ 6.000 mensuales. El sector de menores ingresos -$ 206.180-, en tanto, recibió casi $ 45.000 anuales, un promedio de $ 3.700 por mes.

De esa manera, los subsidios representan el 2,2% de los ingresos del decil de mayores ingresos y el 21,5% de los de menores ingresos.

“El peso que estos subsidios tienen como porcentaje del ingreso total familiar sugiere que la eliminación de los subsidios en los deciles de altos ingresos no tendría un impacto significativo en el ingreso disponible en estos sectores”, señala Planeamiento.

Fuente: Clarin

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A partir de la convocatoria del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el 19 se pondrá en consideración la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes. Será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los interesados participarán exclusivamente de manera virtual o remota, conforme se dispuso en la Resolución N° 518 publicada en el Boletín Oficial.

En junio el Enargas había formalizado cuadros tarifarios de transición cuyo impacto en factura promediaron el 6% para los usuarios residenciales del servicio de gas por redes, mientras que para las pymes y comercios rondó el 4%.

Días atrás, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, detalló que por decisión de Alberto Fernández y Cristina Fernández “las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios, jubilaciones, AUH y asignaciones familiares. Y estimó que la corrección tarifaria en las facturas, tanto de de energía eléctrica como de gas será del 20% para la generalidad de los usuarios en 2022.

De todos modos, las empresas distribuidoras y transportistas de gas elevaron al Enargas pedidos de aumento de tarifas por entre un 70% y un 120%, aunque su impacto real en las boletas oscila entre el 30% y el 40%.

UNO accedió a los documentos con cada una de las peticiones y fundamentos por parte de las empresas de transporte y de distribución del suministro en el país que fueron elevados días atrás.

En el caso de GasNea, concesionaria del servicio en gran parte de Entre Ríos y de otras provincias de la Mesopotamia como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, elevaron dos propuestas de modificación de tarifa.

Contemplando la modificación de los costos en más de dos años debido a que desde mediados de 2018 no se aplica la adecuación semestral tarifaria correspondiente a las normativas vigentes –en ese período hubo dos actualizaciones transitorias, en 2019 y en 2021– planteó dos escenarios alternativos: en uno de ellos el impacto final en la tarifa de los usuarios no supera el 20%, ya que van desde 19,46% en la categoría de clientes residenciales R1 o del 15,31% y el 15,97% en R2 y R3, en comercios el 10,89% en SGP1, por ejemplo, o el 19,16% en entes de bien público (EBP1).

La audiencia será el 19. Redengas y Gas Nea ya elevaron las solicitudes formales basadas en la falta de aplicación de los ajustes semestrales

El otro cuadro propone entre un 20% y un 25% en promedio en las distintas categorías.

Por su parte, Redengas SA, subdistribuidora prestataria del servicio a más de 55.000 hogares paranaenses, hizo en su escrito un repaso de sus 32 años, en los que apuntó que 15 años fueron gestionados bajo las condiciones impuestas por la Ley de Emergencia Económica. En ese sentido, argumenta que desde 2000 a 2012 se mantuvieron en los mismos valores, y “recién allí se aplicaron ajustes parciales que fueron claramente insuficientes para recuperar el poder adqusitivo de los ingresos necesarios para reponer y mantener el nivel de inversiones requerido y para ejecutar desde la empresa un nivel de servicio adecuado”.

Luego de período de ajustes retomado, Redengas recordó: “En abril de 2019 se efectuó el último ajuste autorizado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que la falta de actualización de los ingresos de nuestra empresa alcanza el 180%”.

Menciona el incremento durante los últimos dos años y medio del 200% en los combustibles, y del 132% en la cotización del dólar, “moneda en la que cotiza la mayor parte de los insumos con los que trabaja la empresa. En tanto que el ajuste tarifario autorizado en este período –en junio de 2021, de carácter transitorio– fue del 20%”.

Y tras hacer referencia a “la situación financiera de la empresa afectada por la combinación de falta de actualización tarifaria, sobreestimación de los volúmenes considerados para el cálculo de la tarifa, el aumento de los índices de mora y un significativo aumento de los costos de operación e inversión por efectos de la inflación”, propone un cuadro tarifario “cuyo impacto en la factura final de un usuario residencial promedio, sin considerar variaciones en el gas ni en el transporte, sería de aproximadamente 40,5% respecto de la tarifa vigente, lo cual representa un incremento promedio total final en la factura de aproximadamente 562 pesos más impuestos por mes”.

Actualizaciones y composición de las boletas de los clientes

Todas las empresas transportadoras y distribuidoras de gas presentaron sus propuestas de actualización de los cuadros tarifarios: Transportadora de Gas del Sur (TGS); Transportadora de Gas del Norte (TGN); Litoral Gas; Metrogas; Distribuidora de Gas Cuyana; Gasnor; Camuzzi; Distribuidora de Gas del Centro; Naturgy; GasNea y Redengas.

La intención es que las subas sean aplicadas a partir de marzo.

Las solicitudes formalizan reclamos por actualizaciones que oscilan entre el 75% y el 85%, aunque de esos porcentajes aproximadamente un tercio se traslada al precio final de las facturas que reciben los usuarios. 

La composición de las boletas determina el costo final de las tarifas a cada uno de los clientes: incluye rubros como el costo de transporte y distribución, el precio del gas y los impuestos. Además, para la facturación y la aplicación de los conceptos tarifarios hay ocho categorías, según rangos de consumo.

Fuente: Uno Entre Ríos

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