A 75 días de la muerte del soldado Pablo Jesús Córdoba (21), con dos tiros de FAL (Fusil Automático Liviano) en la cabeza dentro del Regimiento de Zapala del Ejército Argentino, abundan las inconsistencias y desprolijidades en la causa. La familia dice que la investigación está estancada y que se caracterizó “por la manipulación” en la escena donde fue encontrado el cuerpo.

“Cada día que pasa me convenzo más de que a mi hijo lo mataron. Tenía dos balazos en la cabeza… ¿se va a seguir hablando de suicidio? ¿Por qué el FAL que encontraron a su lado no tiene huellas? ¿Las limpiaron? ¿Por qué? ¿Quién tomó el arma? Está más que claro que acá se está tapando algo, se está cubriendo a alguien. Hay gente poderosa que no quiere que se sepa nada”. Angustiada y entre lágrimas, Natalia Uribe, la madre de Pablo, admite estar destruida.

Lo sucedido con Córdoba recuerda, por el modus operandi pero también porque se trata del mismo regimiento, al recordado caso Carrasco, por cuyo crimen, perpetrado en 1994, se sobreseyó a los siete procesados. El asesinato de Omar Carrasco durante la presidencia de Carlos Saúl Menem puso fin al servicio militar obligatorio.

Pablo Córdoba, el soldado muerto, en el medio entre sus padres. A la izquierda, Natalia Uribe, que asegura: “Cada día que pasa estoy más convencida de que a mi hijo lo mataron”.

“Me cuesta mucho seguir adelante, siento que me están mintiendo en la cara y desde mi lugar no tengo posibilidades de saber la verdad –sostiene Uribe–. Faltan datos del peritaje balístico, como el tipo de calibre al que corresponde cada disparo, la posición de cada uno, el recorrido, el daño causado por cada proyectil y cuál fue el primer disparo. También falta hacer las pericias al celular y a la computadora de mi hijo Pablo, para saber si estaba siendo amenazado o maltratado por alguien del Ejército”.

Contradicciones y aprietes

Las inconsistencias empezaron a partir de la reconstrucción de los hechos, semanas atrás, cuando “hubo declaraciones de testigos que aseguraron que el fusil fue encontrado sobre el torso del soldado Córdoba; sin embargo, otros, declararon que fue visto a un metro del cuerpo“, cuentan a Clarín fuentes de la investigación. “Ya empezamos mal, con datos contrapuestos de dos personas que, supuestamente, llegaron al lugar de los hechos minutos después de los disparos”.

Durante la escena de la reconstrucción, según pudo constatar Clarín, una enfermera admitió haber agarrado el fusil para asistir al herido. No obstante, fue interrumpida en pleno testimonio por un soldado. “No, de ninguna manera, yo fui quien sacó el arma antes de que la enfermera llegara”, lo que generó un altercado en la sala de audiencias. “Se planteó una discusión inusual entre el soldado y la enfermera, quien hasta dijo que sus huellas debieron ser encontradas porque manipuló el arma sin usar guantes”.

La escena donde fue encontrado el cuerpo de Pablo Córdoba, el 1° de junio pasado, fue manipulada y la investigación está estancada.

Lo más llamativo fue que una semana después de la reconstrucción, “llegó el informe de Gendarmería sobre el peritaje del arma, que señalaba que no tenía ninguna huella, algo que resultó poderosamente extraño. La enfermera aseguró que ella tomó el FAL, pero un soldado la desmintió y afirmó qué él estuvo minutos después del suceso. Entonces, ¿quién limpió el arma? Tendría que tener huellas del armero, del propio Pablo y de alguna de las personas que aseguran haberlo tomado con sus manos… pero nada”, se indigna alguien muy cercano a la investigación.

“Otra irregularidad –describe la fuente– es que el primer día, cuando fue descubierto el cuerpo de Pablo, en un área vallada de dos metros por dos, encontraron una vaina, solo una. Una semana después fue hallada una segunda vaina, detector de metales mediante. ¿Cómo puede ser posible que no la vieran antes en un perímetro tan reducido? Y como si eso fuera poco, a los 37 días del hecho, apareció de la nada una munición completa en la misma pequeña zona delimitada. Todo muy sospechoso”.

El juez Greca, que investiga la causa, fue recusado por filtrar información al Ejército, principal implicado en la muerte del soldado Pablo Córdoba.

Paralelamente a las incongruencias que se describen, “personal del Ejército estuvo realizando maniobras de apriete contra Natalia Uribe y Juan José Córdoba, los padres del soldado. Personal militar fue en tres oportunidades a su casa para marcarles territorio y en una de las ocasiones la propia familia decidió filmar la visita”.

Tres oficiales del Ejército, de apellidos Tavia, Chimeno y Lamas, se presentaron en la casa familiar y palabras más, palabras menos, les dijeron: “Entendemos por la situación que están pasando, si quieren pueden hablar con la prensa, hagan entrevistas, pero tengan cuidado con lo que dicen”.

El abogado querellante de la familia Córdoba, Maximiliano Orpianessi, tuvo que pedir protección de la Policía Federal, que vigila la casa de los padres de Pablo. “La visita injustificada de personal militar a la casa de los padres de Pablo está denunciada en la Justicia con los mismos videos, que además resultan el fundamento de la recusación que hicimos del juez Greca”.

Pablo Jesús Córdoba (21) fue encontrado el 1° de junio último, dentro del Regimiento de Zapala, con dos balazos en la cabeza.

​En una de las visitas a la casa de Juan José, que también es militar, trascendió que un coronel le deslizó: “Como superior suyo le comento que yo debo velar por la buena imagen de la institución. Está bien que se investigue, pero desde la institución militar no queremos que hable de la muerte de Pablo como otro caso Carrasco”.

En ese mismo encuentro, uno de los oficiales les hizo saber a Córdoba y a Uribe que “estaban teniendo una constante comunicación con Hugo Greca, el juez de la causa. ¿Qué significaba esa declaración? ¿Con qué sentido les transmitieron eso? Evidentemente era una marcada de cancha”.

Orpianessi le dijo a Clarín que “ese accionar está prohibido, con lo cual el juez fue recusado por falta de independencia en la investigación. Porque pareciera que, paso que da en la causa se lo tiene que comunicar al Ejército, a tal punto que lo autorizó a tener acceso una copia certificada de cada uno de los movimientos del expediente judicial, cuando el Ejército Argentino no tiene por qué tener acceso a dichos documentos”.

“El juez está investigando un hecho ocurrido dentro del Ejército. ¿Cómo va a conversar con el Ejército por fuera del expediente? Es una locura… El Ejército, sus instalaciones, su armamento, su personal son objetos de investigación. ¿En qué cabeza cabe que le adelante los pasos de la investigación?“.

Inmersa en el dolor, Natalia Uribe dice que hoy lo único que la consuela es que se haga justicia. “Alguien le arrebató la vida a mi hijo. Dejó a mi hija sin su amado hermano, sin su protector… Pero yo, mamá de pablo, me voy a encargar de que se haga Justicia. Quiero y exijo que el juez investigue y nos entregue a los responsables y cómplices”.

“Muchos ocultan cosas y se pensaron que se iban a salir con la de ellos… A esas personas les digo que no voy a descansar hasta que todos paguen por esto. Nos quitaron a un ser especial, respetuoso, atento, comprensivo… No descansaré, lo juro”, exclama enérgica.

MG

Fuente: Clarin

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