La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento a favor del empresario Lázaro Báez en una causa en la que  había sido denunciado por la AFIP durante el gobierno de Cambiemos por supuesta evasión de aportes a la seguridad social.

La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por “la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez”, revelaron fuentes con acceso al expediente.

Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla.

La causa se mantuvo abierta hasta ahora porque en cada instancia el Ministerio Público Fiscal apeló incluyendo nuevos períodos mensuales de supuesto faltante de aportes.

Así, el expediente atravesó todas las instancias judiciales, desde la Cámara en lo Penal Económico hasta la Corte, pasando por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última apelación llegó a la Cortea raíz de un “recurso de queja” interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino,  Eduardo Casal.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve desestimar el recurso de hecho”, resolvió la Corte, por unanimidad.

Escrito por Néstor Espósito

NA – Buenos Aires, Argentina

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El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exministro de Justicia del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Garavano, en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, “arrepentido” del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados. Esta resolución judicial fue apelada por la fiscalía.

El sobreseimiento –apelado este lunes– había sido dictado por Ercolini el 2 de diciembre y también benefició a Alejando Lagos, quien fuera director del programa de protección de testigos, y al propio Vandenbroele. Para los tres imputados la fiscalía había solicitado declaración indagatoria.

Para la fiscal Paloma Ochoa, los exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri habrían cometido los delitos de Abuso de autoridad y Defraudación a las arcas públicas, dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de dos años contra los seis meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.

En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la que resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de Administración infiel, reportó la agencia Télam.

Al dictar el sobreseimiento de los imputados, Ercolini se valió de los descargos escritos que formularon durante el trámite de la causa y evitó así llamarlos a indagatoria: en su presentación Garavano había asegurado que no podía conocer lo que ocurría con el legajo de Vandebroele porque era secreto y que únicamente se limitó a firmar dos resoluciones para autorizar pagos.

El juez Ercolini es uno de los funcionarios judiciales y de Juntos por el Cambio denunciados por haber participado de un viaje a Lago Escondido, en la Patagonia, invitado por el grupo Clarín, en lo que podría constituir el delito de dádivas.

Julián Ercolini.

“Respetuosamente, dicha afirmación configura un manifiesto contrasentido y violenta la ley vigente. Si la ley pone en estricta cabeza de quien ejerza el Ministerio de Justicia la autorización de determinadas erogaciones, es precisamente para que previo a autorizarla, ejerza el debido control republicano”, afirmó la fiscal Ochoa al apelar el sobreseimiento.

Para la fiscalía, el exministro de Justicia “reconoció” en su descargo “que autorizó erogaciones millonarias sin haber controlado su racionalidad y consecuente justificación en antecedentes fácticos y normativos conforme exige el artículo 10 de la ley 25764 (…) Corresponde señalar que el resguardo del secreto de datos objetivos (nombre del protegido, dirección, etc.) en modo alguno configura un obstáculo al deber de control para el cual fuera convocado por ley”.

Del análisis del legajo de Vandenbroele surge la detección de “una multiplicidad de vicios e irregularidades conocidas” por Lagos y Garavano, a quienes la fiscalía les acusó también de haber tomado la decisión deliberada de no activar los procesos de expulsión que marca la ley ante el incumplimiento de las pautas que marca el programa.

La fiscal Ochoa sostuvo que del legajo 753/2017 surge que Vandenbroele “mintió al programa e incumplió sistemáticamente los parámetros de conducta, conforme documentaron los operadores, razón suficiente para que fuera iniciado del proceso de exclusión”.

A modo de ejemplo, la fiscal citó que los operadores del programa informaron que “el día 4 de enero de 2018 Vandenbroele, aduciendo con engaño una autorización inexistente se movilizó solo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección”. En esa ocasión, además, los operadores lo siguieron y lograron observar que en el centro de Pilar un hombre con un portafolios se subió a su vehículo, situación que su custodia dijo haber fotografiado, aunque tales imágenes no habrían sido anexadas al legajo.

Fuente: UNO Entre Ríos

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La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri y lo sobreseyó en la causa por espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan.

Para el tribunal, no existió delito en las “avanzadas” de la custodia cuando Macri viajó a Mar del Plata para reunirse con familiares de víctimas, algo que se creía que constituía parte de las tareas de espionaje ilegal.

El ex presidente había sido procesado en primera instancia por el juez federal de Dolores Martín Bava y ahora se da marcha atrás con la medida. Macri había sido convocado en más de una oportunidad a comparecer ante el magistrado en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el fallo original.

Entendieron que aquello que se había interpretado como tareas de espionaje, la “avanzada” de la custodia presidencial cuando Macri viajó a Mar del Plata, en realidad ocurrió para velar por la “seguridad presidencial” y el “cuidado” del jefe de Estado.

“Existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas. Ello, en virtud de la regulación aplicable al caso, la asignación de funciones que se desprenden de los organigramas de las dependencias oficiales involucradas, así como de la prueba testimonial y documental reunidas”, sostuvo el Tribunal.

La denuncia contra Macri había sido realizada por la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño y a raíz de distintos hechos entre 2017 y 2018. El juez Bava lo citó en más de una oportunidad a Macri, quien procuró evitar la audiencia mediante recusaciones al magistrado, las cuales no prosperaron.

Finalmente, Macri fue procesado en diciembre y se le fijó la prohibición de salida del país, por lo que cada vez que optaba por viajar al exterior debía pedir permiso. 

A raíz de un planteo de Macri, la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py y ahora salió el fallo de la Cámara al ser apelado el de primera instancia por la defensa del ex mandatario.

En paralelo, el Tribunal revocó el procesamiento contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entonces titular y segunda de la AFI, respectivamente, durante el macrismo, por espionaje ilegal.

LEÉ: Espionaje ilegal: Casación rechazó planteos de Cristina Kirchner y otros querellantes y avaló la teoría del “cuentapropismo”

Ambos estaban procesados junto a una treintena de agentes del organismo por supuestas tareas de espionaje ilegal a partir de bases operativas en la provincia de Buenos Aires. 

El Tribunal revocó el fallo de primera instancia e impuso la falta de mérito, o sea que continúe la pesquisa. Hubo, según los magistrados, una “incompleta investigación”.

“Entendemos que el instructor dio inicio a la presente pesquisa abrigado por la premisa de que la creación de las Bases AMBA respondió a la única y deliberada razón de orquestar un plan sistemático de espionaje respecto del cual, en consecuencia, cada una de las personas que estuvieron orgánicamente vinculadas a la Dirección de Reunión formaron parte con cabal conocimiento, debiendo responder penalmente por ello”, dijo el Tribunal en
duras críticas al juez de primera instancia Alejo Ramos Padilla.

Escrito por Sergio Farella

NA – Buenos Aires, Argentina

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La decisión Agüero Iturbe generó que los sobreseimientos dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y apelados por la fiscal Alejandra Mangano queden firmes sin necesidad de ser revisados por la Cámara Federal porteña toda vez que en esta causa no hay una querella que pueda reclamar la continuidad de la investigación, explicaron fuentes judiciales.

En esta causa se buscaba determinar si los encuentros que mantuvo el expresidente con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos pudieron servir como escenario de presiones indebidas o para el direccionamiento de causas judiciales en contra de los adversarios políticos del líder del PRO.

“Se encuentra acreditado que el hecho investigado no se cometió; no en punto a la existencia de algunas de las reuniones acreditadas, sino en cuanto a que mediante ellas se influyó en el actuar de la justicia para dictar pronunciamientos con la intención de perjudicar y/o agravar la situación procesal de algún encartado/a”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en el dictamen.

“En este punto es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el poder ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la nación. En tal sentido es posible afirmar que cualquier reunión entre un integrante de la administración púbica nacional o del Congreso de la Nación con un magistrado no se encuentra per sé prohibido bajo sanción penal”, abundó.

“Los motivos de tales encuentros pueden resultar de distinta índole (sobre temas de coordinación, laborales, personales, etc.) sin que ello importe encuadre punitivo alguno. Ahora bien, la eticidad de algunos encuentros entre miembros del poder judicial con el Presidente de la Nación no puede ser zanjada en esta jurisdicción y queda reservada a los resortes propios que la organización judicial previstos para analizar la conducta de sus magistrados, así como también los posee el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.

Y, agregó que “sostener que de tales encuentros surge un accionar delictivo importa comprobar una conspiración tendiente a perjudicar a una persona sometida a proceso. Sin embargo, en ningún caso, ni en los acreditados o en los supuestos, puede señalarse que las decisiones adoptadas por los magistrados mencionados hayan sido carentes de fundamentación acorde a las normas procesales que rigen su dictado o que resulten contrarias a la lógica forense o a una indebida interpretación de la norma sustantiva”.

En otro párrafo del dictamen, Agüero Iturbe admitió que “el maridaje político-judicial no resulta adecuado frente a la necesaria independencia judicial” pero señaló que eso “no abarca a las relaciones interpersonales que pueden existir entre miembros de distintos poderes del Estado, sin que ello importe cometer un delito”.

“Las motivaciones personales que llevan a cada ser humano a entablar relaciones con otro, sin importar el rango o jerarquía, no se encuentran prohibidas por el código punitivo. Que resulte bien o mal visto que un magistrado se encuentre con un político no es una cuestión que ataña a la justicia penal”, sostuvo el fiscal.

En otro pasaje del dictamen, el representante del ministerio público fiscal señaló que, más allá de considerar que no hay delitos en el comportamiento de los denunciados, quedan las “cuestiones concernientes a la conducta ética de los magistrados que tramitan por ante el Consejo de la Magistratura”.

La denuncia por las visitas de los jueces a Macri fue presentada por los diputados nacionales Martín Soria (actual ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

En la presentación se detallaron seis visitas a la Casa Rosada por parte de Hornos para ver a Macri “días antes de dictar sentencias favorables a los intereses de ese mismo Presidente” entre 2015 y 2018.

En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones; de ellas 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada “con proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política”.

Fuente: La Prensa

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El juez de Garantías Mauricio Marcelo Mayer dictó este martes el sobreseimiento del exgobernador Sergio Urribarri en la causa en que se lo investigaba por supuestos delitos de peculado, cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública, en una serie de contrataciones de su gobierno con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

El magistrado también dictó el sobreseimiento para los también imputados Carlos Marcelo Haidar y Miguel Ángel Ulrich, exfuncionarios. 

En la audiencia del jueves 21 de abril, la defensa de Sergio Urribarri había solicitado esta determinación en base a un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que sobreseyó a un imputado en una causa que se investiga el uso irregular de contratos de personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado resultó Juan Alfonso Blason Lorenzatto.

La decisión de la Sala Penal se dictó por cuanto consideró que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos. Así lo había manifestado la defensa en la audiencia del 21, al señalar que en febrero del año pasado, con la investigación penal preparatoria (IPP) agotada, el juez le había dado como plazo de culminación a la Fiscalía el mes de mayo. A la vez, desde la Fiscalía no se solicitó prórroga.

El fiscal Gonzalo Badano se opuso al pedido de la defensa, argumentando sobre la base de las dificultades y complejidades de la investigación.

Este martes, el juez Mauricio Mayer resolvió “declarar la insubsistencia de la potestad para continuar investigando el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia dictar el sobreseimiento de Sergio Daniel Urribarri, de Carlos Marcelo Haidar y de Miguel Ángel Ulrich”.

El magistrado sostuvo que su resolución fue “en simetría con lo alegado en el fallo ‘Cozzi’ por el STJ, declarándose que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor que hubieren gozado los imputados”.

Fuente: Uno Entre Ríos

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada en la causa conocida como la ruta del dinero K por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y junto a sus hijos.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva. 

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada. 

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónico entre los que en ese momento eran secretarios privados de la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, cuando sucedieron los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de Cristina Kirchner.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales solicitó información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Fuente: La Prensa

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