La decisión de primera instancia, que podría ser apelada, rechazó dictar una medida cautelar para permitir a la Sindicatura General de la Nación acceder a documentación contable de la UBA para comenzar a revisar sus cuentas mientras se desarrolla la causa judicial.

El magistrado resolvió “diferir para el momento del dictado de la sentencia de mérito el tratamiento del planteo de incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de la Universidad de Buenos Aires” y “desestimar la medida precautoria peticionada por la SIGEN”.

Para el juez no hay peligro de demora ni de pérdida de documentación que justifique una medida cautelar previa a la sentencia.

“La UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos” y “cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN “se extravíe o se altere”, concluyó el magistrado.

Tanto “la fundamentación de las pretensiones de fondo como la de las medidas cautelares solicitadas se sustenta en idéntica argumentación, a fin de postular una definición en punto al eje de la controversia, según el propio interés: la competencia o incompetencia de la SIGEN para efectuar control interno en el ámbito de la UBA”, remarcó.

Ante ello “no resultan viables las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo cuando —como en el caso— se pretende imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad fáctica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar”, agregó.

La demanda se inició con un planteo de la UBA para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 en base al cual el Gobierno justificó su decisión que habilitar a la SIGEN a auditar esa casa de estudios que recibe fondos estatales.

En ese marco reclamó la incompetencia del organismo para “ejercer el control interno de la universidad; todo ello por resultar incompatible con la autonomía universitaria, así como los derechos y garantías, reconocidos por la Constitución Nacional”.

 La SIGEN, por su parte, había pedido una medida cautelar para poder comenzar a analizar la documentación ante riesgo de paso del tiempo o pérdida de evidencia, algo que fue ahora rechazado.

Fuente: La Prensa

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“Salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”, dijo Milei al disertar en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad.

También insistió con que si tiene que “vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras” lo va a hacer, al advertir que su “compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”.

“No vine para cuidar mi imagen, vine para arreglar los problemas de Argentina”, expresó el mandatario, que dijo que debió “defender el equilibrio fiscal cuando los populistas nos querían romper las cuentas públicas”.

En su discurso, de casi una hora y media, el mandatario se refirió al interrogante sobre la salida del cepo al dólar y repetió que no sabe cuándo se concretará porque “va a depender de la decisión de los agentes”.

“¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios… va a depender de la decisión de los agentes. Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario)”, expuso.

Y abundó: “Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé”, cerró.

En la primera fila siguieron su mensaje el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su novia Amalia “Yuyito” González, entre otros asistentes.

Al iniciar su exposición, Milei sostuvo que “una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación” en el país “en el inicio de diciembre”, antes de que asumiera su mandato.

“La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3.700%”, dijo el Presidente.

Al respecto, afirmó: “La brecha era del 200 por ciento, yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar”.

En otro tramo, cuestionó a los economistas que hablan en contra de la deflación y sostuvo que “es una devolución de ingresos al resto de la población en contra del Estado”.

“Eso está muy bien”, agregó, al contradecir a quienes plantean que tanto la inflación como la deflación son procesos nocivos para una economía.

A su vez, Milei advirtió que “lo que más le preocupa al partido de la política, el partido del Estado, donde está toda la casta, es estar en el poder, peor si además le hace pagar el costo a otro es una fiesta para ellos”.

En otro pasaje de su discurso, acusó a los ex presidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde de haber hecho un “golpe” de Estado contra el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001 con “saqueos” en supermercados que se terminaron cuando el dirigente peronista “llegó al poder”.

Fuente: La Prensa

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El pasado 29 de diciembre, a través del Decreto 126/2023, el presidente Javier Milei instruyó a la Sindicatura General de la Nación a que elabore en un plazo de 30 días hábiles un completo Informe de Entrega y Recepción, que detalle la situación administrativa, patrimonial y financiera del sector público nacional al 7 de diciembre.

Con esta medida, que forma parte de una batería de decisiones orientadas a realizar un diagnóstico profundo del estado en que se recibió la administración pública. 

El nuevo gobierno busca identificar áreas y temas críticos para poder establecer prioridades de gestión, tomar rápido control de la situación, garantizar la continuidad operativa de los organismos públicos y sentar las bases para encarar las reformas que se consideren necesarias.  

El informe requerido deberá contener un corte al 7 de diciembre en cada ministerio, secretaría y organismo descentralizado, y la Sindicatura General de la Nación será la encargada de determinar su contenido, requisitos y modalidades, contando con la colaboración de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones.

Información “precisa”

Por su parte, los titulares de cada área de la administración deberán designar un funcionario responsable de proveer toda la documentación que sea necesaria.

Según expresan los considerandos del decreto, esta medida busca que las nuevas autoridades cuenten con información “precisa y adecuada” sobre la situación existente, de modo de facilitar el proceso de transición, la rápida toma de control de cada organismo y la continuidad de su funcionamiento, así como para identificar los principales desafíos y trazar un plan de reformas en consecuencia.

El informe deberá abarcar todos los aspectos relevantes, desde recursos humanos y dotación de personal, inventario de bienes, estado de los sistemas informáticos, contrataciones y proyectos en curso, pasivos, compromisos asumidos y cualquier otro elemento significativo desde el punto de vista administrativo, financiero o presupuestario.

Con esta radiografía integral sobre la mesa, el gabinete de Javier Milei podrá trazar un diagnóstico claro sobre los puntos débiles y fuertes de la estructura estatal recibida, detectar áreas críticas que requieran atención urgente, y diseñar e implementar las reformas y políticas necesarias para recrear un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos, conforme la visión planteada durante la campaña electoral.

Miguel Blanco, síndico general y encargo del informe

Migue Blanco fue los últimos 18 años, CEO de la empresa de salud Swiss Medical. “Me llegó este ofrecimiento (SIGEN) en el marco de un nuevo gobierno que viene con una agenda de cambios muy importante, la cual yo también considero hay que hacer en este país para tener un mejor funcionamiento del Estado para beneficio de todos nosotros. Y decidí aceptar ese desafío”, explicó Blanco a los trabajadores.

Agregó: “Creo que la capacidad del plantel profesional que tiene la SIGEN puede desempeñar un lugar relevante para ayudar en este proceso de cambios”.

Y concluyó: “Es un desafío que tendremos, lo vamos a hacer todos y yo espero contar con el apoyo de ustedes para llevarlo adelante. Nos aguardan grandes trabajos y esperamos que nos vaya bien. Quiero desearles muy felices fiestas para ustedes y sus familias y brindemos por un mejor año en 2024. Muchas gracias”.

Fuente: Noticias Argentinas

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Así lo dispuso el síndico General de la Nación, el contador Carlos Antonio Montero, a través de la contratación 76-0007-CDI21, a través de la cual contratará un servicio de auditoría de medios de comunicación por el término de doce meses. Insólitamente, quien resultó contratado fue el polémico José Luis Primo, titular de la firma Ejes SA, quien ya había quedado en el centro de las controversias por numerosos manejos reprochables en el mundo de las licitaciones públicas.

En efecto, Primo, quien paradójicamente viene de formar parte de la agencia estatal Télam como gerente financiero, posee un alarmante prontuario no exento de causas judiciales justamente por intentar defraudar al estado a través de compulsas públicas y empresas fantasmas.

En el año 2010 fue procesado por la Cámara de Casación, luego de una denuncia del 2007 radicada por el por entonces diputado nacional Miguel Bonasso ante el juzgado de Instrucción Nro. 13, a cargo del juez Luis Alberto Zelaya. Acorde a la causa, Primo había participado de la creación de la empresa fantasma Sol Group, a través de la cual la Ciudad de Buenos Aires habría derivado órdenes de “publicidad no tradicional” (PNT) por varios millones de pesos. Además, fue ejecutado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión tributaria en Río Cuarto, Córdoba.

José Luis Primo, titular de Ejes SA.

https://portal.ejes.com/quienes-somos

Al mismo tiempo, Primo se presentaba en licitaciones con varias empresas propias y competía contra él mismo, distorsionando los precios de las mismas de forma ilegal. Por ejemplo, en un servicio de monitoreo de medios del año 2019, compitieron dos empresas con una diferencia de 72 mil pesos en sus ofertas: Ejes SA y LinkNoticias SA, ambas de su propiedad.

Preocupantemente, en las últimas horas se comprobó que la SIGEN, que debiera dedicarse a controlar el correcto manejo de los recursos del estado, contrató justamente a Ejes SA, del ex gerente de Télam procesado por estafa, ejecutado por la AFIP y que hace competir entre ellas a sus propias empresas, para auditar a los medios de comunicación nacional por el lapso de un año.

Fuente: (www.REALPOLITIK.com.ar)

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