“El habeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces de la causa”, dijo en uno de los pasajes. “La prisión fue resuelta por tres camaristas, podrá compartirse o no. No tengo potestad revisora. Pero de ninguna manera es un acto ilegal o dictado por juezas que no tenían competencia”, sostuvo.

La magistrada consideró que “no existe un ataque ilegal o ilegítimo” a la libertad ambulatoria del exgobernador, y señaló que las defensas podrán recurrir a la Justicia por las vías correspondientes. Sostuvo que la acción no puede utilizarse para sustituir a los jueces naturales.

Con esta definición, a la defensa del exgobernador entrerriano le queda la vía del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero por el momento continuará detenido.

Leopoldo Cappa y Miguel Cullen, abogados defensores de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, respectivamente, realizaron este miércoles por la mañana una presentación formal de un hábeas corpus en los Tribunales de Paraná, tras la detención y traslado a la Unidad Penal N°1 de ambos.
La audiencia se llevó a cabo de manera híbrida, con los abogados presentes en la sala y el seguimiento virtual por parte del exgobernador desde la cárcel y de Javier Baños, letrado del Estudio de Fernando Burlando que también lo defiende.

Cabe recordar que la Cámara de Casación Penal hizo el pedido de detención y prisión preventiva en la cárcel de Paraná, en el marco de la causa conocida como Megajucio por el que condenaron en primera y segunda instancia a Urribarri y Aguilera, aún pendiente la instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El exgobernador había arribado a la Unidad Penal desde Concordia pasadas las 17, mientras su cuñado lo hizo el martes por la mañana.

Fuente: Ahora

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En una misma semana, fue noticia dos veces.

En la primera ocasión, porque –según él mismo lo informó en redes sociales- fue nombrado por el gobernador Rogelio Frigerio como nuevo presidente de la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), el organismo provincial que administra el Perilago. En Instagram, Cristina escribió: “Quiero agradecer al Sr Gobernador @rogeliofrigerio por confiar en mí y brindarme un lugar privilegiado en la administración provincial, nombrándome Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL). Designación que aceptaré…”

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Y apenas días después, se supo que el mismo Cristina fue sentenciado por la Justicia Federal a pagar un resarcimiento de 18 millones de pesos, en una causa bautizada en los medios como “aduana paralela”, en la que estuvo procesado durante 20 años.

¿Qué dice la sentencia judicial? ¿Qué hará Frigerio con el nombramiento, siendo que el mensaje de la resolución judicial está lejos de mostrarlo como “inocente” sino todo lo contrario? Por otra parte, ¿tal nombramiento alcanzó a ser plasmado en un decreto? ¿Es oficial la designación? ¿Por qué sólo trascendió porque el presuntamente designado lo posteó? ¿A qué instituciones Cristina debe repartir los 18 millones del resarcimiento?

Todas estas cuestiones fueron abordadas por el periodista Osvaldo Bodean, en un fragmento de la edición de este lunes del programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio.

Cristina es un hombre público en Concordia desde hace muchos años. Su precandidatura a intendente de 2023 no fue la primera. En el pasado, en 2015, también fue candidato pero por el Frente Renovador. Además, es un referente protagónico del Carnaval de Concordia, puesto que es el fundador de la Comparsa Emperatriz, la más ganadora. En su currículum figura además la presidencia del Parque Industrial en un tramo de la primera intendencia de Enrique Cresto.

Aquí, el audio que analiza la sentencia de la Justicia Federal:

Fuente: Oíd Mortales Radio

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La Justicia condenó al cantante Axel a devolver una cifra millonaria a la Municipalidad de Gualeguaychú por una actuación fallida por la cual el artista había recibido el pago por adelantado. El desembolso hecho por la administración del actual intendente Martín Piaggio (PJ) ocurrió en 2019 para la edición 2020 de la tradicional Fiesta del Pescado y del Vino. Pero en el ínterin se desató la pandemia de coronavirus y el festival debió suspenderse. Axel que había cobrado por adelantado no actuó y su productora se negaba a devolver el dinero.

La información sobre el pago al músico surgió de un par de decretos en el ya extinto Boletín Oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú. El primero de los decretos, que llevaba el número 4048/2019 -de fecha 4 de octubre de 2019- daba cuenta en el artículo 2º de un pago realizado de $ 1.270.500 por la actuación de Axel en la Fiesta del Pescado y el Vino 2020. Mientras que el artículo 3º disponía un pago idéntico con fecha del 18 de diciembre de 2019 que no se terminó realizando. Axel no actuó como estaba previsto debido a que, al conocerse una denuncia por abuso sexual contra el artista, la Municipalidad decidió darlo de baja en la grilla de aquel año.

Ell decreto 110/2020, con fecha del 15 de enero de 2020, publicado en el Boletín Oficial de Gualeguaychú dispuso el pago del 50 % restante, o sea $ 1.270.500 más, para saldar la deuda con la actuación que en ese momento se fijó para el 4 de enero de 2021.

Pero esa actuación tampoco se concretó, ya que la pandemia por Covid-19 obligó a la suspensión de los espectáculos masivos, para lo que se fijaron diferentes cuestiones administrativas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. Este fue el principal argumento del Municipio de Gualeguaychú en torno a porqué resolvieron prescindir de la actuación del artista, incluso en futuras ediciones de la fiesta.

Desde la productora de Axel insistían en que estaban dispuestos a brindar un show en otra fecha, mientras que la Municipalidad planteó que su reclamo estaba dirigido a recuperar el dinero abonado al artista por adelantado, no en mantener el contrato. Ante el desacuerdo de las partes, la Municipalidad inició una demanda que -ante el fracaso de las instancias de conciliación- devino en un juicio del que se conoció resolución favorable al Municipio este martes.

La resolución del conflicto judicial – en primera instancia- estuvo a cargo de la titular del Juzgado Civil N°2 de Gualeguaychú, Susana Rearden. El reclamo patrocinado por los abogados Mariano Fiorotto y Martín Britos -integrantes de Legales de la Municipalidad de Gualeguaychú- obtuvo la condena a Stille SRL “A restituir la suma de 2.541.000 millones de pesos, más los intereses de tasa activa del Banco Nación Argentina desde la fecha de recepción de la comunicación de la actora de la Resolución del contrato extrajudicialmente, mediante Carta Documento”.

Ahora, será la productora Stille SRL -junto a su patrocinio a nivel local a cargo del estudio que integran Darío Carrazza-Julieta Carrazza y Leonardo Chesini- quienes definirán si apelará la sentencia de origen en una instancia judicial superior, haciendo uso de los plazos establecidos por la ley. Julieta Carrazza es la viceintendenta electa de Gualeguaychú en fórmula con Mauricio Davico.

Fuente: Radio2820

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Hernán Cappiello

n un fallo histórico, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada hoy a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la Justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

El tribunal dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en el fallo en que quede firme. Ese dinero es el monto de “los efectos del delitos”.

Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El veredicto de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fue leído por el primero desde la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002.Fue un fallo dividido, ya que el juez Basso se pronunció por condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita, pero quedó en minoría.

Apenas terminada la lectura del veredicto, desde el Senado Cristina Kirchner dio un mensaje y denunció al Poder Judicial. “Son un Estado paralelo, es la mafia judicial”, dijo la vicepresidenta, que adelantó que apelará la sentencia.

La sentencia fue recibida con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio de Comodoro Py 2002. La agrupción del piquetero Luis D’Elía empezó a agitar las vallas que rodean al edificio, lo que generó que la policía de la guardia de infantería se colocara cerca de las reja con sus escudos listos para intervenir, pero no fue necesario hacerlo.

Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo vía Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitió luego un mensaje por las redes sociales.

El tribunal oral absolvió al exministro de Planificación Julio de De Vido, a Abel Fatala y a Héctor Garro por los hechos que fueron motivo del juicio. Y en el mismo sentido sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner, por prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico.

Además de Cristina Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.

López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado la pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años.

Es la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina durante su segundo mandato.

A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo corresponde condenarla por el delito de fraude.

Un edificio vacío

El momento de la lectura del veredicto estuvo rodeado de solemnidad. El edificio de Comodoro PY 2002 estaba vacío. A las 17.20, diez minutos antes de la hora prevista para la lectura del veredicto, los tres jueces del tribunal bajaron juntos en el mismo ascensor desde sus despachos hasta la planta baja. Los esperaban una cápsula de ocho policías, que los rodeó y fueron así caminando juntos a lo largo del pasillo, hasta ingresar a la sala de audiencias. En el pequeño recinto, con el aire acondicionado al máximo, los esperaba el secretario del tribunal, Tomás Cisneros, y de inmediato los policía se acomodaron uno en cada rincón de la sala.

En la sala había solo 12 empleados del tribunal oral federal N° 2 dispuestos a presenciar el momento histórico. Había un silencio sepulcral, que se quebró cuando el juez Gorini dio por iniciada la sesión y anunció que tras el veredicto iban a dar a conocer una breve reseña de los fundamentos del fallo, que se van a difundir por completo el 9 de marzo próximo.

Así comenzó la lectura, delante de una decena de periodistas, los empleados, los policías, y un camarógrafo que tomaba la escena para retransmitirla por Zoom y por Youtube. Gorini leyó las condenas y las absoluciones sin ser interrumpido. A su izquierda, Basso, y a su derecha, Giménez Uriburu, lo escuchaban con la manos juntas, como rezando. Giménez Uriburu con la mirada baja leía un texto y Basso miraba al frente.

“Firme que sea la sentencia, ejecuténse los puntos dispositivos y archivese. Señora y Señores este juicio a ha terminado”, finalizó el juez Gorini. Tomó los papeles de la sentencia en sus manos, los acomodó, se puso de pie, colocó la su lapicera en el bolsillo interior de su saco y salió caminando con sus colegas. La sala quedó sumida en silencio. Ni un murmullo.

Los jueces fueron los primeros en salir caminando rodeados de policías. Los siguieron los empleados del tribunal oral. Dos de ellos se palmearon el hombro. El último fue el secretario Cisneros, que cerró la fila con su termo violeta y el mate. En la puerta de los tribunales, los manifestantes ya estaban cansados y agobiados por el calor. No cantaban más “¡Cristina Presdienta!”. Se deperdigaron apenas todo terminó.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

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Pero la batalla judicial que se inicia contra aquella sentencia –dictada en forma unánime los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón– va por dos vías: por un lado, se recurre el fallo condenatorio, pero a la vez los defensores plantean la recusación de la Sala N° 1 de la Cámara de Casación Penal, que integran los vocales Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti.

“Manifestamos que a la presente la sustentamos en un fundamento técnico. Se trata de ejercer el derecho a señalar y eventualmente acreditar –de ser necesario– las circunstancias que llevan a nuestros defendidos a temer fundada y seriamente por la falta de imparcialidad del Juzgador, la cual debe acompañar todo el desarrollo del procedimiento penal y cuya carencia afecta gravemente la estabilidad del proceso penal entendido como debido proceso adjetivo o ritual (juicio justo) que, como se sabe, la Constitución encarga únicamente a un juez independiente e imparcial”, dice el escrito que firmó un grupo de defensores.

La primera causal de recusación señala el “prejuzgamiento” de Casación “por considerar que dichos magistrados participaron en el expediente de la referencia, baste recordar lo manifestado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná sentenciante, en el adelanto del fallo de fecha 7 de abril de 2022, que recuerda que: los impugnantes acudieron en Queja ante la Cámara de Casación Penal, quien rechazó in limine dicho recurso por la inexistencia de algunos requisitos formales en la interposición (…), como así también denegó la impugnación extraordinaria articulada por los Dres. Díaz, Fouces, Barrandeguy y Pérez, tras advertir que la vía intentada resultaba improcedente en el caso (cfr. Resolución N° 278 de fecha 21.11.2019)”. 

La segunda causación de recusación “tiene como presupuesto que el juez haya emitido opinión intempestiva e inoportuna sobre cuestiones aún no decididas, que afectaren su imparcialidad”. Al respecto, los defensores recuerdan que los camaristas Marcela Beatriz Badano, Hugo Daniel Perotti y Marcela Alejandra Davite fueron firmantes de nota presentada ante el Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos donde expresan: “Motiva nuestro pedido el inminente inicio de juicio por ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del Ministerio Público Fiscal y a una de sus adjuntas, organismo que abre su jurisdicción simultáneamente a que se encuentran sustanciando por ante la justicia ordinaria con sede en Paraná emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que tienen como acusados aun ex gobernador y a un ex ministro de la administración provincial”, en clara referencia al inicio del jury a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, finalmente destituida.

Y añaden que el 7 de diciembre de 2021, convocada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se realizó en la ciudad de Victoria la Jornada Anual del Fuero Penal. En ese cónclave, los asistentes firmaron –entre los firmantes, los integrantes de Casación– en rechazo al enjuiciamiento de Goyeneche. Luego, ocurrió lo mismo en las Jornadas Anuales del Fuero Penal, encuentro que se desarrolló en Paraná, al cabo del cual también hubo pronunciamiento contra el jury.

La condena

La piedra basal de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y a otros 12 imputados fue la abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble hallado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas. 

El exgobernador resultó con una pena de 8 años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participación en cinco grandes causas de corrupción.

Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como “la caja negra” de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes.

“Evidentemente –dicen los fundamentos del fallo condenatorio– los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/o participación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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Hay pocas expectativas en los familiares de que el fallo sea condenatorio

El próximo jueves 16 de diciembre podría ser la última audiencia del juicio en la que el Tribunal Federal Oral 5 (TOF5) comunique su decisión de absolver o condenar a los 35 imputados que están siendo juzgados en el debate oral que investiga los motivos de la caída de un avión de Austral que se precipitó a tierra en Uruguay hace 24 años. Las 74 personas que iban a bordo de la aeronave, que había salido de Posadas, fallecieron por la tragedia.

Si por algún motivo el jueves 16 no se da la sentencia, ello ocurriría a los pocos días porque la intención es que se conozca antes del 30 de diciembre, fecha en la que  comienza la feria judicial que tradicionalmente se toma este poder del Estado durante todo enero, por lo que durante ese período quedan suspendidos los juicios orales.

Como estaba previsto, ayer se realizó una audiencia en la que los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Pallotti y Daniel Obligado rechazaron el pedido de réplica elevado por la querella. Los magistrados entendieron que durante la etapa de alegatos no se había sumado ningún elemento nuevo que justifique la autorización del mecanismo de réplica solicitado por los abogados querellantes Norberto Caputo y Silvina Rumachella.

Luego de eso se inició la lectura de las negativas de los imputados a ejercer el derecho de las últimas palabras antes de que se conozca la sentencia del tribunal. Se trata de 35 comunicaciones de todos los imputados debido a que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hablar antes del fallo judicial.

Ayer se leyeron diez de esas notas elevadas por los imputados para comunicar su negativa a hablar y luego se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 16, cuando se terminaran de leer los desistimientos. Luego vendrá el momento del fallo del tribunal que dé por finalizado este juicio oral que comenzó en marzo del 2019.

Los 35 imputados de la causa son ex directivos de la firma Austral y ex funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina. Algunos de ellos viven fuera del país y todos estuvieron representados por sus abogados defensores durante este juicio oral.

Familiares decepcionados

El Territorio dialogó ayer con algunos familiares de las víctimas de este trágico viaje y mostraron su desconfianza en que se logre justicia en este juicio oral. Consideran  que la decisión del fiscal Patricio García Elorrio de pedir la absolución de los imputados por considerar que no hay pruebas suficientes como para condenarlos por el delito de estrago doloso fue un golpe mortal para los que esperaban un fallo condenatorio.

“Nosotros fuimos a buscar justicia por la muerte de nuestras madres, padres, hermanas, amigos, hijos de la forma en que siempre nos enseñaron que hay que pedir y nos encontramos con un mecanismo de impunidad en Comodoro Py. Es doloroso, pero así lo siento”, expresó Ignacio Politzer, hijo de una de las azafatas víctimas de ese vuelo.

Por su parte, Laura Wenk, hija del odontólogo de Leandro N. Alem Alfredo Wenk, que fue otro de los pasajeros de ese vuelo mortal, dijo: “Los familiares de las víctimas sabemos muy bien lo que pasó. También lo sabe la gente. Los únicos que no quieren mirar esa verdad son los jueces de Comodoro Py. Pero igual seguiremos reclamando justicia”.

Como se informó oportunamente, en su alegato el representante del Ministerio Público entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en las jornadas del juicio oral “no tiene el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.

Al respecto, García Elorrio agregó que ante esta realidad prima el principio de “in dubio pro reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.

“De esta manera y como preludio de una sentencia anunciada, se consagraría una vez más en este país la impunidad, sometiendo tanto a las víctimas, familiares y a la sociedad argentina al más horrendo y cruel estado de indefensión por parte de un Poder Judicial profundamente cuestionado, en especial el que tiene su sede en el emblemático edificio de Comodoro Py”, manifestaron los familiares en una carta titulada ‘Vergonzosa consagración de la impunidad’ que hicieron pública cuando se conoció la decisión del fiscal de no acusar a los imputados.

En esa carta los familiares explicaron que “se pretende instalar el abyecto y vil discurso que las causas de la tragedia se debieron al error humano de los pilotos y la tormenta, borrando de un plumazo la investigación técnica realizada por Uruguay y la investigación judicial realizada durante la instrucción”.

En la misiva lamentaron que luchan “en soledad contra todo un sistema perverso y corrupto”, y advirtieron que sin justicia “no habrá paz para las 74 víctimas de la tragedia de Austral, ni para sus familiares ni para la sociedad argentina. Nos vemos sometidos a revivir la segunda muerte de nuestros seres queridos”. 

Fuente: El Territorio

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Si bien las denuncias de abigeato fueron por 70 vacunos ($2,3 millones), los restos encontrados en las recorridas a campo dan cuenta de que serían muchos más. Por eso calculan el perjuicio en esa importante cifra.

“Los 70 hurtos son los que pudimos constatar in situ entre vacas, novillos y terneros. Pero en los recuentos de hacienda que se hacen con frecuencia hay a razón de una carneada encontrada contra tres robos reales en los que no vimos restos. Cuando contamos los animales, hay 1900 contra más de 2000 del año pasado. Tenemos pruebas de que hay 70 robados, pero hay otros más que faltan, más allá de que siempre hay casos de mortandad, pero es un porcentaje muy bajo”, detalló Pedro Giebert, uno de los integrantes del establecimiento Santa Sofía, ubicado en el sur de la localidad de Santa Elena, dentro del departamento de La Paz.

También contó que hallaron algunos vacunos lastimados, que pudieron escapar de trampas puestas por los delincuentes. “Tenemos videos de animales que encontramos heridos después de 4 o 5 días de tener un alambre enganchado en el cuello”.

El joven productor, de 27 años, aseguró que no reciben soluciones por parte de la Justicia. “Hubo dos o tres allanamientos, en los que encontraron a los sospechosos con cortes de carne que no pueden explicar de dónde salieron, pero la Fiscalía los liberó al otro día, con el argumento de que roban por hambre. Esa es la respuesta que nos dieron desde la Fiscalía y la Policía, que sabe perfectamente quienes son, pero se ocupan cuando el tema sale en los medios y así parece que hacen algo. Esto viene desde hace años, y algunos de mis tíos ya pasaron por este problema, pero ahora se agravó más”.

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“Las denuncias fueron efectuadas en la comisaría 15 de Santa Elena, y luego fueron enviadas a la fiscalía de La Paz, pero nunca tuvimos respuestas”, detalló Giebert, que agregó que ahora van a elevar una petición a la Oficina de Prevención de Delitos Rurales de la provincia, con el objetivo de obtener una mayor colaboración de las autoridades para solucionar este inconveniente. “Quisiéramos que nos reciba algún superior de la fiscalía o la policía rural”.

En esa nota que le enviarán a Delitos Rurales, se indica que la problemática “está destruyendo la cultura ganadera y el arraigo en la zona”, y que se están replanteando si continuarán o no con la actividad. “La frecuencia de estos robos es cada vez mayor y hay semanas en las que aparecen entre 2 y 3 restos de animales faenados en el campo por los cuatreros, lo que nos impide tomar medidas proactivas”.

Vale aclarar que el campo posee una extensión de 6.000 hectáreas y tiene 6 dueños, entre los que se encuentran el padre, tíos y primos de Pedro. Además son vecinos de la familia Etchevehere, integrada por Luis Miguel, ex ministro de Agroindustria de la Nación.

La ubicación del lugar, cerca de la planta urbana, tampoco ayuda, ya que está muy expuesto a distintos delitos, según explicó. “Estamos en la costa del Paraná, a unos 40 kilómetros de La Paz (cabecera del departamento). Es sobre la ruta provincial 48, cerca del acceso a Santa Elena. Prácticamente, a unos mil metros ya empieza el pueblo. Esa es una de las causas por las cuales sufrimos tanto el abigeato”, describió.

Fuente: TN Campo

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La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF SA que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado nocivo y contaminante.

La magistrada estableció un plazo de 120 días de conocida la sentencia para que la empresa reemplace ese producto, el que deberá ser compatible con las pautas que refirió la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER) en la presentación del 17 de agosto de 2021.

Asimismo, dispuso que, durante el plazo concedido para el cambio, se realicen muestreos de calidad de agua en pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela y en la frecuencia que indiquen los órganos técnicos de la SAER.

«En el supuesto de que los muestreos dieran como resultado presencia de acrilamida (AMD) en lodos o aguas analizadas, se suspenderá de inmediato la actividad, debiendo la autoridad de aplicación diseñar al efecto el plan de contingencia que corresponda”, advirtió la jueza.

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Por otra parte, estableció: «que la SAER en concurrencia con el Municipio de Ibicuy realicen una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del Municipio de Ibicuy y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela (art. 6 Acuerdo de Escazú)».

Una sentencia que aplica los principios del derecho ambiental: principio pro natura, de prevención y de precaución 

La explotación que realiza YPF SA se encuentra emplazada en una zona que integra el sistema de humedales entrerrianos constitucionalmente protegido (art. 85 Constitución Provincial). Y, al igual que sucede con la Convención Ramsar -en su nivel de reconocimiento- la protección es explícita y clara también a nivel constitucional local dada la importancia de estas áreas y lo que representan en términos ecológicos para la humanidad.

Como se explica en la demanda, YPF SA extrae arenas silíceas del territorio entrerriano, materia prima que se utiliza en Vaca Muerta para la extracción, mediante fractura hidráulica o fracking, de shale oil o petróleo de esquisto o shale gas o gas de lutita.

“La aplicación del principio precautorio, en este caso -en tanto la temática ya se encuentra en la agenda pública de los estados demandados- lleva a exhortar mediante este pronunciamiento al Estado de Entre Ríos y al Municipal de Ibicuy a que arbitren los medios y canales conducentes a fin de ejecutar -prontamente- en la zona afectada, un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos extractivos denunciados, resguardando el respeto de los presupuestos mínimos en la materia y en el que se dé amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”, indicó en la sentencia.

En otra parte del escrito, la jueza destacó que este estudio tenga como fin «adaptar las pautas de un desarrollo sustentable que respeten al máximo posible las características de área protegida que ésta posee, y sea posible avanzar en la regulación y control del desarrollo social y económico ordenado y sustentable de la zona».

Es importante destacar que la jueza interpretó correctamente las características de un proceso ambiental y el objeto del amparo como un macro bien que nos pertenece a todos y todas. Celebramos el rol que la magistratura asumió en un proceso de estas características, tanto en el devenir del proceso como en la producción y valoración de la prueba, ya que se dispuso de audiencias para la escucha de las partes, para interrogar al perito y se solicitó una prueba que no había sido considerada. 

Asimismo, señalamos el tratamiento relativo a costas:

«Si bien la sentencia no atiende íntegramente todas las postulaciones de las actoras, ello no genera mérito suficiente para apartarse de la regla general que establece el art. 20 LPC. Por lo demás, el derecho al ambiente reviste un deber de protección de todos los ciudadanos como indica el art. 41 CN, tornando al litigio ambiental en uno de interés público. Consecuentemente, salvo pretensiones infundadas o temerarias, tampoco cabría aplicar criterios tradicionales que rigen en los procesos individuales en materia de costas y permiten su distribución -en casos de vencimientos parciales- pues ello sólo contribuye a desalentar el control, la participación y defensa del medio ambiente reconocidos amplia y preferentemente por nuestra CN, la LGA y por la Constitución local».

La sentencia, con fecha de 3 de septiembre, fue apelada por YPF SA, el Estado Provincial y la Municipalidad de Ibicuy, se desconocen los fundamentos que esgrimieron para cuestionar la decisión dispuesta por la jueza Ramírez Amable, la resolución queda ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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