El Gobierno argentino elevó el nivel de alerta nacional y dispuso medidas preventivas en infraestructuras críticas. La represa de Salto Grande, una de las centrales hidroeléctricas más importantes del Cono Sur, quedó bajo vigilancia reforzada.

Autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se reunieron con fuerzas federales para coordinar operativos preventivos en el complejo hidroeléctrico ubicado entre Argentina y Uruguay. La decisión responde a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y al aumento de las alertas de seguridad sobre infraestructuras estratégicas.

Reunión con fuerzas federales para reforzar la vigilancia

En este contexto, autoridades de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande mantuvieron una reunión con mandos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval para coordinar el incremento de las medidas de seguridad en el complejo energético.

Del encuentro participaron:

• Alejandro Daneri, presidente de la delegación argentina
• Pedro Galimberti, vicepresidente
• Gustavo Araujo, gerente general del complejo
• Matías Andrés Pérez, jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería
• Jorge Horacio Ribinski, titular de Prefectura Concordia
• Néstor Alfredo Hoffmann, jefe de Prefectura Salto Grande

El objetivo principal fue fortalecer los dispositivos preventivos de seguridad y protección del complejo hidroeléctrico, considerado una instalación clave para el funcionamiento energético regional.

Aunque no se difundieron detalles operativos específicos, el refuerzo de seguridad suele incluir controles de acceso más estrictos, aumento del patrullaje y coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades del complejo.

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La seguridad en la represa de Salto Grande fue reforzada por las autoridades argentinas luego de que el Gobierno decidiera elevar el nivel de alerta nacional ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La medida preventiva apunta a proteger infraestructuras consideradas críticas dentro del sistema energético del país. Entre ellas se encuentra la represa hidroeléctrica de Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay y compartida por Argentina y Uruguay.

El complejo energético es uno de los más importantes de la región y su funcionamiento resulta clave para el suministro eléctrico y la regulación hidráulica del río.

Reunión con fuerzas de seguridad

El objetivo del encuentro fue analizar medidas de prevención y fortalecer los protocolos de vigilancia en el complejo hidroeléctrico.

Entre las acciones evaluadas se encuentran:

• mayor presencia de fuerzas de seguridad
• controles más estrictos en accesos
• monitoreo permanente de instalaciones
• coordinación entre organismos de seguridad

Estas medidas buscan garantizar la protección de la infraestructura energética ante posibles riesgos derivados del escenario internacional.

Por qué la represa de Salto Grande es estratégica

La represa de Salto Grande es una obra hidroeléctrica binacional inaugurada en 1979 y considerada una de las principales centrales energéticas del Cono Sur.

El complejo cuenta con 14 turbinas y una capacidad instalada cercana a los 1.900 megavatios.

Su producción energética tiene un impacto directo en el sistema eléctrico regional:

• abastece una parte importante del consumo de Uruguay
• aporta energía al sistema eléctrico argentino
• regula el caudal del río Uruguay

Además de su rol energético, la represa funciona como conexión física entre ambos países, ya que sobre el complejo se encuentra uno de los pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay.

Alerta preventiva en infraestructuras críticas

El refuerzo de la seguridad en la represa de Salto Grande forma parte de una decisión más amplia del Gobierno argentino de elevar el nivel de alerta nacional.

Esta medida responde al aumento de la tensión internacional generado por el conflicto en Medio Oriente, que involucra a potencias militares y genera preocupación en distintos países.

Cuando se producen crisis internacionales de gran escala, los Estados suelen reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas como:

• centrales eléctricas
• represas hidroeléctricas
• aeropuertos
• puertos
• instalaciones energéticas

El objetivo es reducir riesgos y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Seguridad energética en un contexto internacional inestable

La situación también reabre el debate sobre la protección de las infraestructuras energéticas frente a amenazas globales.

Represas, centrales eléctricas y redes energéticas se consideran activos estratégicos porque cualquier interrupción podría generar impactos económicos y sociales significativos.

En ese contexto, la seguridad en la represa de Salto Grande se vuelve un tema clave dentro de la agenda de prevención y protección de infraestructuras críticas en Argentina.

Aunque las autoridades aclararon que no existe una amenaza concreta contra el complejo, el refuerzo de controles busca anticiparse a cualquier escenario en un contexto internacional cada vez más incierto.

Las preguntas que surgen

La represa de Salto Grande, símbolo histórico de integración energética regional, vuelve así al centro del debate sobre la seguridad de los sistemas energéticos en un mundo cada vez más interconectado y geopolíticamente volátil.

¿Por qué reforzaron la seguridad en la represa de Salto Grande?

Porque el Gobierno argentino elevó el nivel de alerta nacional tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y decidió aumentar la vigilancia en infraestructuras críticas.

¿Dónde está la represa de Salto Grande?

Está ubicada sobre el río Uruguay, entre las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay).

¿Por qué la represa es considerada infraestructura estratégica?

Porque genera una parte importante de la electricidad regional y regula el caudal del río Uruguay, lo que la convierte en una instalación clave para la estabilidad energética y económica.

¿Existe una amenaza directa contra la represa?

No hay información pública sobre una amenaza concreta. Las medidas se adoptaron de forma preventiva dentro del esquema de seguridad nacional.

FM del Este 100.5

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Un operativo policial realizado en la madrugada de este viernes, en el Puente Internacional Salto Grande, culminó con la detención de tres personas y la incautación de armamento y municiones, cuando intentaban cruzar hacia la ciudad argentina de Concordia.

El procedimiento se concretó próximo a la hora 1:20 cuando efectivos de la Dirección de Investigaciones interceptaron un vehículo que circulaba con destino a la margen argentina. En el rodado, un Volkswagen matriculado en Salto, se desplazaban un hombre y una mujer de nacionalidad argentina, junto a una mujer de nacionalidad uruguaya.

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron dos revólveres sin marca ni numeración visible, así como munición de distintos calibres, entre ellos un cartucho calibre 44 y otro calibre 9 milímetros.

Enterada la Fiscalía de Turno, se dispuso la incautación de las armas, la munición y el vehículo, además del traslado de los involucrados para continuar con las actuaciones judiciales. El caso permanece en investigación a efectos de esclarecer el origen del armamento y las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Diario El Telégrafo.

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Primero, otro candidato, pero del peronismo, Guillermo Michel, le pidió al gobernador Rogelio Frigerio que aclare si –como dijo su candidato- avanzará en la venta de la distribuidora provincial.

Y a última hora de este lunes, Siatrasag, el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, emitió un documento en el que reivindica a la represa como “patrimonio de los entrerrianos y los argentinos”.

“Como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch”, señala el escrito en su primer párrafo.

Siatrasag define a la represa como “un activo estratégico, solvente y de una reputación inapelable, que es determinante, para la transición energética. Estamos hablando de un modelo de gestión público en función de los intereses nacionales. Pero por si todo esto no fuera suficiente, Salto Grande es identidad entrerriana, parte de la historia de Concordia y Federación, es un actor central en la vida de ciudad y pueblos de la región, porque no se limita a la producción energética, por el contrario, tiene una presencia permanente en las comunidades que trasciende gobiernos, ideologías o partidos políticos; desde sus inicios y en estas últimas décadas, el rol activo de Salto Grande se ha traducido en obras de infraestructura, de puesta en valor de espacios públicos, de inversión en escuelas, hospitales, clubes, centros de salud, como así también de programas que fomentan el deporte, la educación y la cultura a través del trabajo permanente con municipios, comunas y organizaciones civiles”.

El gremio no encuentra lógica alguna en la pretensión de Benegas Lynch, que apunta a privatizar una empresa “eficiente y sin déficit”: “Puede que aún resten cosas por hacer, pendientes, que debemos atender, pero que sin lugar a dudas no se van a saldar privatizando o cediendo un Organismo eficiente y sin déficit a intereses privados que vienen a quedarse con el esfuerzo y los recursos de un Pueblo que ha construido, sostenido y defendido con el sudor, el compromiso y la lucha a aquello que reconocen como propio”.

El documento concluye anunciando que el sindicato se movilizará en defensa de la represa: “Nos oponemos. como trabajadores y entrerrianos, a estos discursos de entrega, de buscar con consignas vacías y altisonantes regalar a los mismos de siempre una empresa pública equilibrada, estratégica, eficiente y de nivel internacional, que se ha construido con el esfuerzo de miles de personas, generación tras generación. Desde SIATRASAG nuevamente nos movilizarnos, atentos a los acontecimientos y una vez más, como en aquellos años 90 convocamos a todos los actores sociales a defender lo que es de todos”.

Fuente: El Entre Ríos

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Este pronunciamiento constituye un nuevo avance en el proceso que impulsa el gobierno entrerriano para restituir los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Con el dictamen de la Procuración, se despeja el camino para que continúe el trámite ante el máximo tribunal. En el marco de la estrategia procesal, Entre Ríos ya había solicitado la convocatoria a una audiencia de conciliación, cuya realización dependía de esta instancia. Ahora, se aguarda que la Corte fije fecha para dicho encuentro.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este paso: “Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho”, señalaron.

El reclamo de Entre Ríos se fundamenta en una serie de resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que redujeron unilateralmente el valor de la energía producida en la Represa de Salto Grande. Esta medida afectó los excedentes reparatorios que deben ser distribuidos a las provincias, en abierta violación al pacto vigente.

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En línea con las presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, las primeras en la historia de Entre Ríos, el Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

La nueva presentación del Gobierno de Entre Ríos ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es “recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande” y, al mismo tiempo, “modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ofreció una conferencia de prensa este jueves junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata. Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según indicó el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es “la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá”, lo cual ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación “no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999”. De este modo, el precio no genera excedentes y “si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo”, agregó.

Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige “que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999”.

Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda “por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares”, amplió el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como “fundamental”. Zapata subrayó que “se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos”.

Secretaría de Comunicación Gob de Entre Ríos

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Los dos mandatarios mesopotámicos quieren dejar de adquirir la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y pasar a comprarla en forma directa a las hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.

Más barata

Hace más de 15 años que Corrientes viene reclamando a las diferentes administraciones nacionales la posibilidad de abastecerse directamente con la energía eléctrica que genera Yacyretá. Ese cambio, según las estimaciones de técnicos locales, implicaría para la provincia pasar a pagar por la energía un precio entre 30% y 40% menor que el valor actual establecido por Cammesa para el nodo regional del NEA.

Desde la reforma del negocio eléctrico implementada durante la gestión de Carlos Menem, el esquema legal vigente determina que la energía proveniente de las centrales binacionales con Paraguay (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande) sólo puede ser adquirida por Cammesa.

Lo que dicen Corrientes y Misiones

Corrientes pide que la habiliten a comprar directamente a la hidroeléctrica del río Paraná, asentada en su territorio, solo una porción marginal del total de la generación que le corresponde al país y que estará destinada a cubrir la diferencia entre lo que consume y lo que está recibiendo actualmente de energía a cambio de las regalías que debería pagar la represa.

A la jugada correntina se plegó el gobierno de Misiones con una postura similar, orientada a cortar la dependencia actual que tiene con Cammesa por la provisión de energía del sistema nacional.

La administración de Passalacqua también quiere pasar a abastecerse de manera directa desde Yacyretá y Salto Grande con contratos de suministros a mediano y largo plazo, similares a los que tuvieron distribuidoras eléctricas del interior con las generadoras térmicas hasta la crisis de 2001.

Desconectada de la red de gasoductos, Misiones está atada como ninguna otra provincia a la provisión de energía eléctrica para poder sostener las actividades productivas y la atención de las demandas domiciliarias.

Además de poder convertirse en compradora directa de la energía de las hidroeléctricas de la región, las autoridades misioneras le reclaman a la Nación el pago de $75.000 millones por regalías atrasadas.

Política energética de Milei

La movida de Corrientes y Misiones comenzó a tomar fuerza el mes pasado, luego de que Rodríguez Chirillo ratificara que la nueva política energética “dejará de lado en el modelo centralizado del sector eléctrico, conducido fundamentalmente por el Estado y Cammesa, para pasar a un modelo descentralizado basado en la desregulación y libertad de contratación entre las empresas y el desarrollo de inversiones privadas”.

Ese cambio de rumbo se vio reforzado con el nuevo contenido de la ley ómnibus XS que Milei remitió al Congreso. En el capítulo energético, el proyecto de ley le da al Gobierno amplias facultadas para llevar adelante los cambios que sean necesarios para “asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor”.

Planteos desde Entre Ríos

Tras habilitar que las boletas de luz se puedan pagar en tres cuotas sin recargos para amortiguar el impacto del último aumento en el precio de la energía que dispuso Cammesa; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio presentó una demanda contra la Nación por el cobro de las deudas y regalías pendientes de la central hidroeléctrica de Salto Grande.

Se trata de un reclamo inicial por $40.000 millones que forma parte de la presentación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que Entre Ríos también exige el pago de otros $154.000 millones por transferencias adeudadas a la Caja de Jubilaciones.

Las deudas por Salto Grande corresponden a los excedentes de generación y regalías del último semestre del año pasado y lo que va de 2024. Frigerio aseguró que durante muchos años Entre Ríos recibió en concepto de regalías “una remuneración muy injusta que es casi tres veces menos que la llega por Yacyretá”.

Casi al mismo que ingresaba la demanda a la Corte, la oposición provincial presionó a Frigerio para que siguiera una estrategia similar a la que implementaron Valdés y Passalacqua con respecto a la compra de energía.

Con la letra aportada por el ex titular de Aduana Guillermo Mitchel; el diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de ley para constituir una “Cammesa entrerriana”, que se dedicará a adquirir y comercializar la energía generada en Salto Grande.

La iniciativa opositora contempla la creación de Administradora Energía Entre Ríos SA. Estará bajo el control del gobierno provincial y tendrá la “titularidad para la comercialización de la energía eléctrica que Salto Grande aporte al país, pudiendo operar en cualquier segmento de la cadena de valor en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas”.

Fuente: APF Digital – Letra P.

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“Fue una buena reunión de trabajo en donde pudimos avanzar con varios temas estratégicos de nuestra gestión”, afirmó Frigerio finalizado el encuentro en las oficinas de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Reforzamos nuestra postura de reclamar para que las regalías y los excedentes que recibe la provincia por la generación de Salto Grande, tenga una valoración acorde a la utilización del recurso hídrico que constitucionalmente le corresponde a Entre Ríos. Es una demanda histórica que debe ser compensada y es uno de los compromisos más importantes que asumí con los entrerrianos”, explicó el mandatario.

“También insistimos con la necesidad de tener un precio justo para la generación de energía en Salto Grande y que Entre Ríos deje de tener un tratamiento discriminatorio como el que han tenido en las últimas décadas”, sintetizó.

Por último, Frigerio aseguró que “más allá de estas gestiones, estamos agotando además todas las instancias administrativas e institucionales, y también estamos terminando de trabajar una demanda judicial ante la Corte Suprema que detallaremos en el transcurso de esta semana”.

La entrada Frigerio planteó en Nación la necesidad de actualizar el valor que se paga a Salto Grande por la generación de energía se publicó primero en FM del este 100.5.

La provincia de Entre Ríos se ve envuelta en un dilema energético que golpea fuertemente los bolsillos de sus habitantes. A pesar de los esfuerzos de ENERSA, la compañía distribuidora de energía en la región, por presentar un cuadro comparativo que sitúa a la provincia en tercer lugar entre las de tarifas más accesibles, la realidad es otra para muchos consumidores.

Entre Ríos, entre las más baratas: Análisis Comparativo de Tarifas Eléctricas: Región Centro, PBA y GBA – Marzo 2024

El denominado “Entre Ríos entre las provincias con tarifas más baratas” parece ser más una estrategia de promoción que una representación precisa de la situación. Según el análisis crítico de expertos como el Dr. Rubén Pagliotto, abogado y uno de los firmantes de la comunicación publicada junto a ETER (Entre Todos Entre Ríos), Roberto Domingo y Alejandro Di Palma, este cuadro no refleja la verdadera carga económica que enfrentan los usuarios.

En una entrevista exclusiva con “El Despertador”, el Dr. Pagliotto arrojó luz sobre los verdaderos componentes del costo de la tarifa eléctrica en Entre Ríos. Más allá de la aparente competitividad, existen componentes, impuestos ocultos y otros “condimentos” que elevan los montos a niveles insostenibles para muchos hogares.

Escuchá la nota completa al Dr. Pagliotto

“La publicación de ENERSA es, en nuestra opinión, simplemente mentirosa”, afirmó el Dr. Pagliotto. “Es necesario desentrañar la realidad detrás de estos números y entender cómo se compone realmente la tarifa eléctrica en la provincia”.

El análisis crítico propuesto por el grupo “Choque eléctrico”, del cual Pagliotto es parte, presenta cuatro puntos clave que podrían ayudar a mitigar los abusivos importes que los ciudadanos pagan por un servicio esencial. Estos puntos abordan desde la transparencia en la composición de los costos hasta la revisión de impuestos que impactan desproporcionadamente en la factura eléctrica.

La situación planteada por el Dr. Pagliotto y su equipo pone de manifiesto la urgencia de abordar la problemática energética en Entre Ríos desde una perspectiva más amplia y honesta. Mientras tanto, los consumidores continúan enfrentando el desafío de abonar una energía cuyos costos parecen distar mucho de la realidad presentada por ENERSA.

FM del Este 100.5

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Las instalaciones, que incluían un puerto de barcazas, un free shop y un depósito aduanero, estaban previstas para el 2022, pero las obras nunca se iniciaron.

Puerto de barcazas

En su momento la CTM convocó a empresas para impulsar una serie de obras como un puerto de barcazas sobre el lago Salto Grande, siendo Cujó SA-DyN Investment Group la seleccionada.

Este proyecto prometía construir en 9 meses las obras del puerto de barcazas, un depósito fiscal y un puerto multimodal y estaba pensado ubicar al puerto sobre la desembocadura del arroyo Itapebí, 6 kilómetros al norte de la represa y para el resto de las obras Salto Grande cedería por 30 años el uso de tres padrones situados al sur del edificio Paso de Frontera. La inversión prevista, ascendía entre 70 millones y 75 millones de dólares.

La imputación a los inversores es del 24 de abril de 2023 por la Unidad Penal 8 de Encarnación, según publicó el Semanario Brecha, pero los hechos presuntamente delictivos comenzaron en 2021.

La agente fiscal Liliana Herenia Galeano relata que “en el año 2021, en plena crisis de pandemia mundial, habría llegado a nuestra ciudad Gaspar Nicolás dos Santos, ante las supuestas víctimas, Carlos Emilio Soler, Andy Sbardella y Horacio Biga, como un inversor de alto perfil, prometiendo inclusive realizar varias inversiones en Paraguay de diferentes rubros, señalando tener varios negocios en el país y en el exterior”.

Dos Santos, de nacionalidad uruguaya, se presentó “como representante de Bharat Biotech International Limited (de India), mostrando un documento como supuesto representante o apoderado; y luego de varias conversaciones ofrece realizar un negocio de compra de vacunas (contra covid-19) de la marca Covaxin”.

El uruguayo le presentó al administrador de la firma DyN Investment, Méndez Maciel. El 12 de marzo de 2021 firmaron con los empresarios de Paraguay “el convenio de importación, distribución y venta de vacunas”, y el 25 de marzo agregaron un anexo por el cual “las partes convenían en aportar los montos de dinero al efecto del negocio planteado”.

Caída del acuerdo

En el “tiempo de la firma (24 de marzo de 2021) y estando en el país Nicolás dos Santos, solicitó se le entregue una suma de 20 mil dólares, que fue entregada en propia mano por Maxi Farma SA, siempre como parte de pago de la compra de vacunas y dentro del marco de los contratos suscriptos”, prosigue el texto.

Posteriormente los uruguayos solicitaron que se realicen transferencias bancarias, por una suma total de 1.850.000 que se transfirió, de acuerdo al documento de la Justicia paraguaya.

Sin embargo, el 24 de marzo, a poco de firmar el primer contrato para el negocio entre uruguayos y paraguayos, India suspendió las exportaciones de vacunas para abastecer el mercado interno y al otro mes en Brasil se haría público un escándalo por la compra de Covaxin mediante una empresa offshore en Singapur a precios inflados y con sospechas de sobornos cobrados por intermediarios del gobierno de Bolsonaro.

Esto hizo caer el acuerdo. Pese a que los paraguayos y los uruguayos acordaron rescindir el contrato, el reembolso de los casi 2 millones de dólares no se concretó. Interpol Paraguay pidió los antecedentes de los imputados a Uruguay.

La delegación uruguaya en la CTM asegura que el contrato para el hub logístico se rescindió por incumplimientos de los inversores.

Fuente: Diario Cambio de Salto – Alexander Ruppel

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El nuevo presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco, anticipó que la provincia mesopotámica pedirá a la Nación una mejora en los pagos por la energía producida en la represa.

La Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) “paga 3 dólares, valores muy bajos contra los 12 dólares que recibe (la represa de) Yacyretá, y los 30 dólares que están pagando otras represas”, alertó Cecco.

En ese marco, indicó que ante ese dispar pago “se desvirtúa todo, Entre Ríos es generadora de energía y lo que viene de vuelta es prácticamente nada”.

Las regalías de Salto Grande “va a ser una de las principales peleas de los cuatro años de gestión”, dijo días atrás el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Por su lado, Cecco explicó que “no puede haber una diferencia tan profunda con lo que se cobra y lo que está cobrando Yacyretá en relación con las privadas” y pidió el acompañamiento de “gobernadores y legisladores para que se haga justicia”.

La Cafesg, creada en 1998, administra el excedente de la explotación del complejo hidroeléctrico y con ello desarrolla obras en la región, tanto para el aprovechamiento del mismo como para mitigar los efectos negativos de la explotación del complejo.

Por ello, el funcionario provincial mencionó que “si no hay plata no se puede hacer nada” y que hay “muchas obras comprometidas” y otras que se proyectaron.

Cecco adelantó que organizarán reuniones con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, para “reclamar que el megavatio por hora lo paguen, al menos, como a la otra binacional”.

“También hay que considerar que el río Uruguay es un río de estiaje, no es tan caudaloso y estable, por lo que es importante lograr que tengamos un trato igualitario en el costo del megavatio”, completó Cecco en diálogo con Radio Nacional.

Fuente: El Once

La entrada Entre Ríos reclamará un mejor pago por la energía que produce en Salto Grande se publicó primero en FM del este 100.5.

El legislador y ex secretario General de la Gobernación de Gustavo Bordet, así, pasa a trabajar en “dos frentes simultáneos”, ya que tiene presentado otro proyecto de ley que modifica el esquema de tarifas eléctricas: reduce el IVA de las boletas, aumenta las regalías que reciben las provincias y promueve la eliminación o reducción de impuestos provinciales y tasas municipales en las facturas.

El senador dijo que su estrategia es pelear primero la aprobación de la ley de Tarifas, y luego ir por la sanción de la Provincialización de Salto Grande, algo que ya intentaron legisladores entrerrianos en otros períodos. Días atrás, el gobernador Bordet volvió a poner el tema en la agenda política, al reclamar la represa para la Provincia.

El proyecto transfiere a Entre Ríos “a título gratuito” y ad referéndum de la Legislatura provincial “el dominio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la porción que le corresponde a la República Argentina”.

La ley llegaría para “reconocer el dominio originario de Entre Ríos sobre un recurso natural como es el río Uruguay” y, por ende, recuperar los “derechos y obligaciones emergentes de su aprovechamiento”.

Aclara, por otro lado, que los empleados y empleadas del Complejo Hidroeléctrico “no verán afectados sus derechos adquiridos” y garantiza “la intangibilidad de los salarios”.

De aprobarse el proyecto, la provincia acordará con Uruguay la reformulación del “Convenio y Protocolo Adicional” celebrados entre la Argentina y el país vecino para la administración de la represa, para lo cual el gobierno de la Provincia será “asistido” por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.

La transferencia debería concretarse en 180 días desde la entrada en vigencia de la ley, si la avanzada provincializadora tiene éxito. En sus fundamentos el senador plantea que “este proyecto de ley viene a hacer justicia para la provincia de Entre Ríos, reconociéndole el dominio originario sobre sus recursos naturales, tal y como lo establece nuestra Constitución Nacional. La Carta Magna en su artículo 124 indica: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Kueider hace historia: “En el año 1880 Don Gregorio Soler presentó el primer pedido de otorgamiento de una concesión para explotar energía eléctrica en la zona de Salto Grande. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se sucedieron distintas iniciativas individuales, como las de los ingenieros Juan Smith, Maurice Mollard, Humberto Gamberale y Francisco Mermoz, hasta llegar a la firma del Convenio de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay”.

También recuerda el proyecto del ex senador Héctor Maya, aprobado por el Congreso en 1997, que propició la provincialización de Salto Grande, pero fue vetado luego por el entonces presidente Carlos Menem. Y el de la ex senadora Sigrid Kunath, que postuló la misma transferencia que ahora plantea el legislador concordiense pero no avanzó en el Congreso.

El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande provee el 53% de la demanda de energía eléctrica de Uruguay y el 7% de la energía consumida por Argentina. Cuenta con una red de transmisión compuesta por cuatro subestaciones y 1.300 kilómetros de líneas aéreas.

La iniciativa cuenta con detalles del funcionamiento de la represa. La energía que produce Salto Grande depende de la cantidad de agua que llega hasta su embalse: es el combustible que pone en funcionamiento la represa. Para definir su oferta tiene en cuenta el pronóstico del agua que espera el Río Uruguay para los próximos días. La oferta es semanal y se verifica en cada jornada, teniendo en cuenta los caudales diarios de aportes. La capacidad máxima de generación es de 45.360 megavatios/hora, para lo cual se necesita que el lago Salto Grande tenga 35 metros de altura. Pero advierte que “los beneficios para Uruguay y Argentina no son totalmente inocuos para Entre Ríos, ya que situaciones tanto de abundancia como de escasez de agua resultan perjudiciales para las poblaciones ribereñas y para el sistema hidroeléctrico”.

Por ejemplo, menciona que el complejo de Salto Grande modifica el río (desvía el curso del agua para que gane más fuerza potencial) y desestabiliza comunidades biológicas; las líneas de tensión que atraviesan predios rurales o urbanos obligan a restringir el dominio sobre el uso de la tierra; entre otros impactos sociales y económicos, como en la pesca, y ambientales.

Actualmente, los excedentes de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande se reparten entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para paliar los efectos negativos de la represa.

Kueider argumenta por otra parte que “no puede dejarse pasar por alto el hecho de que en Entre Ríos el costo de la energía eléctrica es extremadamente oneroso, pese a ser una provincia productora de energía limpia y económica”. Y cuestiona que “entrerrianos y entrerrianas pagamos tarifas muchas veces superiores a las que se pagan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Según señala Kueider en sus fundamentos, el proyecto de provincialización recobró fuerza luego de que el año pasado Entre Ríos fue excluida de los beneficios que la Secretaría de Energía de la Nación otorgó a 11 provincias, consideradas “zonas cálidas”, en el marco de la quita de subsidios al consumo de energía eléctrica.

Como antecedentes de provincialización de complejos de generación de energía, menciona el Convenio de Transferencia del Sistema Hidroeléctrico ‘Los Nihuiles’ a la provincia de Mendoza en septiembre de 1993 y el Complejo Hidroeléctrico Río Grande de Córdoba, entre otros casos.

Fuente: El Entre Ríos

La entrada Kueider presentó en el Senado el proyecto para que la parte argentina de Salto Grande pase a manos de Entre Ríos se publicó primero en FM del este 100.5.

Bordet destacó el esfuerzo de la provincia para reducir el impacto de la suba de la tarifa eléctrica: “Hemos eliminado todas las cargas tributarias que tenía la provincia, el 13 por ciento”, remarcó.

Por otra parte, recordó que “tengo un compromiso con Salto Grande desde el año 95, cuando nos movilizamos para reclamar lo que nos correspondía: los excedentes. Yo estaba en el Concejo Deliberante, al pie de la represa, y lo conseguimos”.

“Ahora queda la otra etapa: la represa de Salto Grande tiene que ser patrimonio de los entrerrianos. No podemos estar pagando la energía eléctrica como la pagamos en Entre Ríos cuando somos generadores y podemos abastecer tres veces el consumo que tenemos en la provincia”, subrayó.

“La operación y mantenimiento tiene que ser de los entrerrianos”, dijo y apeló a “la voluntad política de la Nación y que los legisladores de la oposición”, para que acompañen estos pedidos”. Recordó que el senador nacional Edgardo Kueider “ha presentado un muy buen proyecto en el Senado con el cual estamos trabajando”.

Puntualmente, la iniciativa impulsa el incremento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía. En rigor, pasarían del 12 actual al 20 por ciento, y deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica. Además, propone reducir del 21 al 5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica cuando se trata de consumo familiar y, del 27 al 10,5 por ciento para usuarios comerciales, industriales y pymes. Además, el proyecto establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras porque las tasas y contribuciones que cobran a los usuarios encarecen el precio final de la boleta de luz.

“Salto Grande tiene que ser de los entrerrianos”, remarcó e hizo notar que a este reclamo lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, de la oposición, “y lo digo ahora cuando hay un presidente como Alberto Fernández que es de mi partido. Esto atraviesa todo el arco político y sería bueno también que nos acompañen los dirigentes de la oposición y, fundamentalmente, que cuando se tratan estos temas en el Congreso, se pueda hacer”.

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