El tribunal oral que condenó a Lázaro Báez a 15 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del dinero K le decomisó y ordenó transferir a la Argentina tres millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista tenía en un banco suizo.

Además, dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Lázaro Báez y de su hijo Martín Báez, también condenado, que incluyenlotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos, casas y otros inmuebles(46), más unas 10 quintas, chacras y estancias que se encuentran en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.

El Tribunal Oral Federal 4 ejecutó este decomiso como parte de la condena por lavado de dinero de la ruta del dinero K y Lázaro Báez debe reunir en principio 55 millones de dólares, por el monto lavado, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

El juez Néstor Costabel dispuso la medida antes de que se venza el plazo, el miércoles próximo, para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos Cristina Kirchner y el propio Lázaro Báez, depositen 350 millones de dólares, que es el monto total de lo decomisado por ese fraude con la obra pública.

El abogado de Báez, Juan Villanueva, presentó un escrito en el tribunal federal 2 de Vialidad en el que dice que -como la condena de su cliente fue unificada en 15 años, en ese caso y en la Ruta del Dinero K-, no debían decomisarle los bienes, sino que el tribunal federal 4 debía hacerlo.

El fiscal Diego Luciani se opuso y en un escrito firmado con su colega Sergio Mola dijeron, de manera conjunta, que deben avanzar con el decomiso, porque se unificaron las penas, pero no los decomisos.

Báez le dijo a los jueces que no tiene otros bienes porque están embargados, al igual que el contenido de sus cuentas, y que está inhabilitado para tener cuentas bancarias. Su CUIT estuvo bloqueado hasta 2021. Pero ahora puede facturar. Sin embargo, no puede abrir cuentas para hacer transferencias, porque está preso y no puede vender propiedades para pagar el dinero que le reclaman porque están embargadas.

Según anticiparon fuentes judiciales a LA NACION, el tribunal oral federal 2 va a avanzar con el proceso de ejecución de los bienes y su remate y en todo caso lo repartirán con los que ya embargó el tribunal oral federal 4.

En paralelo, un juicio comercial que lleva quiebra de Austral Construcciones ya decomisó y remató algunas propiedades de Báez para pagar a los acreedores de la firma. La quiebra tramita desde 2017 y el expediente tiene fojas por 400 cuerpos.

En esa causa el gobierno de Santa Cruz formalizó una oferta para adquirir el obrador principal de Austral Construcciones, ubicado en Río Gallegos, que se encuentra en proceso de liquidación desde el 2017 cuando se inició la quiebra de la constructora de Lázaro Báez.

La gestión del gobernador Claudio Vidal ofertó U$S 2.000.000 con la intención de reconvertir al emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas. El ofrecimiento de compra se realizó ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones SA, y que a la fecha solo le resta subastar el obrador central para terminar con la venta de los inmuebles que estaban a nombre de la empresa.

Si no entregan ese dinero, la Justicia avanzará en el decomiso de los bienes de cada uno, que están embargados. Por esta razón e interesados tanto en los galpones, como en la estratégica ubicación sobre la Ruta Nacional 3, a solo seis kilómetros del centro de Río Gallegos y en el ingreso al aeropuerto, es que el gobierno santacruceño se presentó en la causa y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra, que fue afectado a un plazo fijo renovable cada treinta días, según lo dispuesto por el juez subrogante Jorge Sícoli.

La oferta fue trasladada a la sindicatura, al Banco de la Nación Argentina y a los martilleros intervinientes en el proceso en tanto que la acción de parte del estado provincial la está llevando con suma discreción el directorio de la empresa estatal “Santa Cruz Puede SAU” y el fiscal de Estado Ramiro Castillo, quienes presentaron una propuesta de venta directa a favor de la sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.

El juez Costabel del Tribunal Oral Federal 4 ahora dispuso la “remisión y/o transferencia” por decomiso de lo depositado en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza. Allí hay U$S907.202 y las ganancias por intereses desde 2011 a la fecha.

Además, repatrió de Bahamas 2.981.646 euros de la cuenta 590201 del Banco Cbh de Bahamas, a nombre de Eastern Shoreline Limited, y de 1.009.391 de euros encuentran en la cuenta N° 590207 del banco CBH de Bahamas, de la misma firma.

Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte 56 propiedades de Báez y su hijo Martín Báez y es avisó de todo esto al tribunal oral federal 2 de Vialidad. También ordenó la adjudicación definitiva a la Corte de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, Matrícula: LV – MBY y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.

Las propiedades decomisadas a Báez y a su hijo son 40 de la provincia de Santa Cruz, de las cuales hay nueve en El Calafate, 26 propiedades de Río Gallegos;cinco estancias enSanta Cruz (Coronel Cuarumba, Zona Sur del Río Santa Cruz; La Irenita, Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini; Los Gurises Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini, Manantial Alto Colonia General Paz y Estancia Río Olnie.

Además se decomisó una propiedad en Chubut,en Lago Puelo y cuatro de la provincia de Buenos Aires. Al hijo de Báez le decomisaron 11 propiedades, tres de la Provincia de Buenos Aires, siete en Santa Cruz y una en Chubut.

El monto que los condenados por Vialidad deben depositar el miércoles es de 684.990 millones de pesos, que es el perjuicio que -según la sentencia- provocaron con el delito de fraude con licitaciones de obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu,notificaron a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan esa cifra. Si no cumplen el miércoles 13 con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.

Ahora se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner realizará una presentación para oponerse a esa medida. Aún no lo ha hecho dijeron fuentes del tribunal y cercanas a la expresidenta.

En rigor, el plazo final son la dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema y descartó la cuenta del perito de Cristina Kirchner, que según su cómputos, reducía el monto del perjuicio a $42.000 millones.

Los jueces dispusieron que se cobre el dinero “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Ese decomiso se dispondrá “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” ya embargados.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutados el tribunal federal 4, en la causa de la Ruta del dinero K.

Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la causa Vialidad incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades, estancias, chacras y departamentos. En esa nómina figuran 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades. Además están los bienes de José López, Nelson Perotti y Mauricio Collareda, entre otros condenados.

Por Hernán Cappiello LA NACION

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Finalmente, Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La resolución se firmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez Casanello firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado (condenado a diez años de prisión) a Lázaro Báez.

​En la resolución a la que accedió Clarín, el magistrado sostuvo: “Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición“.

Al ampliar esta explicación, Casanello remarcó que como juez su acción “se encuentra limitada a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado“, es decir, entiende que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina Kirchner.

Marijuan había sostenido que no contaba con los elementos necesarios “para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero” que encabezó Báez.

El requerimiento del fiscal se formuló después de recibir el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que arrojó 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner, además de confirmar a partir de allí un evento considerado por él dirimente: la reunión de Lázaro y la entonces presidenta a finales del 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, “al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”.

Ese dato había surgido de la confesión de Leonardo Fariña como imputado colaborador. Según sus relato, en el marco de esa charla “Báez le manifestó que venía de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos”. Al menos la visita a Olivos del contratista y socio de Cristina fue probada.

Con el eje puesto en ese diálogo, y tras considerar agotadas las medidas de prueba, el fiscal dio un cierre a la investigación abierta hace diez años “para dilucidar si la ex mandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.

Frente a la solicitud del fiscal, fueron consultadas las dos querellas -UIF y AFIP.- Ambas agencias compartieron el criterio de la fiscalía y como resultado final, Casanello firmó el sobreseimiento poniendo punto final a la inclusión de Cristina Kirchner en el expediente.

Hay que recordar que la investigación sobre la vicepresidenta se centró en el vínculo con los imputados y condenados y, en particular, con Lázaro Báez, para establecer si ella también participó o se benefició de las maniobras ilegales analizadas en esta causa.

Es justamente esa conexión la que la fiscalía dijo no haber logrado probar.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadío procesal como sería el juicio”, admitió en su controvertido dictamen.

Pese a este sobreseimiento, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada por lavado de dinero junto a Báez, en otro expediente vinculado a la Ruta del Dinero K y que tiene como objeto central el millonario patrimonio adquirido, de forma compulsiva, por el dueño de Austral Construcciones.

Entre 2010 y 2013 Lázaro Báez (mismo período de las maniobras de blanqueo en la Ruta del Dinero K), había declarado ante la AFIP un patrimonio de 66 millones de pesos, sin embargo la justicia determinó que su fortuna era aún mayor: en 2016, la justicia federal le detectó 1.420 bienes muebles e inmuebles, equivalentes entonces a 205 millones de dólares. En este tramo en el que la vice seguirá siendo investigada, se busca determinar si esas propiedades las adquirió a título personal o actuando como testaferro de los Kirchner.

Rechazo al pedido del ex titular de la UIF

Tras conocerse el pedido de las querellas de la actual gestión para que, al igual que la fiscalía, la vicepresidenta sea sobreseída, la ONG Bases Republicanas pidió ser querellante en el expediente para poder apelar la decisión de Marijuan e impedir el sobreseimiento.

En otra resolución, a la que accedió Clarín, el juez Casanello rechazó este lunes ese planteo declarándolo “inadmisible” por no cumplir “con los requisitos jurídicos” para que una parte sea aceptada como querellante.

Por otra parte, el magistrado dijo que más allá de no cumplir con los requisitos indispensable, hay otra singularidad en el escrito del espacio Bases Republicana, que reside en que “el planteo acontece a más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal“.

Bajo ese análisis, el juzgado indicó que “dicha demora conspira contra la demostración de la calidad de ofendida y en todo caso exhibe como real motivación un profundo desacuerdo con una posición concreta asumida por el Ministerio Público y que tomara trascendencia pública”.

Fuente: Seprin

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada en la causa conocida como la ruta del dinero K por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y junto a sus hijos.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. Por eso, rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva. 

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto “mutilar líneas de investigación abiertas”. “Por eso insistiré y esperaré sus resultados”, aclaró el juez en su respuesta a la acusada. 

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

Por ese motivo, el juez quiere corroborar si eso fue cierto o no, y qué grado de conocimiento tenía Cristina Kirchner sobre las actividades de Lázaro Báez.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónico entre los que en ese momento eran secretarios privados de la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, cuando sucedieron los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante en ese período, y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre si designó líneas para uso de Cristina Kirchner.

Paralelamente, Casanello pidió a la Secretaría General de Presidencia las líneas asignadas al uso de secretarios privados entre un listado de nombres sobre los cuales solicitó información. Asimismo, pidió que la oficina de escuchas telefónicas, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, encare el trabajo con “la mayor premura”. De esta forma, seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.

Fuente: La Prensa

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En más de 3.000 fojas quedaron plasmados los fundamentos sobre los que los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenaron a doce años de prisión por el delito de lavado de dinero a Lázaro Báez. El ex socio comercial de Cristina Kirchner fue acusado junto a sus cuatro hijos y más de veinte imputados. En la extensa resolución, dos de los jueces –Néstor Costabell y Adriana Pallioti-, remarcaron que el delito precedente de las operaciones por 60 millones de dólares fueron los contratos viales que recibió Austral Construcciones durante la gestión kirchnerista. Se habló de“corrupción estatal” y de connivencia “de ex funcionarios” que permitieron que Báez “se haga de millonarios fondos contaminados” del Estado. 

Sobre el ex socio comercial de Cristina Kirchner pesa una condena de 12 años de cárcel por el delito de lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. El 24 de febrero se dio lectura la sentencia con a que el TOF 4 condenó al contratista de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Por ese motivo, deberá pagar una multa de 480 millones de dólares.

Este lunes se conocieron los fundamentos de aquella sentencia.

“Se han tenido por acreditados y la responsabilidad penal de cada uno de los enjuiciados”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín, donde se ratificó la acusación: “Se tiene por absolutamente acreditado que entre los años 2010 y 2013 Lázaro Antonio Báez pergeñó una maquinaria al servicio del blanqueo de los fondos espurios que detentaba, valiéndose para ello de distintas personas físicas y jurídicas que en mayor o menor medida efectuaron sus aportes para la concreción de una maniobra global de lavado de activos sin precedentes en este país”. Esas personas “desplegaron su accionar tanto en el país como en el extranjero”.

Cuando se abocaron específicamente a la estructura de lavado de dinero, los magistrados dijeron que se estaba ante “un emprendimiento criminal concebido y planificado con sofisticación y profesionalismo, sin que nada se dejase librado al azar”. Esto implicó la actuación mancomunada de varios intervinientes, “cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un esquema de organización, destacándose que la maniobra global en cuestión reviste los tintes de los delitos trasnacionales”.

¿Pudo Lázaro Báez hacer esto sin la ayuda del Estado? No, al menos sin el dinero que le proporcionaron a través de licitaciones, entendieron dos de los tres jueces del TOF 4. El dinero que se volcaba a todas las operaciones provenía del mismo lugar: la constructora que en Santa Cruz se hizo del 86% de los contratos viales que licitó el Estado nacional.

Un punto central de la extensa resolución fue el delito precedente, ya que toda maniobra de lavado de dinero requiere de uno. Se recordó que la Fiscalía a cargo de Abel Córdoba y las querellas entendieron que el mismo estaba relacionado a los hechos juzgados en la causa “Vialidad”, y en las restantes en cuyo marco se ventilan sucesos constitutivos de defraudaciones fiscales. En ese expediente Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita que se habría dedicado a defraudar al Estado al direccionar 51 licitaciones a favor de Báez, por 46.000 millones de pesos.

Lázaro Báez, en una de las audiencias del juicio oral por la Ruta del Dinero K. Foto EFE.

La resolución detalló que los fondos que fueron objeto de las maniobras de lavado de dinero “fluyeron principalmente y de manera preponderante, desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial ventilados en la causa Vialidad”. En ese punto referenciaron que Lázaro Báez “aumentó su capacidad de contratación, para luego consumar el direccionamiento de las licitaciones, a través de la simulación de la concurrencia de las distintas empresas a los llamados licitatorios, cuando, en realidad, eran las firmas de un mismo conglomerado”.

Tanto los hechos investigados en la causa Vialidad -cuyo juicio oral es el único que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo- “permiten sostener que Lázaro Báez, en su carácter de un organizador más de la asociación ilícita allí ventilada, y de beneficiario de los fondos públicos desviados fraudulentamente en su favor, instrumentalizó a su firma Austral como una empresa pantalla, para que fluyeran hacia sus arcas -y se confundieran en su patrimonio- sumas millonarias de dinero detraídos del Estado”. Esto operó en connivencia “con los ex funcionarios públicos de entonces e integrantes de ese consorcio delictivo”. Esa descripción incluye a la vicepresidenta.

Ese eje central -continuaron los jueces- “demuestra que Lázaro Báez optó por generar su propia usina de lavado de dinero, del modo en que lo hizo y se ha probado, puesto que habría de recibir flujos millonarios ilícitos como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”.

Además, expusieron que la “planificada recepción de fondos millonarios”, que percibió el Grupo Austral “como beneficiario de los fraudes y al mismo tiempo un organizador más de la asociación ilícita que integró, explica, naturalmente, por qué a Lázaro Antonio Báez no le bastaba para lavar dinero con recurrir ocasionalmente a terceros operadores de plaza bancaria y financiera ilegal, que pudieran brindarle incidentalmente esos servicios”.

A ese cuestionamiento, los magistrados Costabel y Pallioti respondieron de la siguiente manera: “Por haberse pactado que Lázaro Antonio Báez sería el recipiendario de flujos financieros millonarios, desviados desde el Estado Nacional por quienes compartían membresía con aquél en la asociación ilícita, hasta debió avanzar sobre la toma de control de una financiera ya constituida -SGI S.A.-, estructuró un ducto onshore y offshore para canalizar el torrente de dinero ilícito”.

Esos fondos fueron “detraídos del Estado” por Báez -junto a ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner- “como un organizador más de esa asociación ilícita” y “explican, de algún modo, el celo puesto por aquél en mantener las maniobras bajo su férreo control -y hasta donde fuese esto posible-, decidiendo y ejecutando las gestiones en un entorno acotado, no sólo familiar sino también profesional”.

Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados durante la primera audiencia del juicio oral por corrupción en la causa Vialidad. Foto Maxi Failla.

Esta operación llevada adelante por Báez funcionó “desde el seno del grupo criminal que organizó e incrustó en la estructura de Austral Construcciones, además de constituir, de su parte, la comisión de reiteradas y permanentes maniobras de autolavado de dinero, también se convirtió en una forma de asegurar el agotamiento material -o concreción- de los plurales planes delictivos de la asociación ilícita, de la que tomó parte junto a los ex funcionarios públicos de entonces”, expresaron los magistrados.

Los fondos que blanqueó Báez, continuaron los jueces, “están representados predominantemente por los dineros detraídos del Estado Nacional, es decir, el objeto material sobre los que recayeron los fraudes perpetrados por aquél y por los restantes integrantes de esa asociación ilícita”, siempre en referencia a los ex funcionarios juzgados en la causa Vialidad.

Llegada de Lázaro Báez al country Ayes del Pilar donde vecinos le negaron la entrada en el primer intento de excarcelar al empresario, en septiembre de 2020. Foto Rafael Mario Quinteros.

Para los magistrados hay un punto que no puede desestimarse, y es que esos dineros públicos, ingresaron a los bolsillos de Báez “ya contaminados” por las maniobras defraudatorias: direccionamiento de las licitaciones y sobreprecios promedio del 65%. El empresario K fue quien después “procedió a desplegar las maniobras de blanqueo o lavado”.

La actividad financiera del Estado Nacional es la causa lícita que permite dotar de legitimidad a esos fondos presupuestados. Pero los fraudes -señalaron los jueces- convirtieron “esa causa lícita primigenia, en otra indudablemente ilícita. Esos fraudes reiterados, perpetrados desde el seno del Estado Nacional, alteraron el destino presupuestario de esos fondos, y, por ende, ya al concretarse los pagos en favor de Lázaro Antonio Báez, estaban irremediablemente contaminados y así ingresaron a las arcas de aquél”.

Refutaron así uno de los argumentos centrales de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, de la siguiente manera: “En ese marco, sostener que los fondos públicos en cuestión, por haber sido de origen lícito no pueden ser blanqueados, constituye, cuanto menos, una falacia”.

Fuente: Lucía Salinas/Clarin.com

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