Javier Milei echó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. El funcionario cayó en desgracia en Balcarce 50 porque su dependencia emitió un dictamen que -según dicen en la sede de gobierno- no defendió a la gestión como se esperaba en un caso planteado por una empleada pública a la que dejaron de pagarle un incentivo salarial. Además cerca del Presidente apuntaron que el Procurador pasó buena parte del 2024 en Punta del Este. En la Casa Rosada, finalmente, le soltaron la mano.

En la sede de gobierno no perdonan a los funcionarios que no trabajan 100% alineados con las directivas y los intereses de la cúpula libertaria. “El Presidente decidió pedirle la renuncia. El último dictamen de la Procuración del Tesoro y el hecho de que él pasara casi el 40% del año fuera del país fue determinante”, dijeron cerca del jefe de Estado.

La decisón se terminó de tomar por la tarde, pasadas las 17.30. Antes en el Gobierno decían que primero se esperaría a que el lunes Barra visitara la Casa Rosada y mantuviera una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo. El Presidente confía todo el manejo del área judicial en su asesor todoterreno que viene haciendo cambios para asegurarse una tropa alineada. Sin embargo, no lo esperaron. Y Milei echó a Barra antes de regresar a Buenos Aires.

Barra es un jurista de larga trayectoria que fue un ícono de los 90: fue funcionario del gobierno de Carlos Menem y juez de la Corte Suprema durante el menemismo. Incorporado a la gestión libertaria como un funcionario de peso, finalmente no cultivó una relación directa con Milei. Probablemente su mayor problema haya sido que se quedó sin un jefe político en el Gobierno. Barra había recalado en el Gobierno recomendado por los equipos de Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete que Milei echó en malos términos.

Desde hace tiempo que la cúpula libertaria miraba cruzado a Barra porque consideraba que “operaba” en contra de los intereses del Gobierno. Para reemplazarlo, en las últimas horas sonó el nombre de Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad.

Y hay otros dos nombres en danza: Carlos Laplacette (que se desempeñó en el estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal) y Santiago Castro Videla (abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados).

Críticas a Barra

El malestar de las últimas horas con Barra obedeció a un dictamen firmado el miércoles por la Procuración del Tesoro en el caso de un reclamo de una empleada pública que presentó una impugnación porque el Poder Ejecutivo le quitó un incentivo salarial. El dictamen, si bien justifica el accionar del Gobierno, no es conclusivo y menciona el carácter remunerativo de los incentivos incorporados al sueldo. La cuestión del empleo público es sensible en el Gobierno, por la cantidad de despidos y los potenciarles planteos en el fuero laboral.

En Balcarce 50 agregan otro motivo para poner en duda la continuidad del funcionario, cuya misión es actuar como abogado en los juicios contra el Estado: aseguran que no estuvo comprometido porque pasó buena parte del primer año de gestión en el exterior del país y apuntan a sus viajes a Punta del Este, que sumarían más de 20 en 2024. Quienes conocen a Barra advierten que el funcionario tendría domicilio en Uruguay y que su esposa estaría radicada allá.

En una trama parecida, la semana pasada fue desplazado el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, por no “ordenarse” con la instrucción de no querellar en causas de corrupción. A Yacobucci le habían endilgado onerosos viajes con fondos públicos que él no reconoció.

Qué pasó

El dictamen de la Procuración del Tesoro que generó fastidio a la Casa Rosada no fue firmado por Barra sino por su segundo, Marcos Serrano, y se vincula al caso de una empleada del Ministerio de Justicia. En esa cartera, por un convenio de los registros del automotor, desde hace décadas se triangulaba la contratación de 2500 empleados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Los empleados encuadrados en ese convenio cobraban un “incentivo” o “premio estímulo” incorporado en su recibo de sueldo.

El Gobierno despidió a muchos empleados encuadrados en Acara. Otros accedieron a un retiro voluntario y hubo un grupo que fue incorporado a la planta del Ministerio de Justicia como personal contratado. La gestión nacional les reconoció el incentivo como un ítem remunerativo en el pasado (en caso de tener que pagar una indemnización), pero no quiso seguir pagándolo a partir de la incorporación a la planta ministerial.

Muchos agentes aceptaron la reducción de su salario con tal de preservar su lugar de trabajo. Pero una empleada pidió la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia por el cese del pago del incentivo. “Es una violación a la intangibilidad de mi salario y me causa un grave perjuicio material y moral en tanto reduce en un 50% mi salario”, denunció la trabajadora.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida respecto de este caso. El dictamen de la Procuración del Tesoro no es conclusivo y de hecho el organismo se pronunció en carácter de “colaboración” en el caso. Quienes defienden a Barra dicen que el pronunciamiento que le reprochan ni siquiera fue en contra del Gobierno.

Qué dice el dictamen

El dictamen que desencadenó la crisis fue firmado hace tres días por el subprocurador Serrano. El Ministerio de Justicia, comandado por Mariano Cúneo Libarona, le pidió intervención a la Procuración de Tesoro para que se manifestara sobre el reclamo de una agente empleada del ministerio. Pero el organismo no dictaminó, sino que se limitó a hacer una serie de “consideraciones a título de colaboración” que no fueron conclusivas.

Por un lado, Serrano defendió la resolución firmada por Cúneo Libarona que cuestionaba la agente y destacó que se había “desnaturalizando por completo” el sistema de pagos a través de Acara. Sostuvo además que la empleada, “a pesar de haber percibido el incentivo por parte del ente Acara durante 2024, no acreditó la realización de cursos” que eran obligatorios para cobrar lo que cobraba.

“La autoridad administrativa decidió corregir lo que consideró una situación de indebido privilegio y desigualdad, para reestablecer, a partir de ello, la juridicidad afectada”, dijo el subprocurador.

Lo que aparentemente molestó más a la Casa Rosada fue que el suprocurador aludió al carácter remunerativo del ingreso que reclama la agente. Serrano afirmó: “Todo lo anterior, no implica desatender la jurisprudencia de la Corte Suprema que la propia Resolución N.º 376/24 (firmada por Cúneo Libarona) recoge al mencionar el reconocimiento del carácter remunerativo del incentivo abonado por entes cooperadores”.

El documento, además, advierte que resta que intervenga la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia para resolver cómo se cumplirá la resolución que pone fin a las contrataciones vía Acara. Es decir, sostiene que hay un trámite pendiente de parte del Poder Ejecutivo.

Fuente: La Nación

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Para la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, una organización religiosa puede ampararse en el derecho de objeción de conciencia para no cumplir con el pago de contribuciones sindicales. Así lo reconoció en un dictamen en donde hace lugar a un reclamo de una congregación evangélica, llamada Reuniones Evangélicas Argentinas, que denuncia que cumplir con las contribuciones a los sindicatos contradice su doctrina de fe. Un precedente que, de ejecutarse, podría abrirle la puerta al desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, además de incurrir en una posible evasión fiscal de hecho.

La decisión del cuerpo de abogados del Estado fue una respuesta a un pedido realizado por la Secretaría de Trabajo, el organismo al que le había llegado la presentación de Reuniones Evangélicas Argentinas. Esta organización evangélica, minoritaria, que cuenta con un reducido número de feligreses —solo 320 personas estarían afectadas en su derecho de libertad religiosa, según admiten— argumentaba que la obligación de contribuir con los sindicatos iba directamente en contra de los mandatos de su fe. Un mandato que, sostienen, prohíbe terminantemente cualquier tipo de asociación o participación en organizaciones “que difieran de la propia Iglesia o el Estado”.

Fue así que Rodolfo Barra, junto al resto de la Procuración del Tesoro Nacional, decidió intervenir y emitió un dictamen —publicado la semana pasada— que respalda, echando mano a fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales, la necesidad de una “adecuación” del ordenamiento legal actual.

En concreto, la iglesia evangélica solicita poder exceptuar a empleados y empleadores de la congregación en el cumplimiento de las contribuciones atadas a sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo. Son varios convenios, que incluyen a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a los empleados de Comercio, a la Construcción, Camioneros, entre otros. 

En la práctica, lo que hace es avalar, por ejemplo, el no pago de la cuota sindical del 2% del salario para los trabajadores no afiliados de la UOM. Todo bajo el argumento de que esta “adecuación” no pone en riesgo “el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales” y, en cambio, protege “la libertad de conciencia religiosa”. Y lo hace basándose en dos antecedentes: la objeción de conciencia para participar del servicio militar obligatorio y en la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un desliz: cuando se refiere a la Ley IVE la define como “el aborto como supresión voluntaria de una vida humana”.

Desfinanciamiento de las organizaciones sindicales

“Hay que leer el dictamen en un contexto general, desde el DNU 70/2023 (el megadecreto que dictó Javier Milei a los pocos días de asumir en la Presidencia) hasta [el texto original de] la Ley de Bases original. Lo que se busca es cuestionar la validez de los aportes solidarios, lo que se busca es desfinanciar a los sindicatos. Esto sienta un precedente complejo”, explica el abogado laboralista y asesor sindical, Álvaro Ruiz, resaltando una continuidad que repetirán varios de los especialistas consultados por elDiarioAr: el dictamen de la Procuración como un nuevo intento, más curioso y rebuscado, de avanzar contra las cuotas solidarias a los sindicatos.

En el DNU 70, Milei intentó avanzar en este sentido, proponiendo introducir la obligatoriedad de un consentimiento explícito del trabajador como condición para que se le retuviera la parte del sueldo destinada a la cuota solidaria. Esta reforma, sin embargo, fue impugnada judicialmente por la CGT y nunca fue puesta en práctica.

El Gobierno llevó el amparo de la CGT a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió. Pero, curiosamente, no lo hizo solo: entre los amicus curiae que se presentaron junto al Estado aparecía, una vez más, la organización Reuniones Evangélicas Argentinas. “No tenemos ninguna relación especial con la organización”, informaron desde el gobierno nacional. La congregación evangelista, en cambio, no respondió a las consultas de este medio.

El Gobierno, luego, volvió a intentarlo con la Ley de Bases, pero lo quitó del proyecto final luego de varias reuniones con representantes de la CGT. “Esta es una vía más rebuscada y acotada de lo que ya intentaron hacer. Están abriendo una puerta, no es más que otro mecanismo para empezar a horadar el financiamiento de las organizaciones sindicales, que se sustentan por el aporte de los afiliados y por los aportes que hacen el resto de los no afiliados por el hecho de firmar un convenio colectivo y beneficiarse de las negociaciones salariales”, explica Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. 

Campos vincula, además, el dictamen de la Procuración del Tesoro con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2018, determinó que un grupo de trabajadores públicos no podía ser obligados a contribuir con la organización sindical que los representaba en las negociaciones colectivas. “En ese caso la cláusula que afectaba era la libertad de expresión. Acá es la objeción de conciencia. Pero que sea una organización religiosa es indistinto a los efectos de lo que buscan, que es decirle a la Secretaría de Trabajo que, cuando homologuen acuerdos paritarios, tengan en cuenta a los objetores de conciencia”, agrega el investigador de la CTA.

El dictamen de la Procuración abre, así, un interrogante en plena faena de negociaciones paritarias en varias actividades. Especialmente cuando el Gobierno se rehúsa a aceptar acuerdos salariales superiores al 1% mensual, abriendo numerosos conflictos con sindicatos que, como Camioneros, cerraron acuerdos más beneficiosos. “Esto va a marcarle la cancha a la Secretaría de Trabajo, que le va a dar más argumentos para poder objetar acuerdos salariales”, advierte Ruiz, que observa que el dictamen profundizará las trabas en el proceso natural de homologación de los convenios colectivos de trabajo.

¿Cómo? Planteando la posibilidad de que puede haber afiliados que son objetores de conciencia que no desean pagar la cuota solidaria. El dictamen, sin embargo, es una recomendación que el equipo de abogados que comanda Barra le hace al Ministerio de Capital Humano. “Nosotros aportamos elementos en base a la visión constitucional que tiene el procurador elegido por el presidente. Pero lo que pase con el dictamen ahora depende de Capital Humano”, explicaron desde la Procuración del Tesoro.

Los especialistas consultados por este diario afirman, de todos modos, que solo es cuestión de tiempo para que la Secretaría de Trabajo, que forma parte del Ministerio de Capital Humano, utilice el dictamen como insumo. En ese caso, el sindicato de Camioneros, por ejemplo, podría verse afectado, ya que la organización Reuniones Evangélicas Argentinas cuenta con trabajadores en la actividad. Y no solo trabajadores. Ya que el pedido de la iglesia evangélica refiere tanto a empleados como a empleadores. Es decir que si el dueño de la empresa transportista integra la congregación todos los trabajadores podrían verse afectados con su decisión de, por ejemplo, rehusarse a hacer el aporte a la obra social del sindicato.

“Acá se trata de intereses de terceros, que son el conjunto de los trabajadores que contribuyen al sujeto colectivo que es el sindicato que podrían verse afectados por el conflicto de objeción de conciencia de unas trescientas personas”, insiste Ruiz.

Los sindicatos consultados por este medio, mientras tanto, calificaron la resolución de “absurda”. “Buscan violar la ley. No es otra cosa. Es como si alguien invoque ‘objeción de conciencia’ para no pagar IVA o el impuesto a las Ganancias. No es serio. Parece un acuerdo concertado entre la organización, a la que le suben el precio, y el gobierno para sentar un precedente”, apuntó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

MC/JJD

Fuente: ElDiario.es

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