Los magistrados tomaron en consideración la falta de estudios correspondientes sobre las especies autóctonas que permitía matar la medida establecida por la Dirección de Recursos Naturales. “Este fallo marca un hito y no tiene antecedentes en la historia de la conservación”, valoró uno de los litigantes por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Gabriel Bonomi.

En una sentencia dictada este 22 de Julio, el STJ confirmó la acción de amparo ambiental contra el Superior Gobierno de Entre Ríos en la que se demandaba la declaración de nulidad de la Resolución Nº 1.099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción por la cual habilitaba hasta el 15 de agosto la caza menor en determinadas zonas de la provincia.

La normativa permitía cazar especies autóctonas tales como el Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa).

Es por esto que ante un reclamo interpuesto por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal Ong, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM), el pasado 7 de julio el vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil hizo lugar al reclamo, derogando la resolución Nº 1.099 anulando así el permiso para “la caza para el presente año”.

De este modo, la integración especial por la Feria judicial de los vocales Miguel Ángel Giorgio, German Reynaldo Francisco Carlomagno, Susana Medina se expidió este viernes frente a la apelación al fallo de Marfil planteados por la Fiscalía de Estado y el presidente de la comuna de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Ante las objeciones, los vocales del STJ confirmaron la orden de anular la resolución 1.099.

El dictamen del STJ fue argumentado por Giorgio, adhirió Carlomagno, y Medina no se expidió dejando constancia que ya existía mayoría.

Sopesando los argumentos, Giorgio refirió a que “el sentenciante afirmó que no se realizaron los estudios correspondientes y los que fueron presentados, además de insuficientes son viejos y no sirven de fundamentos actuales dado lo cambiante del medio ambiente”, por lo que le permite “llegar a la conclusión que la resolución (1.099) resulta arbitraria y violatoria de la normativa provincial, nacional e internacional”.

Por otra parte, rechazaron las observaciones de quienes apelaron, al señalar el “cambio de paradigma que el derecho ambiental supone” en búsqueda de “prevenir el daño al medio ambiente”. Ratificando que “la urgencia y los derechos en juego justifican la vía escogida”.

Histórico

“Muy contentos y emocionados por este fallo. Este fallo marca un hito, es histórico y no tiene antecedentes en la historia de la conservación en Entre Ríos y probablemente no lo tenga a nivel nacional. Por eso es la alegría, porque es un gran avance y va a tener implicancias, porque ahora este fallo quedó firme con esta decisión del STJ, y porque esto sienta precedentes para futuros conflictos”, valoró una vez conocida la noticia Gabriel Bonomi.

El integrante de Ceydas dijo que sobre el fallo se destaca “que hay un cambio de paradigma muy grande en la sociedad en donde rechaza y repudia este tipo de prácticas tan crueles, violentas, anacrónicas e irresponsable como la caza. El repudio fue masivo, no fue ocurrencia de un juez o de los ambientalistas, fue toda una sociedad que se pronunció en contra de esta irresponsable resolución de la Dirección de Recursos Naturales. Creo realmente que se hizo justicia”, afirmó el ambientalista.

Bonomi agregó que “lo bueno también de este proceso judicial es que desnudó muchas irregularidades que se comenten por un lado desde los cotos de caza, que son los grandes beneficiarios de estas irregularidades, el sistema de privilegios que le otorga la Provincia a estos cotos de caza. Esto dicho por el propio funcionario que habilitaba los cotos. Y por otro la poca seriedad y poco profesionalismo con el que el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, específicamente el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Social a cargo de Juan José Bahillo, toman las cuestiones ambientales en la provincia de Entre Ríos”.

Por último, y de aquí en adelante, Bonomi planteó que “luego de este gran paso, gran logro, lo que hay que hacer es generar instancias de diálogo, de debate y de construcción participativa en los cuales se decidan acciones sobre estas temáticas, si seguir o no con esto, aunque está claro que la sociedad rechaza la caza de especies autóctonas. Hay muchos intereses económicos de los cotos de caza que generan la presión al Gobierno para que se habilite año a año esta matanza cruel de animales autóctonos, pero creo que esto cambió, es rotundo, y el gobierno debe atender estos cambios, no puede darle la espalda al pueblo que representa. No puede esquivar el debate como hizo hasta ahora, y esto es lo que hay que apuntar de aquí en adelante. El cambio se da desde los hechos y la Justicia se fortalece desde el mandato social de los ciudadanos. Para tener una sociedad más justa los gobiernos de turno deben atender los reclamos de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La justicia Admitió parcialmente la demanda y resolvió ANULAR la Resolución 1099/22 del 11/mayo/22 de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos; en su artículo 2 en tanto habilita la caza para el presente año de las especies autóctonas:

Pato Picazo (Netta peposaca),

Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata),

Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor),

Pato Capuchino (Anas versicolor) y

Perdiz Chica (Nothura maculosa),

y artículo 3 en lo referente a ellas, por falta de estudios y razones que lo justifiquen incurriendo conforme se expresa en los considerando en ilegalidad al contraponerse con las Ley Provincial N° 4841 y las Nacionales N° 22421 y N°25675, e inconstitucionalidad e inconvencionalidad en tanto contraviene la Constitución Nacional -art.41- y Provincial -art.22- y las Convenciones y Acuerdo Internacionales (Ramsar, Bonn y Río, Escazú); quedando prohibida por este año en toda la Provincia la actividad cinegética en relación a estas especies todo CON EFECTO INMEDIATO -art. 15 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

La resolución judicial:

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Sin ningún tipo de control, cazadores yanquis se encuentran depredando la fauna autóctona entrerriana ya que no solo cazan patos sino todo lo que pase volando por delante de ellos.

A diferencia de cazadores locales, de provincias vecinas que viene a cazar perdices o palomas y respetan el ecosistema natural nacional, estas personas, traídas por empresas de “turismo Aventura” pagan por día para venir a cazar patos ya que mundialmente es una de las mejores zonas para ese “deporte” y las empresas que lo organizan ni siquiera pagan impuestos por esta actividad ya que ni siquiera esta regulada.

Las misma empresas crean sebaderos para atraer la mayor cantidad de aves al sector de caza.

Para los cazadores locales, amateurs, es una actividad costosa ya que una caja de 25 cartuchos cuesta $3000 pero para los yanquis eso no es nada y, por testigos de la zona, disparan miles de balas por día.

El mayor problema aquí es la falta de regulación, la falta de control, la falta de protocolos y estudios de la fauna autóctona.

Ni siquiera hay protocolos para los invasores exóticos como jabalíes, ciervos axis y ciervos colorados, no se planea castración de estas especies, pero si se permite la matanza de aves que con la sequía del río Paraná han ido en disminución y no hay ningún estudio sobre la existencia de animales autóctonos desde antes de la pandemia.

Estamos ante una de las peores gestiones de recursos naturales desde la creación de la ley por los años 70 y la falta de control y precisamente de recursos, es nula.

Fuente: Paraná hacia el Mundo PHM

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La resolución Nº 1099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó desde el 14 de mayo pasado y hasta el 15 de agosto la caza de seis especies –cinco de ellas autóctonas- lo que provocó una ola de críticas y repudios de gran parte de la sociedad. Por su parte, El diputado provincial Manuel Troncoso (PRO), ingresó el pasado 30 de mayo a la cámara baja un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo Provincial que se derogue la polémica medida.

La medida de amparo apunta a que se declarare nula la resolución Nº 1099 y se fundamenta en la falta de estudios adecuados de las poblaciones de las especies habilitadas y de la presión de caza, en la carencia de un registro de cazadores y en la incapacidad para fiscalizar por parte del Gobierno Provincial, entre otras falencias; como así también la importancia de la consideración de estas especies como Sujetos de Derechos.

La acción de amparo fue presentada esta mañana en la Cámara Civil, Sala 3ra del Tribunal de Justicia de Paraná por parte de las siguientes organizaciones: CEYDAS Ong (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Foro Ecologista de Paraná Ong, Conciencia Animal Ong, CAASER Ong (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos) y AJAM Ong (Asociación Civil por la Justicia ambiental) en conjunto con las abogadas Dras. Aldana Sasia y Cecilia Domínguez.

Otro de los aspectos importantes que cuestionan las organizaciones es que cuatro de las especies que el Gobierno Provincial habilitó para la caza son aves migratorias, hecho que implica un “recurso compartido” entre varias provincias y países por lo que Entre Ríos no puede tomar una decisión unilateral sobre ellos.

Fuente: Facebook Ceydas

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Una vez conocida la apertura a la temporada de caza se alzaron airadas críticas de distintas organizaciones sociales, políticas y ambientales que apuntaron a que no había estudios para sostener tal decisión en el marco de una situación delicada de la fauna producto de la sequía. También hubo un escrache contra los funcionarios a cargo de Recursos Naturales y el director de la dependencia, Mariano Farall, defendió la disposición diciendo que para la misma se tomó a partir de un monitoreo sobre gripe aviar.

El proyecto para solicitar se derogue la resolución Nº 1.099 de la Dirección de Recursos Naturales provincial que establece la “necesidad de habilitar la Temporada de Caza Deportiva Menor para el año 2022” se estaría presentando entre lunes y martes, confirmaron desde el bloque del diputado Manuel Troncoso (PRO). Por estas horas está siendo evaluada por el resto de pares de bancadas a donde fue girada para sumar adhesiones, se indicó. En los considerandos se indica que la solicitud “tiene como objeto proteger la fauna autóctona de nuestra provincia y a la vez generar conciencia respecto de su importancia y el peligro al que se encuentra expuesta. En este sentido es importante destacar que la fauna de nuestra provincia se vio afectada por innumerables focos de incendio que azotaron nuestro territorio agravándose dicha situación a causa de un extenso periodo de sequía”.

La medida, que permite abatir liebres, perdices y patos de tipo Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Capuhino, entre el 15 de agosto en determinados zonas, contempla en gran parte a especies nativas, por lo cual “va a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo donde la tendencia es limitar cada vez más la caza de fauna autóctona debido a la alarmante disminución de las poblaciones y la extinción de especies”, agrega en los fundamentos Troncoso, tomando parte de los argumentos de las entidades estudiosas de la naturaleza. Es así que el legislador que la Cámara Baja apruebe el pedido para “solicitar al Poder Ejecutivo que intervenga ante la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia e instrumente las gestiones necesarias tendientes a dejar sin efecto la Resolución 1099/22”.

Con info de Era Verde

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