Sábado 22 Noviembre 2025

La República Argentina no acompañó el documento final circulado durante la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo.

Esta decisión argentina responde al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto.

Para la Argentina resulta esencial preservar la regla del consenso como fundamento de la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco del G20.

La República Argentina no acompañó el documento final circulado durante la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo

📎 https://t.co/sAvi0OtyCy pic.twitter.com/uyW1L8H2gZ

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 22, 2025

En tal sentido, y tras varios días de negociaciones constructivas, nuestro país lamenta que se haya decidido considerar como aprobada una declaración sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros.

Esta decisión omite una norma central del G20, organización cuyo mandato principal es la coordinación global de acciones y políticas orientadas a la estabilidad financiera y el crecimiento económico, siempre sobre la base del consenso.

Asimismo, en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la Argentina se diferencia del enfoque parcial reflejado en el documento, que omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado.

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Traducido de Life Site News por TierraPura

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo a las Naciones Unidas que Estados Unidos no apoyará las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promuevan el aborto y la ideología de género radical. 

Kennedy pronunció un poderoso mensaje sobre la crisis mundial de enfermedades crónicas, defendió la soberanía nacional de Estados Unidos y expuso el intento culpable de la ONU de crear consenso.   

En una reunión de las Naciones Unidas sobre la prevención y la lucha contra las enfermedades crónicas, Kennedy dijo que Estados Unidos rechazaría una declaración propuesta por la ONU porque ha excedido su papel. 

RFK Jr. just walked into the UN and SHREDDED its “oppressive” declaration on non-communicable disease.

“The WHO cannot claim credibility or leadership until it undergoes radical reform.”

“The declaration is filled with controversy.”

Kennedy slammed “provisions about everything… pic.twitter.com/Dmbsj9GmLJ

— Holden Culotta (@Holden_Culotta) September 25, 2025

Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que se una y combata este flagelo. No podemos derrotar la epidemia solos, pero el enfoque de la ONU está mal encaminado. Intenta demasiado poco y demasiado a la vez, afirmó Kennedy.

La declaración «excede el papel que le corresponde a la ONU al ignorar los problemas de salud más urgentes», declaró Kennedy. «Por eso Estados Unidos la rechazará». 

«No podemos aceptar un lenguaje que impulse una ideología de género destructiva», explicó el principal funcionario de salud de la administración Trump. «Tampoco podemos aceptar las reivindicaciones de un derecho constitucional o internacional al aborto».

«La OMS no puede reivindicar su credibilidad ni su liderazgo hasta que lleve a cabo una reforma radical», afirmó RFK Jr., quien calificó la declaración de la ONU de naturaleza «política». 

«La declaración está llena de controversia, con disposiciones que abarcan desde impuestos hasta la gestión opresiva de las enfermedades transmisibles por parte de organismos internacionales», dijo RFK Jr. «Estados Unidos se alejará de la declaración, pero nunca nos alejaremos del mundo ni de nuestro compromiso de erradicar las enfermedades crónicas».

Los Estados miembros decidieron a principios de este año que esta reunión debía aprobar una declaración por consenso con antelación para garantizar que no se viera empañada por la controversia. Sin embargo, la declaración está llena de controversias —dijo—. El proyecto de declaración que nos ocupa hoy no debería haberse incluido en el orden del día.

Esta extraordinaria declaración —que básicamente declara ilegítimo todo el proceso de la ONU— representa un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Un secretario del Gabinete de EE. UU. compareció ante el organismo mundial y rechazó no solo disposiciones específicas, sino la premisa fundamental de que la ONU tiene la autoridad para imponer mandatos sanitarios a naciones soberanas —observó Douglas Sayer Ji en su Substack—. 

Las implicaciones van mucho más allá de la política sanitaria. La postura de Kennedy indica que Estados Unidos ya no subordinará su Constitución, sus procesos democráticos ni los derechos de sus ciudadanos a organismos internacionales no electos, independientemente del lenguaje humanitario utilizado para justificar dicha subordinación.

En un mensaje de video separado publicado en las redes sociales, Kennedy fue aún más directo en sus comentarios.  

«Una política global sólida debe respetar a las familias, las culturas y las comunidades. Debe ser práctica, rentable e impulsada localmente», explicó Kennedy. 

Más específicamente, no podemos aceptar un lenguaje que impulse una ideología de género radical. Creemos en la realidad biológica del sexo. Las mujeres merecen dignidad, seguridad y espacios exclusivos para mujeres, argumentó.

«No podemos aceptar las reivindicaciones de un derecho constitucional o internacional al aborto. Como ha dicho el presidente Trump, ‘los burócratas globales no tienen ningún derecho a atacar la soberanía de las naciones que desean proteger la vida de los inocentes’», declaró Kennedy.

«Tampoco podemos cederle autoridad a la Organización Mundial de la Salud», declaró Kennedy. «El fracaso de la OMS durante la COVID-19 costó al mundo un tiempo valioso e innumerables vidas. Hasta que la OMS no lleve a cabo una reforma significativa, no podrá reivindicar su credibilidad ni su liderazgo».  

The United States objects to the United Nations Political Declaration on Non-Communicable Diseases.

We will walk away from the Declaration, but we will never walk away from the world—or our commitment to end chronic disease.

We stand ready to lead, to partner, and to innovate… pic.twitter.com/ZVu0bdO8pi

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) September 25, 2025

Fuente: Tierrapura

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Uspallata vuelve a decir NO al proyecto minero San Jorge y desnuda el costo humano y ambiental de la minería.

La minera San Jorge vuelve a la carga. Más de una década después de que la Legislatura de Mendoza rechazara su instalación por los riesgos ambientales y sociales, la empresa busca nuevamente explotar cobre a cielo abierto en Uspallata. Pero el pueblo no olvida: ya dijo NO una vez, y hoy, vecinos, asambleas y organizaciones se exponen, cara a cara, para defender el agua, la salud y la vida.

Escuchá la nota completa a Aníbal Guiser Gleyser y Marcela Witt, en “El Despertador”

En la reciente audiencia pública, las voces de Aníbal Guiser Gleyzer y Marcela Witt pusieron palabras precisas a la preocupación colectiva. Guiser Gleyzer propuso medir el tiempo de exposición no en minutos, sino en litros de agua pura. Según el propio estudio de impacto ambiental de la minera, la planta consumiría 141 litros por segundo del arroyo El Tigre. En cinco minutos —el tiempo de un orador— se perderían 42.300 litros de agua cristalina, equivalente a 40 mil dólares si se embotellara. “Esa agua es patrimonio de todos. No somos conscientes del valor real de lo que nos da la naturaleza”, señaló.

Pero el problema no es solo cuánta agua se usa, sino en qué se convierte. Witt, bioquímica, explicó que el proceso de extracción requiere añadir productos químicos peligrosos. Aunque el proyecto no incluya cianuro o ácido sulfúrico, usará ANFO (nitrato de amonio con combustible) para fracturar la roca, liberando partículas que se dispersan por el aire, el suelo y el agua. El contacto con estos contaminantes —por inhalación, ingestión o a través de la piel— sumados a otros productos químicos que utiliza la minería para extraer el cobre, se advierten en emprendimientos similares, un significativo aumento de enfermedades y riesgos severos , entre ellos:

• Metahemoglobinemia: dificulta que la sangre transporte oxígeno, provocando falta de aire, fatiga extrema y riesgo de daño cerebral.
• Enfermedades respiratorias crónicas: asma, bronquitis, deterioro pulmonar.
• Trastornos neurológicos: pérdida de memoria, dificultades cognitivas, temblores.
• Enfermedades metabólicas y autoinmunes: hipotiroidismo, diabetes tipo 2, artritis autoinmune.
• Afecciones musculares y nerviosas: debilidad generalizada, calambres persistentes.
• Irritación ocular grave y lesiones cutáneas.

Estos impactos no solo afectan a quienes trabajan en la mina, sino a toda la población que comparte la cuenca hídrica: cultivos, ganado, fauna silvestre y, en consecuencia, la economía regional.

La resistencia en Uspallata no es un capricho, es memoria y supervivencia. El pueblo ya rechazó el proyecto una vez, porque entendió que en Mendoza el agua no sobra y que la agricultura, la vitivinicultura y la vida misma dependen de su calidad. Hoy, las comunidades vuelven a organizarse en asambleas, caravanas y redes de apoyo para frenar esta segunda embestida. Saben que una vez contaminada, el agua no vuelve a ser la misma, y que las promesas de “progreso” conllevan costos que no figuran en ninguna planilla: enfermedades, muertes prematuras, pérdida de biodiversidad y un paisaje irreversiblemente dañado.

Enlaces relacionados

• Proyecto Minero San Jorge
• Mina San Jorge audiencia pública
• Uspallata vecinos resisten

El “reloj de agua” que plantea Guiser Gleyzer es un recordatorio vivo: cada segundo de operación minera son litros de agua que dejan de ser vida para convertirse en residuo tóxico. En un planeta donde se puede vivir sin cobre pero no sin agua, la pregunta vuelve a resonar en las calles de Uspallata: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un negocio que deja agujeros en la tierra… y en la salud de su gente?

FM del Este 100.5

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En un gesto de osadía, Sturzenegger se metió sin que lo llamen en el plan que teje el Gobierno para negociar con los gobernadores. La irreverencia es que lo hizo públicamente, por TV: le recomendó a Javier Milei que no vete la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, y que utilice ese proyecto como moneda de cambio para sumar voluntades en el Congreso.

“Si el Presidente me consulta, yo le diría (que a) esta no la vete”, lanzó el ministro durante una entrevista por un canal oficialista, en referencia a la ley que automatiza la entrega de los fondos que Nación le debe girar a las provincias y que le pone fin a la discrecionalidad que el Gobierno hace de ese reparto.

No obstante, desde Gobierno se apuraron a aclarar que Milei vetará todos los proyectos de ley votados la semana pasada en Senado, aunaquellos que tienen un alto consenso político en la oposición, como la mayor distribución del régimen de los ATN y del impuesto a los combustibles, impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Desde Casa Rosada aseguran que el presidente vetará cada una de las iniciativas de los gobernadores y calificaron a los dichos del ministro desregulador como una chicana a los mandatarios provinciales.

Cuál era la idea de Sturzenegger

El proyecto de los ATN y el que hace coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos son las dos iniciativas que todos los gobernadores introdujeron en el paquete de leyes que el Congreso sancionó la semana pasada y sobre el cual Milei hace pesar la espada de Damocles de su veto.

Ambos fueron parte de la presión que las provincias ejercieron sobre la administración de La Libertad Avanza (LLA) tras las promesas incumplidas de Milei, la profundización del ajuste y la falta de diálogo.

Los mandatarios provinciales acordaron ambos temas en las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires, previas al tratamiento en el Congreso del aumento a las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, impulsados por la oposición.

“Desde la Constitución del ‘94, hay mucha discusión sobre si la coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si esa ley se cambia, se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique (…) Pero el Senado acaba de validar que la Ley de Coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, analizó Sturzenegger en LN+.

Por eso, agregó, “si el Presidente me consulta, yo le diría ‘esta no la vete’”. En otras palabras, la jugada que el ministro de Desregulación propuso públicamente es que con la billetera de los ATN se pueda convencer a los gobernadores de que no le pongan trabas al veto presidencial que haría caer a todos los demás proyectos. O sea que, para algunas cosas, plata hay.

La Casa Rosada se apresta a reabrir el diálogo con los gobernadores, en pos de que nbo se vea alterado el supuesto equilibrio fiscal.

El oficialismo necesita juntar 86 legisladores para que la oposición no logre los dos tercios que derrumbaría en el veto. Y según sugirió Sturzenegger, podría lograrlos si cede en vetar la ley de automatización de los ATN y deja a las provincias con más y nuevos fondos frescos para sanear los duros golpes que le asestó el gobierno nacional a lo largo de su año y medio de motosierra.

Por otra parte, el ajedrez que propuso el ministro de Desregulación prevé un enroque: si cambian las piezas, cambian las posiciones para su acción. Para el caso, la aprobación de la redistribución de los ATN “cambia toda la discusión del federalismo”, dijo.

En su interpretación del tablero, si el Senado cambió la ley de reparto de ATN, sacó la discrecionalidad del Gobierno pero también le abrió la puerta a una eventual variación de lo que reciben las provincias “chicas” en función de las “grandes”.

Por ejemplo “los recursos que Formosa tenía blindado y que no se podían tocar si la legislatura provincial no lo aprobaba”, ahora lo podrían modificarse desde el Congreso nacional”, ejemplificó.

Fuente: Página 12

La entrada El gobierno rechazó la idea de Sturzenegger para no vetar un proyecto aprobado en el Senado se publicó primero en FM del este 100.5.

En un contexto donde se reclama mayor transparencia, equidad y participación ciudadana en la justicia, la Cámara de Diputados de Entre Ríos discute una reforma que podría significar un retroceso histórico: reducir el alcance de la Ley 10.746 que regula el juicio por jurados en la provincia. Diversas organizaciones jurídicas y sociales han manifestado su profundo rechazo a esta iniciativa, señalando que la misma es inconstitucional, innecesaria y profundamente antidemocrática.

El juicio por jurados: una institución constitucional clave

La Constitución Nacional menciona en tres artículos (24, 75 inc. 12 y 118) la obligación de implementar juicios por jurados como forma de administración de justicia penal. Esta institución no solo es un derecho del pueblo a participar en las decisiones judiciales más trascendentes —como lo es privar a una persona de su libertad—, sino que también constituye un mecanismo de control ciudadano sobre el poder judicial.

En palabras del fallo “Canales” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el jurado popular es el “juez más natural entre los naturales”, cuya intervención no puede ser eliminada ni restringida una vez activado el mandato constitucional.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto en debate busca limitar los casos en los que debe intervenir un jurado popular, devolviendo la decisión a jueces técnicos. Esto no solo concentra el poder de juzgar en una élite judicial, sino que también disminuye el involucramiento de la sociedad en la administración de justicia. De aprobarse, Entre Ríos sería la primera provincia del país en restringir esta herramienta, mientras que en el resto del país otras jurisdicciones, como Mendoza, Chaco y Río Negro, avanzan en su expansión.

Argumentos en contra de la reforma

El dossier legislativo elaborado por el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en colaboración con otras entidades como la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y VIDA-ER, desmonta los principales argumentos a favor de la reforma:

• El juicio por jurados no es costoso: representa apenas el 0,3% del presupuesto total del Poder Judicial de Entre Ríos.
• No hay saturación del sistema: los jueces dedican menos de una hora diaria a audiencias, y más del 50% de los casos penales se resuelven mediante juicios abreviados.
• No existe un colapso de juicios pendientes que justifique restringir derechos constitucionales.
• No hay consenso en el ámbito académico ni entre profesionales del derecho, que coinciden en que esta reforma atenta contra garantías básicas y genera inseguridad jurídica.

Un comunicado con fuerte rechazo

El 5 de junio de 2025, varias organizaciones emitieron un comunicado conjunto de repudio a la aprobación en comisión del proyecto. En el documento, advierten que esta medida no solo carece de sustento legal y académico, sino que abre la puerta a una judicialización masiva por inconstitucionalidad, lo que generaría demoras, litigios y mayores costos en el sistema judicial.

El comunicado subraya que esta reforma “pretende irregularmente dar poder a una justicia clasista, cada vez más deslegitimada ante la sociedad”, y exhorta a los legisladores entrerrianos a rechazar la modificación.

Más participación, más justicia

El juicio por jurados es una herramienta que fortalece la democracia, refuerza la imparcialidad y promueve una justicia más accesible y transparente. El intento de reducir su alcance no solo contradice el mandato constitucional, sino que empobrece la calidad del sistema judicial entrerriano y nacional.

En tiempos donde la ciudadanía exige ser escuchada y formar parte de las decisiones que afectan su vida, debilitar los juicios por jurado es un paso en la dirección opuesta. La democracia no solo se defiende en las urnas, también se sostiene en los tribunales, y allí el pueblo tiene derecho a estar presente.

Dossier legislativo

Comunicado

Organizaciones que participaron en el rechazo a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, según el comunicado fechado el 5 de junio de 2025:

1. Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos
2. Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER)
3. Asociación de Pensamiento Penal
4. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
5. Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ)

Estas organizaciones expresaron públicamente su profundo rechazo a la reforma y destacaron su carácter ilegítimo, inconstitucional y regresivo. Además, remarcaron el consenso técnico y profesional en contra de la modificación.

FM del Este 100.5

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Daniela Romero

Redactora de Economía y Política

El Senado rechazó Ficha Limpia, el proyecto de ley que iba a imposibilitar una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner y de todo aquel que tenga una condena en segunda instancia por haber cometido un delito de corrupción. Aunque el panorama avecinaba una sanción, durante la semana crecieron sospechas sobre la intención del Gobierno de que finalmente se aprobara y dos senadores que estaban en la mira terminaron por inclinar la balanza en contra.

La clave del resultado fueron los votos de los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, que se sumaron a las luces rojas del peronismo. “Media hora antes decían que votaban a favor”, se quejaban, sorprendidos, en el Congreso. El proyecto finalmente consiguió 36 votos afirmativos y 35 en contra, con la ausencia de Daniel Bensusán (PJ). 

Al tratarse de un proyecto electoral, necesitaban 37 votos afirmativos (la mayoría absoluta del total de los miembros), la ley quedó a un voto de conseguir su sanción. Con este rechazo, el proyecto perdió la aprobación de la Cámara de Diputados y podrá volver a tratarse recién el año que viene, desde cero.

LAMENTABLE.
Fin. pic.twitter.com/YmFUmdJZAn

— Javier Milei (@JMilei) May 8, 2025

En la previa, nadie ponía las manos en el fuego. Aunque en la Casa Rosada ayer se habían llevado la confirmación en persona del jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, de que los votos a favor serían 38 entre LLA, el PRO, la UCR y los partidos provinciales -dentro de los cuales contaban con los dos votos de los misioneros-, otros por lo bajo confesaban que la sesión era un piletazo. 

Del otro lado de la vereda iban a estar los 34 peronistas atrincherados en contra: de eso sí no había dudas.

Aunque el resultado sorprendió, los misioneros eran considerado senadores “resbaladizos” -así lo definió un oficialista hace unas semanas atrás- que, si bien garantizaban su presencia, no habían grabado en piedra su voto a favor: según algunas versiones que circularon en la previa de la sesión, sospechaban que podrían servirle de chivo expiatorio al Gobierno para sabotear nuevamente la convocatoria sin quedar expuestos. 

“No salió de acá esto”, aseguró una fuente cercana a los interlocutores de Casa Rosada en diálogo con este medio. “Esto es obra del Gobierno”, apuntaron desde el radicalismo.

pic.twitter.com/jhyNQ3MLim

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 8, 2025

Tal como contó El Cronista, los bloques “dialoguistas” que están a favor de Ficha Limpia cuestionaban la voluntad del oficialismo y durante los últimos días denunciaron “operaciones” de los libertarios para voltear la sesión de hoy. Mientras que en La Libertad Avanza le adjudican el volantazo de los misioneros a operaciones del kirchnerismo, los demás bloques ya comenzaron a denunciar otra vez un “pacto” entre Milei y el kirchnerismo. 

Aludieron, por caso, a la llamativa catarata de tuits desde cuentas libertarias en los minutos siguientes al desenlace en el Senado bajo la premisa “libertad o kirchnerismo”. 

El tironeo partidario y las acusaciones

Tras años de intentos fallidos de avanzar con esta iniciativa desde el PRO, el proyecto lo terminó abanderando el presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Esto no fue sino después de que el bloque libertario colaborara en dos oportunidades para boicotear la aprobación en Diputados, a fines del año pasado. El volantazo lo dieron tras una serie de escraches -de los que participó el PRO- que denunciaron un acuerdo de complicidad del Gobierno para garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner.

Si bien los libertarios nunca se pronunciaron públicamente en contra de Ficha Limpia, no faltaron cuestionamientos: la principal crítica tuvo que ver con que la ley daría el poder a los jueces de especular en torno a los armados electorales para dictar fallos. De hecho, el peronismo hizo hincapié en ese aspecto durante todo el debate e incluso, reflotaron el escándalo de LIBRA que involucra al Presidente para poner sobre la mesa que el sistema judicial podría perjudicar también a Milei.

“¿Ustedes se creen que la gente es estúpida, que no sabe lo que está pasando acá?”, lanzó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, “¿que creen que Macri puede auspiciar Ficha Limpia, que Ritondo, que no puede justificar 87 propiedades, puede hacerlo?”, continuó en su discurso final. 

A sabiendas de que no iban a tener los votos para impulsarlo, pidieron mociones para interpelar a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Al tratarse de un pedido sobre tablas -sin tratamiento en comisión-, necesitaba dos tercios para habilitarlo y no llegaron. “Los que quieren discutir Ficha Limpia son los que no quieren discutir el Caso LIBRA”, sentenció el formoseño.

En el @SenadoArgentina no quieren que los funcionarios de Milei den explicaciones de la estafa #LIBRA.

Los argentinos no vamos a saber con quiénes se reunió Karina Milei ni Toto Caputo.

Ya nadie tiene dudas: “Ficha Limpia” es para proscribir inocentes. pic.twitter.com/SejyjfoTAn

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) May 7, 2025

La influencia del macrismo en la Justicia no fue algo que pasó por alto en la Casa Rosada: en un afán de “corregir” ese punto, la versión del Ejecutivo -que fue trabajada en conjunto con la diputada Silvia Lospennato, principal impulsora del proyecto- establecía que la condena de la Cámara no pueda ser dictada en año electoral para que aplique la exclusión del condenado. Esa cláusula de Petri finalmente quedó descartada, puesto que generaba el efecto contrario.

A la polarización útil de Milei con Cristina y a la preocupación de que los jueces tengan la lapicera de las listas, se sumó un componente de coyuntura: la elección por la Legislatura porteña. Muchos interpretan que la sanción de Ficha Limpia favorecería la campaña de Lospennato, en la que compite contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que por eso le sería preferible al Gobierno esperar hasta después del 18 de mayo para ir a sesión. Algunos senadores directamente acusaron a Atauche de haberlo propuesto en una reunión de Labor Parlamentaria.

“Ficha Limpia la impulsé yo. Estuvieron más de 7 años sin sacarlo y el proyecto aprobado de Ficha Limpia es el mío”, marcó el propio Presidente en una entrevista que dio este lunes en Neura. “En la Argentina que soñamos a nadie le importa discutir la paternidad de los proyectos porque Ficha Limpia será de todos los argentinos”, había apuntado horas antes Lospennato en X.

En declaraciones al programa “La mañana de CNN” por CNN Radio, Atauche refrendó la autoría oficialista del proyecto y subrayó que creen tener los votos para aprobarlo. “No nos importa eso (la lectura de una ley que favorece a Lospennato). Eso es puro aprovechamiento político de una ley que nosotros hemos apoyado desde el comienzo y que hace a nuestra propuesta de campaña y como partido de mejorar la calidad institucional”, indicó. 

En definitiva, todas las versiones que circularon generaron un ambiente caldeado y el peronismo, que asomaba ser el principal obstáculo para su aprobación en el Senado, terminó siendo el menor de los problemas: de hecho, los libertarios desgastaron la carta de Ficha Limpia para intentar presionarlos por la sesión de los jueces de la Corte y no funcionó. Fueron, en cambio, los propios “aliados” los que se apuntan entre sí.

Los senadores de Misiones, de Carlos Rovira, claves en el resultado

Los votos anunciados de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano terminaron por poner el acelerador para avanzar hacia el recinto, pero la lupa estaba puesta en particular sobre el bloque de misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al líder Carlos Rovira.

¿Por qué? En Diputados, los misioneros votaron a favor de Ficha Limpia, pero tenían una iniciativa propia para incorporar delitos informáticos -“Ficha Limpia Digital”. Eso los convertía en el target ideal para lo que sería la versión predominante durante las últimas horas: apuntar a aprobar el proyecto pero con modificaciones (incluyendo más delitos) para que regrese a Diputados y se dilate su sanción hasta después de las elecciones porteñas. 

Sin consenso para lograrlo, la estrategia quedó descartada y la votación tanto general como particular se realizó en un tiro. “Si hay que modificarla, la estudiamos, la modificamos, pero alguna vez tenemos que empezar a caminar y no dar vueltas. Creo que podría haberse mejorado mucho y faltan figuras penales. Narcotráfico, delitos sexuales, y otras cuestiones más”, admitió el senador oficialista, Juan Carlos Pagotto. En ese sentido, el santacruceño Carambia adhirió y dijo que también tenía un proyecto para ampliar la cantidad de delitos más adelante.

“El discurso que tienen es psicopático. Reconocen que es una ley horrible”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. “Reconocen que el proyecto es malo y que van a votar por la presión mediática”, se quejó también, en esa línea, el senador Eduardo “Wado” de Pedro. El peronismo, que resistió todo el debate denunciando la proscripción de Cristina Kirchner, proponía mantener el requerimiento de condena firme y, también, ampliar la cantidad de delitos.

“No quiero que vaya al recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta 2026. Entonces, tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia”, había alertado Milei en su entrevista del lunes, pero la presión de la política no permitía seguir posponiendo la definición. De hecho, el oficialismo ya había suspendido dos veces la sesión en el Senado, por miedo a quedar expuestos a más derrotas.

A los operadores mediáticos y a la casta: mañana se votarán varias cuestiones, entre ellas Ficha Limpia. La Constitución Nacional es bien clara, art 77: “… Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 6, 2025

La propia vicepresidente Victoria Villarruel empezó a atajarse en la noche del martes, frente a un posible fracaso: “Los proyectos de ley que modifiquen al régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros. Es decir, solo votan los senadores, yo no estoy habilitada para votar ni desempatar. Agradecería ser exactos y no esgrimir argumentos que confunden y evitan que todos veamos el Principio de Revelación”, lanzó vía X. La aclaración da lugar porque en Balcarce 50 nunca dudan en responsabilizarla ante los reveses del Senado.

Fuente: El Cronista

La entrada El Senado rechazó Ficha Limpia y los chorros podrían ser candidatos: la clave de la votación se publicó primero en FM del este 100.5.

La decisión de primera instancia, que podría ser apelada, rechazó dictar una medida cautelar para permitir a la Sindicatura General de la Nación acceder a documentación contable de la UBA para comenzar a revisar sus cuentas mientras se desarrolla la causa judicial.

El magistrado resolvió “diferir para el momento del dictado de la sentencia de mérito el tratamiento del planteo de incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de la Universidad de Buenos Aires” y “desestimar la medida precautoria peticionada por la SIGEN”.

Para el juez no hay peligro de demora ni de pérdida de documentación que justifique una medida cautelar previa a la sentencia.

“La UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos” y “cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN “se extravíe o se altere”, concluyó el magistrado.

Tanto “la fundamentación de las pretensiones de fondo como la de las medidas cautelares solicitadas se sustenta en idéntica argumentación, a fin de postular una definición en punto al eje de la controversia, según el propio interés: la competencia o incompetencia de la SIGEN para efectuar control interno en el ámbito de la UBA”, remarcó.

Ante ello “no resultan viables las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo cuando —como en el caso— se pretende imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad fáctica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar”, agregó.

La demanda se inició con un planteo de la UBA para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 en base al cual el Gobierno justificó su decisión que habilitar a la SIGEN a auditar esa casa de estudios que recibe fondos estatales.

En ese marco reclamó la incompetencia del organismo para “ejercer el control interno de la universidad; todo ello por resultar incompatible con la autonomía universitaria, así como los derechos y garantías, reconocidos por la Constitución Nacional”.

 La SIGEN, por su parte, había pedido una medida cautelar para poder comenzar a analizar la documentación ante riesgo de paso del tiempo o pérdida de evidencia, algo que fue ahora rechazado.

Fuente: La Prensa

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La Cámara de Casación Penal rechazó las recusaciones de dos de sus integrantes, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, planteadas por los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, en el marco del interminable pleito para definir el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se les aplique a tres de los condenados en el magajuicio medidas coercitivas de la libertad.

Urribarri fue condenado en 2022 a 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y seis meses. En abril último, y luego de la confirmación de esas penas por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Urribarri y Aguilera, y cárcel a Báez.

Además, Casación fijó audiencia para el jueves 31, a las 9,30, para tratar el pedido del Ministerio Público Fiscal de aplicar prisiones a los condenados.

El 5 de septiembre pasado, y luego de un largo proceso de recusaciones y excusaciones de magistrados, el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón dispuso, por mayoría, rechazar el pedido fiscal. Ante esa resolución, el Ministerio Público Fiscal acudió con un recurso de casación, que fue admitido el 11 del mes último. Pero llegado el expediente a Casación, los defensores de Urribarri recusaron a dos juezas, Marcela Badano -con el argumento de que es pareja del Procurador General Jorge García, y así superior máximo de los acusadores que plantearon el pedido de condena de Urribarri- y de María Evangelina Bruzzo, integrante de la Casación de Concordia, esposa del extitular del Instituto Portuario e involucrado en una gravísimo accidente en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, Juan Enrique Ruiz Orrico. El reproche que hicieron sobre Bruzzo se relacionarían con «supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena» a Urribarri.

El tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, rechazó los planteos con el argumento de que ya habían sido resueltos con anterioridad.

“En relación a ambos planteos -dice una resolución que se conoció este lunes 21- no puede obviarse que los mismos ya fueron efectuados en esta misma causa, por la entonces Defensa Técnica del mismo imputado ahora presentante; los mismos, impreso el trámite correspondiente, fueron resueltos por Tribunales integrados al efecto, y no fueron objeto de impugnación recursiva por parte de los entonces recusantes». Recuerda al respecto Casación que en relación a Badano, mediante resolución N°154 de fecha 22/09/2022 se resolvió rechazar el planteo recusatorio formulado a su respecto; y en relación a la Dra. Bruzzo, se resolvió de igual manera, mediante resolución N°32 del 11/03/2023”.

“Con posterioridad a dichas resoluciones, el Tribunal finalmente integrado por las suscriptas, por sentencia N°85 del 31 de mayo de 2023 dictó sentencia casatoria, rechazando los Recursos de Casación interpuestos contra la sentencia de fecha 07/04/2022 dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmando la misma (con excepción de un punto, relativo al embargo respecto del imputado Pedro Báez). Por ello, no puede ahora reeditarse un planteo ya formulado y resuelto”, agregó.

“La burda reiteración literal de los escritos, se advierte en la notoria falta de actualidad de varios pasajes del escrito actual, que hace referencia, por ejemplo, a supuestas consecuencias de `la eventual confirmación de una condena al dos veces ex gobernador`, mención que tenía sentido en la recusación previa a la sentencia casatoria, pero no ahora, que dicha sentencia ya fue dictada hace más de un año, y no siendo el objeto de la presente la confirmación o no de la condena; como asimismo, con mayor claridad aún, el actual escrito presentado por la Defensa copia un párrafo de la anterior donde se lee `la eventual condena confirmatoria también beneficiaría al espacio al que pertenece Juan Orrico, Juntos por el Cambio en detrimento del oficialismo, es decir, el Frente Creer/Frente de todos`, fragmento a todas luces desactualizado”, apunta.

En ese marco, rechazó “in límine” las recusaciones de Badano y de Bruzzo.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La decisión del presidente Javier Milei de rechazar la Agenda 2030 de la ONU representa un acto de firmeza y soberanía que enaltece los principios fundamentales de la libertad y los derechos individuales. Al exigir a todo el cuerpo diplomático alinearse con su postura, Milei no solo defiende los intereses de la Argentina en el escenario global, sino que también se posiciona como un líder dispuesto a proteger los valores republicanos de las democracias occidentales.

La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, ha sido catalogada por el Presidente como un proyecto que erosiona la soberanía de las naciones y promueve una concentración de poder que atenta contra la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Con esta postura, Milei reafirma su compromiso con la libertad y la igualdad ante la ley, pilares fundamentales de su administración, y deja claro que Argentina no se subordinará a lineamientos que, bajo pretextos nobles, violen estos principios.

La nueva Argentina

Según Milei, se trata de un proceso de cambio enmarcado en la “doctrina de la nueva Argentina” que tiene como principios de la conducta internacional el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y afirmó que quienes no lo cumplan “deberán dar un paso al costado”. Pero no solo ordenó el cambio en el posicionamiento de la política exterior argentina, sino que volvió a criticar a la ONU como lo había hecho en septiembre durante la Asamblea General. En aquel momento, sostuvo que la organización se convirtió en “una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad” como lo fueron las cuarentenas a nivel global durante 2020, a las que consideró “un delito de lesa humanidad”. Además, había anticipado que Argentina abandonaría “la posición de neutralidad y va a estar a la vanguardia en defensa de la libertad”.

“La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados-nación, y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, sostuvo Milei en el comunicado que fue enviado por el sistema interno de la administración pública llamada GEDE y el que están copiados alrededor de 400 funcionarios. El mailing que enviaron de Cancillería fue tan amplio que incluyó incluso a exembajadores.

Este claro mensaje enviado a los diplomáticos argentinos destaca el protagonismo de la Argentina en la defensa de los derechos inalienables de sus ciudadanos, con el llamado a un cuerpo diplomático que trabaje de forma unida y comprometida para proteger los intereses nacionales. En un contexto global donde muchas naciones han cedido a la presión de agendas internacionales, la postura de Milei es una afirmación contundente de que Argentina seguirá un camino propio, guiado por las ideas de libertad y respeto a la soberanía.

Con esta decisión, el presidente Milei deja una marca en la historia de la diplomacia argentina, subrayando que aquellos que no compartan estos valores fundamentales deben dar un paso al costado. Esta es una muestra de liderazgo que enaltece no solo a la Argentina, sino también a todos aquellos que defienden la libertad y los derechos humanos como principios inquebrantables.

FM del Este 100.5

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Los gremios universitarios volvieron a rechazar el aumento del 6,8 por ciento para el personal docente y no docente que ofreció el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto, luego de que fracasara la reunión realizada entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano vinculados a la educación y representantes de esos sindicatos para acercar esta nueva propuesta.

El encuentro comenzó a las 17:00 y estuvo encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Al finalizar la reunión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado “Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial”, en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por lo tanto, exigirán a los diputados que “sean coherentes con su mandato popular” y rechacen el veto del presidente Javier Milei para que se convierta en ley.

Tras la reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó un incremento salarial para los docentes de un 6,8 por ciento.

“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, remarcó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

En un texto difundido a la prensa, agregó: “Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente”.

La medida fue tomada luego del cimbronazo que le generó al Gobierno la marcha nacional contra el veto del mandatario a la ley de financiamiento universitario.

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen “no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”.

“Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”, precisaron.

Y añadieron: “Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles”.

Noticias Argentinas

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En un discurso contundente y lleno de simbolismo, Argentina ha dado un paso al costado del Pacto del Futuro de la ONU, un acuerdo que, según sus críticos, pretende extender las ya controvertidas normativas de la Agenda 2030 hasta el año 2045. Durante la Cumbre del Futuro, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, subió al estrado y dejó clara la postura del país: Argentina no se subordina a este pacto.

El mundo fue testigo del rotundo “no” argentino en la Asamblea General de la ONU, cuando la canciller Diana Mondino, acompañada por el diplomático Ricardo Lagorio y el secretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo, se alzó para dar el discurso histórico. Con un tono firme y lleno de convicción, Mondino anunció al pleno que Argentina no formará parte de este pacto que pretende extender la Agenda 2030 a una agenda aún más lejana en el tiempo: la del 2045. ¡Nuestra nación elige otro camino! Un camino de libertad, de crecimiento propio y sin ataduras a imposiciones externas.

Argentina en Vuelo Libre!
El gobierno de Milei se desliga de la Agenda 2030 y elige un futuro soberano, sin imposiciones globales. "Argentina será un Faro de Libertad", declaró la canciller @DianaMondino ante la Asamblea General. #Agenda2030 #Agenda2045 pic.twitter.com/e7Dn5OXibF

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) September 23, 2024

Con palabras que encendieron los corazones de millones de argentinos, Mondino sentenció: “Elegimos un porvenir en libertad para nuestros ciudadanos. Argentina será un Faro de Libertad”. ¡Y qué faro! Un faro que brilla con más fuerza que nunca, guiando a la nación hacia un futuro de oportunidades sin cadenas impuestas por otros. En un mundo donde las regulaciones parecen crecer sin freno, Argentina ha decidido zafarse de los grilletes y emprender su propio rumbo.

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El Pacto del Futuro aprobado por la ONU, con el respaldo de 193 países, pretendía implementar más de 100 iniciativas globales, incluyendo la regulación de redes sociales, inteligencia artificial y grandes empresas tecnológicas. Además, buscaba “soluciones” para problemas tan grandes como el hambre y la pobreza, pero imponía medidas que, según el gobierno argentino, limitaban la libertad individual y la soberanía nacional. ¿Y qué responde Argentina a esto? ¡Qué nuestras alas no están para ser cortadas!

La decisión de Argentina no solo es histórica, sino que marca el inicio de una nueva era, una era en la que los ciudadanos serán protagonistas de su propio destino. Mondino fue clara al expresar que la postura argentina está centrada en un modelo de “libertad económica”, donde cada individuo tiene el poder de tomar sus propias decisiones, en un marco de comercio abierto y respeto irrestricto a la propiedad privada.

La decisión de no adherir al acuerdo, votado favorablemente por 193 países, ha desatado reacciones dentro y fuera del país. Este Pacto del Futuro incluye más de 100 iniciativas que buscan reestructurar la gobernanza global, regular redes sociales, y hacer cumplir una serie de medidas orientadas a resolver problemas tan serios como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad de género. ¿Cómo podría alguien oponerse a tales nobles objetivos? Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, considera que este acuerdo es una imposición “antiliberal” que condiciona la libertad de acción económica y política.

En el centro de esta decisión está el convencimiento de que las soluciones para los desafíos nacionales e internacionales deben surgir del respeto por la libertad individual y la soberanía nacional, en lugar de imponer un único molde global. Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, ha sido una pieza clave en esta batalla cultural que busca desmantelar cualquier nexo con la Agenda 2030, una bandera del gobierno libertario de Milei.

La apuesta por la libertad

“Argentina será un Faro de Libertad”, proclamó Mondino en un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó. Su discurso ante la ONU resonó como un fuerte mensaje de independencia: “Nuestro país busca crecer con sus propias alas, sin estar atado a decisiones externas que no se ajustan a nuestras metas”. El gobierno de Milei no niega la necesidad de encarar problemas globales, pero está convencido de que el comercio libre y la propiedad privada son las bases para superar la pobreza, y no una agenda impuesta desde afuera.

El rechazo de Argentina no es un mero capricho. Mondino señaló que los documentos del pacto fueron elaborados por el anterior gobierno en 2022, con negociaciones avanzadas que no reflejan las actuales prioridades del país. A pesar de proponer ideas que intentaban dar una visión argentina al acuerdo, muchas fueron ignoradas. “Propusimos ideas constructivas, pero no siempre fueron consideradas”, aclaró Mondino. Así, Argentina decidió dar un paso al costado.

Más allá de las promesas

El Pacto del Futuro se presenta como un plan ambicioso para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. Habla de erradicar el hambre, reducir la pobreza y fomentar la igualdad de género, todo loable en papel. Pero detrás de estas buenas intenciones, según el gobierno argentino, se esconden peligrosas implicancias para la soberanía de los Estados. El control sobre las redes sociales, la entrega de datos de los usuarios y las políticas pseudo-ecologistas que podrían afectar las decisiones económicas son algunos de los puntos que generaron mayor resistencia.

La salida del acuerdo no implica que Argentina se aleje de los problemas globales. Al contrario, se compromete a seguir luchando contra ellos, pero desde su propia perspectiva, con las herramientas que cree más adecuadas para su realidad. “El futuro de la Argentina es libre, soberano y determinado por los argentinos”, enfatizó Mondino.

Desafíos por delante

La decisión de Argentina de distanciarse del Pacto 2045 ya ha generado reacciones internacionales. Mientras unos critican la postura como un acto de aislamiento, otros la ven como un gesto de valentía y firmeza. En un escenario global donde las grandes potencias y organismos internacionales parecen marcar el rumbo, Argentina ha decidido no ser uno más en la fila.

Este rechazo es, sin duda, un punto de inflexión. Un momento en el que el país ha decidido mirar hacia adentro para resolver los desafíos de su pueblo sin depender de directrices que, según su gobierno, ponen en riesgo su libertad y su capacidad de decisión.

Si bien la Agenda 2030 sigue vigente y tiene el apoyo de la gran mayoría de las naciones, Argentina ha levantado la voz y ha dicho “no”, demostrando que no teme romper con el status quo en defensa de su soberanía. Solo el tiempo dirá si esta apuesta rendirá frutos, pero, por ahora, la nación avanza con la certeza de que el futuro lo forja con sus propias manos.

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Este jueves, en la ciudad de Villaguay, el Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sesionó tras la última audiencia en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la jueza Pinto, realizada el pasado martes. Durante la reunión, se resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, calificándola como insuficiente y distorsiva, y convocar a una serie de paros que incluirán acciones departamentales y una movilización provincial.

Resoluciones adoptadas:

1. Rechazo de la propuesta salarial: El Congreso consideró que la oferta realizada el 17 de septiembre no cumple con las expectativas de las y los docentes, ya que no atiende las necesidades urgentes ni revierte la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido.
2. Paro de 48 horas los días 25 y 26 de septiembre: Durante estas jornadas, se llevarán a cabo acciones en cada departamento de la provincia, con el objetivo de visibilizar ante la comunidad las condiciones laborales y salariales en las que se desenvuelven los educadores entrerrianos.
3. Paro de 72 horas los días 1, 2 y 3 de octubre: Además de estas medidas, AGMER organizará una marcha provincial en una de las jornadas de paro, cuya fecha será definida por la comisión directiva central.
4. Exigencia de una nueva pauta salarial: El sindicato demanda al gobierno de Entre Ríos una propuesta que realmente compense la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, planteando la necesidad de medidas que atiendan las urgencias salariales.

AGMER utilizará el paro y las movilizaciones como herramientas para presionar al gobierno provincial y buscar una respuesta acorde a las demandas del sector educativo.

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