Una audiencia pública convertida en trámite exprés. Diputados desinteresados, participación bloqueada y el avance del extractivismo sobre el agua. Este episodio no es neutral: es una denuncia pública.

Lo que ocurrió en el Congreso durante la audiencia por la modificación de la Ley de Glaciares no fue un debate democrático: fue una puesta en escena.

Más de 102.000 personas se inscribieron para participar. La cifra por sí sola debería haber obligado a extender el debate, abrir instancias federales y escuchar a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió.

“Si una audiencia pública no influye en la decisión política, no es participación: es simulación.”

En cambio, el proceso dejó imágenes difíciles de justificar: acceso restringido al Congreso, expositores acreditados esperando afuera, una sala con escasa presencia legislativa y diputados que, según relatan los participantes, pasaban el tiempo mirando el celular mientras se exponía sobre el futuro del agua del país.

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La abogada Cecilia Domínguez, expositora en la audiencia, describe un clima de burla, desinterés y decisiones políticas ya tomadas. Y aporta un dato demoledor: prácticamente la totalidad de los expositores se manifestó contra la modificación de la ley. Solo dos hablaron a favor, y hubo denuncias públicas de que uno de ellos no estaba inscripto para la audiencia.

Sin embargo, la maquinaria legislativa sigue avanzando.

Escuchá la nota:

Lo que debía ser una instancia clave de participación ciudadana terminó, según los testimonios de quienes estuvieron allí, en una escena incómoda para la democracia argentina: una audiencia pública que cumplió la formalidad legal pero vació de contenido el derecho a ser escuchados.

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La abogada Cecilia Domínguez, integrante de CEYDAS, participó como expositora en el Congreso durante el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. Su relato no deja margen para la tibieza: describe un proceso atravesado por la desidia legislativa, la desigualdad en la participación y la sensación generalizada de que la decisión política ya estaba tomada.

102.000 inscriptos y una audiencia comprimida

El dato inicial es demoledor: más de 102.000 personas se inscribieron para participar.
Una cifra inédita que, en cualquier sistema que se pretenda democrático, debería haber obligado a ampliar los tiempos, abrir sedes en provincias y garantizar un debate federal real.

Nada de eso ocurrió.

La audiencia se realizó en tiempos acotados, con acceso restringido y con miles de voces afuera. La participación masiva se convirtió en un número incómodo que debía administrarse, no en un mandato ciudadano que debía escucharse.

Cuando una audiencia pública récord se resuelve como un trámite exprés, la pregunta deja de ser ambiental: pasa a ser institucional.

Congreso vallado, expositores afuera

La escena que describe Domínguez es reveladora: el Congreso vallado a varias cuadras, presencia de fuerzas federales y expositores acreditados sin poder ingresar.

Mientras algunos lograban entrar casi por casualidad, otros debían reclamar desde afuera para poder exponer. La imagen de una sala con escasa presencia contrasta con miles de ciudadanos intentando participar.

La audiencia pública comenzó a parecerse más a un operativo de control que a una instancia de escucha.

Diputados mirando el celular mientras se hablaba del agua

Si algo sintetiza el clima de la audiencia es el comportamiento de los legisladores.

Durante las exposiciones, la abogada relató que los diputados estaban con el celular, conversando entre ellos o directamente desatentos.
Tuvo que pedirle al presidente de la comisión que interviniera por la falta de respeto hacia quienes habían viajado para exponer.

Lo que siguió fue aún más grave: burlas y ninguneo tras las presentaciones.

La escena es difícil de justificar: ciudadanos exponiendo sobre el agua del país y legisladores comportándose como si el debate no los involucrara.

Un rechazo casi unánime ignorado

El dato político más fuerte del proceso es la magnitud del rechazo a la modificación de la ley.

Según Domínguez, la abrumadora mayoría de los expositores se manifestó en contra de los cambios.
Los apoyos fueron marginales y hasta irregulares.

La audiencia, lejos de mostrar un debate dividido, evidenció un consenso amplio de especialistas, organizaciones y ciudadanos.

Pero ese consenso no se tradujo en interés legislativo.

La sospecha de decisiones tomadas de antemano

El diagnóstico que emerge del testimonio es inquietante: la audiencia habría sido convocada para cumplir con un requisito legal, no para influir en la decisión política.

Si esto es así, la audiencia deja de ser una herramienta de participación para convertirse en una escenificación.

La democracia pierde cuando escuchar se vuelve opcional.

Extractivismo y crisis de representación

El trasfondo del conflicto es claro: la presión del modelo extractivo sobre los territorios y el agua.

Modificar la Ley de Glaciares no es una discusión técnica. Es una decisión estratégica sobre reservas hídricas esenciales.
Y, según lo expresado en la audiencia, el Congreso parece avanzar en sentido contrario al reclamo social.

La crítica es directa: cuando la política deja de representar a la ciudadanía y comienza a responder a intereses económicos, se rompe el contrato democrático.

El camino hacia la judicialización

El escenario que se abre es previsible: amparos, demandas y un conflicto que probablemente termine en la Justicia.

Cuando el Congreso no escucha, la sociedad busca otros caminos.

Lo que realmente quedó expuesto

La audiencia por la Ley de Glaciares dejó una imagen incómoda:
la participación existió en los papeles, pero no en la práctica.

Más de cien mil personas quisieron hablar.
El Congreso decidió escuchar poco.

Y cuando la política no escucha sobre el agua, lo que está en juego no es solo el ambiente: es la soberanía y el futuro.

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En una audiencia tensa ante la Cámara Federal, la secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el dirigente social Juan Grabois se vieron envueltos en un acalorado intercambio de acusaciones respecto a la distribución de alimentos almacenados para comedores sociales. Los términos “kuka ladrona” y “extorsionador” marcaron el diálogo entre ambos en los pasillos de Comodoro Py.

La trama detrás de este escándalo revela una compleja red de intrigas en la que Gianni emerge como una figura central. Se señala a Gianni, pareja de Alberto Ignacio de Maio, ex Director Administrativo durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, como la presunta arquitecta de una operación para recuperar el control de los alimentos almacenados, involucrando a Grabois en la denuncia. Según fuentes cercanas al ministerio, Gianni habría obstaculizado la entrega de alimentos para luego atribuir la responsabilidad a Pablo De La Torre. Su objetivo sería asumir el rol de De La Torre y reasignar la distribución de alimentos a organizaciones sociales, según afirman fuentes ministeriales.

Ella le habría dado los datos para que Grabois haga la denuncia.
Para lograrlo, necesitaba romper la confianza de Pablo de la Torre con Petovello, entonces quiso hacer que un funcionario de Pablo de la Torre lo incrimine.

La trama adquiere tintes aún más oscuros con la presunta coacción a Federico Fernández, quien habría sido presionado, incluso con amenazas de violencia, para firmar una declaración contra De La Torre. A pesar de la intimidación, Fernández se negó a colaborar. Entonces, filtraron a los medios una lista de gente contratada por el Ministerio por medio de la OEI. Algunos de los contratados cuestionados eran justamente aquellos que se dedicaban, entre otras tareas, a hacer las auditorías de los comedores fantasma. Al parecer, todo se enmarca en una acción mafiosa.

Además, surge la pregunta sobre la relación entre Gianni y Sandra Pettovello, la cual, a pesar de su conocimiento sobre los vínculos de Gianni con el kirchnerismo, habría empoderado a Gianni para liderar las denuncias contra organizaciones sociales, generando sospechas sobre sus motivaciones y lealtades.

El enfrentamiento entre Gianni y Grabois en los pasillos de Comodoro Py durante la audiencia podría ser real, pero… cómo saberlo?. La disputa por el control de la distribución de alimentos para los comedores sociales continúa y no debemos perder de vista que se trata también, de una herramienta política.

La audiencia ante los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico busca resolver la validez de la cautelar impuesta por el juez Sebastián Casanello, quien ordenó al gobierno elaborar un plan para la entrega de alimentos. Grabois, representando a los comedores desatendidos, exige la confirmación de esta decisión y la distribución inmediata de los alimentos.

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Mientras tanto, se ha iniciado un operativo para distribuir exclusivamente la leche en polvo almacenada, dejando pendiente el resto de la comida, lo que alimenta aún más las tensiones en este escándalo.

Los abogados del gobierno, por su parte, insisten en las irregularidades detectadas en los comedores populares y cuestionan los mecanismos de distribución de alimentos durante la administración de Alberto Fernández.

La decisión del tribunal se espera en breve, mientras este escándalo continúa desenredándose, arrojando luz sobre presuntas operaciones corruptas y luchas internas en el Ministerio de Capital Humano.

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