Hernán Cappiello

Mariano Cúneo Libarona no podía más de la ansiedad y la excitación. Hoy se levantó a las cuatro de la mañana y se puso a terminar un escrito para un cliente del extranjero. Punto final y lo llamó cuando estaba amaneciendo. Mientras hablaba, entraban las notificaciones de WhatsApp de sus amigos jueces y fiscales y camaristas: el presidente electo Javier Milei estaba anunciando en una entrevista por radio que iba a ser su futuro ministro de Justicia.

El abogado penalista, hábil para revertir casos imposibles y hoy decano de la carrera de Derecho de la Universidad del Museo Social, tuvo así su confirmación. Hasta ahora, le veía presentando proyectos a Milei en reuniones con su hermana Karina, pero este lunes el anuncio se volvió oficial. Al menos desde agosto pasado, Cúneo Libarona venía trabajando con parte del equipo judicial de Mauricio Macri. El exministro Germán Garavano participó en esa tarea y algunos de los que fueron sus funcionarios se preparan para asumir responsabilidades en el Ministerio.

Entre los nombres de los exfuncionarios de la gestión Garavano que podrían trabajar con Cúneo Libarona aparecen Juan Benítez; María Fernanda Rodríguez, que fue subsecretaria de Acceso a la Justicia; Martín Casares, exjefe de Gabinete del ministerio de Justicia, y los abogados Marcos Salt, pionero en el combate del delito informático, y Mauricio de Nuñez, un penalista de empresas y letrado de la Embajada de Francia desde hace 30 años. También se busca a un exfuncionario para que se haga cargo de la presentación de la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en abril del año próximo examinará las políticas antilavado del país, actualmente bajo la lupa.

El futuro ministro deberá tomar muchas decisiones en la primera semana y el primer mes de gestión. Por ejemplo, la crisis que se desató desde que el Servicio Penitenciario Federal dejó de aceptar a los presos de la Ciudad y no hay dónde ubicarlos. A más largo plazo se debe resolver qué hacer con los pliegos de jueces que esperan su tratamiento en el Senado –si serán retirados y se propondrán nuevos candidatos–, la estructura del Servicio Penitenciario Federal, donde desapareció la inteligencia criminal, el futuro de la Inspección General de Justicia (IGJ), donde más allá de los técnicos, hubo una mirada ideológica y política sobre el control de empresas y fundaciones.

Finalmente, se debe definir la nueva conducción de la Oficina Anticorrupción, que el nuevo ministro de Justicia planea ofrecer a la oposición, señalaron sus allegados a LA NACION. Cúneo Libarona le propondrá a Milei que la oposición le envíe una terna de candidatos que luego deben ser nombrados por el presidente. El organismo continúa dependiendo funcionalmente del Poder Ejecutivo, lo que hace frágil su permanencia.

Tras la confirmación de Milei, en pocas horas Cúneo Libarona recibió llamados de felicitación de dos jueces de la Corte (con uno solo chateó), cuatro magistrados de la Cámara de Casación y seis jueces federales y camaristas. Hay entusiasmo en su equipo, al punto de que no faltan exclamaciones altisonantes. “Vamos por la gloria”, le dijo a LA NACION un allegado al abogado.

El procurador y otras vacantes clave

Los casilleros más importantes que debe completar en la Justicia el próximo Gobierno son una vacante en la Corte Suprema de Justicia y el nombre del futuro procurador General de la Nación. El cargo de jefe de los fiscales está vacante desde la renuncia de Alejandro Gils Carbó, en 2017. Mauricio Macri y Alberto Fernández fueron incapaces de nombrar un procurador, para lo que se requiere el voto de los dos tercios del Senado. Por eso, desde 2017 el procurador interino es Eduardo Casal.

Para reemplazar a Casal suena el nombre de un hombre de la Justicia, actual funcionario judicial, con 45 años de experiencia. Se habla del integrante de la Cámara del Crimen Marcelo Lucini, un juez muy experimentado, muy bien conceptuado, que ya tiene la jubilación otorgada desde hace tres años y que tiene relación personal con Cúneo Libarona. Aún no hay nada formal y su postulación debe pasar el filtro de Milei, pero los allegados al futuro ministro confían en que no habrá problemas para que reciba el aval del Congreso. “Es un diez”, se entusiasman en el flamante equipo legal.

Hermano mayor de otros tres abogados penalistas, Cúneo Libarona conoce el fuero de instrucción, su padre fue fiscal ante la Cámara durante años, allí tiene muchos amigos y conocidos, y hasta recibió con agrado un proyecto que desde hace más de una década circula para diseñar un fuero especial de delitos complejos, que abarque la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y hasta Rosario. Una manera de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py.

Tres candidatas para la Corte

La otra vacante clave está en la Corte. Tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal quedó con cuatro jueces y se busca una para ocupar su lugar. Cúneo Libarona y Garavano consensuaron un trío de candidatas que también deben ser aprobadas por Milei.

El modelo a seguir es el de Donald Trump, quien postuló para la Corte de los Estados Unidos a la jueza conservadora Amy Coney Barrett, una jurista de solo 48 años, destinada a ocupar un sillón en el máximo tribunal por al menos 25 años más.

En ese sentido, el trío de mujeres que tiene en carpeta Cúneo Libarona orilla los cincuenta años, no tiene participación política ni amistad con Milei, además de reunir una “gran capacidad técnica y profesional”. Solo se conoce el nombre de una candidata: el equipo de Cúneo Libarona hizo un rastrillaje entre las mujeres que ocupan cargos de relevancia en los tribunales y terminaron poniendo el ojo en Ivana Bloch, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Bloch es una jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, diploma de honor de la Facultad de Derecho de la UBA, magister legum por la Universidad de Würzburg (Alemania), calificada magna cum laude, y profesora de la Universidad de San Andrés. Sagitariana, de 54 años, pasó por el Consejo de la Magistratura y fue secretaria letrada de la Corte en la vocalía de Carlos Fayt.

El juicio político a la Corte

Cúneo Libarona tiene diálogo con los jueces de la Corte, con algunos más que otros, y un respeto por todos. Su idea es que sus integrantes deben ser maestros del derecho en sus sentencias, más allá del lógico rol político del máximo tribunal. Uno de los objetivos del nuevo ministro es dar por concluido el de juicio político a la Corte que se tramita en la Cámara de Diputados. Cerrar el asunto. El proceso se tramita en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que aún no votó el dictamen de acusación. Podría hacerlo con la mayoría kirchnerista antes del 10 de diciembre, pero no pasará al recinto, donde el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo. Si se aprueba el dictamen en Comisión, tendría estado parlamentario durante todo 2024.

Para organizar el trabajo que deberá encarar a partir del 10 de diciembre, el futuro ministro armó equipos pequeños con abogados y abogadas especializados, con los que trabaja por separado diversos temas. Entre las prioridades de su nueva gestión se destaca la elaboración de una ley que regule el plazo razonable, que haya juicios rápidos; poner en marcha de manera integral en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal, que le da mayor autonomía a los fiscales ante los jueces; trabajar con una ley de juicio por jurados; impulsar un nuevo Código Penal que sea una síntesis del que planteó Mariano Borinsky con un equipo de juristas y un proyecto anterior; y reformar la reglamentación en el Consejo de la Magistratura para hacer más dinámicas las designaciones de jueces y sus remociones, entre otras ideas.

El equipo del futuro ministro tienen previsto dedicar diciembre y enero a elaborar los proyectos de ley, para presentarlos en febrero si el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias.

Hernán Cappiello

Fuente: La nación

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El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se reunió hoy a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola luego que ambos fueran duramente criticados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner, a raíz del pedido de pena a esta última en el juicio por la causa Obra Pública.

La reunión se llevó a a cabo este jueves en la Procuración General de la Nación, aunque inicialmente no se había informado desde el organismo el lugar del cónclave justamente por motivos de seguridad.

Los dos fiscales son los que pidieron penas de hasta 12 años de prisión para Cristina Kirchner por los delitos de asociación ilícita y defraudación. 

Según se informó, la reunión convocada por el jefe de los fiscales fue para brindarles su apoyo luego de las durísimas criticas que recibieron tras concluir el alegato el pasado lunes en el juicio por corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Además, el Procurador les consultó sobre el dispositivo de seguridad que los acompaña a ambos fiscales y teniendo en cuenta que se reforzó el mismo, luego que en redes sociales circulara información sobre eventuales escraches al domicilio de los fiscales o hacia su persona.

Luciani y Mola ahora continúan con otros casos más allá del juicio vialidad, el cual se reanudará el próximo 5 de septiembre con el alegato de las defensas, incluida la de la Vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Escrito por Sergio Farella

NA – Buenos Aires, Argentina

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Según se informó, para Pagliotto el Procurador General “ha incidido de modo dirimente en la estrategia comunicacional para reivindicar a la destituida fiscal, faltando a la verdad, tergiversando la realidad de los hechos y sembrando enorme confusión en la ciudadanía, al ocultar cuidadosamente la realidad de los motivos que dieron lugar a que, por mayoría, el Honorable Jurado de Enjuiciamiento dispusiera la destitución de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche”.

Los dichos de Pagliotto fueron emitidos frente a los “incalificables hechos de vandalismo y violencia patoteril de un grupo organizado de personas que propician la restitución al cargo de la Procuradora Goyeneche y repudian al Ex Gobernador Uribarri”.

El abogado señaló que este grupo “ha agredido bienes públicos del municipio y escrachado con inusitada violencia a un grupo de respetados y caracterizados colegas que ejercen defensas de ciudadanos imputados por supuestos hechos de corrupción, llegando incluso a provocar daños en el inmueble donde funciona el estudio de los estimados Dres. Barrandeguy, Pérez y Méndez”.

Fiscales

“Correspondía que algunos de los tantos fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal o el mismísimo Procurador General, tan proclive a dar instrucciones a sus subordinados hasta en temas ínfimos e intrascendentes, procedieran a abrir de inmediato una Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendiente a identificar personas intervinientes en los gravísimos desmadres aludidos, la intensidad de los mismos y el nivel de participación que cada persona tuvo en los hechos acometidos en contra de bienes públicos y de los abogados agredidos verbal y gestualmente con frases propias de autoritarios y antidemocráticos”, cuestionó Pagliotto.

Según explicó el abogado, estos hechos “exhibieron, como nunca, una intolerancia extrema y una irracionalidad preocupante”. “Muchas de las frases expresadas por estos grupos son la réplica exacta de las que ha pronunciado y pronuncia a diario la destituida Fiscal Goyeneche en su raid mediático de mentiras, injurias y ocultamiento de la verdad”, agregó.

Compromiso

El abogado criticó “la inercial quietud y absoluta falta de compromiso que caracteriza al Procurador General”, ya que “miró para otro lado, cerró los ojos y la boca, como que aquí no hubiese pasado nada”.

A su criterio, “si los mismos hechos se hubieran producido en un caso de gente común, en una actitud de plagiada sobreactuación, García hubiera dado un encendido discurso achacándoles a los revoltosos un desprecio por lo que comunica la norma y que excediendo el riesgo permitido, conociendo y sabiendo que despreciaban lo prohibido, pusieron en jaque la paz social y bienes públicos y privados, con lo cual se comprometía esa Procuración a iniciar las actuaciones correspondientes”.

“No ha sido este el caso”, cuestionó y recordó que “aquí están en juego intereses inherentes al MPF y en especial el del Procurador y su ex segunda, hoy destituida por haber sido responsable de graves desórdenes de conducta”.

“Esa falta de reflejos del Procurador que más se parece a impunidad que a desidia no puede ni debe tolerarse”, fustigó Pagliotto, quien indicó que “de inmediato debería iniciarse una causa penal por ostensible incumplimiento funcional al Sr. Procurador, quien tiene posición de garante de la legalidad y por ello debe evitar que estas cosas ocurran o bien que, ocurridas, debe de inmediato ordenar el inicio de una investigación de oficio”.

Causa

“Es por lo que no ha hecho que se le debe iniciar una causa penal en su contra y, a la par, ante la absoluta pérdida de autoridad y confianza de los ciudadanos en su figura institucional, debería presentar su renuncia, contribuyendo con ello a restaurar el orden alterado y la institucionalidad perdida”, continuó el profesional. Afirmando que “quizás su renuncia sea la mayor contribución que pueda hacerle a la provincia y sus habitantes”.

“Si en casi 15 años de permanencia (no honró su cargo, sólo permaneció en él atado a sus privilegios y altísima cuota de poder) no fue capaz siquiera de escribir a lápiz un borrador de Política Criminal, menos lo hará en este momento, donde su figura y autoridad están altamente deterioradas y desjerarquizadas por su propia inacción y por querer jugar a la política sin tener cabal idea de ello ni se sus deletéreos riesgos”, sentenció Pagliotto.

Fuente: Diario Río Uruguay

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Goyeneche enfrentó un jury la semana pasada en las que el fiscal ad hoc Gastón Justet pidió su remoción por mal desempeñó en sus funciones. En concreto, le reprochó no haberse excusado de la casa Contratos truchos de la Legislatura -que se abrió el 20 de septiembre de 2018- y en la que se imputó al contador Pedro Opromolla (del estudio contable Integral Asesoría), amigo de su esposo y con quien ella compartió inversiones en dos fideicomiso (uno en calle La Paz y otro en calle 9 de Julio). Además, le endilgó que durante una entrevista en la Fiscalía maltrató al cadete Mario Deiloff, que tenía un contrato trucho en el Senado.

Este lunes, Goyeneche dio una serie de entrevistas con programas de medios nacionales en las que habló de su probable remoción y planteó que el poder político entrerriano busca «disciplinar» a los fiscales que investigan la corrupción

En declaraciones con el programa El Noticiero (La Nación Más), que conduce Eduardo Feinmann, afirmó que «quien se planta contra la corrupción» es removido.

— Goyeneche, usted está esperando el más feo momento de su vida profesional -quiso saber el conductor.

—La verdad que sí. He transitado momentos bastante difíciles en la última semana. Eso ha cambiado un poco esencialmente porque se hizo el juicio oral que me tuvo como acusada. Fue muy desagradable pero a la vez fue un momento de convalidación porque se mostró en ese juicio oral que todo este trámite para destituirme no tiene pie ni cabeza. Lo único que están tratando de hacer es aleccionar a los fiscales de Entre Ríos para que no se planten contra la corrupción. Esa es la verdad.

— Quizás es un mensaje para los fiscales de todo el país.

— Uno ve que no es algo aislado: hay modos de conductas reiterativos en diferentes jurisdicciones donde quien se planta contra la corrupción u osa cumplir con sus funciones…Simplemente es cumplir nuestras funciones, no pasaron la vida a investigar delitos menores sino ocupar recursos del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos para investigar la corrupción. Eso ha generado una decisión cerrada en el sentido de tratar de cortar con este impulso y modificar las cosas. La idea es destituirme y tratar de que también se vaya el Procurador para nombrar nueva gente que tenga otro perfil, y que las investigaciones de corrupción en curso y con otras personas esas investigaciones podrían diluirse en el camino.

La suspendida funcionaria judicial espera que el Jurado de Enjuiciamiento dé a conocer su sentencia en los próximos días. El Jurado está integrado por los vocales del STJ, Juan Ramón Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Schumacher; los representantes del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro y Verónica Mulone; y los legisladores Gustavo Zavallo y Armando Gay.

A Goyeneche se le reprocha su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, una investigación penal que se abrió en la primavera de 2018 y que busca desentrañar si realmente existió una «asociación ilícita» que distrajo millonarias sumas de dinero de las arcas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, mediante la celebración de contratos laborales con monotributistas que recibían una ínfima parte de lo pactado: el grueso tenía un destino que la pesquisa judicial de momento no pudo determinar. Los denunciantes y el fiscal ad hoc le reprochan que integró dos fideicomisos con el contador Opromolla, acusado en la causa Contratos, y con quien rubricó el alquiler de un departamento antes de que la causa tomara estado público.

El Procurador vuelve a aplazar su retiro

Por ese hecho, y por no haberse excusado de la causa de los Contratos truchos, fue denunciada en 2021 ante el Jurado de Enjuiciamiento, primero por el abogado Carlos Reggiardo; después, por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. El 30 de noviembre de 2021, el Jurado le abrió causa a la Procuradora Adjunta, la suspendió en su función y apartó a todo el Ministerio Público Fiscal de la función acusadora en el jury, tarea que recayó en un abogado que integraba la lista de conjueces que suplen a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en caso de excusión. Así. el abogado gualeyo Gastón Justet se incorporó al proceso.

El fiscal ad hoc sostuvo en su alegato de clausura que tanto la «comunidad de intereses» entre Goyeneche y Opromolla como la relación de amistad del esposo de la funcionaria, Sebastián Orlando, con el mismo imputado, «han influido en la objetividad que debe tener durante la invetigación», aunque no especificó de qué modo o cómo habría favorecido a Opromolla, para quien los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry piden 6 años de cárcel en la causa de los contratos ficticios.

Por su parte, en su alegato final, Goyeneche recalcó que no tenía una relación comercial con el imputado de la causa Contratos y que éste sólo tenía una amistad con su esposo. «No logré entender el alegato. No tuvo un hilo y fue incomprensible la definición de los hechos. Por eso lo recusamos, porque no tenía las condiciones para ser fiscal y no era idóneo. Lo hacíamos porque es una garantía para el justiciable. Y el justiciable soy yo», dijo.

«Dijo que yo no había sido objetiva en el trámite de la causa y la demostración era que no me excusé. Lo primero que puedo sostener es que es una absoluta falacia. Luego dijo que no comprendía cuál era mi interés para seguir en la causa. Entonces entiendo que lo que dice es que ‘no es objetiva por algo que no comprendo’. Efectivamente, no lo comprende», añadió.

Comentó además que el expediente tiene a otros 29 imputados, y que partió desde «Mena, pasando por el estudio contable y llegando a los directores del Servicio Administrativo Contable del Senado y Diputados, llegando a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada».

«Lo investigamos nosotros y no fue casualidad de que llegaramos nosotros a Pedro Opromolla. Llegamos a él porque lo investigamos, no porque algún ciudadano interesado en la corrupción haya aportado algo», expresó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.

En el inicio de la reunión el interbloque Juntos por el Cambio, a través del diputado Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos Aires), cuestionó el quórum de la reunión y la metodología de trabajo -con algunos legisladores conectados por la plataforma zoom-, a lo que el oficialista Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) respondió que la reunión era válida porque “así lo establece el reglamento”.

La ronda de exposiciones comenzó con la diputada Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), quien señaló que “este dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria.

“La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución”, detalló Siley.

Por Juntos por el cambio, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (UCR-Chubut), fijó la postura de ese espacio: “Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución”.

“Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la Reforma Constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto”, añadió.

El presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Lopez (CC-CABA), también criticó al oficialismo. “No sé si tienen los votos y no sé si los van a tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel) Rafecas para la procuración”, señaló López.

El mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma. “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?”, se preguntó.

En defensa de su dictamen, Camaño planteó que “no es el momento oportuno para resolver el tema del Ministerio Público Fiscal, y si el Procurador interino (por Eduardo Casal) ha cometido alguna falta existen los mecanismos para reemplazarlo a partir del trabajo de la Comisión Bicameral”.

“No es modificando la ley para una coyuntura como vamos a resolver al tema. Desde el oficialismo terminaron diciendo que Cambiemos quería cambiar a (la ex procuradora, Alejandra) Gils Carbó y ahora dicen que el proyecto es el mismo”, advirtió.

Pese a no formar parte de ninguna de las dos comisiones, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño (PTS en el FIT-Buenos Aires) expresó: “Esta propuesta que trae el oficialismo tiene el objetivo muy claro de aumentar el control del gobierno de turno hacia el Procurador General y la Justicia, más teniendo en cuenta que se va a implementar el sistema acusatorio”.

Los encendidos discursos del oficialista Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) y de la republicana Silvia Lospenatto (PRO-Buenos Aires) marcaron los minutos más intensos de la reunión, que se vio marcada por comentarios de otros diputados que hablaban fuera de micrófono mientras exponían sus pares, entre los que se hacían notar el oficialista Nicolás Rodríguez Saá (FdT-Buenos Aires) y el macrista Fernando Iglesias (PRO-CABA).

La mayoría de los discursos se realizaron con comentarios de otros legisladores que hablaban fuera de micrófono, entre los que se destacaban los del macrista Fernando Iglesias.

Como titular de la comisión de Justicia, Tailhade le tuvo que llamar la atención al macrista Iglesias porque Moreau, mientras hacía su discurso, dijo “me olvidé algo”, a lo que el diputado del PRO le acotó “la pastilla”,intervención que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.

¿Qué cambia con el nuevo proyecto de Ministerio Público Fiscal?

El despacho aprobado en comisión modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto presentado originalmente y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos -que implica los dos tercios- y cuatro votos para el resto de las decisiones.

Fuente: Ambito

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