Por Patricia Blanco

El ex agente de inteligencia Antonio Stiuso y la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgadofueron espiados: con una clave de la AFI, dos personas que tenían contratos en reparticiones oficiales monitorearon sus movimientos migratorios justo cuando ocurría la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015. La Cámara Federal confirmó los procesamientos de los dos sospechosos por violar la ley de inteligencia y le ordenó al juez Julián Ercolini, a cargo de la causa, que profundice la investigación, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Todo ocurrió en el marco de la causa que investiga un sistema de espionaje ilegal para espiar a políticos opositores, jueces, fiscales y periodistas, entre varias personalidades. La denuncia había sido presentada por la hoy candidata a presidenta Patricia Bullrich, junto a la entonces diputada Laura Alonso. La información les llegó a través de un llamado telefónico de quien dijo ser “miembro de los servicios de inteligencia”. Se alegó que, como común denominador, los “espiados” tenían algún grado de oposición ideológica o de discurso con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en aquel entonces en cabeza de Cristina Kirchner.

Junto a la denuncia, adjuntaron un listado con los nombres y apellidos de los espiados, su número de documento, y la fecha de nacimiento. En esos seguimientos aparecían integrantes de la Corte Suprema, varios jueces y fiscales federales, y políticos opositores como Mauricio Macri, Francisco De Narváez, Ricardo Alfonsín y José Manuel De la Sota. También hay decenas de periodistas.

La denuncia inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y luego pasó al juzgado de Ercolini. La investigación incluyó revisar si se controlaron los movimientos migratorios. Y ahí aparecieron las consultas sobre Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman; y el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE, que había sido desplazado días antes por el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de una reforma del organismo que pasó a llamarse AFI.

Sandra Arroyo Salgado cuando denunció que lo de Nisman fue un magnicidio (NA Juan Vargas)

Los acusados son Pablo Palá y Alexis Lesa. Dijeron en su descargo que solo hacían actividades comerciales lícitas que desplegaban en materia informática. El juez Ercolini los había procesado y embargado por violar la ley de inteligencia. El artículo 43 ter de esa norma prevé que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520″. La Cámara Federal confirmó la decisión: “Sea cierto o no que –paralelamente- poseían algún emprendimiento de ese tenor, la lógica de los acontecimientos los muestra cuanto menos empleando esos medios para realizar –en connivencia o bajo órdenes de otros- actos enmarcados en conductas caracterizadas por la clandestinidad y el secreto”.

Stiuso, querellante en la causa, sostuvo que los monitoreos sobre sus movimientos y los de su familia estaban relacionaba a una persecución llevada adelante por autoridades -de ese entonces- de la Secretaría de Inteligencia y de la Administración Federal de Ingresos Públicos,y por sus superiores.

Fue así que aseguró: “Lo que aquí se demostró y a Pala y Lesa se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.

Y agregó: “Las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de mi persona comienzan el mismo día 18 de enero de 2015 a las 16;14;19 hs. y 16:14:17 hs., es decir cuando ‘aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento del Fiscal Nisman en Puerto Madero”.

“Al parecer, algunos no sabíamos lo que había ocurrido en el interior de ese departamento, pero a la luz de las búsquedas que desde la SI/AFI se efectuaron en la tarde del 18 de enero de 2015, otros sí lo sabían. Recordemos, porque creo que es importante advertir, que la madre del Fiscal Nisman ingresa a la vivienda en Puerto Madero, bien entrada la noche (se alude a las 22.30 hs.)….Esta información…necesariamente debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía a cargo de la investigación de la muerte del Fiscal Nisman”.

El fiscal Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

En otro expediente, el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano investigan la muerte de Nisman como un homicidio que ocurrió en el marco de sus funciones como jefe de la UFI-AMIA. Cuatro días antes de su cadaver apareciera en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza, había presentado una denuncia contra Cristina Kirchner y su gobierno al acusarlos de buscar encubrir a Irán en el atentado a la AMIA.

Pero los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Cámara Federal, los procesamientos debían ser confirmados. “Las maniobras concretas por las que fueron procesados los imputados se enmarcan en un contexto determinado, que ha quedado expuesto a partir de las pruebas reunidas durante la instrucción. La valoración en conjunto de todas esas circunstancias avala la hipótesis de que su actividad formó parte de operaciones desplegadas desde organismos de inteligencia que estaban prohibidas por la ley”, dijeron.

La Cámara Federal confirmó que “las consultas se refirieron a Antonio Stiusso y a Sandra Arroyo Salgado. Las identidades en cuestión –como se ve- no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación. Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió”. Y se añadió: “Los movimientos migratorios de la jueza federal fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiusso, en treinta y ocho oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs”, se añadió.

Y se añadió: “en todos los casos, se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”..

El fallo señaló que “la instrucción se dirigió en dos sentidos. Uno, a procurar verificar si las líneas telefónicas de los mencionados estaban ilegalmente intervenidas. Segundo, a corroborar o descartar que estuvieran siendo o hubieran sido sujetos a otro tipo de operaciones de inteligencia normativamente vedadas”, subrayó que “no existía ninguna orden judicial que dispusiera las interceptaciones” y estableció que “para la época de los eventos, a través de distintos organismos oficiales se habían consultado los movimientos migratorios de varias de las personas señaladas en los listados”.

“Los datos quedaron registrados en la Dirección Nacional de Migraciones, que los informó. Incluyen usuarios de la Agencia Federal de Inteligencia (o SIDE o SI, según anteriores denominaciones), de la Dirección de Inteligencia Criminal -Ministerio de Justicia-, de la AFIP (tanto de la DGI como de la DGA), de la UIF y del Banco Central. Aún se está profundizando la investigación sobre si existieron fundamentos legales de todas aquellas averiguaciones. Esta tarea no está completa y debe ser continuada. Pero algunas informaciones ya fueron colectadas”, señaló.

Entre esas confirmaciones apareció la declaración testimonial a una funcionaria de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, quien puntualizó que los días 20 y 21 de enero de 2015, la Subdirectora General de Operaciones Metropolitanas de la Dirección General Impositiva –de apellido le requirió en forma directa y por mail a un inferior jerárquico de la testigo , que le brindase datos sobre diferentes CUIT, sin referir a quienes pertenecían. El funcionario de planta se dio cuenta de que se trataba de Sandra Arroyo Salgado, del fiscal Alberto Nisman y de Diego Lagomarsino. A eso hay que agregar que Gonzalo Horacio Tzareff, jefe de Equipaje de Aduana, fue quien accedió de manera ilegítima a los registros fílmicos de la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando llegó Nisman para hacer su denuncia. Terminó condenado por aquella maniobra.

Dijo la Cámara Federal: “Con todo, el análisis conjunto de los elementos indiciarios y unívocos desarrollados permite concluir:

(1) que la reunión de información a que se ciñó la decisión del juez, fue realizada con la intervención de agencias de inteligencia estatales y en infracción a la ley que regula su actuación;

(2) que hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante;

(3) que las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir siendo profundizadas –además de procederse con arreglo a lo peticionado por la querella, anoticiando a los encargados de la investigación por homicidio mencionada-, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis –planteada entre otros por los testigos que revestían como agentes de inteligencia, cuya identidad (dado el curso tomando desde ahora por la investigación) deberá ser reservada en la anterior instancia– de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados; y

(4) que en un contexto como el descripto, el rol de Palá y Lesa sólo puede ser entendido en términos de aportes relevantes propios de la participación criminal necesaria (art. 45, CP), en operaciones de inteligencia ilegales penadas por ley (art. 43 ter, ley 25520).

Fuente: Infobae

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Fuentes judiciales informaron que el magistrado procesó a Damián Strier y Oscar Guercio, de la empresa NRG Argentina SA; a Pablo Marull, de Marull Heavy Equipment LLC; a la despachante de aduana Karina Cantafio; por 24 casos de contrabando agravado y defraudación a la administración pública.

La Justicia determinó en esta etapa de la causa que NRG hizo importaciones al país con Marull Heavy Equipment LLC. Concretamente, ingresó al país equipamiento para el montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas” que se utiliza para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas.

Fueron en total 24 operaciones entre el 29 de junio del año 2020 y el 8 de abril de 2022, a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste. Pero el juez González Charvay determinó que se hicieron de con documentación falsa.

“De los veinticuatro (24) despachos de importación analizados surge que la suma declarada ante la Aduana de Estados Unidos resultó de un total de USD 17.367.633; mientras que en las Aduanas de Campana y de San Antonio Oeste de la República Argentina se declaró un total de USD 100.451.157,33; por lo que la diferencia en lo declarado ascendió a la suma de USD 83.083.524,33, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional que, a través del Banco Central de la República Argentina, autorizó las operaciones de compra y giro de divisas extranjeras para el pago de esas importaciones en base a lo declarado en el país”, explicó el magistrado en su resolución de 102 páginas.

Para eso, los acusados se habrían valido de documentación apócrifa. Pero la maniobra no terminaría ahí, ya que luego sacaban el dinero del país: “La operatoria de contrabando de importación agravada investigada, les habría permitido obtener al tipo de cambio oficial, la suma de USD 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa”.

El nexo con Entre Ríos

La firma tiene “260 hectáreas en las cercanías de Ibicuy, con gran disponibilidad de volumen de material de excelente calidad”, según se cita en propio el sitio oficial de NRG.

Lo extraído en el sur de la provincia de Entre Ríos luego es trasladado a “la planta de procesamiento es de última generación”, emplazada en Río Negro.

A fines del mes de junio de 2022, los efectivos de la fuerza federal estuvieron en el radio urbano de Ibicuy realizando uno de los procedimientos en el edificio de la Municipalidad de Ibicuy y otros en las areneras que funcionan en esa localidad y que tienen su epicentro en la zona portuaria, donde se realiza la carga de camiones.

Fuente: Infobae / Análisis

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La medida fue dictada por el juez federal Pablo Seró, quien dejó a salvo su opinión en contrario y aclaró que lo hacía para “superar el estado de estancamiento” en que se encontraba la causa y siguiendo lineamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.

Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021 y llegaron a la Justicia a raíz de una denuncia de trabajadores -oriundos de Misiones- que realizaban tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos en un campo de Spañoletti, ubicado en Colonia Ayuí.

Hacinados, mal alimentados e incomunicados

De acuerdo al procesamiento, los obreros sobrevivían casi en condiciones de esclavitud, hacinados en un motor home y en un refugio para animales de corral con goteras.

No tenían agua corriente ni luz eléctrica y tampoco baño.

Dormían en el piso, en colchones deteriorados, sin sábanas.

La alimentación también era escasa cuando se las proveía la persona que los había contratado y había días en los que no tenían para comer. Cocinaban a la intemperie, con leña.

Si bien algunos contaban con teléfono celular, en el campo no había señal, por lo que estaban incomunicados.

Los trabajadores señalaron como su empleador a Andrés Alberto López, dueño de un aserradero en La Criolla, asegurando en sede judicial que nunca trataron con Spañoletti, aunque también dijeron que iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola.

¿Quién era el dueño?

El campo, efectivamente, está registrado a nombre de Spañoletti, aunque él asegura haberle vendido a López una porción de cinco hectáreas de monte en dos millones de pesos.

Según sus propias palabras, la operación se habría realizado “en negro”, sin la intervención de un escribano, con la firma que ambos estamparon en un papel como única garantía y que López le había pagado en dos veces y en efectivo.

En su declaración indagatoria, dijo además que no tenía injerencia en el trabajo de desmonte ni con las personas que realizaban esa tarea y que “López estaba autorizado por el boleto de compra venta a introducir el personal que sea necesario para hacer la cosecha o la tala”.

Del mismo modo, negó haber autorizado que los trabajadores se quedaran a dormir en el campo y que López se lo hubiera pedido porque el contratista le dijo que “los iba a llevar y traer porque tiene un aserradero en La Criolla”, donde supuestamente vivirían y dormirían los obreros.

Pero quien contradice esa explicación es el propio Spañoletti, en un mensaje de voz que le envió a López unos días antes del operativo y fue recuperado de su teléfono celular:

–Andrés, fíjate esa gente que quedó ahí en el colectivo, eso me va a hacer daño nomás en cualquier momento, viste. Están al pedo ahí.

La fiscal Josefina Minatta ha insistido en que esas pruebas revelan que Spañoletti tenía pleno conocimiento y aceptaba que las víctimas se hospedaran en su estancia, a la que asistía diariamente, en esas condiciones.

Pero el juez Seró consideró que estos elementos no eran suficientes para sostener una acusación contra el exfuncionario y le dictó una falta de mérito, que fue revocada y luego el sobreseimiento, también revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.

Fuente: Juan Cruz Varela para Página Judicial

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El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como “autor” de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que “prima facie” Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”, establece el fallo.

El juez Bava, reiteradamente cuestionado por el mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable de “haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.

“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas al que Télam tuvo acceso.

Bava estimó que “prima facie” Macri es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”

En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

Para Bava, está demostrado en la investigación que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.

La causa en la que este miércoles quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan.

Por el mismo expediente, el juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.

Ayer, dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI durante el Gobierno de Macri, también fueron procesados con embargos de 20 millones de pesos.

La defensa de Macri, encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones.

En este sentido, en los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.

Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar “un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento”.

El juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados

La declaración de Guglielmi fue en la misma dirección que la del ex jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían afectar el recorrido del presidente.

Según informaron a Télam fuentes de la causa, las explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que forman parte de la denuncia.

Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado.

El fallo del juez Bava:

Fuente: Télam

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