Esclavitud moderna y absoluto control de tus acciones

La discusión sobre la libertad individual volvió al centro del escenario tras conocerse el avance de sistemas de identidad digital vinculados a la salud impulsados por la cuestionada Organización Mundial de la Salud junto a la empresa tecnológica Affinidi, financiada por el fondo soberano Temasek y con vínculos con gigantes como Pfizer y la fundación del magnate Bill Gates.

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Para ellos, se trata de una herramienta moderna para facilitar viajes y respuestas sanitarias globales, una buena manera de venderte estas herramientas de control, pero afortunadamente para otros, es una señal alarmante de hacia dónde podría dirigirse el mundo.

Y la frase que empieza a repetirse es clara: no queremos ser controlados digitalmente y mucho menos por quienes lo único que pretenden es una sociedad estúpida y obediente.

Del certificado sanitario al ciudadano verificable

La pandemia dejó algo más que consecuencias sanitarias y económicas: dejó una infraestructura de control sanitario que demostró que es técnicamente posible condicionar la vida cotidiana a sistemas digitales.

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Viajar, trabajar, estudiar o asistir a eventos pasó a depender —en muchos países— de certificados sanitarios físicos o digitales.

En un escenario hipotético, de acuerdo a la Huella de carbono de cada ciudadano, podrían no habilitar la compra de pasajes aéreos a través de billeteras virtuales (cada vez se maneja menos efectivo, producto también de este macabro plan)

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Ese precedente cambió el debate.

Hoy, los proyectos de identidad digital sanitaria global se presentan como herramientas para futuras pandemias, interoperabilidad entre países y eficiencia administrativa. Pero la inquietud social surge de otras preguntas:

¿Dónde termina la salud pública y dónde empieza la infraestructura permanente de verificación?

¿Quienes son los que intentan obligarnos a ser autómatas digitales y quien se cree les dio ese poder?

El paso de medidas excepcionales a sistemas permanentes es lo que genera alarma.

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Libertad vs. arquitectura de control

El problema no es una aplicación.
El problema es la arquitectura que puede construirse alrededor de ella.

Cuando se habla de identidad digital global, el concepto suele incluir:

• Certificados sanitarios
• Identidad digital universal
• Datos biométricos
• Integración con sistemas financieros y de servicios

Es decir, una infraestructura capaz de verificar la identidad y el estado de una persona en tiempo real.

La tecnología puede ser útil.
Pero también puede convertirse en un sistema de control y permisos.

Y esa diferencia es fundamental.

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El poder concentrado y la crisis de confianza

La participación de organismos internacionales, grandes corporaciones tecnológicas y actores financieros globales alimenta una desconfianza creciente.

No se trata solo de salud.
Se trata de poder.

Millones de personas perciben que decisiones que afectan su vida se toman lejos del debate democrático. La pandemia profundizó esa sensación: medidas extraordinarias, cero responsabilidades por malas praxis, negación de debates científicos serios, desacreditación a quienes pretenden iluminarnos con descubrimientos científicos que se contraponen al relato oficial, cambios rápidos y ninguna participación social en decisiones históricas.

La consecuencia es visible: avasallamiento de derechos (hasta constitucionales) y una crisis de confianza sin precedentes.

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Una sociedad distraída en medio del cambio

Mientras estos debates avanzan, la vida cotidiana transcurre entre pantallas, redes sociales y entretenimiento constante.

Nunca hubo tanta información disponible.
Y nunca fue tan difícil sostener debates profundos.

La discusión sobre libertad, privacidad y poder queda muchas veces sepultada bajo el ruido digital.

La línea que no queremos cruzar

La tecnología es inevitable.
La innovación también.

Pero hay un límite que cada vez más personas señalan con claridad:
no quieren que su libertad dependa de validaciones digitales permanentes.

No quieren vivir en un mundo donde la vida cotidiana pueda condicionarse desde sistemas diseñados por organismos y corporaciones globales.

Porque este mundo no tiene dueños.

La pregunta que empieza a resonar en cada vez más países no es tecnológica.
Es política, ética y profundamente humana:

¿Quién decide los límites del control?

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FM del Este 100.5

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En medio del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, que esta semana afectó al consumo de café en Casa Rosada para ahorrar 10 millones de pesos, como informó el vocero presidencial Manuel Adorni, se conoció que el laboratorio Pfizer fue beneficiado con un contrato directo por 28.858.509 dólares, según el Boletín Oficial.

La operación consiste en la compra de 530 mil vacunas contra el Virus Sincicial Respiratorio que se le aplican preventivamente a las embarazadas. Por ser una contratación directa, la compra quedó excluida del Control de Precios Testigo.

Lo más llamativo es que el contrato se terminó de concretar a fines de diciembre y fue la “Decisión Administrativa” número dos del nuevo gobierno cuando Milei fue uno de los más críticos de las vacunas durante la pandemia. Al punto tal que en 2021 logró saltar a la fama y llegar al Congreso por su guerra contra las vacunas.

Sin embargo, eso no fue ningún obstáculo para beneficiar al poderoso laboratorio con un contrato directo que había sido confeccionado en noviembre del 2023, cuando aún gobernaba Alberto Fernández y un mes después terminó refrendando Milei.

La compra lleva las firmas de Nicolás Posse, jefe de gabinete, y del ministro de Salud, Mario Russo.

Fuente: La Política Online

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Según la demanda, las afirmaciones de marketing de Pfizer sobre la eficacia, la duración de la protección y la capacidad de su vacuna COVID-19 para prevenir la transmisión violaron la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas .

La demanda también alega que Pfizer citó estadísticas engañosas, ocultó datos negativos y realizó declaraciones sin fundamento sobre la eficacia contra variantes como Delta. “Buscamos justicia para el pueblo de Texas, muchos de los cuales fueron obligados por mandatos tiránicos de vacunas a aceptar un producto defectuoso vendido con mentiras”, dijo Paxton en un comunicado de prensa . “Los hechos son claros. Pfizer no dijo la verdad sobre sus vacunas COVID-19”.

Cuando el fracaso de su producto se hizo evidente, “Pfizer pasó a silenciar a quienes decían la verdad”.

La demanda cita quejas hechas por el ex funcionario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), Scott Gottlieb, en X (anteriormente Twitter) sobre los escépticos de las vacunas.

Paxton solicita más de 10 millones de dólares en sanciones civiles, además de medidas cautelares que impidan a Pfizer hacer afirmaciones sobre la eficacia de la vacuna similares a las impugnadas en la demanda.

«Hasta ahora, Pfizer ha eludido la responsabilidad sobre los posibles problemas de salud como la miocarditis , gracias a las amplias protecciones de responsabilidad otorgadas a las compañías farmacéuticas» por la Ley PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness), escribió The Federalist ”.

La mayor esperanza es que la información contenida en la demanda de Texas impulse al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. o al Fiscal General de EE.UU. “a iniciar finalmente una acción coercitiva contra los fabricantes de vacunas por no haber sido completamente sinceros con la FDA sobre la seguridad y eficacia de las vacunas”.

El marketing de Pfizer «no se parecía en nada a la realidad»

La demanda alega que la afirmación de Pfizer de que su vacuna tenía una eficacia del 95% contra la infección fue «altamente engañosa desde el primer día» porque representaba sólo la » reducción relativa del riesgo » en lugar de la «reducción absoluta del riesgo».

En su cálculo de la reducción del riesgo relativo, Pfizer comparó solo los pequeños subconjuntos de los grupos de vacuna y placebo que desarrollaron sistemas COVID-19 durante el ensayo (8 versus 162 personas, respectivamente) en lugar de considerar toda la cohorte de casi 35.000 participantes del ensayo, según a la petición.

«Según los propios datos de Pfizer, prevenir un caso de COVID-19 requirió vacunar a 119» personas, afirma la petición, «pero la avalancha de representaciones públicas de Pfizer no se parecía en nada a la realidad».

La petición describe tres áreas principales de engaño relacionadas con la representación “95% efectiva”:

1. La FDA sólo tenía dos meses de datos de Pfizer antes de autorizar la vacuna, afirmando que “’no era posible’ saber qué tan efectiva permanecería la vacuna más allá” de ese tiempo.
2. Cuando la FDA le dijo a Pizer que necesitaba información adicional para determinar si la vacuna protegía contra la transmisión, Pfizer emprendió una “campaña de alarmismo, explotando los intensos temores del público al insinuar que la vacunación era necesaria… para proteger a sus seres queridos de contraer COVID-19. «
3. Pfizer hizo afirmaciones falsas y sin fundamento sobre la eficacia de la vacuna contra variantes, específicamente la variante Delta, cuando sus propios datos demostraban lo contrario.

La denuncia también afirma que a finales de 2021, “un mayor porcentaje de personas vacunadas contrajeron e incluso murieron a causa de COVID-19 que las no vacunadas”.

Como resultado de la conducta engañosa de Pfizer, alega la demanda, el fabricante de vacunas pudo vender cientos de millones de dosis al gobierno de Estados Unidos “y su vacuna penetró rápidamente en el mercado a través de una adopción pública generalizada”.

La Dra. Naomi Wolf, cuya organización Daily Clout ha realizado análisis detallados de los documentos de Pfizer , le dijo a Steve Bannon que los propios documentos de Pfizer muestran que sabían, “dentro de los dos meses posteriores a su lanzamiento, que la vacuna no funcionaba…

La campaña de censura e intimidación de Pfizer

Cuando se hizo evidente que su vacuna estaba fallando, Pfizer respondió “intimidando a quienes difunden la verdad y conspirando para censurar a los críticos de la vacuna ” coaccionando a las plataformas de redes sociales para que los silenciaran, alega la demanda.

La autorización de la FDA , según la petición, “no le dio a Pfizer un cheque en blanco para difundir seriamente tergiversaciones… para enriquecerse a expensas de un público asustado”.

Gottlieb, quien dirigió el comité regulatorio y de cumplimiento de Pfizer, se comunicó más de una vez con Twitter por «violaciones percibidas de la política de Twitter», afirma la demanda. En un caso, Gottlieb habló de los tuits del periodista Alex Berenson , donde afirmaba que la vacuna no detenía la infección ni la transmisión y tenía una ventana de eficacia limitada.

«Estas eran declaraciones indiscutiblemente verdaderas basadas en el registro científico de ese momento, incluidos datos de los propios estudios de Pfizer, así como los propios hallazgos de la FDA», según la demanda.

En múltiples ocasiones, Pfizer empleó métodos “con la intención de provocar y, en última instancia, provocar censura en las plataformas de redes sociales sobre contenido adverso a las ventas o el consumo de su vacuna”, incluso a través de un grupo fachada llamado “ Proyectos de Bien Público ”, alega la demanda.

La petición también critica al director ejecutivo de Pfizer, Alfred Bourla , por decir el 9 de noviembre de 2021 que las personas que difunden la llamada “información errónea” sobre las vacunas eran “criminales” que “literalmente han costado millones de vidas”.

El mismo día, Pfizer publicó el reclamo de “desinformación” en su cuenta de Twitter, según la demanda:

Segunda demanda de Texas contra Pfizer en menos de dos semanas

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Texas demanda a Pfizer. El 20 de noviembre, Paxton reveló una demanda contra el fabricante de vacunas y su fabricante de medicamentos , Tris Pharma, alegando que las compañías vendían medicamentos a niños a pesar de que sabían que el medicamento era ineficaz y potencialmente peligroso.

La demanda , presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Harrison, alega que Pfizer, a sabiendas, distribuyó un medicamento utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a niños con Medicaid, a pesar del patrón de que el medicamento no pasó las pruebas de control de calidad.

El fármaco, Quillivant XR , es un estimulante que afecta las sustancias químicas del cerebro y los nervios implicadas en la hiperactividad y el control de los impulsos.

De 2012 a 2018, “Pfizer y Tris manipularon continuamente las pruebas Quillivant para ocultar prácticas de fabricación deficientes y defraudar al programa Medicaid de Texas”, según un comunicado de prensa .

Durante esos años, muchas familias se quejaron de que la medicación no surtía efecto. Según la denuncia: “En ningún momento los demandados advirtieron a los proveedores o tomadores de decisiones de Medicaid de Texas que Quillivant conocía problemas de fabricación que afectaban su eficacia, privando así al programa Medicaid de la información crucial en la que se basa. … Como resultado, miles de niños de Texas recibieron una Sustancia Peligrosa Controlada de Lista II adulterada”.

(Con información de John-Michael Dumais)

Fuente: Adelanteespana.com

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Del escudo casi absoluto de las inoculaciones a nada menos que la eficacia negativa. De la seguridad “comprobada” a efectos secundarios preocupantes. Con lentitud, la ciencia reexamina ahora sus “verdades” incuestionables.

En nombre de la ciencia

Durante los últimos tres años se han cometido todo tipo de atrocidades en nombre de la ciencia. La declarada “pandemia de covid” no sólo paralizó las vidas de la mayoría de los habitantes del mundo sino que muchos fueron condenados a morir en soledad. Se suprimieron posibles tratamientos y también el debate científico. Se crearon estrategias para silenciar y desprestigiar a profesionales de trayectoria mientras el miedo infundido logró que las personas marcharan voluntariamente hacia la aplicación de un producto con escaso testeo sobre su efectividad real, sus limitaciones y sus posibles secuelas. Un ejército de “verificadores de datos” con múltiples conflictos de intereses se encargaron de rebatir con argumentos endebles cada uno de los cuestionamientos sensatos que se plantearon.

La conveniencia de las cuarentenas de sanos, el uso de pruebas de PCR para diagnosticar, el verdadero origen del SARS-CoV-2, la eficacia real de los inóculos, los riesgos asociados a esos productos desarrollados en tiempo récord y el poder de la inmunidad natural tras haber padecido la enfermedad fueron algunos de los principales temas sobre los cuales se construyó el fraude. Ahora, casi tres años después, resulta cada vez más difícil tapar las verdades que dejan al desnudo esos engaños.

Pfizer reconoce que no sabe si su producto contra el Covid impide la transmisión del virus

Entre los más recientes escándalos, aunque pasó inadvertido en la mayoría de los medios, están las declaraciones de Janine Small, presidenta de mercados internacionales de Pfizer, quien declaró el 10 de este mes ante el Parlamento Europeo que la compañía productora de inoculaciones no sabía si su producto contra el covid-19 impedía la transmisión del virus antes de que entrara en el mercado en diciembre de 2020. “No. Tuvimos que movernos realmente a la velocidad de la ciencia”, respondió la ejecutiva de Pfizer a la pregunta que le realizó Rob Roos, miembro holandés del Parlamento Europeo. La posibilidad de detener la transmisión del virus no fue objeto de estudio en los ensayos clínicos que llevó adelante la compañía para obtener la autorización de emergencia.

¿Pero no había que estar vacunados para poder entrar a un banco, a un cine, para “ser solidarios” con los otros? A esto mismo apuntó el diputado Roos, quien tras escuchar la respuesta de la ejecutiva de Pfizer alertó: “Esto elimina toda la base legal del pasaporte covid”.

Contratos secretos, participantes de los ensayos clínicos que han denunciado que fueron excluidos de la investigación por presentar efectos adversos graves… nada parece detener a gigantes de la talla de estas farmacéuticas. “Más de una de cada seis personas en el planeta usó en 2021 un medicamento o vacuna de Pfizer”, dijo Small en su presentación en el Parlamento Europeo con la intención de hacer notar la magnitud de sus negocios. “Hasta septiembre de este año hemos entregado 3,8 mil millones de vacunas a 181 países y territorios del mundo. Más de la mitad de la población de Europa ha recibido una vacuna de Pfizer BioNtech”, se jactó.

la eficacia de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y AstraZeneca se vuelve negativa contra el covid grave meses después de su administración. Eficacia negativa significa que una persona vacunada tiene más probabilidades de sufrir enfermedad que una que no lo está.

International Journal of Epidemiology

Las promesas de las compañías que salieron al ruedo con “novedosas vacunas” y de los gobiernos que las compraron aseguraban que quienes estuvieran inoculados tendrían menos riesgo de padecer las formas severas de la enfermedad y que serían necesarias dos dosis. Más tarde, aparecieron los múltiples refuerzos que se fueron sumando para “potenciar” la protección. De acuerdo con un nuevo estudio, publicado en el “International Journal of Epidemiology”, la eficacia de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y AstraZeneca se vuelve negativa contra el covid grave meses después de su administración. Eficacia negativa significa que una persona vacunada tiene más probabilidades de sufrir enfermedad que una que no lo está.

Una sola dosis de la vacuna de Pfizer tuvo una eficacia de -121% en el día 84 y de -85% en el día 98. Los investigadores concluyeron que una segunda dosis de Pfizer se mantuvo mejor, pero aún así cayó por debajo del 50% en el día 98.

En tanto, una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca dio resultados negativos en el día 70 y una segunda dosis dio resultados negativos en el día 84, según el artículo.

El estudio es el último en estimar la eficacia negativa de este tipo de vacunas, aunque otros ya han examinado la eficacia contra la infección. Investigadores financiados por Moderna afirmaron en un documento reciente que la eficacia de la vacuna contra la infección se volvió negativa después de varios meses contra BA.2.12.1, BA.2, BA.4 y BA.5, que son todas subvariantes de la variante Omicron del coronavirus.

Otro trabajo, que analizó la eficacia del producto de Pfizer contra la infección entre niños de 5 a 11 años, estimó que ésta se volvió negativa después de 18 o 20 semanas, dependiendo de si los niños también habían sido infectados con covid-19.

Por otra parte, investigadores de Qatar que examinaron la eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna, estimaron en junio que su eficacia se volvía negativa con el tiempo y no observaron diferencias discernibles en la protección contra la infección sintomática por BA.1 y BA.2 entre la infección previa, la vacunación y la inmunidad híbrida.

En tanto, otro estudio, publicado en JAMA en mayo último por científicos estadounidenses, determinó que la eficacia de la vacuna de Pfizer se volvía negativa para los niños de 12 a 15 años después de cinco meses.

Preocupa la Seguridad

Otro de los aspectos centrales sobre los que se basó la recomendación de los “expertos” de inocular a toda la humanidad, incluidos los bebés, los niños y las embarazadas fue la premisa de que estos productos “son seguros”. No obstante, un nuevo estudio realizado en Japón, planteó preocupación por los signos de seguridad de las vacunas covid de ARNm.

El trabajo, publicado en el servidor de preimpresiones medRxiv, fue realizado por un equipo de investigadores que incluyó a Rokuro Hama, director del Instituto Japonés de Farmacovigilancia, una agencia japonesa de control posterior a la aprobación de medicamentos.

Este grupo japonés informa que los cocientes de tasas de mortalidad por miocarditis (MMRRs, por sus siglas en inglés) y sus intervalos de confianza (95%) tras recibir las vacunas covid-19 en comparación con la población general de referencia durante los últimos tres años fueron significativamente más altos no sólo entre la población adulta joven (el más alto se vio en la franja de 30 a 40 años, con una razón de mortalidad por miocarditis de 6,69) sino también en los ancianos.

En concreto, concluyen que “la vacunación contra el SARS-CoV-2 se asoció con un mayor riesgo de muerte por miocarditis, no sólo en los adultos jóvenes sino también en todos los grupos de edad, incluidos los ancianos”. “Si se tiene en cuenta el efecto saludable de la vacuna, el riesgo de muerte por miocarditis puede ser 4 veces o más alto que el riesgo aparente. También hay que tener en cuenta la infradeclaración”, agregan para luego finalizar:  “Sobre la base de este estudio, el riesgo de miocarditis tras la vacunación contra el SARS-CoV-2 puede ser más grave que el notificado anteriormente”.

En línea con estos datos que generan preocupación, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó la semana última al Ministerio de Salud de Israel que proporcione información sobre el estado de vacunación de las personas fallecidas, tras la solicitud de información pública (FOI) de un ciudadano israelí.

Según informó el sitio The Epoch Times, el Ministerio de Sanidad israelí tiene hasta mediados de noviembre para proporcionar:
* la mortalidad total, por cualquier motivo, incluida la de covid-19, indicando el estado de vacunación de los fallecidos, las dosis de vacuna y la cantidad de recuperados.
* datos sobre la mortalidad infantil por covid-19, señalando si el fallecido tenía o no comorbilidades.
*La mortalidad por covid-19 con los datos segmentados por comorbilidades y según el estado de vacunación.

El pedido se produjo después de que David Shuldman, analista de sistemas y economista, presentara una solicitud de información pública en 2021 para obtener datos de mortalidad desglosados por estado de vacunación. También pidió que se indicaran las muertes de las personas que se recuperaron del covid. Después de que el Ministerio de Sanidad no respondiera durante cuatro meses, Shuldman presentó un recurso administrativo mediante el cual logró la disposición del Tribunal.

Tres días después de la orden judicial, Kan 11, una emisora estatal israelí, anunció que el Ministerio de Sanidad de aquel país va a estudiar el exceso de mortalidad para determinar si el incremento de muertes más alto de lo normal registrado durante la pandemia está relacionado con las vacunas covid.
También en España el exceso de mortalidad registrado en julio último -que alcanzó máximos históricos- genera “desconcierto”.  Allí hubo 11.264 óbitos por encima de lo habitual, esto es, seis veces más con respecto a la serie histórica de la media de este mes (1.844) desde que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) la recoge en las estadísticas en el MoMo, el sistema de Monitorización de la Mortalidad, dependiente del Ministerio del Interior.

“Un pico de muertes, además, muy por encima de las provocadas por covid oficialmente en el mismo periodo (2.602) y de las atribuidas a las altas temperaturas (2.223)”, señala el sitio “The Objective”, que revela que el Ministerio de Sanidad no ha sabido responder sobre lo que está sucediendo. ”Ninguna de las administraciones consultadas por THE OBJECTIVE ha sabido dar una respuesta a qué se debe este exceso de mortalidad”, indica el sitio informativo y agrega que “Hasta el momento, la única referencia pública a este tema por parte de los representantes políticos tuvo lugar en diciembre de 2021 cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras ser preguntada por este asunto en la comisión de salud del Congreso de los Diputados, dijo que a ella también ‘le gustaría saber por qué’ se están produciendo estas muertes”.

MÁS “MISTERIOS” Y GRIETAS

Tampoco se han obtenido respuestas convincentes sobre el origen del SARS-COV-2, que dio lugar a esta gran debacle mundial. Hasta la poco transparente Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un brusco giro en junio último respecto de esta temática.

En un informe preliminar, el Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos (SAGO) de la OMS afirmó que es necesario seguir investigando para determinar cómo se originó el covid-19, incluido un análisis más detallado de la posibilidad de que fuera un accidente de laboratorio. Esta postura del grupo de expertos mostró una diferencia drástica de la evaluación inicial que hizo la entidad sanitaria mundial sobre los orígenes de la pandemia, cuando concluyó en 2021 que era “extremadamente improbable” que el covid-19 pudiera haber llegado a los humanos desde un laboratorio.

Mientras hay equipos de investigadores que siguen asegurando con sus estudios que el virus saltó de los animales a los humanos, como el publicado en Science en julio último, un reciente trabajo titulado “La huella de la endonucleasa indica un origen sintético del SARS-CoV2”, apuntan al origen artificial.

Este reciente trabajo, publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv, concluye que es muy probable que el virus SARS-CoV-2 que causa el covid-19 se haya originado en un laboratorio. Las probabilidades de un origen natural, según el estudio, se sitúan en menos de 1 entre 100 millones.

A diferencia de los estudios anteriores, que analizaban aspectos cualitativos como las características del virus, el nuevo estudio evalúa por primera vez la probabilidad de un origen de laboratorio sobre una base cuantitativa. Esta metodología permitió a los autores presentar resultados objetivos.

“El mapa de restricción del SARS-CoV-2 es consistente con muchos genomas de coronavirus sintéticos informados anteriormente y cumple con todos los criterios requeridos para un sistema genético inverso eficiente. Se diferencia de sus parientes más cercanos por una tasa significativamente más alta de mutaciones sinónimas en estos sitios de reconocimiento de aspecto sintético y tiene una huella digital sintética que probablemente no haya evolucionado de sus parientes cercanos. El SARS-CoV-2 tiene una alta probabilidad de que se haya originado como un clon infeccioso ensamblado in vitro”, indica el texto de Valentin Bruttel, inmunólogo molecular de la Universidad de Wurzburg, en Alemania, y sus colegas Alex Washburne y Antonius van Dongen.

 No obstante, los hallazgos han despertado gran controversia e incluso la furia en Twitter de algunos científicos que se rehúsan a aceptar esta posibilidad.

Washburne, uno de los autores del trabajo en cuestión, escribió el pasado lunes en su blog una carta abierta para defenderse de las críticas.

“Un pequeño número de virólogos muy bien podría haber abierto la Caja de Pandora causando la muerte de millones de personas en todo el mundo, y nuestros sistemas de medios, gobierno y ciencia no han podido descubrir la verdad de manera oportuna, transparente y confiable”, escribió.

Nos dirigimos hacia algunos de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado nuestra especie. Nuestras acciones de hoy y la cultura que creamos pueden determinar qué mundo, si es que hay alguno, heredarán nuestros bisnietos.

“La ciencia es un sistema social y, como cualquier otro sistema social, es vulnerable a causar daños por los vitriolos, los ánimos y las ambiciones de los seres humanos implicados. Invito apasionadamente a todos los demás a unirse a mí. Mejoremos el discurso. Como científicos, demos ejemplo. Invito a todos a abstenerse de los ataques ad hominem, a dejar la cultura mejor de lo que la encontraron, a estar abiertos a todas las pruebas, a considerar todas las teorías y explicaciones posibles, y a celebrar el pensamiento independiente e inteligente que es el manantial de la innovación. Mantén la curiosidad. Mantente abierto a nuevas pruebas. No tengas miedo de admitir si te equivocas, ya que hacerlo nos acerca a la Verdad”, instó.

“Desde el cambio climático y la extinción masiva hasta la desinformación y la peligrosa biotecnología, nuestra civilización puede ser mucho más frágil de lo que creemos, como un sólido cuenco de cerámica que está perfectamente intacto hasta que un accidente lo destroza sin remedio. Nos dirigimos hacia algunos de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado nuestra especie. Nuestras acciones de hoy y la cultura que creamos pueden determinar qué mundo, si es que hay alguno, heredarán nuestros bisnietos. Uno de los mayores bienes que podemos hacer con el tiempo que tenemos es conocer los verdaderos orígenes del SARS-CoV-2, equipándonos para evitar que futuras pandemias maten a millones de personas y perturben los sistemas políticos y económicos mundiales”, concluyó el científico en su carta.

Como vemos, es la propia ciencia la que está dejando en evidencia de a poco este monumental engaño. Aunque más lento que lo deseado, la verdad comienza a abrirse paso. 

Agustina Sucri

La Prensa

La entrada Engaños en torno al Covid: cómo empezaron y cómo les está yendo se publicó primero en FM del este 100.5.

Mañana arriba un cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacunas contra el Covid-19 del contrato firmado con el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para 2021. Llegarán a las 16 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelvo AA991 de American Airlines.

Se trata de las primeras 100 mil dosis del laboratorio estadounidense correspondientes al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional para recibir 20 millones de vacunas durante este año.

A este lote se sumará en los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 vacunas. Los vuelos seguirán llegando durante septiembre, según disponibilidad, para completar las 580.000 dosis previstas para este mes.  Así, durante octubre, noviembre y diciembre se completarán los envíos de las restantes 19,5 millones que incluyen el contrato firmado en agosto.

En consenso federal, las 580.000 dosis previstas para septiembre serán destinadas a avanzar en la vacunación de adolescentes con condiciones de riesgo, a completar esquemas heterólogos y, en función de la disponibilidad de ingresos de dosis, a la vacunación de otros grupos de adolescentes.

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El Economista

La entrada Llega el primer cargamento de vacunas Pfizer al país se publicó primero en FM del este 100.5.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dirigió anoche un mensaje al presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, luego de que el Gobierno confirmara el acuerdo con el laboratorio Pfizer, tras una serie de irregularidades en la negociación con el laboratorio.

“Presidente: le pedí de mil maneras que firme el contrato con Pfizer. Nos mintió; dijo que no se podía. Lamento que sus intenciones ideológicas y la oscuridad de su gestión hayan retrasado esta vacuna más de 10 meses. ¡Una vez más teníamos razón!”, chicaneó la exministra de Seguridad.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1430333164535287809&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fla-chicana-de-patricia-bullrich-a-alberto-fernandez-por-la-compra-de-las-vacunas-de-pfizer-nid24082021%2F&sessionId=67536098d4e52d557202a3f91c72257aa9391b27&theme=light&widgetsVersion=1890d59c%3A1627936082797&width=550px

A mitad de año, Bullrich acusó a Ginés González García de pedirle sobornos al laboratorio y plantear que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación, es decir, un presunto intento de retorno por parte del Ejecutivo a cambio de la llegada de las vacunas del laboratorio norteamericano.

“Ratifico que los 14 millones de vacunas no llegaron a la Argentina porque el ministro de Ginés González García decidió no firmar ese contrato si no era a partir de la existencia de un intermediario que les garantizaba el modelo de corrupción kirchnerista”, había denunciado en mayo la exministra de Seguridad de la Nación en diálogo con LN+.

La entrada La chicana de Patricia Bullrich a Alberto Fernández por la compra de las vacunas de Pfizer se publicó primero en FM del este 100.5.

Los investigadores de la universidad de Oxford estudiaron entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 muestras de unas 700.000 personas vacunadas.

Este análisis permitió establecer que para las infecciones con una carga viral alta, una persona que haya recibido su segunda dosis de Pfizer un mes antes estaba un 90 por ciento más protegido contra la variante delta que una persona no vacunada. Este porcentaje cae al 85 por ciento dos meses después y al 78 tres meses después.

Paralelamente, las personas que recibieron las dos inyecciones de AstraZeneca están protegidas en un 67 por ciento un mes después, 65 por ciento dos meses después y 61 por ciento tres meses después. Tras cuatro o cinco meses, el nivel de protección que ofrecen las dos vacunas es similar, según este estudio, que aún está sin validar.

Retroceso en la eficacia de Pfizer

Estas cifras “representan un retroceso” de la eficacia de la vacuna de Pfizer, explicó el doctor Koen Pouwels, que participó en el estudio, mientras que para AstraZeneca “las diferencias (entre un mes y otro) son mínimas, es decir, podría no haber ningún cambio en la protección”.

El experto insistió en que pese “a la ligera baja del nivel de protección”, “la eficacia global (de las dos vacunas) sigue siendo muy elevada”.

Las vacunas y los contagios

Los investigadores subrayaron que aunque los preparados no eliminan la posibilidad de contraer la enfermedad, sí reducen el riesgo de contagio y siguen siendo la forma más efectiva de garantizar protección ante la variante delta.

“Todavía no sabemos cuánta transmisión pueden provocar las personas que contraen covid-19 después de ser vacunadas. Pueden tener, por ejemplo, niveles altos de virus durante períodos de tiempo más cortos”, explicó Sarah Walker, experta en estadística médica y epidemiología de la Universidad de Oxford.

La vacuna de Moderna

En paralelo, los expertos también constataron que una dosis del preparado de Moderna (desarrollado en Estados Unidos) tiene una eficacia ante la variante delta “igual o mayor” que las otras dos vacunas, pero aún no disponen de datos para evaluar su efectividad tras la pauta completa.

Los intervalos entre las dosis

Respecto a los intervalos entre dosis, el estudio comprobó que este factor no altera la eficacia de las vacunas para prevenir nuevas infecciones, al tiempo que detectaron que los grupos más jóvenes (18-34 años) presentan niveles de protección más altos que los de mayores (35-64 años).

Tercera dosis

Los investigadores señalaron que sus conclusiones podrían servir para asesorar al Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI, en inglés), que debe decidir si recomienda la administración de una tercera dosis de refuerzo de cara al otoño

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Lo mismo que los ” 30 mil desaparecidos” 

Según Santiago Urbiztondo, economista jefe de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, hay una fórmula para medir cuántas muertes se podrían haber evitado si se hubiera empezado a vacunar más temprano con, por ejemplo, dosis de Pfizer, una de las primeras en salir al mercado.

Según publicó en El Cronista, esto se puede estimar definiendo escenarios contra-fácticos simples, que permitan concentrar la atención en la cantidad de dosis aplicadas sin tener que examinar la calidad del proceso de vacunación en cuanto a la mejor o peor priorización, la existencia de filtraciones, la distinta efectividad de las vacunas aplicadas, etc.

La estrategia de estimación es explotar la información emergente del cambio en la composición etaria de los fallecidos por Covid-19 en cada mes a partir de marzo de 2021 en la Argentina, suponiendo que el mismo es únicamente atribuible a la evolución del programa de vacunación.

Así, la continua reducción en la participación de personas de mayor edad entre el total de fallecidos por Covid-19 verificada en el país desde entonces es interpretada como una síntesis informativa del efecto de la vacunación, sin necesidad de recurrir a una compleja comparación internacional.

Los escenarios contra-fácticos se construyen a partir de la información oficial disponible sobre la evolución de los fallecimientos hasta el 12 de junio, que permite elaborar la Tabla 1. Los datos de junio son proyectados suponiendo 500 fallecimientos diarios en la segunda mitad del mes, y que la estructura etaria evolucionará con los mismos cambios verificados entre abril y mayo.

Así, al final del primer semestre se habrán acumulado casi 51.000 fallecimientos (que se suman a los más de 43.000 del año 2020), 51% de ellos adultos mayores de 70 años. En la última fila se incluye además una medida de cobertura de la vacunación (dada por el porcentaje de la población vacunada con al menos 1 dosis, tomando el promedio de cada mes). De allí es fácil verificar que los fallecidos mayores de 60 años pasaron de representar en conjunto el 86% del total en el primer trimestre, a representar el 80% en abril, el 72% en mayo y el 65% en junio, con una reducción posterior esperable hasta rondar el 50% en el último trimestre del año.

Entonces: ¿cuántos de esos fallecimientos pueden atribuirse a la demora en la vacunación?

La estimación realizada adelanta 2 meses el efecto previo estimado de la vacunación (suponiendo así que la menor participación de los grupos etarios de 40 y más años atribuida a la vacunación se diera desde febrero en vez de abril), y mantiene el supuesto de que los menores de 40 años se habrían contagiado y fallecido por Covid-19 de igual forma que sin tal vacunación, ya que no les habría tocado recibirla.

El retraso en la vacunación también tendrá incidencia en el mayor número de fallecidos durante el segundo semestre porque algunos de esos fallecimientos futuros habrían sido evitados con una vacunación más temprana (algo que no ocurre en el primer ejercicio, ya que las vacunas efectivamente aplicadas en el primer semestre ya salvaron las vidas de algunos de quienes se las aplicaron y habrían fallecido sin ellas, sin salvar vidas adicionales en el segundo semestre).

Desde julio, entonces, el economista supone una reducción mensual del 25% en el total de fallecidos, que llevaría la cuenta total a 98.000 fallecidos en 2021 y más de 135.000 desde el inicio de la pandemia, y que la evolución supuesta de la estructura etaria de esos fallecimientos pretende aproximar el efecto de una cobertura creciente de la vacunación a personas de menor edad.

El resultado de este segundo ejercicio, sintetizado en la segunda mitad de la Tabla 2, es que de haberse podido adelantar 2 meses la vacunación habría sido posible evitar unas 29.300 muertes por Covid-19 durante todo el año 2021, un 30% del total de fallecimientos proyectados en todo el año.

La proyección hacia fin de año muestra los resultados de incorporar ambos supuestos (incluyendo una evolución de la vacunación proyectando alcanzar un 73% de la población total vacunada con al menos 1 dosis a fin de año) muestra que la vacunación habría evitado unos 14.000 fallecimientos menos, mientras que el retraso de 2 meses en la vacunación habría provocado unos 2000 fallecimientos más.

Las estimaciones realizadas indican que la aplicación de unos 20 millones de dosis durante el primer semestre del año permitió evitar entre 54.700 y 69.000 fallecimientos por Covid-19 (entre 2,8 y 3,4 muertes evitadas por cada 1000 dosis aplicadas), mientras que el retraso de 2 meses por no haber contado con 9 millones de dosis adicionales habrá costado alrededor de 30.000 fallecimientos adicionales durante 2021 (3 muertes no evitadas por cada 1000 dosis no aplicadas). Las cifras finales podrán ser mayores o menores que estas estimaciones, por múltiples razones, pero ambos cómputos son consistentes entre sí.

Fuente: Seprin

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Los detalles del decreto habían sido anticipados en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes anunciaron su pronta publicación en el Boletín Oficial.

Más tarde, el Gobierno confirmó oficialmente que el jefe del Estado había formado el decreto.

La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.

Se trata de un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad respecto de las contrataciones, dijeron las funcionarias.

Ibarra adelantó que se establecerán modificaciones a la ley de 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra la Covid-19, tanto en lo que son “contratos bilaterales, como mecanismo Covax y donaciones”.

La secretaria subrayó que apenas fueron aprobadas las vacunas pediátricas contra el coronavirus fue un objetivo del Gobierno nacional obtenerlas y, en ese contexto, es que se modifica el “marco legal” para propiciar “conversaciones” con los distintos laboratorios, sin perder de vista la “protección de los intereses de los argentinos” y de los “bienes soberanos”.

Según la funcionaria, la idea es, por un lado, “adquirir vacunas pediátricas” dado que la de Pfizer está aprobada para menores de 18 años, y, por otro, “ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general”.

La secretaria Legal y Técnica adelantó que el DNU incluirá modificaciones a la normativa vigente, y que una de ellas será la supresión de “la negligencia como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas Covid 19”, y dijo en su lugar el Estado establecerá “el modo en que recibe conforme las vacunas”.

El término negligencia fue considerado por representantes de laboratorios como uno de los obstáculos para la provisión de vacunas.

Además, se suprime el término “malicioso o fraudulento”, que se reemplaza por “conductas dolosas”, un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial, según explicó Ibarra.

Añadió que en la nueva normativa tendrán “inmunidad soberana” todos los bienes del Estado, tal como lo tenían en la ley vigente, y afirmó que la instrucción para la negociación es “compatibilizar” la llegada de nuevos fármacos con los intereses que hay proteger del Estado.

“En materia de inmunidad de los bienes del Estado se va a eximir a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado”, manifestó Ibarra, y señaló que “todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos”.

La funcionaria remarcó que el DNU “es fruto de mucho esfuerzo” llevado a cabo para “cuidar los intereses de la Nación”, porque “hay bienes soberanos que no se pueden tocar” .

Además, expresó que se creará un fondo de compensación Covid-19, “que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad respecto de las contrataciones”, para “indemnizar a quienes puedan ser dañados por la aplicación de una vacuna”.

“El Fondo de Reparación se armó porque si alguna persona sufre un daño y pide una reparación tiene que existir la tranquilidad de que ese fondo es el que lo cubre y, si no, lo hará el Estado”, explicó.

Aseguró también que el Estado nacional “conversa, dialoga y escucha a todos los potenciales proveedores” de vacunas contra el coronavirus para ver si se puede “llegar a un acuerdo”, al aclarar que “son muchos los interlocutores”, más allá de los laboratorios estadounidenses Pfizer, Janssen y Moderna, y contó que el Gobierno nacional “negoció para tener la mayor cantidad de vacunas y proveedores sin interrumpir las conversaciones”.

“Uso político no”, dejó en claro la secretaria Legal y Técnica ante una consulta, al considerar que “si se votaba” lo que propuso ayer la oposición en la Cámara de Diputados “no podíamos contratar”, y dejó claro que fue por decreto porque el trámite en el Congreso lleva mucho tiempo” y “los tiempos de la pandemia” son otros.

En ese sentido, Ibarra indicó que espera que el Congreso de la Nación trate “pronto” la ley de regulación de adquisición de vacunas, ya que es una norma que “resguarda los intereses del Estado nacional, al tiempo que permite abrir puertas”.

Por su parte, Vizzotti sostuvo que en el marco del Plan de Vacunación del Gobierno nacional fue el Presidente el que propició el DNU que mañana publicará el Boletín Oficial y que “da la perspectiva de avanzar con contratos bilaterales con los laboratorios, la obtención de vacunas dentro del mecanismo Covax y a través de donaciones”, como la que comprometió el presidente estadounidense Jon Biden de Pfizer para distintos países del mundo.

Vizzotti se sumó al pedido de Ibarra de no hacer uso político de las vacunas y les transmitió a los padres de niños y niñas menores de 18 años que el Estado nacional “está trabajando para que tengan la vacuna”, y que para eso están “conversando con todos los proveedores”, que son “muchos”.

“Quizá fallemos en transmitir la complejidad de la negociación y parezca algo más sencillo, pero es compleja por el marco de la confidencialidad y por el marco legal, por eso: uso político no”, completó.

Tras recordar que “casi el 40 porciento de la población inició el proceso de vacunación contra el coronavirus” y que “ya llegaron 27 millones de dosis”, la ministra de Salud advirtió que “todavía son confidenciales las conversaciones” con los laboratorios para la compra de fármacos contra el coronavirus e insistió en que el DNU que firmará el Presidente “facilita” la adquisición de todas las vacunas.

Los detalles del decreto

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado esta noche por el presidente Alberto Fernández establece un marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a “generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, con inclusión de la protección de los niños y adolescentes”.

La normativa, dijeron fuentes oficiales, habilita la apertura de negociaciones con todos los laboratorios fabricantes de vacunas contra el coronavirus, en sintonía con lo anunciado en una conferencia de prensa previa por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El DNU 431, de 15 artículos, modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, en tanto elimina la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, concepto que tiene acogida en la terminología del artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 1° sustituye el artículo 3° de la Ley N° 27.573 y marca que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central”, y de “cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Tampoco abarca “a cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial”.

También quedan excluidos bienes “en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago del país, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto”.

Lo mismo se aplica para los bienes alcanzados “por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluyendo, pero no limitándose a bienes, establecimientos y cuentas de las misiones argentinas; y cualquier bien utilizado por una misión diplomática, gubernamental o consular del país”.

No contempla tampoco impuestos adeudados a la Argentina y los derechos del país a recaudarlos, ni bienes de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o agencia de defensa del país; cualquier bien que forme parte de la herencia cultural de la Argentina, y cualquier bien que integre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional”.

El artículo 2° sustituye el artículo 4° de la citada Ley y faculta al Ministerio de Salud a “incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones, con excepción de aquellas originadas en conductas dolosas por parte de los sujetos aludidos”.

El artículo 3° incorpora como artículo 8° bis de la Ley N° 27.573 la creación del Fondo de Reparación Covid-19 que tendrá por objeto “el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus”.

El artículo 5° incorpora como artículo 8° quater de la citada Ley que “la indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado será igual a 240 veces el haber mínimo jubilatorio”.

El artículo 10° del DNU incorpora como artículo 8° de la Ley N° 27.573, que el fondo deberá constituirse con una suma igual al 1,25 por ciento del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas.

Y el artículo 11° incorpora como artículo 8° decies de la misma Ley que en caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes para atender las obligaciones de pago, el deudor de las mismas será el Estado Nacional.

Fuente: La Prensa

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Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, al anunciar ayer el DNU sobre las vacunas

Vilma Ibarra intentó disimular lo indisimulable, es decir, el juego menor del Gobierno para avanzar con un DNU en lugar de cerrar un acuerdo en el Congreso para habilitar las compras o donaciones de la vacuna Pfizer y, por extensión, de Moderna y Janssen. La funcionaria trabajó el texto que expresa la decisión presidencial y reconoce, de manera implícita, que resultaba insostenible la posición del Gobierno, alimentada por explicaciones variadas y hasta insólitas, durante meses. Y eso, el paso de tanto tiempo, resultó corrosivo. Frente a ese cuadro, la funcionaria eligió la peor salida: dijo que se apeló a un decreto porque el trámite legislativo demandaría mucho tiempo. Raro, después de más de medio año que ahora se expone desperdiciado.

“Los contagios no siguen los tiempos parlamentarios”, dijo Vilma Ibarra. Es probable que esa declaración no caiga bien incluso en los bloques oficialistas y autoridades de las Cámaras. Pero además, según se encargaban de enfatizar anoche en medios legislativos, acelerar los tiempos es antes que nada una decisión política. Con acuerdo entre las fuerzas mayoritarias, una ley podría ser sancionada en un puñado de días y sin correr.

Finalmente, lo que se decidió por decreto fue modificar la Ley de Vacunas, con un texto que incluye otras consideraciones y unas pocas medidas entre las que sobresale, naturalmente, suprimir el concepto de “negligencia”, tal como reclamaba Pfizer en línea con los cuidados de indemnidad. Antes de que quedara en claro ese punto como eje del desacuerdo con el laboratorio, desde el oficialismo se habían dejado correr todo tipo de explicaciones, algunas disparatadas, que a su vez abonaron las prevenciones y algunas acusaciones de la oposición.

Pero sobre todo, aparte de las idas y vueltas con los dichos del Presidente, del ex ministro Ginés González García y de algunos legisladores, entre otros, el punto terminó siendo la cantidad de meses transcurridos y la cerrazón que impidió firmar un contrato en el que la Argentina arrancaba en una situación de privilegio.

Carmen Polledo, diputada de Juntos por el Cambio, al reclamar sin éxito en el recinto una reforma a la ley de Vacunas

El capítulo previo al DNU había sido escrito veinticuatro horas antes en Diputados. Fue la expresión pública de una fuerte jugada opositora empujada por Juntos por el Cambio, con apoyo de legisladores referenciados en Roberto Lavagna y el aporte de izquierda y de representantes de fuerzas provinciales que gobiernan en Misiones y Río Negro. Plantearon tratar fuera de temario un proyecto para suprimir el término “negligencia”. Sin los votos del oficialismo, era imposible aprobarlo. Y el oficialismo votó en contra sin fisuras.

La oposición había terminado de transformar en bandera propia el reclamo de una reforma de la ley que permitiera la llegada de vacunas Pfizer. Y para el oficialismo resultaba inaceptable a esta altura tratar en el recinto la propuesta de JxC y otros legisladores. En sentido contrario, Santiago Cafiero, Vizzotti y también varios diputados se habían tomado el tiempo para intentar descalificar las demandas de la otra vereda.

Esa es la parte visible. Con todo, hubo antes y de manera reservada algunas ofertas de la oposición al oficialismo para avanzar con algún texto de ley que permitiera revertir la situación. Al menos desde oficinas de legisladores de peso, empezando por Mario Negri y Cristian Ritondo, partieron señales para allanar el camino legislativo.

La Ley de Vacunas fue aprobada en el Congreso en octubre y sancionada en noviembre.Pasó algún tiempo hasta que ganó notoriedad el empantanamiento en la negociación con Pfizer. Pero al menos desde marzo, hubo reclamos de la oposición y también contactos desde el interbloque de JxC para resolver la cuestión en el Congreso.

Por supuesto, pesó ahora la imagen del Frente de Todos rechazando el jueves en Diputados la posibilidad de votar un a salida. No es el único factor. En la lectura de Olivos, se anotan los mensajes llegados desde Estados Unidos. Todo en el terreno estrictamente político.

De todos modos, tal vez los datos de mayor gravitación sean otros. En esa lista, el desgaste que suponen las dificultades que arrastra el plan de vacunación, ya en los primeros metros del invierno y con los temores a la tercera ola y a la variante Delta. Pero seguramente más aún, el dramatismo que agregó el dato de los miles de menores con enfermedades graves que no pueden ser vacunados si no es con la Pfizer.

Los cálculos políticos y la pulseada con ese laboratorio -y de hecho, la puerta cerrada también a Moderna y Johnson & Johnson- aparecían así como elementos increíbles, además de insostenibles, frente a los meses consumidos desde la sanción de la ley ahora reformada por decreto.

El DNU expresa de manera implícita la aceptación de la falta de margen para mantenerse en una posición cerrada, propia de microclimas, Habrá que ver cómo sigue la historia en el Congreso y su impacto en la interna oficialista. Por lo pronto, la reacción de ayer pareció limitada a una apuesta menor contra la oposición, aunque el contexto más amplio seguramente fue registrado. El costo parece doble. Sería político, porque el Gobierno termina jugando en un terreno que prefería no pisar. Pero sobre todo es social, precisamente por el efecto del tiempo perdido, y medido a escala humana.

Fuente: Infobae

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Cruces en Diputados

La posibilidad de contar con esa vacuna volvió a generar discusiones acaloradas en la Cámara de Diputados cuando este jueves legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

El bloque opositor había presentado un pedido de apartamiento de reglamento para incorporar ese tema a la agenda a través de la vicepresidenta de la comisión de Salud, la diputada del PRO, Carmen Polledo, y la radical Claudia Najul.

El objetivo era lograr que se eliminara la palabra “negligencia” de las excepciones estipuladas en la ley a las garantías de indemnidad patrimonial de los laboratorios fabricantes ante eventuales reclamos.

Pero el resultado fue contrario al esperado por el partido opositor: 122 votos en contra y 102 a favor.

Diputada Polledo, Carmen – Sesión 01-07-2021 – AP.mp4

Polledo justificó los motivos por los cuales Juntos por el Cambio votó a favor de esa ley al remarcar: “Como no participamos de las negociaciones con los proveedores, desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar los contratos con algunos laboratorios. Esto se vio meses después con las idas y vueltas del Gobierno para firmar el contrato con Pfizer”.

Asimismo, afirmó es imperiosa la necesidad de contar con las dosis del laboratorio estadounidense debido a que “hay alrededor de 100.000 chicos con factores de riesgo” y aclaró que no se trata de “un capricho o una obsesión”.

Tras lo cual, el titular de la comisión de Salud, el diputado del Frente de Todos por Tucumán, Pablo Yedlin, fue el encargado de justificar el rechazo al tratamiento de la iniciativa: “El tema de los niños merece una consideración particular. Al día de hoy, hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18 años, si bien hay otros laboratorios como la Sinovac que ya ha demostrado su efectividad en un plan que va de 3 a 18 años con absoluta seguridad. Por lo tanto, hoy hay uno solo, pronto habrá muchos laboratorios”.

La voluntad del cuadro oficialista es, indicó, “realizar los ajustes necesarios a la ley que hagan falta para conseguir la cantidad de vacunas y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”.

“El proyecto de ley que hoy se trae a debate para apartamiento del reglamento lamentablemente no soluciona el tema“, sentenció.

“Estamos esperando la confirmación del laboratorio porque no vamos a seguir cambiando leyes todas las semanas si el laboratorio no va a dar el acuerdo suficiente. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas“, finalizó.

‏Source www.ambito.com

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La diputada Najul dijo que no se necesitan más de 100.000 dosis para este grupo de menores

El oficialismo en la Cámara de Diputados rechazó modificar el temario de la sesión que se lleva adelante esta tarde para incluir una iniciativa de Juntos por el Cambio que propone modificar la actual ley de vacunas y facilitar así las negociaciones para la provisión de vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, el único autorizado por ahora para inmunizar a los menores de 18 años. 

Los diputados Claudia Najul, Carmen Polledo y Rubén Manzi, de Juntos por el Cambio, advirtieron sobre la situación desesperada que viven unos 100.000 niños y adolescentes en el país que padecen enfermedades graves y que, por lo tanto, necesitan ser inmunizados para salir del aislamiento estricto que padecen hace un año y medio para evitar el contagio. El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, anticipó el rechazo de su bloque y enfatizó que sólo estará dispuesto a modificar la normativa una vez que estén cerradas las negociaciones que llevan adelante representantes del laboratorio norteamericano y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a funcionarios del Ministerio de Salud.

El oficialismo finalmente impuso su posición: con 122 votos rechazó la posibilidad de incluir la iniciativa en el temario. La oposición obtuvo 112 votos.

Además del Frente de Todos, votaron en contra tres de los diputados de Córdoba Federal -que responden al gobernador Juan Schiaretti-, como así también Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y los misioneros Diego Sartori y Flavia Morales. 

“Desde mayo sólo dos vacunas, la de Pfizer y Moderna, son las que se están usando para este grupo. Los hemos escuchado en las redes en la televisión; no más de 100 mil –enfatizó Najul, exministra de Salud de Mendoza–. La pandemia nos ha afectado a todos, pero afecta muchísimo más para estos niños y adolescentes que desde hace un año y medio viven encapsulados, separados de familiares, no ven la calle, ni la plaza, no van la escuela”.

En el mismo sentido se expresó la diputada Polledo, autora del proyecto que propone quitar eliminar del texto la palabra “negligencia” como excepción a las condiciones de indemnidad a los laboratorios fabricantes de la vacuna. Según el Gobierno, esta palabra en la ley impidió el avance de las negociaciones con Pfizer.

“Como nosotros no participamos en las negociaciones con los proveedores, desconocíamos que esa palabra significaba un obstáculo para cerrar un acuerdo. Si además hubo razones políticas o ideológicas que impidieron avanzar en las negociaciones, no me interesa: lo único que importa es dotar a los niños y adolescentes de 12 a 18 años, que son los grandes ausentes del plan nacional de la vacunación”, enfatizó.

Por su parte Manzi cuestionó el plan de vacunación del Gobierno. “Hay un delay entre las vacunas que llegan y se colocan las vacunas. Esto es un problema -sostuvo-. En el plan de vacunación, hay varios cientos de miles de argentinos que ya han pasado el lapso estipulado de los 3 meses de espera entre una dosis y la segunda dosis. No tenemos ninguna certificación ni evidencia comprobada que sea lo mismo vacunar a los 28 dias o a los 5 meses. Es necesario que haya un plan definido de observación y seguimiento del plan de vacunación. Creemos que la única manera que esto se reencauce es empezar a informar a los argentinos como corresponde”.

El diputado Yedlin explicó los motivos del rechazo oficialista. “Nadie desconoce la gravedad y las complicaciones que atraviesan las familias, los niños, las mujeres embrazadas durante esta pesadilla que vivimos –sostuvo-. El Congreso le dio el año pasado las herramientas al Ministerio de Salud para entablar negociaciones con todos los laboratorios. Muchos laboratorios accedieron y millones de dosis llegaron a la Argentina, las cuales se están aplicando a un ritmo excepcional, generando una respuesta necesaria con la baja en la mortalidad, sobre todo mayores de 60 años”.

“El tema de los niños merece una consideración particular –añadió-. Al día de hoy un solo laboratorio está autorizado para la vacunación de esa población.Pronto habrá muchos otros laboratorios. Nuestra voluntad es realizar los ajustes (normativos) necesarios para conseguir todas las vacunas posibles; lamentablemente, esto no soluciona el tema hasta tanto no tener la confirmación del laboratorio para la provisión. No podemos cambiar las leyes todas las semanas mientras no tengamos la garantía de la industria que va a vender las vacunas.”

por Laura Serra – La Nación

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