En el oficialismo minimizaron la información acerca de complejas estructuras financieras que conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, pareja del jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados. Según los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, el legislador figura como heredero directo en caso de muerte o incapacidad.

La esposa de Ritondo aparece en un complejo entramado de sociedades para adquirir propiedades en Estados Unidos

• Romina Aldana Diago es abogada y cumplió funciones en el Estado porteño. Figura en documentos confidenciales y públicos que permitieron reconstruir un juego de compañías en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida que figuran, a su vez, como propietarias de departamentos en el estado de las palmeras. Ritondo aparece en uno de los documentos.

Como un tema estrictamente “personal”.

Así definen en Casa Rosada al entramado de sociedades offshore, departamentos en Miami por US$2,6 millones y complejas estructuras financieras que conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, información que reveló este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

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“No tenemos nada decir, es algo de caracter privado”, apuntaron ante la consulta de este medio fuentes del gobierno de Javier Milei, que tiene al jefe del bloque PRO y referente de Mauricio Macri como a uno de sus aliados predilectos en la Cámara baja. Según los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que elDiarioAR pudo acceder junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Ritondo figura como heredero directo de las propiedades a nombre de Diago en caso de muerte o incapacidad de su pareja.

Cristian Ritondo y Damián Arabia, espadas parlamentarias del bloque PRO, en Diputados.

En su defensa, Ritondo argumentó este lunes que la información sobre las sociedades offshore está “mezclada” y que todas las operaciones tienen más de diez años. Sin embargo, un dato que se desprende de los documentos está marcado por la coyuntura: una transacción inmobiliaria en Miami, celebrada en marzo de 2013, que une a la abogada Diago con Juan Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex-AFIP.

Hasta la semana pasada, Pazo fue un funcionario todoterreno del Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo. Pero el inicio de su historia en la función pública tuvo lugar en 2016, cuando se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri como director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo. Dejó ese puesto en 2017 para asumir como superintendente de Seguros de la Nación, donde permaneció hasta 2019.

Pazo además tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, exjefe de la UIF de Macri. Su empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro, está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. 

Juan Pazo y Ritondo, durante la firma de un convenio en 2018. Entonces Pazo era Superintendente de Seguros de la Nación del gobierno de Macri y Ritondo era ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Vidal.

Aliados ambivalentes

Milei y Ritondo cultivan una buena relación a partir del trabajo que supieron compartir en el recinto de la Cámara baja. “Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora”, publicó en marzo el dirigente del PRO en su cuenta de X, junto a una foto con el Presidente. El diputado había sido recibido en el despacho del libertario en Casa Rosada, en donde compartieron un almuerzo en un clima de extrema cordialidad.

La relación del jefe de bloque PRO con La Libertad Avanza trasciende el vínculo que mantiene con Milei. En octubre, Ritondo fue el anfitrión de un asado que tuvo como invitados especiales al asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero lo que en un principio parecía representar un nuevo hito en el sinuoso proceso de acercamiento entre ambos espacios luego del acompañamiento de los amarillos al veto a la ley de Financiamiento Universitario, acabó por quedar en la nada tras la sesión frustrada para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

Milei reunido con Cristian Ritondo en Casa Rosada.© Proporcionado por eldiario.es

“Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, fueron las palabras de Ritondo luego de que no se alcanzó el quorum para tratar la iniciativa motorizada por el bloque del PRO y que expuso una vez más los desacuerdos entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso. Durante un evento sobre transparencia electoral, criticó la falta de acompañamiento de La Libertad Avanza y subrayó que, de haber sabido con antelación la postura del Gobierno, no habrían llegado a esa instancia con expectativas.

Además, Ritondo remarcó la importancia de que el PRO mantenga su identidad frente a los libertarios. “No perder la identidad significa seguir siendo amarillo”, señaló, aludiendo a los valores construidos gracias al liderazgo de Mauricio Macri, desde la oposición al kirchnerismo. Y manifestó que la relación con la Casa Rosada estará marcada por el apoyo a “medidas correctas”, pero sin tolerar supuestos acuerdos con Cristina Kirchner. “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”, apuntó.

PL/JJD

Fuente: El diario.es

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El Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar, y además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo “falta de imparcialidad” por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.

El escrito de apelación consideró “absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”, al entender que “los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales“.

Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, “dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?”, planteó el Gobierno.

Negar lo obvio

El gobierno no tiene en cuenta la inminente contaminación (inevitable según científicos) y señalan en el argumento de la apelación que “Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada”, agregó el escrito.

Piden estudios al actor equivocado

Al parecer, la cuestión es que solicitan a los amparistas, digan cuándo y dónde se contamina con este proyecto, que según la ley…debe figurar en el estudio de impacto ambiental, que en este caso no lo expresa, pero hay sobradas experiencias similares que han tenido derrames (casi el 100%) que prácticamente garantiza el desastre ecológico .

Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.

Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde “festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas”, el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).

Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.

El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque “sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.

Martínez agregó que el fallo “ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos”.

Según Martínez, “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.

“Por otra parte -continuó- genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.

Generación de empleo

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la costa atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales, como si el petróleo quedara en casa.

Para Kulfas, “si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy”.

Lógico que no tuvo en cuenta la pérdida de empleo de las diferentes actividades turísticas de la costa argentina, que se verán afectadas por playas contaminadas, según ambientalistas.

En diálogo con radio Nacional, el funcionario sostuvo que el Gobierno “no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo” y, tras destacar que por primera vez en los estudios de factibilidad participó el Ministerio de Ambiente, remarcó que “todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales”, además de recordar que el desarrollo offshore estará localizado “a 300 kilómetros de la costa”.

El proyecto petrolífero

El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.

Sin embargo, el viernes último, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.

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