Javier Milei prosigue su cruzada contra los sectores que considera privilegiados, esta vez dirigiendo su mirada hacia los fondos que financian a los gremios. En un movimiento que promete tensionar aún más la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno planea extender el ajuste a la caja que sustenta las obras sociales sindicales, con potenciales repercusiones en la atención médica de discapacitados, jubilados y monotributistas.

El recorte ya ha comenzado a hacerse sentir: el Ejecutivo no transfirió en enero alrededor de $5.000 millones correspondientes al programa SUR, que subsidia tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo administrados por las prestadoras sindicales. Pero las medidas no se detienen ahí. Se proyecta una reducción significativa de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinado a financiar servicios para discapacitados, lo que podría obligar a las obras sociales a costearlos con sus propios fondos.

Desde la CGT, advierten sobre las consecuencias perjudiciales de estas decisiones. Señalan que el FSR ya se encuentra en una situación crítica, con recursos que no alcanzan para cubrir la creciente demanda de atención médica para más de 14 millones de personas. De mantenerse esta dinámica, las obras sociales podrían enfrentar un déficit de hasta $200.000 millones para fin de año, una carga insostenible para los sindicatos.

Además, se suma la incertidumbre sobre los subsidios automáticos de SUMA, SUMA+ y SANO, dirigidos a compensar los aportes recibidos por las obras sociales de monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios. La falta de diálogo y claridad por parte del Gobierno genera preocupación en la cúpula cegetista, que espera una convocatoria formal del nuevo titular de la Superintendencia de Salud para discutir estas medidas. Este cambio en la gestión de la salud coincide con el desplazamiento de Enrique Rodríguez Chiantore, quien había sido designado al inicio de la gestión Milei con el respaldo de los sindicatos.

FM del Este 100.5 con info de Clarin

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“La devaluación del peso, el incremento en los costos de los insumos médicos cotizados en dólares (que han aumentado entre el 22 y el 30 por ciento en los últimos 15 días), la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica (UB) y los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas (que varían entre 60 y 90 días después de realizada la prestación) han llevado a la actividad bioquímica a un estado de inestabilidad y precariedad”, planteó la entidad a través de un comunicado.

En este marco, María Cecilia López, presidenta de CUBRA señaló: “Debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes sobre la grave situación en que se encuentran la mayoría de los laboratorios bioquímicos en la actualidad. En breve, muchos laboratorios no podrán hacer frente a sus obligaciones financieras, como los aumentos de salarios, bonos y aguinaldos. Si el Gobierno no colabora en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, la situación no tiene retorno”.

Los insumos médicos han tenido aumentos que oscilan entre el 50 y el 400 por ciento, indicaron los Bioquímicos. “Los que más impacto han tenido son las jeringas, agujas y descartables que se necesitan día a día para continuar atendiendo a los pacientes”, precisó López.

Otro punto que agregaron a las dificultades que atraviesan es la carga impositiva “que también nos golpea”. Frente a este panorama, CUBRA reclamó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía que “respondan nuestros llamados” y convoquen a “una mesa de trabajo” con el fin de “lograr que se tomen las medidas necesarias, sostenibles en el tiempo, que encarrilen esta situación desesperante en la que se está poniendo a los pacientes”.

La advertencia de los Bioquímicos se produce semanas después de que las empresas de medicina prepaga acordaron con el Gobierno Nacional congelar las cuotas por 90 días. El congelamiento fue anunciado para los grupos familiares con ingresos no superiores a los $2 millones brutos mensuales siempre que las familias declaren no tener la capacidad económica para hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual. El anuncio fue parte de la serie de medidas comunicadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a fines de agosto.

Tras la decisión del Gobierno, los financiadores, que ya venían con aumentos autorizados que apenas seguían el ritmo de la inflación y enfrentaban dificultades por la falta de acceso a insumos, especialmente importados, comenzaron a evaluar la posibilidad de implementar copagos e incluso recurrir a medidas judiciales.

“Una suspensión transitoria de aumentos no resuelve –peor aún, agrava– el problema del financiamiento del sistema de salud”, destacaron desde una de las prepagas más importantes del país y señalaron que los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes. El sector habla de una crisis ya existente que se acrecienta aún más con este contexto.

“Las prepagas trasladaban automáticamente el 92% de sus aumentos a los prestadores. Con esta medida, no habrá aumento de aranceles a los sanatorios y centros; tampoco habrá aumento de honorarios profesionales, lo cual profundizará el retraso de lo que cada profesional debe ganar. Se producirán problemas gremiales ante la imposibilidad de revisar paritarias. Se intenta solucionar un problema generando otro con el consecuente desfasaje entre los costos de las prestaciones médicas, honorarios, tratamientos, insumos, etc.”, destacaron desde esta empresa, una de las referentes del sector de la salud privada.

Fuente: El Entre Ríos

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A pocos días de que venza el plazo otorgado a las obras sociales, desde la federación médica informaron que la mayoría de esos convenios denunciados se acoplaron a lo solicitado, aunque otros aún restan hacerlo.

“En estos últimos días hemos intensificado el diálogo y se llegó a un acuerdo con la mayoría”, indicó el presidente de la entidad, Fernando Vázquez Vuelta. Y estimó que “al menos el 90% de las obras sociales cumplirá con lo requerido”.

Además, el presidente de Femer aseguró que la razón por la que muchas de las obras sociales aún no han cumplido con esta actualización “tiene que ver con cuestiones burocráticas más que con cuestiones estrictamente económicas”.

Y si bien explicó que, en caso de falta de respuesta o de una propuesta lógica, se procederá al corte del servicio una vez finalizados los plazos, remarcó que –no obstante– “la intención de Femer es llegar a un acuerdo con las obras sociales para así poder seguir brindando un servicio de salud”.

“Intentamos ser flexibles, poder adaptarnos y seguir. Esperamos llegar a acuerdos lógicos y coherentes teniendo en cuenta el contexto inflacionario”, finalizó.

Fuente: APF Digital

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En la raíz de este escenario de retroceso hay un conflicto que tiene como principal protagonista al Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, del que dependen todos los profesionales que pretendan contar con la habilitación para trabajar en la provincia. Un segundo actor, enfrentado al primero, es el Círculo de Odontólogos de Paraná. El tercero, que dice no poder obligar a los dos anteriores, es el Estado provincial. El cuarto es la Justicia, en cuyas manos está dirimir la puja. Y el quinto, y el más débil sin dudas, cada ciudadano necesitado de atención.

A esa enumeración, se suman aristas filosas. Por caso, el recurso a las extracciones, porque, por lo general, es una práctica más barata, en vez de seguir el camino ideal y posible pero más caro para salvar esa muela o ese diente. O la dificultad del Estado para proveerse de los insumos en tiempos de inflación y dificultades con las importaciones. Y, por último, un asunto especialmente ríspido: profesionales que incumplen con las tres horas que les pagan para la atención hospitalaria.

Muchos recurren a los hospitales y otros quedan sin tratamiento

“Es preocupante lo que está pasando”, admitió el doctor Guillermo Brugo, Director de Odontología de Entre Ríos, respecto de la falta de cobertura de obra social para la inmensa mayoría. En diálogo con el programa Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales Radio y Radio 12, Brugo intentó resumir el complejo escenario: “El conflicto está judicializado. Ha habido fallos en favor del Colegio de Odontólogos, el que a través de una Resolución de su Consejo Directivo asumió la potestad de regular los aranceles, estableciendo valores mínimos obligatorios. Esos aranceles deben ser exigidos a las obras sociales. Pero no ha prosperado. Ya lleva más de un año y no ha prosperado. Casi la totalidad de las obras sociales no aceptaron esos valores. Vemos que la situación es cada vez peor para los pacientes. Los servicios públicos se han visto resentidos enormemente por esta razón”, explicó Brugo.

– ¿Por qué impactó en los servicios públicos? ¿Son muchos los afiliados a obras sociales que ya no pueden atenderse en consultorios privados y terminan demandando la atención al Estado?

– En un porcentaje muy grande están terminando en el hospital y otra parte está sin tratamiento.

– Esto último es más grave aún…

– Exactamente.

– ¿Hay alguna obra social que haya aceptado pagar esos valores mínimos obligatorios?

– Son muy pocas. La prepaga que está trabajando es la de la entidad gremial, el Círculo Odontológico de Paraná, que está en conflicto con el Colegio de Odontólogos. Se llama SOS. Puede que haya alguna más.

– ¿Esa prepaga funciona sólo en Paraná o también en el resto de la provincia?

– Sólo en Paraná.

La división entre los odontólogos

– ¿A la matrícula la maneja exclusivamente el Colegio de Odontólogos y si no obedecen esos aranceles mínimos, los profesionales corren el riesgo de perder la habilitación para ejercer en la provincia?

– Es así.

– ¿La totalidad de los odontólogos está en sintonía con lo resuelto por el Colegio? ¿O hay quienes se han sentido presionados por esta imposición de los valores mínimos y que desearían poder acordar libremente con pacientes y obras sociales?

– Hay una división entre colegas que están a favor y otros que están en contra.

Extracciones, la salida fácil

– ¿Puede ser una consecuencia indirecta de este conflicto que se recurra más a las extracciones, porque es un servicio más barato que los tratamientos para salvar la dentadura y repararla?

– Sí, la extracción en algunos casos es lo más económico y en el Estado ha resultado lo más fácil. Por eso nosotros venimos bregando hace un montón de tiempo para que se brinde otro tipo de tratamiento, más preventivo. Cuesta. Es difícil porque en principio parece un esfuerzo mucho mayor, un gasto mayor, pero hay que medir los beneficios que va a traer al paciente antes que los costos.

– ¿Hay recursos presupuestarios suficientes en el Estado para abastecer a los consultorios públicos de odontología, de manera tal que puedan hacer frente al incremento de la demanda que hoy están observando?

– Hay presupuesto. En estos momentos está complicado por la situación de la importación de insumos. Estamos teniendo problemas con las licitaciones porque son procesos que comienzan en febrero o marzo y las compras se demoran. No es un trámite rápido, veloz. Quien cotizó dos o tres meses atrás lo hizo con un valor de dólar muy diferente al actual.

Cuánto paga el Estado a los odontólogos que van a los hospitales

– ¿Cuánto paga el Estado al odontólogo que va a trabajar al hospital? ¿Cumple con ese arancel mínimo impuesto por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos?

– Ese es un punto crítico. Medido el desempeño y el tiempo de trabajo, creo que hoy por hoy no está mal remunerado.

– ¿Le pagan por cada consulta y servicio o por un horario fijo a cumplir?

– Se le paga por un tiempo. Venimos luchando con ese tiempo que presta el profesional en el Estado, con el cumplimiento de esa carga horaria.

– ¿Cuánto cobra un odontólogo por ir al hospital?

– Mínimo, de bolsillo, está percibiendo entre 60 y 70 mil pesos.

– ¿Por ir cuánto tiempo?

– Deberían ir tres horas por día de lunes a viernes, y a veces te encontrás con que no se cumple con esa carga horaria. Estamos todo el tiempo luchando con eso.

– ¿Cobran por tres horas pero no trabajan tres horas?

– Exactamente. La remuneración no está en desacuerdo con lo que el odontólogo en este momento brinda al Estado. Es una deuda grande conseguir que se recupere de alguna manera ese amor propio, el cumplimiento del horario como corresponde. Pero está complicado, acá y también en otras provincias.

El mensaje para los pacientes

– ¿Qué le dirías al paciente con obra social que necesita ir al odontólogo y se encuentra con que ya no tiene cobertura alguna?

– El mensaje mejor es que concurra, aunque no esté acostumbrado, a un servicio público para que lo atiendan, si no tiene el dinero suficiente para cubrir por su cuenta la atención en consultorio privado. Pero nunca postergar tratamiento.

El rol del Estado ante el conflicto

– ¿No ven cercana una solución a este conflicto? Hay gente que ha llegado al extremo de irse a atender a otra provincia.

– Por el momento no se avizora una solución, una recomposición.

– ¿El Estado tiene potestad para imponer a las partes en conflicto una solución?

– No, no, ninguna. Hemos intentado, pero sabemos que no, que no podemos. Nos hemos reunido con las partes, con la obra social más grande que es el IOSPER.

– ¿IOSPER da alguna respuesta a sus afiliados en cuanto a la atención odontológica?

– En estos momentos no tienen convenio. Ningún tipo de convenio.

– ¿Hay reintegros?

– Por ahí los pacientes no lo piden. En mi experiencia personal, el paciente no te pide la ficha para ir y hacer el reintegro. Pero volviendo al IOSPER, cuando me junté con ellos para ver qué esfuerzo podía hacer la obra social, me dijeron que habían hecho todos los esfuerzos y que no se podía ofrecer más, no se podía ofrecer lo que no se tenía.

– Tal vez algunos puedan suponer que la falta de cobertura odontológica no es un problema serio de salud pública. Pero el cuidado de la salud repercute en el resto del organismo, ¿no?

– Es un problema serio.

– ¿De la boca depende por ejemplo la nutrición, que es clave, y también otros aspectos como la autoestima?

– Es así. Estás diciendo lo que yo debería haberte dicho. Y por ahí no se le da la importancia, la relevancia desde todos los ámbitos.

– ¿La máxima autoridad del Ministerio de Salud de Entre Ríos e incluso el gobernador, en algún momento se han puesto en contacto para explorar formas de solución, llamar tal vez a las partes y ejercer alguna mediación política?

– Sí, y están todos muy preocupados.

Fuente: El Entre Ríos y Oíd Mortales Radio

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Por Elizabeth Peger

El Gobierno dispuso hoy la distribución de otros $ 3000 millones entre las obras sociales administradas por los gremios destinados al financiamiento de tratamientos médicos especiales, el pago a proveedores y los mayores gastos derivados de la atención sanitaria de la pandemia.

Se trata del segundo reparto por el mismo monto en lo que va de septiembre, y eleva a casi $ 20.000 millones el total de recursos girados a las prestadoras médicas sindicales desde principios de año, una cifra récord en el nivel de transferencias que nutren la caja de los gremios.

La medida es, además, una contundente señal de que para la administración de Alberto Fernández la dirigencia sindical enrolada en la CGT constituye un aliado político clave para su gestión, más aún en momentos en que el oficialismo afina su estrategia para intentar dar vuelta en noviembre próximo el revés electoral que significaron las primarias. 

Como una muestra de ello la central obrera prepara para el próximo 18 de octubre una multitudinaria movilización para, con la excusa de celebrar el ‘Día de la Lealtad Peronista’, ofrecer un fuerte gesto de respaldo al gobierno del Frente de Todos.

La decisión del Ejecutivo fue oficializada a través de la resolución 1673/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicada hoy en el Boletín Oficial.

En la norma se definió que la transferencia por $ 3000 millones a las obras sociales se estableció “como pago a cuenta y en concepto de adelanto de fondos correspondientes a la cuota presupuestaria en ejecución del mes de septiembre de 2021”.

Además, el organismo oficial indicó que los fondos “explícitamente deberán ser utilizados para el pago de los prestadores y proveedores del sistema de salud, con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de Covid-19”.

El Gobierno justificó la nueva distribución de recursos a las prestadoras sindicales en el hecho de que “no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. Y añadió:

“resulta oportuno que este organismo continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.

La resolución de hoy se suma a otra similar (resolución 1484/2021)emitida a principios de este mes que ya había otorgado otros $ 3000 millones a las obras sociales. 

Así, el acumulado de transferencias efectuadas desde enero pasado alcanzó los $ 18.864 millones. La cifra es, incluso, proporcionalmente superior a la que el Gobierno transfirió durante todo el año pasado a las obras sociales que en total recibieron una suma cercana a los $ 23.500 millones.

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En julio las prestadoras médicas sindicales recibieron $ 3000 millones, en junio fueron $ 2300 millones, en tanto que las transferencias en los meses previos fueron de $ 2364 millones en mayo, $ 1500 millones en abril, $ 1500 millones en marzo, $ 1200 millones en febrero y finalmente $ 1000 millones en enero pasado.

El reclamo de mayores fondos a distribuir entre sus prestadoras médicas constituyó este año uno de los principales reproches de la conducción de la CGT a la administración de Fernández, además de los insistentes planteos sindicales por el aumento de precios y su impacto en el poder adquisitivo de los salarios.

Durante la reunión que el Presidente mantuvo con la cúpula de la principal central obrera, el pasado 6 de mayo en la quinta de Olivos, los gremialistas se llevaron del encuentro la promesa efectiva de Fernández de que se instrumentarían medidas concretas para paliar la compleja situación financiera de las obras sociales por efecto de la pandemia. 

En esa línea, el jefe del Estado prometió, por una parte, otorgar en los próximos meses un total de $ 11.000 millones a las obras sociales para compensar el aumento de los gastos por Covid-19 y por los servicios de discapacidad, que representa cerca del 40% de las erogaciones que financian las prestadoras sindicales.

El otro compromiso de Fernández se vinculó con la modificación del sistema de libre elección de la obra social, que rige desde la desregulación, de manera de permitir que cada nuevo trabajador permanezca un año en forma obligatoria en la prestadora que corresponde a su actividad antes de poder optar por el traspaso a otra entidad y evitar con ello la fuga de los aportes obligatorios al sector privado.

Justamente sobre ese punto, a principios de julio el Presidente resolvió por decreto limitar el alcance del sistema de libre elección de prestadoras de salud. Con la medida, entonces, los trabajadores que inicien un nuevo vínculo laboral deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad de origen, en tanto que el resto de los empleados en relación de dependencia solo podrá optar una vez al año por cambiarse de prestadora médica, lo que pone fin a la posibilidad de efectuar los traspasos sin limitaciones como ocurría hasta antes del nuevo decreto presidencial.

Fuente: El Cronista

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La entrada Obras sociales: el Gobierno ya le transfirió este año casi $ 20.000 millones a los gremios se publicó primero en FM del este 100.5.

Luego de que Alberto Fernández inyectara más de $ 2300 millones a las obras sociales sindicales a mediados de junio con el fin de paliar los efectos de la pandemia y que estas puedan saldar sus deudas pendientes, el Presidente tuvo un nuevo gesto con la Confederación General del Trabajo (CGT).

Se trata del Decreto 2021/438 publicado hoy en el Boletín Oficial, que obliga a los nuevos trabajadores a permanecer un año en la obra social correspondiente a su actividad antes de poder ejercer elderecho de opción de cambio.

Este punto había sido una de las promesas de Fernández a la cúpula sindicalista y tiene como objetivo que los gremios eviten la pérdida del dinero proveniente de los aportes obligatorios a manos del sector privado.

Según lo establecido, esta medida permite ejercer la opción de cambio una sola vez durante todo el año calendario, hecho que se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.

Firmado tanto por Alberto Fernández como por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Carla Vizzotti, ministra de Salud, el decreto insta a que se garanticen “los principios de transparencia, integridad, celeridad e informalidad a favor de los beneficiarios” en todo el proceso.

Por otro lado, establece que las obras sociales deberán garantizar “el acceso a la información detallada, completa y adecuada respecto de la cobertura prestacional brindada”, permitiendo el acceso en todo momento a la cartilla completa con sus distintos planes de forma online.

Finalmente, la medida aclara que este período de permanencia de un año en la obra social del rubro aplicará a todas las relaciones laborales iniciadas “con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y no cuenten a dicha fecha con 1 año de antigüedad”.

Es decir: en caso de que el derecho de opción ya haya sido aplicado por el trabajador de forma previa a la entrada en vigencia del decreto, se respetará.

Este decreto suma presión a la relación del Gobierno con las prepagas, las cuales presentaron el mes pasado un reclamo a la Justicia solicitando que se les avale subir sus cuotas un 9,77%. Sin embargo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó la medida cautelar y, por lo pronto, la causa sigue congelada.

Fuente: El Cronista

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