Organizaciones ambientalistas y animalistas ha enviado una carta dirigida al secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, solicitando su intervención ante lo que describen como “desprolijidades provinciales” en la habilitación de la caza de animales autóctonos, incluso protegidos, en cotos de caza de diversas provincias. Las organizaciones firmantes, entre las que se destacan Custodios del Territorio, Capibara, CEYDAS y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alertan sobre la “matanza descontrolada” de especies como los patos migratorios y la falta de controles adecuados en la gestión de la fauna provincial.

Según lo expuesto en la carta, los gobiernos provinciales han permitido la caza menor de manera arbitraria, sin cumplir con los estudios científicos que exige la Ley N° 22421 y su Decreto Reglamentario N° 666/97. Estas evaluaciones, indican, suelen ser realizados por empresas cinegéticas que, al tener intereses económicos en el sector, carecen de objetividad. La consecuencia es la caza indiscriminada de millones de animales autóctonos, y la contaminación de humedales debido al plomo de los perdigones.

Las ONGs denuncian, además, la falta de participación ciudadana en las decisiones sobre la caza y recuerdan que Argentina es parte de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias (CMS), lo que otorga competencia nacional sobre el manejo de estas especies compartidas entre varias jurisdicciones. En este contexto, consideran inapropiado que las provincias decidan unilateralmente sobre el destino de estos animales, especialmente cuando su caza afecta a países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Las organizaciones firmantes insisten en la necesidad de cambiar el enfoque de las políticas públicas hacia una producción sustentable y respetuosa con el entorno natural. Exigen que la caza de animales autóctonos sea tratada desde una perspectiva de conservación y con la participación de la ciudadanía, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, y no desde la unilateralidad con la que se maneja actualmente.

“Entendemos que en un contexto de crisis y emergencia ambiental nacional y global, resulta imprescindible un cambio de paradigma en el que las políticas públicas apunten a una producción sustentable”, señala el documento. Por este motivo, las ONGs piden a Daniel Scioli que la Secretaría de Ambiente intervenga de manera urgente para regular la actividad cinegética en las provincias y garantizar la protección de la biodiversidad.

El envío de la carta y las demandas han sido firmadas por diversas organizaciones de todo el país, destacando la necesidad de que el gobierno nacional intervenga en la gestión de las provincias para evitar un mayor daño al ecosistema. Las agrupaciones confían en que esta acción servirá para abrir un diálogo más amplio sobre la protección de los animales autóctonos y el respeto por los humedales y el medio ambiente.

La carta enviada a la Secretaría de Ambiente

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El creciente y contundente rechazo social hacia la cacería de animales autóctonos se hizo sentir con fuerza este martes cuando 61 instituciones y agrupaciones de todo el país enviaron una carta al ministro Bernaudo solicitándole una audiencia a fin de que no se habilite la temporada de caza, especialmente en cotos.

Días atrás, el Gobierno de Rogelio Frigerio organizó la presentación de un estudio -pagado por una entidad vinculada a los cotos de caza- sobre las poblaciones de patos de Entre Ríos. El mismo recibió duras críticas por parte de ambientalistas locales puesto que se tomó como un evidente apoyo del Gobierno a la matanza de animales autóctonos en los cotos.

La carta contra la caza cuenta con la adhesión de instituciones animalistas y ambientalistas de prestigio nacional como Fundación Azara, Fundación Cullunche, Pumakawa, Fundación Hábitat y Desarrollo, COENDÚ de Uruguay, Pájaros Caídos y Asociación por la Justicia Ambiental. A su vez, la firmaron varias instituciones entrerrianas como Foro Ecologista de Paraná, CEYDAS, Ecoguay, Ayuda Animal, Conciencia Animal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, entre otros.

Las Resoluciones de 2022 y 2023 que habilitaron la caza “fueron anuladas y declaradas inconstitucionales por la Justicia entrerriana, así como violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica”, indica la misiva. Además, señala que la cacería “atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos”.

Finalmente, exhorta al Gobierno de Frigerio a “no habilitar la caza menor de aves autóctonas durante los próximos 5 años hasta que no se cuente con estudios fehacientes y participativos de las poblaciones de aves y de la contaminación producida por el plomo de las municiones”, entre otras exigencias.

Para leer la carta completa, se puede ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/…/1eNbsRw4TnaSxw…/view…

Fuente: Ceydas https://www.facebook.com/share/p/nNp3d9P7jwk1rqQ1/?mibextid=oFDknk

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En una carta dirigida al Dr. Pablo Siroski , del Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre (ECIF) las instituciones expresan una profunda preocupación acerca del manejo de las especies susceptibles de caza menor, en particular, las aves autóctonas y solicitan con carácter de urgencia, una medida para interrumpir los alarmantes impactos negativos que año tras año se generan y acumulan
en las distintas jurisdicciones del país donde se siguen otorgando permisos y cupos de caza.

La nota dirigida al ECIF (Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna)  está firmada por varias instituciones del país y solicita “la interrupción inmediata de la caza menor en toda la Argentina” debido a las numerosas falencias e incongruencias técnicas que presenta esta práctica y su alarmante impacto en la biodiversidad.

El resonante fallo del juez Andrés Marfil que suspendió en julio pasado la caza de especies autóctonas en Entre Ríos desnudó numerosas irregularidades y falencias en la implementación de esta práctica por parte del Gobierno provincial y abrió el debate nacional acerca de si se debe permitir o no la caza de animales autóctonos. “Resulta inadmisible que se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica es nula o escasa y sin mediar evaluaciones poblacionales” reza la nota enviada el pasado martes por varias entidades ambientalistas al ECIF, organismo consultor que coordina las acciones de las provincias en materia de fauna.

Otro aspecto fundamental que resalta la carta es que “en la mayoría de las provincias no existen estudios ni normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad”, aludiendo en este caso a la contaminación por plomo que provocan los perdigones de la caza en los humedales y a sus graves consecuencias para la salud del hombre y la fauna.

La nota es firmada por 17 instituciones entre las que se destacan algunas de prestigio nacional como Fundación Azara, Fundación EOS, ACEN (Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza), Grupo GEKKO (Universidad del Sur), Fundación Cullunche (Mendoza), Custodios del Territorio (Santa Fe), Capibara (Santa Fe), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y CEYDAS (Entre Ríos), entre otras.

Otras de las numerosas falencias que destaca la nota son la carencia de un registro nacional de cazadores, la “determinación azarosa y arbitraria de cupos de caza” y la “escasa o nula capacidad de fiscalización y control” que tienen las provincias.

Por todas las cuestiones señaladas, las entidades firmantes solicitan “la interrupción inmediata de la caza menor (de especies autóctonas) en toda la Argentina hasta que se puedan atender los puntos mencionados”.

*** “El ECIF es un ente que nuclea a todas las autoridades de fauna del país y, en el marco de la concertación federal, es clave para coordinar acciones vinculadas con políticas de fauna silvestre con las provincias”.

Principales ejes de la solicitud

El primer aspecto a señalar es que la gran mayoría de las especies habilitadas son
anátidos migratorios (fundamentalmente patos). Es decir, son “recursos compartidos” no solo entre las distintas jurisdicciones provinciales de nuestro país, sino también con países limítrofes y otros de nuestra región. Por tal motivo, resulta inapropiado ética y técnicamente que cada provincia tome decisiones de manera unilateral y arbitraria sobre un recurso común o una especie cuya conservación depende de un manejo coherente e integrado en toda su área de distribución geográfica. 

Las ONGs, piden recordar que nuestro país adhirió a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) que promueve la cooperación internacional para conservar a estas aves y sus hábitats, ratificada mediante la Ley 23.918/91. Esto ubica a la Argentina en una posición regional no menos que incómoda para justificar su política cinegética actual.

En un contexto de crisis ambiental global y nacional, resulta inadmisible, además, que
se siga habilitando la caza de especies cuya información biológica actual es nula o escasa, y sin
mediar evaluaciones poblacionales de las especies que son susceptibles de ser cazadas. Desde
hace años, instituciones y especialistas vienen señalando la necesidad de contar con estudios
demográficos que contemplen todo el ciclo de vida de la especie (tasas de reclutamiento y
supervivencia, entre otros parámetros poblacionales, más aún cuando los ciclos biológicos se
desarrollan en distintos países). De esta manera, no puede ignorarse que, por ejemplo, muchas
especies de patos se desplazan a través del corredor migratorio del sistema Paraguay-Paraná.

Existe otro aspecto fundamental: en la mayoría de las provincias no existen estudios ni
normativas sobre los impactos a niveles ecotoxicológicos del plomo de origen cinegético en la
salud humana, el ambiente y la biodiversidad. Existen antecedentes internacionales y
nacionales sobre estos impactos negativos que no pueden desconocerse y requieren de
acciones conjuntas e inmediatas. Por ello, solicitamos atender de manera urgente esta
amenaza para no incrementar la hipoteca sanitaria, social y ecológica de la Argentina.

Desde el punto de vista administrativo, no se cuenta con un registro nacional de
cazadores. Cada provincia, entonces, determina cupos de caza (números de individuos de cada
especie abatidos por persona) de manera totalmente azarosa y arbitraria. De esta manera,
otorgar cupos sin conocer el número de cazadores ni el de las poblaciones de aves afectadas
implica asumir el riesgo de que el número de ejemplares permitidos por especie sea
prácticamente ilimitado. Hecho que se ve agravado por la escasa o nula capacidad de
fiscalización y control que poseen las distintas jurisdicciones, por razones presupuestarias,
logísticas y de personal, sabiendo que la actividad cinegética se realiza en ciertos meses del
año de manera simultánea. A esa complejidad de control en el terreno se suma la necesidad
de una coordinación interjurisdiccional que tampoco existe.

Por todo lo señalado, consideramos que el ECIF debe acordar la interrupción
inmediata de la caza menor en toda la Argentina hasta que pueda atender los puntos
mencionados. La situación actual es insostenible y el contexto socioambiental exige un cambio
de paradigma, potenciado por el creciente y amplio rechazo que genera la caza de especies
autóctonas en gran parte de la sociedad. Cualquier análisis serio concluirá en que las falencias
e incongruencias técnicas se contraponen legalmente a todo criterio precautorio, por el cual
los administradores de la fauna silvestre deberían velar.

Nota presentada al ECIF

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Los magistrados tomaron en consideración la falta de estudios correspondientes sobre las especies autóctonas que permitía matar la medida establecida por la Dirección de Recursos Naturales. “Este fallo marca un hito y no tiene antecedentes en la historia de la conservación”, valoró uno de los litigantes por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Gabriel Bonomi.

En una sentencia dictada este 22 de Julio, el STJ confirmó la acción de amparo ambiental contra el Superior Gobierno de Entre Ríos en la que se demandaba la declaración de nulidad de la Resolución Nº 1.099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción por la cual habilitaba hasta el 15 de agosto la caza menor en determinadas zonas de la provincia.

La normativa permitía cazar especies autóctonas tales como el Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa).

Es por esto que ante un reclamo interpuesto por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal Ong, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM), el pasado 7 de julio el vocal de Cámara Andrés Manuel Marfil hizo lugar al reclamo, derogando la resolución Nº 1.099 anulando así el permiso para “la caza para el presente año”.

De este modo, la integración especial por la Feria judicial de los vocales Miguel Ángel Giorgio, German Reynaldo Francisco Carlomagno, Susana Medina se expidió este viernes frente a la apelación al fallo de Marfil planteados por la Fiscalía de Estado y el presidente de la comuna de Rincón del Doll, en el departamento Victoria. Ante las objeciones, los vocales del STJ confirmaron la orden de anular la resolución 1.099.

El dictamen del STJ fue argumentado por Giorgio, adhirió Carlomagno, y Medina no se expidió dejando constancia que ya existía mayoría.

Sopesando los argumentos, Giorgio refirió a que “el sentenciante afirmó que no se realizaron los estudios correspondientes y los que fueron presentados, además de insuficientes son viejos y no sirven de fundamentos actuales dado lo cambiante del medio ambiente”, por lo que le permite “llegar a la conclusión que la resolución (1.099) resulta arbitraria y violatoria de la normativa provincial, nacional e internacional”.

Por otra parte, rechazaron las observaciones de quienes apelaron, al señalar el “cambio de paradigma que el derecho ambiental supone” en búsqueda de “prevenir el daño al medio ambiente”. Ratificando que “la urgencia y los derechos en juego justifican la vía escogida”.

Histórico

“Muy contentos y emocionados por este fallo. Este fallo marca un hito, es histórico y no tiene antecedentes en la historia de la conservación en Entre Ríos y probablemente no lo tenga a nivel nacional. Por eso es la alegría, porque es un gran avance y va a tener implicancias, porque ahora este fallo quedó firme con esta decisión del STJ, y porque esto sienta precedentes para futuros conflictos”, valoró una vez conocida la noticia Gabriel Bonomi.

El integrante de Ceydas dijo que sobre el fallo se destaca “que hay un cambio de paradigma muy grande en la sociedad en donde rechaza y repudia este tipo de prácticas tan crueles, violentas, anacrónicas e irresponsable como la caza. El repudio fue masivo, no fue ocurrencia de un juez o de los ambientalistas, fue toda una sociedad que se pronunció en contra de esta irresponsable resolución de la Dirección de Recursos Naturales. Creo realmente que se hizo justicia”, afirmó el ambientalista.

Bonomi agregó que “lo bueno también de este proceso judicial es que desnudó muchas irregularidades que se comenten por un lado desde los cotos de caza, que son los grandes beneficiarios de estas irregularidades, el sistema de privilegios que le otorga la Provincia a estos cotos de caza. Esto dicho por el propio funcionario que habilitaba los cotos. Y por otro la poca seriedad y poco profesionalismo con el que el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, específicamente el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Social a cargo de Juan José Bahillo, toman las cuestiones ambientales en la provincia de Entre Ríos”.

Por último, y de aquí en adelante, Bonomi planteó que “luego de este gran paso, gran logro, lo que hay que hacer es generar instancias de diálogo, de debate y de construcción participativa en los cuales se decidan acciones sobre estas temáticas, si seguir o no con esto, aunque está claro que la sociedad rechaza la caza de especies autóctonas. Hay muchos intereses económicos de los cotos de caza que generan la presión al Gobierno para que se habilite año a año esta matanza cruel de animales autóctonos, pero creo que esto cambió, es rotundo, y el gobierno debe atender estos cambios, no puede darle la espalda al pueblo que representa. No puede esquivar el debate como hizo hasta ahora, y esto es lo que hay que apuntar de aquí en adelante. El cambio se da desde los hechos y la Justicia se fortalece desde el mandato social de los ciudadanos. Para tener una sociedad más justa los gobiernos de turno deben atender los reclamos de los ciudadanos”, afirmó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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