Un patrullaje preventivo en la costa de Barranqueras derivó en uno de los mayores secuestros de marihuana registrados en las últimas semanas en el Chaco. Personal de la Prefectura Naval Argentina interceptó una camioneta que circulaba a alta velocidad por el barrio San Pedro Pescador y descubrió en su interior más de 555 kilos de cannabis, distribuidos entre panes y cogollos listos para su traslado.

El procedimiento terminó con dos hombres detenidos, el secuestro de una camioneta robada y una carga de droga valuada en casi 2.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La sospecha comenzó durante un patrullaje

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Paraná y fue ejecutado por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Barranqueras, que realizaban recorridas de prevención sobre la costa del río Paraná.

De acuerdo con la información oficial, los agentes detectaron una Toyota Hilux sin chapas patente que se desplazaba a gran velocidad por la zona. Al acercarse al vehículo observaron varios bultos rectangulares tanto en la caja como en el asiento trasero, una característica habitual en cargamentos de estupefacientes.

Ante esa situación, se desplegó un operativo conjunto con otras áreas especializadas de Prefectura para interceptar el rodado antes de que abandonara el sector.

Más de media tonelada de marihuana

Tras la detención de los ocupantes, los efectivos realizaron pruebas orientativas sobre la carga, que confirmaron la presencia de Cannabis Sativa.

La intervención quedó entonces bajo la órbita del Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que ordenó profundizar la requisa.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Marcelo Burella, el procedimiento continuó en la sede de Prefectura Barranqueras, donde se realizó el conteo y pesaje de toda la carga.

El resultado fue contundente: 164 paquetes de cogollos de marihuana, con un peso de 168,643 kilogramos y 343 panes de marihuana, con un peso de 386,776 kilogramos. En total, los investigadores contabilizaron 555,419 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de $1.957.851.975.

Una camioneta robada y celulares secuestrados

La investigación también reveló que la camioneta utilizada para el transporte de la droga tenía un antecedente delictivo. Según las verificaciones realizadas por los investigadores, la Toyota Hilux registraba un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Córdoba.

Además del vehículo, valuado en aproximadamente 40 millones de pesos, fueron secuestrados dos teléfonos celulares y 10.000 pesos en efectivo. Con todos los elementos incautados, las autoridades calcularon que el valor económico total del procedimiento ronda los $1.998 millones.

Por orden de la Fiscalía Federal, la totalidad de la droga fue trasladada al depósito judicial de Prefectura para su resguardo y conservación como evidencia.

En tanto, los dos ocupantes de la camioneta, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron detenidos e incomunicados por 72 horas mientras avanzan las medidas investigativas destinadas a determinar el origen del cargamento y su destino final.

Los sospechosos permanecen alojados en dependencias de la Policía del Chaco a disposición de la Justicia Federal.

Perfil

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El secuestro de 250 ladrillos de cocaína ocurrido en el departamento Feliciano se convirtió en uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico. El procedimiento comenzó como un control preventivo de rutina sobre la Ruta Provincial Nº 28 y terminó con dos detenidos, más de un cuarto de tonelada de droga incautada y una investigación federal que busca determinar el origen y destino del cargamento.

Todo se inició en las inmediaciones del Puesto Caminero “Puente de Hierro”, cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil Mercedes Benz de alta gama. Lejos de detenerse, el conductor aceleró y escapó del lugar, dando inicio a una persecución que movilizó a distintas dependencias policiales.

Tras varios kilómetros de seguimiento y la implementación de un operativo cerrojo, los uniformados lograron interceptar el vehículo cuando circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.

Quiénes son los detenidos

Los ocupantes del automóvil fueron identificados como Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, y Benjamín Ariel Maciel. Según trascendió, Fiordelino posee un extenso prontuario vinculado al narcotráfico y figuró años atrás entre los delincuentes más buscados del país tras permanecer prófugo luego de escapar de una dependencia policial en Rosario.

De acuerdo con antecedentes publicados por medios nacionales, el hombre acumula más de 40 causas penales y fue investigado por delitos relacionados con tráfico de drogas, tenencia de armas y utilización de identidades falsas.

Durante la requisa inicial del vehículo, los efectivos secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, aproximadamente 300 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

El hallazgo de la droga

La sorpresa llegó durante los rastrillajes realizados sobre la banquina y sectores cercanos al recorrido efectuado por el automóvil durante la fuga. Allí, los investigadores localizaron varios bolsos y mochilas que habían sido descartados por los ocupantes.

Dentro de esos elementos encontraron 250 ladrillos compactos de cocaína. Las pruebas de campo realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

El peso total de la droga alcanzó los 260 kilos. Según estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor aproximado de 5.000 millones de pesos en el mercado ilegal, equivalente a cerca de cuatro millones de dólares.

Avanza la investigación federal

La causa quedó bajo la órbita de la jueza federal Analía Ramponi, con intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt y de la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt.

Por disposición judicial, ambos sospechosos permanecen detenidos e incomunicados mientras avanza la investigación para establecer el recorrido completo de la droga y determinar si existe una organización criminal de mayor alcance detrás del transporte del cargamento.

En el marco de las medidas ordenadas por la Justicia, se realizaron nuevos rastrillajes en la zona donde aparecieron los paquetes de cocaína. Allí se halló una pistola calibre 9 milímetros con cargadores y municiones, un teléfono celular adicional y un cuchillo, elementos que fueron incorporados al expediente, indicó Concordia Policiales.

Allanamientos y nuevas pistas

La investigación continuó con allanamientos en dos domicilios de la provincia de Corrientes vinculados a los detenidos. Los procedimientos buscaron reunir pruebas sobre posibles conexiones logísticas y financieras relacionadas con el transporte de la droga.

Ahora, los investigadores trabajan sobre la información contenida en los teléfonos secuestrados para identificar contactos, movimientos y posibles integrantes de una red de narcotráfico más amplia.

Fuente: El Once

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 2026

También participaron ministros y secretarios de Seguridad provinciales, autoridades nacionales y representantes de las Fuerzas Federales. Catamarca estuvo representada por funcionarios provinciales.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno de Tucumán y tuvo como eje central el avance del narcotráfico en la región y, especialmente, la incidencia del tránsito aéreo irregular utilizado por organizaciones criminales para el ingreso y traslado de cocaína a través de avionetas clandestinas y vuelos no comerciales.

Durante la apertura, Monteoliva destacó que “la seguridad en la Argentina es un ejercicio profundamente federal” y sostuvo que “no se puede gestionar en solitario”. En ese sentido, remarcó la importancia de profundizar la coordinación entre Nación y provincias mediante intercambio de información, trabajo operativo conjunto y estrategias medibles.

La ministra advirtió que “el NOA es un área crítica” porque “por acá pasan las rutas del tráfico, se procesan precursores y se distribuye cocaína hacia el resto del país y hacia los mercados internacionales”. Además, aseguró que “mirar para otro lado no es una opción”.

En materia de resultados, Monteoliva señaló que, a nivel nacional, en los últimos dos años se incautaron más de 25 toneladas de cocaína, superando lo decomisado durante los cuatro años de la gestión anterior. Asimismo, destacó que el NOA concentró el 68% de toda la cocaína secuestrada a nivel federal y que las incautaciones de drogas sintéticas en la región crecieron un 787% en comparación con el período previo.

El Consejo de Seguridad Interior Regional NOA forma parte de la estrategia federal impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la coordinación operativa entre Nación y provincias en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas en zonas de frontera.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la exposición sobre el Programa Colibrí y los resultados de las operaciones Páramo y Zafiro, vinculadas al control de rutas aéreas utilizadas por organizaciones criminales. El Programa Colibrí es una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), financiada por la Unión Europea, orientada a combatir el tráfico de cocaína mediante avionetas clandestinas y vuelos irregulares.

En ese marco, las autoridades nacionales también expusieron sobre la estrategia de gestión operativa frente al tránsito aéreo irregular y la aplicación de protocolos específicos de actuación, con participación de Gendarmería Nacional, la ANAC, EANA y organismos especializados. Además, se avanzó en la firma de convenios específicos con provincias de la región para fortalecer los mecanismos de control y cooperación interjurisdiccional.

Monteoliva también destacó el trabajo realizado en materia de control de precursores químicos y afirmó que “combatir los precursores es intervenir antes de que la droga exista”, subrayando que las organizaciones criminales pueden cambiar rutas y métodos, “pero para producir siempre van a necesitar químicos”.

Durante la jornada se presentaron además los resultados del Grupo Operativo Conjunto NOA y del Grupo Especial Antinarcotráfico Salta (GEANSA), estructuras integradas por fuerzas federales y provinciales orientadas a tareas de inteligencia criminal e investigación compleja.

Ministerio de Seguridad Nacional

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Según la investigación, la organización tenía conexiones internacionales y estaba integrada por ciudadanos peruanos. La causa se inició en 2024, a partir de la detención de una mujer que transportaba dos kilos de cocaína en Caballito, y derivó en una compleja pesquisa que permitió identificar una estructura dedicada al acopio, procesamiento y comercialización de cocaína.

Una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, logró desarticular una estructura narcocriminal dedicada al aprovisionamiento, acopio, estiramiento y comercio mayorista de clorhidrato de cocaína que operaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En una serie de 19 allanamientos realizados el sábado pasado, se detuvo a siete personas –en su mayoría de nacionalidad peruana– y se secuestraron 70 kilos de cocaína, más de seis de marihuana, dinero, celulares, documentación, anotaciones, elementos de fraccionamiento y precursores químicos. Además, en el barrio Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, se desmanteló una “cocina” donde se procesaba la droga para venderla rebajada en mayor cantidad.

Los procedimientos fueron realizados por la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal (PFA), por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, y con la intervención de la Secretaría N°24, a cargo de María del Pilar Caballero, tras un pedido del fiscal Picardi.

El representante del MPF también solicitó la captura internacional del presunto líder de la organización, un ciudadano peruano que, de acuerdo a la investigación, se encontraba en la cúspide de la estructura delictiva y coordinaba a los otros miembros.

En la investigación, la fiscalía contó con la colaboración de distintas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) intervino desde el inicio del legajo y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación canalizó requerimientos con autoridades peruanas.

A su vez, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) logró realizar la extracción forense de los teléfonos secuestrados a la primera detenida, una medida que resultó clave para ampliar la pesquisa y reconstruir el funcionamiento de la organización.

El caso

La investigación tuvo origen el 24 de mayo de 2024, cuando personal de la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer en la calle José Bonifacio al 1200, en el barrio porteño de Caballito. En aquella oportunidad, los efectivos vieron que la sospechosa introducía un objeto rectangular en una mochila y, al interceptarla y requisar el bolso, se hallaron dos “ladrillos” de cocaína con un peso de 2,135 kilogramos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con el sumario policial que dio origen a las actuaciones, al verse sorprendida por la fuerza de seguridad, la mujer dejó caer la mochila y manifestó de forma voluntaria y espontánea ante los policías: “La mercadería no es mía, es de (…), tengo las llaves del edificio de Lavalleja 650”.

Desbarataron una organización narcocriminal que operaba en Capital Federal y el conurbano: hay siete detenidos y secuestraron 70 kilos de cocaína. pic.twitter.com/LwuftqDKmg

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) May 22, 2026

Si bien la implicada se negó a declarar formalmente en su posterior indagatoria, el secuestro y la posterior apertura forense de sus dispositivos móviles reveló que la droga incautada no correspondía a un hecho aislado, sino que formaba parte de una cadena de tráfico operada por una organización delictiva de gran escala.

Los investigadores detectaron conversaciones, contactos y movimientos vinculados al acopio, traslado y venta de cocaína. Los mensajes también permitieron identificar inmuebles utilizados como “oficinas”, término con el que los integrantes de la banda aludían a los lugares destinados al almacenamiento, acondicionamiento y distribución de la droga.

La investigación

El fiscal Picardi encomendó tareas investigativas a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, que realizó un amplio espectro de medidas de inteligencia criminal que incluyeron seguimientos discretos, vigilancias fijas y móviles, análisis socioambientales y entrecruzamientos de datos en redes sociales para individualizar a los integrantes de la organización y establecer el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura criminal.

A lo largo de la pesquisa se interceptaron y monitorearon alrededor de 70 líneas telefónicas mediante intervenciones judiciales simultáneas. La recolección de indicios se complementó con la utilización de la técnica especial de investigación del “informante” que, entre otros datos, señaló que uno de los implicados comercializaba droga junto con familiares y personas vinculadas al ambiente de la música tropical y los locales bailables.

El análisis de las comunicaciones permitió reconstruir la dinámica interna de la organización y corroborar que operaba, al menos, desde marzo de 2024, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Gerli, Quilmes, Moreno y Francisco Álvarez.

Las “oficinas” y la cocaína rebajada

La pesquisa también permitió detectar la utilización de inmuebles alquilados específicamente para funcionar como centros de almacenamiento, procesamiento y distribución de la droga, a los que sus integrantes denominaban “la oficina”.

Cinco ladrillos de cocaína secándose bajo una estufa de cuarzo en una de las “oficinas” allanadas a la banda en el barrio Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Foto: Fiscalía Federal N°5

Al referirse a esos sitios, Picardi explicó en su dictamen que los imputados “contaban con un lugar en el que acopiaban el material estupefaciente que vendían, y en donde también lo acondicionaban y rebajaban para obtener una mayor cantidad de sustancias de menor calidad”.

El fiscal federal también describió que la banda utilizaba distintos colores para identificar los panes de cocaína y que varias conversaciones hacían referencia al secado, rebaja y acondicionamiento de la sustancia.

La estructura de la organización

De acuerdo con el dictamen, el presunto líder de la banda ocupaba un rol central dentro de la organización y, mediante comunicaciones telefónicas y aplicaciones de mensajería, desde el exterior “impartía directivas, fijaba precios, asignaba entregas, organizaba compras de droga, decidía movimientos de dinero y coordinaba a los restantes integrantes de la organización”.

Por debajo, dos mujeres —hermana y madre de la primera detenida— ejecutaban las órdenes impartidas por el líder y desempeñaban roles operativos centrales en la gestión del negocio ilícito al encargarse de coordinar entregas, supervisar los lugares de acopio y administrar el movimiento de dinero.

Según la fiscalía, la organización contaba con distintos eslabones especializados. Algunos miembros cumplían funciones logísticas y de traslado de la droga; otros se encargaban de las maniobras de estiramiento, prensado y empaquetamiento de la cocaína en las “oficinas”, mientras que otros miembros actuaban como nexos para el alquiler de inmuebles o la recepción y transferencia de ganancias.

También se detectó la participación de personas encargadas de proveer cocaína, distribuirla en distintos puntos de venta y abastecer a compradores mayoristas.

En su dictamen, Picardi sostuvo además que “la organización criminal investigada cuenta con conexiones directas de carácter internacional”. En ese sentido, remarcó que la estructura contaba con integrantes que operaban desde el exterior y que las características de la cocaína acondicionada “resultan compatibles con circuitos de abastecimiento que exceden el ámbito local y permiten inferir su vinculación con eslabones extranjeros dentro de la misma cadena de tráfico”.

Las escuchas: “Pescado” y “condimento”

El análisis de las intervenciones telefónicas expuso el modus operandi y la terminología codificada que la organización criminal empleaba como precaución en sus comunicaciones. Los implicados utilizaban de manera sistemática términos del lenguaje cotidiano para camuflar las transacciones de drogas, tales como “cajas”, “coso”, “remeras” o “pescado” al referirse a los panes de cocaína, mientras que para las sustancias de estiramiento empleaban los términos “condimento” o “agua”.

Entre las comunicaciones incorporadas al expediente aparecen conversaciones en las que los integrantes de la organización coordinaban entregas, cantidades y movimientos de dinero.

En uno de los registros destacados, el presunto líder de la organización le ordenó telefónicamente a una de las mujeres ahora detenidas: “Amiga buen día. Anda compra 20 cajas (…) en dos viajes en 10 en 10. Encalete 10 en el auto, que baje con esos 10, entre al lugar y compre 10… y después de eso se vaya de nuevo al domicilio de (…) en San Miguel para comprar otros 10”.

Uno de los panes de cocaína de la organización y una balanza secuestrada en los allanamientos. Foto: Fiscalía Federal N°5

En otra conversación, ese mismo imputado le advirtió a una colaboradora que no saliera del departamento utilizado para el acopio porque había presencia policial en la zona: “Los pedidos pueden esperar (…) si tú ves que no puedes salir no saques nada”.

Las escuchas también reflejaron las medidas de seguridad adoptadas por la organización. En una de las comunicaciones, uno de los imputados le indicó a otra integrante que se limpiara “la plantilla” de los zapatos para que “no deje huellas blancas” en el pasillo del edificio donde funcionaba el lugar de procesamiento.

Los mensajes permitieron además identificar distintos puntos de encuentro para entregas de droga, operaciones de compra y venta y referencias a cocaína de máxima pureza, mencionada entre los integrantes como “la original”.

El detalle de los allanamientos

A partir de las pruebas reunidas, Picardi solicitó los allanamientos y detenciones que se concretaron el sábado pasado. El operativo de la PFA se desplegó sobre 19 objetivos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en los que se logró la detención de siete presuntos integrantes de la estructura criminal —cuatro mujeres y tres hombres—, todos mayores y de nacionalidad peruana.

En total, se secuestraron 70 kilos de cocaína, 6,382 kilos de marihuana (la mayoría en plantas), 600 dólares y 136.770 pesos, un automóvil, tres prensas hidráulicas para compactar ladrillos de cocaína, moldes metálicos, 23 logos para identificar panes de cocaína —entre ellos el del conocido sello del delfín— 13,330 kilogramos de sustancias de corte, balanzas, once teléfonos celulares, documentación y anotaciones vinculadas a la actividad ilícita.

El procedimiento principal se realizó en un domicilio de la calle Yma Sumac al 900 del barrio Rodrigo Bueno, en la zona porteña de Puerto Madero, donde los investigadores encontraron el centro de procesamiento de cocaína en pleno funcionamiento. Allí fueron hallados 55 panes de cocaína, una bolsa con aproximadamente seis kilos adicionales de la misma sustancia, cuatro kilos de sustancia de corte, y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento, la compactación y el secado de la droga.

En otro de los allanamientos, realizado en un departamento de la calle Malabia al 2100, en el barrio de Palermo, se secuestraron cinco ladrillos de cocaína de un kilo cada uno, más de 150 envoltorios con dosis fraccionadas, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

También se realizaron procedimientos en las localidades bonaerense de Gerli, Quilmes, Moreno, Francisco Álvarez y en distintos barrios porteños, además de un restaurante de comida peruana ubicado sobre la avenida Córdoba al 3500.

Las siete personas imputadas quedaron detenidas a disposición del juez Ercolini y fueron indagadas entre el lunes y el martes, algunas de manera remota desde sus sitios de detención y otras en los tribunales federales de Retiro. Se aguarda que en los próximos días el magistrado resuelva sus situaciones procesales.

Fuente: Fiscales

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El excandidato a diputado de LLA sigue sin explicar el origen de los 200 mil dólares que recibió de su empresario amigo.

La justicia federal de Texas admitió el acuerdo que hizo Federico “Fred” Machado con la fiscalía de ese Estado por el cual se declaró culpable de lavado de activos y fraude en la venta de aeronaves a cambio de descartar una acusación por narcotráfico, además de evitar el juicio por jurados. Aunque Javier Milei tuitee que esto demostraría que José Luis Espert –quien recibió dinero y aportes de Machado durante su campaña presidencial en 2019—fue blanco de “una operación política y mediática infame” que lo empujó “al ostracismo”, lo que sucede en Estados Unidos no solo no detiene las investigaciones contra el exdiputado de la Libertad Avanza sino que hasta podría complicarlo.

Espert ya había reconocido que recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado por un supuesto trabajo de consultoría para la empresa Minas del Pueblo a través del Bank of America, pero hasta ahora no hay ni una constancia de que ese trabajo haya existido.

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Aquellos 200.000 dólares que el propio Espert reconoció, no fueron declarados y eran parte de un acuerdo mayor, por un 1 millón de dólares. Tanto en Estados Unidos, en el caso de Machado, como en Argentina, en el del exdiputado, ese dinero es considerado parte de una cadena de posible lavado de activos.

Espert es investigado por ese delito en una causa a cargo del fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, en San Isidro, que pone el foco en su incremento patrimonial y nivel de vida a partir del vínculo con Machado desde 2019 y donde fueron detectadas una gran cantidad de operaciones bancarias dudosas. En este caso, como sacó 80.000 dólares de una de sus cuentas tras ser denunciado, se dispuso el congelamiento de todos sus bienes. No puede hacer operaciones. En otro expediente radicado en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, el delito es el mismo pero el foco son 36 viajes en dos aviones de Machado, el uso de una camioneta blindada y otros aportes a la campaña presidencial. En un comienzo, “el profe” –como lo llama Milei—había reconocido un vuelo, pero los viajes resultaron sistemáticos.

En un posteo del domingo a la noche, titulado “Periodistas de Mierda (95%)”, el Presidente acusó una vez más a periodistas que según él “difamaron” a Espert y “lo condenaron sin pruebas”. Su argumento era que “la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que ese acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, en alusión a Machado. La afirmación es tramposa, o en rigor, incorrecta, ya que no fue declarado inocente sino que se retiraron esos cargos pero quedaron en pie los de conspiración para lavar activos y fraude electrónico. Para la investigación respecto del exdiputado y excandidato en Argentina, es indistinto si se trata de narcotráfico, fraude u otro delito. Para mostrar el lavado tiene que haber un “delito precedente” –que sea fuente del dinero sucio– pero no es requisito que exista una codena, explicó a Página/12 un funcionario que participa en una de las causas.

El acuerdo en Texas

La audiencia en la que Machado se declaró culpable este lunes por la mañana duró 16 minutos. El juez Don D. Bush le hizo algunas preguntas para verificar que comprendía las consecuencias del acuerdo con la fiscalía. Ahora el juez de distrito Amos L. Mazzant es quien tiene que dictar la sentencia. El acuerdo establecido y homologado por el juzgado señala que la pena máxima es de 20 años de prisión, 3 de libertad vigilada y multa de 250.000 dólares, pero no fija ningún monto de pena concreto todavía. Eso vendrá en un próximo paso. Pero Machado, que lleva seis meses en la cárcel de Oklahoma, aspira a que se computen los cinco años que ya estuvo detenido –la mayor parte con prisión domiciliaria en Viedma desde donde fue extraditado el año pasado—y el cálculo caiga drásticamente. Su apuesta es recuperar la libertad.

En el acuerdo de culpabilidad, Machado admite que junto con otras personas promovió y participó en un esquema ponzi de estafa con la venta de aeronaves. Reconoce haber integrado una organización para lavar dinero mediante transacciones destinadas a ocultaron el origen y manejo de los fondos. Recibió transferencias de inversores por aviones de las líneas aéreas Air India, All Nippon Airways y otra con asiento en China, que no se encontraban en venta. Hay operaciones de 2019 y 2020, aunque anteriores también. Para un avión de Air India se detectó un “acuerdo para un depósito reembolsable de 5.000000 de dólares”. “Posteriormente, 550.000 dólares fueron transferidos para un uso distinto de la compra del avión”, dice el pacto. Las empresas que usaba Machado eran South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, junto con Wright Brothers Aircraft Title.

Desde ésta última, propiedad de la socia de Machado, Debbie Mercer Erwin, salió el pago de 200.000 dólares para Espert. Mercer Erwin fue condenada por la misma trama por la que ahora se lo juzga a Machado a 16 años de prisión. En su caso quedó incluido el delito de narcotráfico, además de lavado y fraude.

Por eso, más allá de que retiren los cargos por narcotráfico a Machado, las pruebas siguen estando en la causa. A pesar del acuerdo que propuso la fiscalía, los aviones ligados a Machado nunca dejaron de estar vinculados a operaciones de narcotráfico.

Espert en la mira

En la causa que tramita en San Isidro se investigan los 200.000 dólares del pago de Machado mucho más: el salto patrimonial y en el nivel de vida que da Espert desde 2019, cuando se vincula con aquel, hasta 2025. En un comienzo tenía con su tarjeta Visa Platinum (con extensiones para su esposa e hijo) gastos de aproximadamente 3000 dólares. Cuando terminó la campaña presidencial se compró la casa en Beccar, por algo más de 450.000 dólares y luego un BMW nuevo que tiene un precio de mercado de 83.500. El año pasado sus gastos mensuales bancarios ascendían al equivalente a unos 11.000 dólares mensuales. Pero, además, se detectaron unas extrañas operaciones a través de un informe del Banco Francés: recibió transferencias millonarias de cuentas vinculadas a ochos sociedades y personas humildes y hacía depósitos por cajero como para evitar los controles tributarios. Habría depositado unos 250.000 dólares por mecanismos dudosos.

Por ahora se prorrogó la inhibición de bienes suyos y de su familia, no sólo por la extracción al inicio de la causa de los 80.000 dólares sino porque se detectó la existencia del fideicomiso Costa Dunas, al que había adherido la esposa de Espert en febrero de 2025, ligado a un emprendimiento inmobiliario de lujo cerca de Costa Esmerando. La mujer había aportado allí 55.501 dólares en concepto de anticipo y 50.893.221 pesos (como parte de siete cuotas mensuales pactadas). La sospecha es que era una vía para canalizar fondos.

Por Irina Hauser / Página 12

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El operativo se desarrolló en el ingreso a Concordia, sobre Avenida Presidente Perón, frente al Parque Industrial. Allí fue interceptado un vehículo con dos ocupantes mayores de edad, provenientes de la provincia de Buenos Aires, cuya actitud generó sospechas, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de control y requisa.

Para profundizar la inspección, se dio intervención al can antinarcóticos Mali, perteneciente a la División Drogas Peligrosas Concordia, que realizó una marcación positiva en el baúl del vehículo, indicando la posible presencia de estupefacientes. A partir de ese indicio, se avanzó con el procedimiento que permitió confirmar la existencia de la droga.

Durante la requisa vehicular, los efectivos incautaron casi tres kilogramos de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios compactos y más de 4,7 kilogramos de marihuana en seis paquetes. Además, se secuestró un automóvil Volkswagen CrossFox utilizado para el traslado, tres teléfonos celulares, 411.800 pesos, 100 dólares y documentación de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad: un hombre de 48 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, y una mujer de 40 años, de nacionalidad paraguaya, quienes quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Justicia Federal.

Cabe señalar que la intervención se llevó adelante en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, con Secretaría del doctor Alan Bergdolt.

Por último, desde la fuerza se remarcó que este tipo de intervenciones pone de relieve la importancia de los controles dinámicos en puntos estratégicos de circulación, como accesos urbanos y corredores logísticos, donde las organizaciones criminales intentan movilizar estupefacientes. Asimismo, se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de lucha contra el narcotráfico, orientada a desarticular circuitos de transporte y comercialización.

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El 24 de febrero comenzará en Paraná el juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, productor agropecuario y ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico. Se trata de una megacausa que involucra a 14 personas y una importante cantidad de testigos, y que unifica dos expedientes federales tramitados en Entre Ríos y Santa Fe.

La causa será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, y el magistrado santafesino José María Escobar Cello. Las audiencias están previstas para los días 24 de febrero; 3, 17 y 26 de marzo; y 8, 17, 22 y 29 de abril.

La defensa de Airaldi está a cargo de la abogada penalista Mariana Barbitta, quien asumió recientemente junto a los codefensores Lucas Melo y Marina Vega García, y también representa a Jimena Burne, pareja del acusado. Barbitta solicitó que Airaldi sea trasladado desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú para presenciar las audiencias de manera presencial, pedido que fue aceptado. Durante el desarrollo del juicio, el imputado será alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

En el banquillo de acusados serán sentados, además de Airaldi y su pareja Jimena Burne (si no le otorgan la probation solicitada), las siguientes personas: Cristian Sánchez, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld y Gonzalo Olivero (representados por el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo); Juan Erbes y Marino Martínez (defendidos por los abogados Leopoldo Meresman y José Monje); María Soledad Touzet y Emanuel Cuello (defendidos por el abogado Nelson Schlotahuer); José Godoy (defendido por Carlos Cordini); Armando Blacaza (representado por los abogados Humberto Franchi y Hugo Gemelli); y Roberto Coronel y Carlos Schumacher (defendidos por Claudio Berón). En tanto, en el juicio el representante del Ministerio Público Fiscal será José Ignacio Candioti.

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Leonardo Airaldi y dos causas unificadas

En noviembre pasado se resolvió la unificación de las dos investigaciones —una instruida en el Juzgado Federal de Paraná y otra en la Justicia Federal de Santa Fe— al confirmarse la conexión entre ambos expedientes. La Fiscalía sostiene que las causas están vinculadas por una misma estructura criminal y un esquema de logística común, lo que derivó en un único juicio oral.

Según la acusación, la organización habría operado entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná, con ramificaciones en zonas rurales e islas del río Paraná. En ese marco, Airaldi es señalado como el organizador, proveedor y financiador de la banda, a quien se le atribuye haber diseñado y dirigido la estructura destinada a facilitar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal le imputó haber distribuido tareas, administrado recursos humanos y materiales y emitido órdenes por distintas vías, además de disponer de medios financieros y logísticos para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas. La investigación apunta a determinar la responsabilidad de 14 personas en total.

Según consigna el sitio de la Procuración de la Nación, la causa tramitada en Santa Fe se originó en agosto de 2022, tras un operativo en Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo, donde se secuestraron 29,4 kilos de cocaína ocultos bajo una cama, distribuidos en 28 paquetes. Si bien la vivienda estaba alquilada por un puestero rural, la acusación sostiene que la logística y las propiedades utilizadas pertenecían a Airaldi. Incluso, se presume que el productor habría utilizado una estancia de su propiedad en una isla del Paraná, donde habría funcionado una posible pista clandestina, para coordinar operaciones narco.

Por ese hecho, el juzgado federal santafesino procesó a Airaldi por almacenamiento y tráfico de estupefacientes, dictó prisión preventiva y ordenó un embargo de cinco millones de pesos. En paralelo, desde 2019 se desarrollaba en Paraná una investigación federal que también lo vinculaba con una organización dedicada al narcotráfico, causa que ahora quedó integrada en el mismo juicio.

De acuerdo a la imputación fiscal, la banda combinaba logística terrestre y fluvial, operando desde estancias e islas del río Paraná y manteniendo vínculos con redes de distribución regional. En los allanamientos realizados por la Dirección Investigaciones de la Policía provincial se secuestraron cocaína, marihuana, MDMA, armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y equipos de comunicación, lo que, según la Fiscalía, evidencia un sistema complejo de narcotráfico.

El Tribunal deberá evaluar en un solo proceso el acopio de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, la hipótesis de una organización narco con logística regional, las pruebas secuestradas en múltiples allanamientos y la imputación de Airaldi como presunto jefe y “cerebro” de la estructura criminal.

Fuente: Uno Entre Ríos

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Una causa federal iniciada en noviembre del año pasado, tras el secuestro de más de 14 kilos de cocaína en la Ruta Nacional N.º 14, continúa arrojando resultados contundentes. Aquel procedimiento realizado en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde se detectó droga oculta en la estructura de un vehículo y se detuvo a su conductora, marcó el punto de partida de una investigación profunda y sostenida.

Tras tomar intervención la División Drogas Peligrosas Federación, secuestro los estupefacientes, el rodado y la detención de la conductora, que luego se confirmo que era integrante de una fuerza federal.

Detalles de la causa

Golpe al narcotráfico en Chajarí: incautan más de 14 kilos de cocaína en Paso Cerrito

Seguimiento de la causa

Como derivación inmediata, la Justicia Federal, dispuso durante la misma jornada tres allanamientos simultáneos, dos en la ciudad de Posadas (Misiones) y uno en el partido de La Matanza (Buenos Aires), con el objetivo concreto de localizar y detener al proveedor de la droga incautada, avanzando sobre la estructura de abastecimiento de la organización criminal investigada; donde en esas diligencias se obtuvieron datos importantes.

Y, luego de varias semanas de investigación y tareas de campo llevadas a cabo en conjunto, se requiere nuevamente al Juzgado Federal, la autorización de tres allanamientos realizados el dos de enero en la ciudad de Posadas provincia de Misiones.

Fuerzas intervinientes

Con precisión operativa y despliegue total, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y su par de Federación, junto a unidades especiales y Gendarmería Nacional Argentina, ejecutaron los procedimientos con máxima efectividad, neutralizando recursos clave utilizados para el delito.
El resultado fue elocuente y lapidario; incautando, Droga, vehículos y motocicletas, tecnología utilizada para coordinar y monitorear movimientos, municiones, balanza de precisión y documentación sensible para la causa.

Cada elemento incautado representa un eslabón menos en la cadena del narcotráfico y una prueba concreta del nivel de organización criminal investigado.
Durante los allanamientos, dos personas fueron identificadas y supeditadas en el legajo, quedando la totalidad de las actuaciones bajo control judicial.

La Policía de Entre Ríos, en articulación con fuerzas federales, avanza, irrumpe y desmantela, sosteniendo una tolerancia cero frente al crimen organizado.

Prensa Dirección General Drogas Peligrosas #PER

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Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ardoy, que comenzó hace más de un año con múltiples tareas de reunión de información, vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas, que lograron apuntalar las sospechas sobre los integrantes de la familia Latorre, oriunda del barrio Consejo, que en las últimas décadas se hizo tristemente célebre por la venta de drogas y por el inusitado uso de la violencia armada, con numerosos soldaditos.

Las órdenes de allanamientos y requisas fueron autorizadas por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. Unos 500 efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras áreas comenzaron con las medidas solicitadas.

También apuntan dentro de esta pesquisa a otro clan narco con numerosas causas por narcotráfico y narcomenudeo en Paraná: los González, originalmente oriundos del barrio Paraná XVI, conocidos como “los Fierro”, por ser el padre y líder familiar Fabián González, alias “Cabeza de Fierro”. Quien hoy comanda la banda narco es su hijo Marcos. El drugstore que este joven tiene en el barrio La Floresta fue allanado en horas de la noche de este miércoles, luego de arduas tareas de los policías para vencer la puerta con rejas reforzada del ingreso, tal como ha sucedido en las tres ocasiones anteriores que este domicilio fue allanado.

Los Latorre tienen numerosas inversiones, entre ellas una mansión, varias casas y terrenos en Villa Urquiza. Esta propiedad también fue allanada en el marco de esta causa.

Fuente: Análisis

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Se trata de Lourdes Ramírez, conocida como “la Paraguaya”, de 59 años, y su hija Aixa Schnitman, de 29, quien es abogada. Las dos ya estaban imputadas por narcomenudeo, pero aún no se hizo el juicio ni fueron condenadas por la causa del año pasado. Mientras tanto, al parecer, continuaban con el mismo emprendimiento ilícito.

Según se informó a ANÁLISIS, este sábado personal de la División Drogas Peligrosas La Paz llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Elena, los cuales arrojaron resultados positivos.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en barrio Villa Urquiza, de Ramírez y su hija letrada, que se encuentra casa de por medio de la vivienda del intendente de la localidad, Domingo Daniel Rossi, y de su esposa y senadora provincial, Patricia Díaz, así como frente a un establecimiento escolar. Es en calle Corrientes, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón.

Allí los policías secuestraron dinero en 659.500 pesos y₲84.450 guaraníes, dos celulares, recortes de nailon y elementos de estiramiento de droga, además de más de 100 gramos de sustancia blanca que arrojó resultado positivo para cocaína, 0,8 gramos de marihuana, 19 semillas de cannabis sativa y una moto de 110 cc. sin dominio colocado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en barro Hipólito Irigoyen, donde se logró el secuestro de dinero en efectivo, recortes de nailon, una picana eléctrica, anotaciones varias, una moto Honda Wave y distintas cantidades de cocaína y marihuana, con un peso total superior a los 50 gramos.

En este domicilio fue detenido un hombre de 35 años, de apellido Ortíz.

Las diligencias fueron supervisadas por la Fiscalía en turno, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, y la colaboración de la Sección Guardia Especial La Paz, personal de comisaría Santa Elena y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo operativo de la Compañía de Operaciones Especiales dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Publica.

La primera causa

El fiscal Facundo Barbosa imputó formalmente por el delito de narcomenudeo a siete detenidos en julio del año pasado.

Lourdes Ramírez es señalada como la jefa de la banda y a quien muchos santaelenenses señalan como una vieja conocida del ambiente narco. Aixa Schnitman se recibió hace no mucho tiempo en la UCA de Paraná y se vinculó a la Municipalidad. Trabajaba como asesora legal del Área de Género, Mujeres y Diversidad.

Otra hija de la paraguaya también está entre los acusados, así como su novio, Julián Alberto Núñez, también conocido con el apodo “Gato Ahorcado”, quien también hacía tiempo se habría dedicado a la venta de drogas.

Los otros tres imputados son la pareja Mariela Fernández y Claudio Rodríguez, quienes están acusados del resguardo o almacenamiento de la droga; y Nicolás Gerardo Rodríguez, quien había sido uno de los vendedores a los consumidores.

Fuente: Análisis Digital

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La entrada Detuvieron otra vez a la narcoabogada de Santa Elena y su madre “la Paraguaya” por narcomenudeo se publicó primero en FM del este 100.5.

La Policía de Entre Ríos realizó un hallazgo alarmante en el marco de una investigación por hechos violentos relacionados con la venta de drogas en Paraná. En un procedimiento realizado este miércoles por la noche en la zona oeste de la capital provincial, secuestraron dos ametralladoras FMK3 con municiones y una pistola calibre 9 milímetros, un tipo de armamento que no suele encontrarse en las calles y que genera gran preocupación entre las autoridades y la comunidad.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación impulsada por la Jefatura Departamental Paraná, a partir del entrecruzamiento de causas y pericias balísticas realizadas por la Policía Científica. Estos trabajos permitieron vincular distintos hechos de violencia armada ocurridos en la ciudad y reunir información clave para avanzar en la causa.

Con autorización del juez de Garantías Elvio Garzón y la intervención de la fiscal Huerto Felgueres, se concretaron dos allanamientos y una requisa en domicilios ubicados en inmediaciones de calle Burmeister, entre República del Líbano y Reseros.

Un sospechoso fue identificado

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un sospechoso que intentó escapar en un automóvil, pero al verse cercado, abandonó el vehículo y logró huir corriendo. Pese a su fuga, la Policía logró identificar a otra persona involucrada en los hechos que se investigan.

En el lugar, además de las armas de fuego, se secuestró un automóvil Chevrolet Cruze que habría sido utilizado por el sospechoso y que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Santa Fe.

Fuente: UNO Entre Ríos

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La entrada Narcotráfico en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo se publicó primero en FM del este 100.5.

En la tarde de este 29 de agosto de 2025, la Policía de Entre Ríos, llevó adelante un fuerte operativo contra el narcomenudeo en la ciudad de Gualeguay, logrando resultados altamente positivos tras intensas tareas investigativas que permitieron reunir pruebas contundentes sobre la actividad ilícita.

Las Divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguay y Rosario del Tala, cumplimentaron dos allanamientos simultáneos en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo), bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Alejandra María Cristina Gómez, y la Fiscalía de la Dra. Mariángeles Schell.

El resultados de la pesquisa en las viviendas fue muy postivo, pudiendo localizar en diferentes ambientes, 1 kilo 70 gramos de marihuana listos para su comercialización; 14 plantas de cannabis sativa en pleno proceso de cultivo; cocaína fraccionada para la venta; la suma de $175.200 en efectivo y 2 dólares; 3 teléfonos celulares, recortes y demás elementos vinculados al fraccionamiento y estiramiento.

Se procedio a la identificación de un masculino y una femenina que se encontraban presentes en una casa y en la otra vivienda un hombre quedó detenido e incomunicado, quien seria el principal sospechado e investigado.

El despliegue operativo, que se extendió durante varias horas, donde este golpe de lleno a las estructuras dedicadas al narcomenudeo, sacando de circulación sustancias ilegales que estaban destinadas al consumo ofreciendo en venta al menudeo.

Es dable mencionar que estos procedimientos son el resultado de una planificación investigativa y operativa coordinada, en respuesta al compromiso de combatir el narcotráfico en todas sus modalidades.

Prensa Dirección General de Drogas Peligrosas

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