La Justicia federal declaró nulo el denominado “Protocolo Antipiquetes”, la normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para regular el accionar de las fuerzas de seguridad ante cortes de calles y manifestaciones, y que fue difundida oficialmente por la cartera a través de un comunicado días atrás.

El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según la sentencia, la normativa adolece de vicios en su conformación legal, ya que —sostiene el magistrado— la administración pública no puede dictar reglas con efectos normativos que, a su juicio, restringen derechos constitucionales como la libertad de reunión, expresión y petición.

El posteo del @MinSeguridad_Ar

Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden.

El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden. pic.twitter.com/mtn5JC64iQ

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 29, 2025

El fallo también subraya que, al no establecer directrices específicas para proteger a grupos vulnerables presentes en las manifestaciones —como personas mayores o con discapacidad—, el protocolo omitió obligaciones recogidas en normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Ante esta decisión, el Gobierno nacional anunció que apelará el fallo ante instancias superiores. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, utilizó sus redes sociales para expresar el rechazo del Ejecutivo y ratificar la postura que ya había sido difundida en el comunicado oficial del ministerio: “Sin Protocolo no hay orden, hay caos”.

En ese sentido, Monteoliva defendió la herramienta que incorporó la gestión anterior y que el ministerio describe como legítima, con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos para garantizar la libre circulación y la convivencia ciudadana. El Gobierno aseguró que no dará “un paso atrás” en la defensa del protocolo y que confía en revertir la decisión judicial en instancias superiores.

Desde la cartera de Seguridad argumentan que el Protocolo “no prohíbe, ordena” y que su aplicación ha sido validada en múltiples ocasiones por la Justicia, sosteniendo que contribuyó a que “las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”.

La anulación judicial del Protocolo Antipiquetes plantea un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de las manifestaciones sociales en Argentina, y abre un conflicto jurídico entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre los límites de la regulación del orden público.

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En un anuncio que marca un cambio de enfoque en las políticas de seguridad del país, la ministra Patricia Bullrich informó a través de su cuenta de X que el Ministerio de Seguridad de la Nación pasará a denominarse Ministerio de Seguridad Nacional. Según sus declaraciones, esta modificación no es solo un cambio de nombre, sino una transformación profunda en la forma en que el Estado aborda la seguridad en Argentina.

Seguridad Nacional: un concepto más amplio

La ministra explicó que la seguridad nacional abarca no solo la lucha contra el delito común, sino también la protección del territorio, la infraestructura crítica y la estabilidad democrática. En este sentido, enfatizó la necesidad de resguardar el Congreso, la Justicia, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo, asegurando el pleno funcionamiento de las instituciones.

Bullrich también vinculó la seguridad con el desarrollo económico, destacando que “un país donde el trabajo y la inversión no estén amenazados por el crimen es un país que puede crecer”. En este marco, señaló la importancia de proteger los recursos estratégicos, como las centrales nucleares, y enfrentar los riesgos del cibercrimen.

Prioridad: crimen organizado y terrorismo

Entre los ejes centrales de esta nueva política, la ministra subrayó la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción y la extorsión, delitos que, según su visión, “atacan las bases del país” y requieren una respuesta firme. Para ello, se apostará por cooperación internacional, inteligencia, tecnología y una mayor presencia en las zonas más afectadas.

Bullrich concluyó su anuncio asegurando que el Gobierno llevará la seguridad “al siguiente nivel”, con nuevas estrategias y herramientas para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del país.

FM del Este 100.5

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El Gobierno denunció que la gestión de Alberto Fernández nunca utilizó los drones destinados a custodiar las fronteras del norte, que habían sido adquiridos en 2019, durante el mandato de Mauricio Macri.

Se trata de dos drones UAV650 que fueron comprados a Israel, con el objetivo de sumarlos al Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras. Sin embargo, jamás se emplearon: quedaron guardados en dos containers, en Campo de Mayo. “Por decisión del gobierno de Alberto Fernández, nunca se abrieron los contenedores ni se realizaron las pruebas de aceptación”, aseguró el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según consta en el acta, a la que accedió TN, en mayo de 2024 personal de la Fuerza Aérea tomó conocimiento de la mercadería guardada. y dio aviso a las autoridades del Ministerio, ya que “no se ha verificado aún, que fueron recibidos y depositados en fecha 27 de enero de 2020 para su guarda”.

“En ambos (containers) se observa material que es descripto como un lanzador o capatulpa, cuatro bidones para combustible y, a su vez, otro contenedor cerrado, el que contendría, en ambos casos, las aeronaves no tripuladas, más un pico mediasombra y varias cajas cerradas sin individualizar. En ambos contenedores se observa condensación de agua por haber estado expuestos a humedad”, agregó el documento.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron a TN que, debido a las condiciones en la que fueron almacenados en todo este tiempo, los “drones no se pueden reparar“. Por esta razón el Gobierno está negociando con el proveedor israelí para llegar a un acuerdo de intercambio por maquinas nuevas. “Es imposible volar algo que se mojó”, advierten desde el organismo.

”Estamos llevando adelante procedimientos para completar el rearmado de todo el sistema de vigilancia de fronteras -explicaron en el Ministerio-. Incluye las cuatro torres en La Quiaca, Aguas Blancas, Iguazú y Salvador Mazza con la reparación y mantenimiento de cámaras y radares. Por otro lado, adquirimos 72 drones nuevos por licitación publica y ya están operativos”. Estos equipos son más chicos que aquellos drones que están en los contenedores.

La palabra de los exministros

Fuentes de la gestión que encabezó Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad en los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández, afirmaron que los drones que había adquirido Bullrich son, en realidad, aviones no tripulados, que fueron comprados al Ministerio de Defensa israelí.

“No se puede destinar a una fuerza civil un aparato comprado para uso militar. No tenía habilitación de ANAC para volar. Uno lo abrimos, pero no se podía utilizar. Es al revés de cómo lo plantea Bullrich”.

No obstante, Aníbal Fernández, que asumió como ministro de Seguridad en octubre de 2022, señaló que mantuvo una reunión con tres representantes de la empresa israelí que proveyó los drones. “De esos equipos, se había puesto en práctica uno y el otro se rompió. Faltaba pagar algo del contrato. Lo que yo les pedí (a los fabricantes) es que manden un técnico para ver si los equipos andaban bien. Después de eso no volvieron más”, le aseguró a TN el exfuncionario.

Fuente: TN

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Bajo instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, cumpliendo con directivas relativas al control vehicular y el narcotráfico, agentes de Gendarmería Nacional detuvieron a dos personas e incautaron la droga y dos vehículos.

Se trató de dos operativos en la provincia de Salta.

En el primero, integrantes de la Sección “Las Lajitas”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, realizaban un operativo de prevención vial sobre la Ruta Provincial N°5, a la altura de la localidad de General Pizarro, cuando detuvieron la marcha de un auto conducido por una ciudadana.

Al momento de la inspección del rodado, los funcionarios observaron la existencia de 14 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca en la parte posterior de los asientos traseros.

En el segundo procedimiento, llevado a cabo por personal de la Sección Vial “Cabeza de Buey” de la misma Unidad, los uniformados inspeccionaron un automóvil que circulaba sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34 con un ocupante y hallaron cinco paquetes rectangulares, una bocha y tres envoltorios con características similares al procedimiento anterior.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de Campo Narcotest sobre lo hallado, las cuales arrojaron resultado positivo para “Clorhidrato de cocaína” en ambos casos, con un total de 14 kilos 575 gramos en el primero y 5 kilos 299 gramos en el segundo.

En ambos hechos intervino la Unidad Fiscal Federal de Salta, que orientó la detención de los dos involucrados, el secuestro de la droga y de los rodados, en infracción a la Ley 23.737 de “Estupefacientes”.

Ministerio de Seguridad

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