Distintas instituciones ambientalistas y animalistas han elevado una nota al Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, expresando su preocupación por la política cinegética que se está llevando a cabo actualmente en la región. Según la carta, la Dirección de Recursos Naturales estaría proyectando la habilitación de la caza de algunas especies autóctonas para 2024, ya que recomendación de SENASA, este año no podrá habilitarse. Esta situación se genera sin contar con estudios recientes que la fundamenten y sin la participación de la comunidad en instancias de debate y decisión.

La mencionada dependencia dictó el pasado año la Resolución Nº 1099 que habilitaba la caza de algunas especies autóctonas sin contar con estudios recientes que la fundamentaran. Varias entidades ambientalistas y animalistas presentaron por entonces un Recurso de Amparo para anular esta medida, lo que concluyó no solo con su anulación definitiva sino también con la declaración de inconstitucionalidad de la misma por parte de la justicia entrerriana.

Recientemente, la Dirección de Recursos Naturales convocó a una reunión en la ciudad de Villaguay para informar acerca de los primeros estudios de poblaciones de anátidos (patos) a fin de conocer sus estados poblacionales y determinar especies y cupos para su cacería. A la reunión se invitó a referentes de clubes de caza, operadores de turismo cinegético y a representantes de las fuerzas públicas, pero no se convocó a ninguna institución vinculada a la conservación de la biodiversidad, al turismo o a la salud pública.

En respuesta a esta situación, las instituciones ambientalistas y animalistas exigen la interrupción inmediata de la caza menor de especies autóctonas en toda la provincia durante los próximos cinco años hasta que se cuente con estudios fehacientes y participativos de las poblaciones de aves susceptibles de la caza y de la contaminación producida por el plomo de las municiones. También piden la participación de representantes del sector turístico, a los agentes sanitarios y a los agentes sociales en todas las instancias de diálogo, debate y toma de decisiones.

En el contexto de la crisis ambiental nacional y global, estas organizaciones consideran que la caza es una actividad cruel, violenta, anacrónica, insensata e irresponsable que atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos.

La carta

FM del Este 100.5

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El gobierno provincial, por intermedio de la Secretaría de Ambiente dispuso el cese de actividades de canteras de arenas silíceas, ubicadas en los Departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.

En el marco de una audiencia de conciliación desarrollada el 29 de abril pasado en el juzgado Federal de Gualeguaychú, se llegó a un consenso entre las partes, aceptándose la propuesta de las autoridades provinciales y se convino prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, realizar actividades de extracción de arena silícea de las Zonas I, II, III, IV y V de los ríos Paraná y Uruguay, en lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, por un plazo de 45 días.

Desde esa repartición, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, se informó que un total de nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas, que venían desplegaban su actividad en la zona sur de la provincia, las que habían finalizado el plazo de habilitación para la explotación de este tipo de áridos, y habiendo sido intimadas en tiempo y forma para cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas, la Secretaría de Ambiente decidió el cese preventivo de sus actividades hasta tanto cumplimente los informes técnicos que exige este tipo de explotaciones.

De las 14 areneras radicadas en las zonas, a nueve se les dispuso el cese de actividades. De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación (dos para renovación y una en la etapa de participación ciudadana).

Desde el gobierno provincial y su organismo de aplicación de trabaja diariamente para que las empresas que tienen actuación en este sector, cumplan con las normativas que regulan las acciones susceptibles de provocar degradación del ambiente o impactar negativamente sobre el medio natural o antrópico.

El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, comentó que Entre Ríos “se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere”.

El fiscal detalló que “las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente”.

En ese marco, Rodríguez Signes se refirió al amparo presentado por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, y explicó que “el Juez Federal de Gualeguaychú, nos citó a una audiencia de conciliación previa a dictar una medida cautelar, en la cual participó junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo”.

Explicó que en esa audiencia, la provincia propuso, “y el juez resolvió favorablemente, un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades”. Y agregó: “Lo que se pactó fue un plazo en el cual se regularizara la situación”.

Entonces, mencionó que “ya había otro amparo similar contra la provincia de Entre Ríos, pero tramitó en el ámbito del Poder Judicial provincial. En este caso el que se interesó fue el Juez Federal, porque el tema ambiente trasciende la competencia provincial exclusivamente y es un tema en el que ejercen competencias concurrentes las provincias, la Nación, los municipios”.

“El objetivo es regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente”, afirmó.

Entonces, remarcó que “fue una audiencia en el marco de ese proceso y el Juez dispuso como medida cautelar, receptó esta propuesta nuestra de establecer un plazo para que todos los que están en esta actividad regularicen su situación, en un plazo de 45 días”.

Finalmente, indicó que “hay muchos juicios ambientales de distintas organizaciones”, pero este “es el primero en el que se hace una audiencia de conciliación convocada por el juez Federal en Gualeguaychú y es la que concurre el ministro y propone un plan de regularización”.

Fuente: Análisis Digital

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El secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia, explicó que “las empresas y parques industriales mixtos, inscriptos en Registro Nacional de Parque Industriales (RENPI), podrán acceder a esta herramienta destinada a financiar la ampliación de los mismos a través de la compra de lotes, bienes de capital, componentes nuevos como la incorporación de soluciones de la industria 4.0 y TICs. y construcciones”, comentó.

“La Línea, también financiará reformas edilicias, incorporación de equipamiento, certificaciones, homologaciones e inversiones en tecnologías como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, destacó Caviglia.

Por su parte, el director general de Industria, Cristian Kaehler, informó que “la financiación, administrada por el Banco Nación, alcanza a empresas instaladas o por instalarse en parque industriales públicos, privados o mixtos. Los créditos tendrán una tasa de interés nominal anual (TNA) máxima del 18%, un período de gracia de 6 meses y un plazo máximo de repago de 5 años. Serán créditos en pesos con un monto máximo a financiar dependiendo de la capacidad de cada interesado, aunque con una proporción de apoyo del 100% del proyecto y con un plazo mínimo de devolución de 12 meses y máximo de 5 años”, definió el funcionario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se informó que bonificará el 50% en la tasa a MiPyMEs y el 40% a grandes empresas, de modo que ninguna empresa que acceda a este crédito pague un interés superior al 18%.

Para acceder a la bonificación del 50%, las empresas deberán cumplir, al menos, con uno de los siguientes requisitos: encuadrar como MiPyMEs; llevar adelante proceso de base tecnológica; adoptar normas de gestión ambiental o producir bienes que contribuyan a la sostenibilidad ambiental; aplicar políticas de género y/o inclusión.

Los interesados en acceder a mayor información pueden comunicarse a la Secretaría de Industria y Comercio de Entre Ríos, a través del mail: industria@entrerios.gov.ar y los teléfonos (0343) 4208160 / 4207861.

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