Las empresas deberán emplear tecnologías de verificación de edad robustas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Australia ha puesto en marcha una política pionera que obliga a las plataformas de redes sociales a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas en sus servicios. Desde el 10 de diciembre, las empresas estarán legalmente obligadas a tomar “medidas razonables” para evitar el acceso de los menores, y deberán desactivar o eliminar los perfiles existentes de quienes no cumplen con la edad mínima.

El objetivo central de esta medida es reducir la exposición de los niños a riesgos digitales, contenidos perjudiciales y presión social, estableciendo nuevas reglas en el ecosistema tecnológico internacional.

La legislación australiana afecta a nueve de las plataformas sociales más utilizadas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. El gobierno definió estos servicios con base en tres criterios: que habiliten interacciones entre usuarios, permitan publicar contenido o tengan como propósito principal la interacción social en línea.

Prohibir el uso de redes sociales a los menores ayuda a proteger su salud mental y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Roblox y Discord, alertadas ante la posibilidad de inclusión, ya han comenzado a implementar controles de edad en ciertas funciones para adelantarse a la normativa. YouTube Kids y WhatsApp, al no encajar en los parámetros fijados, quedan fuera del alcance inicial de la prohibición.

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La implementación de la medida recae exclusivamente en las compañías tecnológicas, no en los menores ni en sus padres. Las empresas deberán emplear tecnologías de verificación de edad robustas —como documentos oficiales, reconocimiento facial o de voz, e inferencia algorítmica— y podrían recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares estadounidenses si incumplen la norma.

El gobierno ha señalado que la declaración de edad no será suficiente y se requiere un sistema independiente para comprobar que los adolescentes superan los 16 años. Meta, por ejemplo, ya anunció que comenzará a cerrar cuentas de menores, permitiéndoles demostrar su edad real mediante documentos si son eliminados injustamente.

Algunos adolescentes ya buscan estrategias para eludir la restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía no hay detalles definitivos sobre la eficacia y precisión de estos sistemas de verificación, el gobierno australiano exige a las plataformas que destruyan la información obtenida una vez completada la verificación y ofrece alternativas para quienes no deseen compartir documentos oficiales.

El historial reciente de filtraciones masivas de datos en Australia ha generado preocupación entre los críticos sobre el manejo y la seguridad de la información personal infantil.

El gobierno y los promotores de la norma la presentan como una medida de protección para que los jóvenes puedan desarrollarse con mayor libertad antes de enfrentarse al entorno público digital. Como destaca Greg Attwells, líder del grupo 36 Months, la ley busca “retrasar 36 meses el momento en el que se convierten en ciudadanos digitales de un ecosistema de redes sociales”.

Sin embargo, existen dudas sobre la efectividad real para proteger a los menores y evitar la exposición a contenidos nocivos. Los detractores critican que la prohibición deja fuera webs de citas, plataformas de juegos y chatbots de IA, espacios también riesgosos. Algunos adolescentes ya buscan estrategias para eludir la restricción, como crear cuentas falsas o usar VPNs, y expertos anticipan un aumento en cuentas compartidas con adultos.

Limitar el acceso a plataformas digitales fomenta hábitos más saludables y promueve la interacción social directa entre los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas tecnológicas, al igual que los usuarios jóvenes, han mostrado reservas respecto a la viabilidad, la facilidad para eludir la norma, el aumento de la burocracia y los posibles riesgos para la privacidad. Algunas compañías, como Meta, Snap y TikTok, manifestaron su voluntad de cumplir la prohibición a pesar de su oposición, mientras otras aún consideran sus opciones legales.

La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, reconoció que la medida “se verá un poco desordenada durante su implementación”, pero considera que este tipo de regulaciones son esenciales ante las amenazas crecientes en línea para los menores, aunque “no sea perfecta”.

INFOBAE

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Este miércoles 5 de junio, alrededor de las 13:30 horas, personal de la Comisaría 20 de Colonia La Alemana fue alertado por vecinos sobre la presencia de personas desconocidas dentro de un campo cercano a esa localidad del departamento Federación.

Menores detenidos:

Ante la denuncia, los efectivos se dirigieron al lugar y solicitaron el apoyo de la Brigada de Delitos Rurales (Brigada de Abigeato) con asiento en Federación. Al llegar al sitio, confirmaron una escena típica del delito de abigeato: se estaba realizando una faena clandestina de un animal vacuno.

En el procedimiento se logró interceptar a los sospechosos, quienes resultaron ser dos menores de edad que se movilizaban a caballo. Inmediatamente se informó de la situación a la Fiscalía de Chajarí, que dispuso la aprehensión de ambos adolescentes por el supuesto delito de abigeato.

Los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría del Menor y se procedió al secuestro de la carne bovina faenada, cuatro cuchillos, un equino y el recado correspondiente.

La investigación continúa para determinar posibles responsables mayores o conexiones con otros hechos similares en la zona. Mientras tanto, los protagonistas de esta singular y preocupante historia quedaron a disposición de la Justicia.

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Adorni sostuvo que estas medidas buscan instaurar un “sistema razonable que termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género”.

El Gobierno nacional anunció modificaciones en la Ley de Identidad de Género que incluyen la prohibición de tratamientos de hormonización y adaptación en menores de 18 años, así como restricciones en los traslados carcelarios por razones de cambio de género.

Entre los cambios más significativos, el Gobierno decretará que el alojamiento de detenidos en el sistema penitenciario se definirá según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo. “Evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra” es el objetivo de esta decisión, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Asimismo, se estableció que los hombres que hayan solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito no podrán ser alojados en cárceles de mujeres si han sido condenados por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres. También se tendrá en cuenta la evaluación penitenciaria para definir su reclusión.

Adorni mencionó un caso en Córdoba como justificación de la medida: “Un hombre dijo autopercibirse mujer y pidió un traslado a una cárcel de mujeres, donde luego abusó de otras internas”. Según el vocero, el sistema actual permite que delincuentes reincidan en delitos dentro de las cárceles.

En cuanto a la prohibición de hormonización en menores de edad, el Gobierno argumentó que estos tratamientos pueden causar efectos irreversibles en la salud. “La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coercion psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”, expresó el comunicado oficial. Además, señalaron que estos procedimientos pueden derivar en infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias graves en la salud mental.

El Gobierno citó a países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos, donde se están revirtiendo políticas que permitían estos tratamientos en menores.

“Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección”, concluyó el comunicado oficial.

FM del Este 100.5

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En la tarde de ayer, miércoles 8 de enero, aproximadamente a las 19:00 horas, se produjo un accidente vial en la Ruta Provincial N° 2, en el acceso al Camping Municipal Playa 52, en Santa Ana.

El siniestro involucró a dos menores de edad que se trasladaban en una motocicleta de 110cc en dirección norte-sur por la mencionada ruta. Al intentar ingresar a la calle de ripio que lleva al acceso de Playa 52, los jóvenes perdieron el control del vehículo, cayendo al suelo. Según se informó, no hubo participación de otros vehículos en el incidente.

Tras el accidente, familiares de los menores retiraron la motocicleta del lugar y trasladaron a los heridos en un vehículo particular al Hospital Santa Rosa de Chajarí, antes de la llegada del personal policial.

El informe médico indicó que uno de los menores sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas escoriaciones en el rostro, hombro derecho y ambas piernas, además de una fractura de fémur izquierdo. El acompañante presentó lesiones leves.

La Unidad Fiscal fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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En Chajarí, el vandalismo protagonizado por menores de edad se está convirtiendo en una problemática recurrente que afecta a distintos barrios de la ciudad. Cámaras de seguridad han registrado diversos episodios que han sido denunciados, pero la respuesta generalizada suele ser: “Si son menores, los van a largar enseguida”. Esta percepción de impunidad genera un profundo malestar entre los vecinos.

La ley argentina establece que los progenitores de los menores deben hacerse responsables de los delitos cometidos por sus hijos. Sin embargo, en la práctica, las consecuencias legales y económicas no siempre parecen efectivas o suficientes para evitar la repetición de estos actos vandálicos, pero esta responsabilidad tiene limitaciones y depende del contexto.

Aspectos legales de la responsabilidad parental

1. Responsabilidad civil: Según el Código Civil y Comercial de la Nación, los padres son responsables civilmente por los daños causados por sus hijos menores de edad que están bajo su cuidado. Esto implica que deben indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados, salvo que demuestren que no tuvieron culpa en la falta de supervisión o educación adecuada.
2. Responsabilidad penal: Los menores de 16 años no son imputables en Argentina, es decir, no pueden ser juzgados penalmente ni cumplir penas de prisión. Sin embargo, el Estado puede intervenir a través de medidas de protección o programas socioeducativos.
   • Si el menor tiene entre 16 y 18 años, puede ser imputable por delitos graves, pero el enfoque principal suele ser la reinserción social.
   • En estos casos, aunque los padres no enfrentan responsabilidad penal directa, se espera que colaboren con las medidas impuestas por el sistema judicial.

Limitaciones y desafíos

Aunque la ley establece una responsabilidad civil para los padres, en la práctica, muchas veces es difícil lograr que las familias indemnicen o asuman una reparación efectiva, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Esto alimenta la sensación de impunidad en la comunidad y genera debates sobre cómo abordar esta problemática de manera más efectiva.

El debate sobre la imputabilidad y la educación

El debate en torno a la edad de imputabilidad y el rol de la educación en la prevención de delitos cometidos por menores sigue siendo central en la agenda pública. Si bien la legislación actual prioriza la protección de los derechos del niño, muchos sectores reclaman una revisión de las normas para equilibrar estos derechos con la seguridad y tranquilidad de la sociedad.

En resumen, aunque los padres son responsables en términos civiles por los actos de sus hijos, el sistema penal y la realidad práctica presentan desafíos que hacen que esta responsabilidad no siempre se traduzca en una solución efectiva para los problemas que enfrentan las víctimas o la sociedad en general.

La falta de presencia policial: otro eje del debate

A esta problemática se suma la percepción de una insuficiente presencia policial en las calles. Vecinos han señalado que agentes en servicio son destinados a la custodia de empresas privadas, como bancos, lo que deja desprotegidas a muchas zonas residenciales. Esta situación agrava el sentimiento de inseguridad y la angustia de quienes han sufrido daños en sus propiedades o bienes.

Un policía que dedica su vida a proteger a la comunidad debe experimentar una profunda frustración y desmotivación cuando siente que su labor es en vano debido a la inacción o ineficacia de la justicia. Detener a un delincuente y ver cómo rápidamente vuelve a las calles por decisiones judiciales percibidas como indulgentes puede generar una sensación de impotencia, como si los esfuerzos realizados no tuvieran valor. Esto no solo afecta su compromiso con el deber, sino que también alimenta un sentimiento de abandono institucional, al percibir que el sistema no respalda plenamente el sacrificio y los riesgos que asumen a diario en su tarea de garantizar la seguridad pública.

Un llamado a la responsabilidad y a un debate necesario

El costo económico y emocional que estos actos generan para las familias y para la ciudad en general es alto. La sociedad exige que alguien se haga responsable. Por un lado, los padres deben asumir su rol en la educación y el control de sus hijos. Por otro, se necesita un compromiso estatal que garantice tanto la prevención como la efectiva aplicación de sanciones.

Además, vuelve a instalarse el debate sobre la edad de imputabilidad. ¿Es justo que menores de determinada edad estén exentos de enfrentar consecuencias legales por sus actos? ¿Es hora de actualizar las leyes para reflejar una realidad social compleja y cambiante?

Un problema de todos

Resolver este problema requiere de una solución integral que incluya educación, prevención, y una administración eficiente de los recursos policiales. Solo así será posible garantizar una convivencia pacífica en Chajarí, donde las pérdidas económicas y la angustia por la inseguridad no sigan siendo el precio que toda una sociedad deba pagar por la falta de educación y control de algunos.

Es hora de actuar, de debatir seriamente, y de tomar decisiones que reflejen el valor de una comunidad comprometida con su bienestar colectivo.

FM del Este 100.5

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En la madrugada del sábado 3 de agosto de 2024, un siniestro vial en la localidad de Mocoretá generó alarma y movilizó a diversas fuerzas de rescate.

Mientras los Bomberos Voluntarios trabajaban arduamente en la extinción de un incendio en las cercanías del Barrio Industrial, se produjo un vuelco en las proximidades del cementerio local, un área distante del casco urbano.

Detalles del Incidente

Al arribar al lugar del accidente, los bomberos se encontraron con un vehículo volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba. Según testigos, el automóvil transportaba a ocho adolescentes y era conducido por un menor de edad. Este hecho, que está siendo investigado para determinar las causas exactas del vuelco, resalta la peligrosidad de permitir que menores manejen sin los debidos permisos.

Respuesta de las Fuerzas de Rescate

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Mocoretá, ya extenuada por las tareas previas en Campo Ávalos, se desplazó inmediatamente para asistir a los jóvenes. A pesar del agotamiento, el personal de bomberos trabajó incansablemente para asegurar la atención médica de los adolescentes, quienes fueron trasladados al hospital local para ser examinados y recibir el tratamiento necesario.

Además de los bomberos, el operativo de rescate contó con la colaboración de la policía local y varias patrullas, unidades de rescate y personal de salud, quienes llegaron al lugar con ambulancias para brindar apoyo. La rápida respuesta de estos equipos fue crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los involucrados en el accidente.

Reflexión y Llamado a la Conciencia

Este incidente pone de relieve la importancia de la responsabilidad en la conducción, especialmente entre los jóvenes. Permitir que menores de edad manejen vehículos sin la supervisión adecuada no solo pone en riesgo sus vidas, sino también la de otros ciudadanos. Es esencial que padres, educadores y la comunidad en general promuevan una cultura de seguridad vial y responsabilidad. Tampoco se debe subestimar el impacto económico y social de estos incidentes. Los recursos desplegados para atender este siniestro —personal de bomberos, policía, unidades de rescate y servicios médicos— representan un costo significativo que es soportado por los contribuyentes. Es un recordatorio de que la irresponsabilidad en la conducción puede tener consecuencias más allá del peligro inmediato, afectando a toda la comunidad.

El antecedente en Federación:

El vuelco en Mocoretá no es un hecho aislado. Trágicamente, el acceso a la ciudad de Federación fue escenario de un terrible accidente que cobró la vida de los cuatro integrantes de la familia Telliz, al chocar con un vehículo conducido por un menor de edad. Este desastre subraya aún más la necesidad de una supervisión y educación estricta por parte de los padres para evitar que menores accedan a la conducción sin la preparación adecuada.

La Responsabilidad de los Padres

Este siniestro vial en Mocoretá, pone de manifiesto una preocupante realidad: algunos progenitores no toman conciencia de los graves perjuicios que pueden ocasionar al permitir que menores manejen. Este incidente debe servir como un recordatorio urgente de la responsabilidad que recae sobre los padres para educar y hacer cumplir las normas básicas que rigen nuestra convivencia en comunidad.

Es fundamental que los padres comprendan que su papel no se limita solo a proveer cuidados y protección, sino también a inculcar valores y normas que aseguren una convivencia armoniosa y segura. Permitir que menores conduzcan un vehículo es una irresponsabilidad que pone en riesgo no solo la vida de los propios hijos, sino también la de otros miembros de la comunidad. Es imperativo recordar que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos ajenos.

Educar para la Seguridad Vial

La educación en seguridad vial debe comenzar en el hogar. Los padres deben enseñar a sus hijos la importancia de respetar las leyes de tránsito y de conducir de manera responsable. Esto incluye asegurarse de que los menores no tengan acceso a vehículos hasta que cumplan con la edad y los requisitos legales necesarios para obtener una licencia de conducir. Además, es crucial que los padres sirvan como modelos de comportamiento responsable al volante.

Y si Hubieran Muerto?

El incidente de Mocoretá pudo haber tenido un desenlace aún más trágico. Si alguno de los adolescentes hubiera perdido la vida, el dolor y la devastación habrían sido inconmensurables. Es fundamental reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. ¿Qué pasaría si nuestros hijos o los hijos de otros resultaran heridos o muertos por una decisión irresponsable? La prevención de estos escenarios catastróficos depende de una firme educación y supervisión.

Este siniestro debe servir como una llamada de atención para reforzar las normas de seguridad vial y promover una conducción responsable. La colaboración entre autoridades, educadores y familias es fundamental para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de nuestros jóvenes. La seguridad en nuestras calles y carreteras es una responsabilidad compartida que exige el compromiso de todos.

FM del Este 100.5 con información de la Policía de Corrientes

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La polémica decisión –a total contramano de la Convención de los Derechos del Niño- expone a menores de edad a daños físicos y psicológicos, según asegura una experta.

La Disposición Nº 55 de la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de marzo y causó una gran controversia e indignación. La misma autoriza a cazadores a trasladar en el mismo vehículo “a menores de edad que no hayan cumplido los 18 años, estos últimos […] acompañados por uno de sus padres, su representante legal o un tercero autorizado”.

La Dra. Cecilia Domínguez –autora de varios artículos sobre los derechos del niño vinculados a actos de crueldad animal- calificó a la disposición de “repugnante” e indicó que “cuando los niños crecen naturalizando la violencia hacia los animales no humanos, pierden los frenos inhibitorios y se desarrollan siendo proclives a cometer actos de crueldad hacia otros seres humanos y no humanos”.

“Los niños a esa edad se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo que resulta óptimo para incorporar parámetros de conducta basados en el respeto y empatía hacia un ser vivo inocente y no en cometer actos de maltrato y crueldad animal que puedan afectar su desarrollo cognitivo”, agregó la abogada.

La abogada de la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) resaltó que “la exposición a los niños a actos de crueldad animal como la caza no solo les produce un daño a su integridad psicológica sino también implica un enorme riesgo a su integridad física”.

La controvertida disposición lleva la firma del subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi y la subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, Vanina Fernández.

Fuente: Ceydas

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El actual senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, continúa presentando sus propuestas a través de sus redes sociales, despertando variadas reacciones entre sus seguidores. Mientras tanto, se refirió sobre a quién le brindará su apoyo en caso de perder en las PASO.

“Incorporar pediatras con formación en género y diversidad en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) que guíen y acompañen a niños y niñas y familiares en la aplicación de la ley de Identidad de Género”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Como se recordará, la normativa incluye la posibilidad de someter a personas menores de trece años a terapias hormonales y cirugías, siempre que cuente con el asentimiento de sus progenitores. Además, se incorporarían los bloqueadores de pubertad y las cirugías transicionales.

La iniciativa es, ciertamente, polémica. En efecto, países que fueron pioneros en su implementación, durante los últimos meses decidieron dar marcha atrás y prohibir los procedimientos de cambio de sexo en niños y adolescentes. Entre ellos, se destacan Noruega, Suecia, Finlandia y el Reino Unido, además de numerosos estados norteamericanos.

El caso de Noruega es particularmente impactante para la Argentina. En efecto, la ley de Identidad de Género implementada en el país en el año 2012, fue inspirada en la iniciativa del país nórdico. En los últimos años, las autoridades noruegas decidieron revisar sus protocolos de reasignación de género en menores de edad, ante “la falta de evidencia científica sobre los efectos de los tratamientos”, de acuerdo a las comunicaciones oficiales.

Según un informe publicado por el Consejo Noruego de Investigación Sanitaria, los bloqueadores de la pubertad y el suministro de medicamentos que frenan el desarrollo de caracteres sexuales masculinos y femeninos deben ser revisados y estudiados nuevamente, ante la falta de evidencia cierta sobre los efectos reales en los cuerpos de los niños y adolescentes.

Finalmente, mientras la polémica se desenvuelve, el candidato a jefe de Gobierno aseguró que, en caso de perder, se inclinaría por apoyar la figura de su rival en la interna partidaria, Jorge Macri. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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El informe dado a conocer por el Indec, sobre la pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos,  indica que la pobreza afecta al 39,2% de la población aumentando 2,7 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2022. Además, mostró que el 54,2%  de los niños menores de 15 años son pobres en la Argentina, aproximadamente unos 6 millones de niños y niñas.

Haciendo foco en el interior de ese dato, el 12% es pobre indigente, mientras el 42,2% restante no llega a cubrir las necesidades de una canasta básica total.

Más allá de lo complejo de estos números, si se los compara contra el primer semestre de 2022, se puede observar que la pobreza en este segmento etario aumentó 3,3 puntos porcentuales.

Otros de los datos que dejó el informe es que el 50,1% del total de personas en aglomerados urbanos bajo la línea de la pobreza a nivel nacional se encontraban en los partidos del GBA . De esta forma, de los 11.465.599 pobres relevados por el INDEC, 5.743.731 se encuentran en el conurbano bonaerense. Debido a su alta densidad poblacional, el Conurbano Bonaerense sigue concentrando la mitad de los pobres del país.

La pobreza abarca al 45% de la población de la provincia de Buenos Aires, entre las tasas mas altas del país, luego de Corrientes y Gran San Luis (45,2%), Santiago del Estero (46,5%) y Concordia (55,2%). En forma opuesta, la Ciudad de Buenos Aires se ubica como la región con menor pobreza (16,1), seguido por Comodoro Rivadavia (27,2%) y Bahia Blanca(28,4%), explicaron desde la consultora LCG.

Esto se da en un marco donde los partidos del GBA agrupan a (solo) 43,6% de la población nacional en los 31 aglomerados urbanos relevados por INDEC.

En términos de indigencia la concentración es aún mayor. El conurbano bonaerense agrupa a 53,1% de los indigentes a nivel nacional (1,38 del total de 2,36 millones de personas).

Según un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso enfocándose en la evolución de la pobreza en el Gran Buenos Aires los partidos del GBA son el sexto gran aglomerado urbano con mayor porcentaje de pobreza: 45,0%. Superado claramente solo por Gran Resistencia (54,0%) y Concordia (55,2%).

Mientras que, en porcentaje de indigencia, los partidos del GBA se posicionan 5º entre los aglomerados urbanos con mayor porcentaje de población indigente, con 9,8%. Superados solo por Gran Resistencia (14,4%), Formosa (13,2%), Santa Rosa (13,2%) y Concordia (11,1%). 

En terminos de cantidad de personas bajo la línea de la pobreza, en el segundo semestre de 2022 aumentó en 821.850 respecto al primer semestre de 2022. El 51,4% de este aumento estuvo explicado por los partidos del GBA, siendo la región donde más nuevos pobres se generaron (422.258 personas).

En el caso de la indigencia, la misma disminuyó en 212.236 personas. En este caso, los partidos de PBA aportaron con una reducción de 258.390 personas. Lo que fue en parte compensado por el crecimiento en otras regiones.

“En Argentina estamos viendo un fenómeno que hace unas décadas era impensado para nuestro país: el del trabajador pobre. Trabajar ya no asegura estar por encima de la línea de pobreza. A los que más perjudicó apostar por una economía cerrada, regulada y con impuestos altos es a los trabajadores. Desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2022 el salario real cayó 23%; y la caída es de 41% si se toman los salarios privados no registrados”, reflexionó Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Escrito por Juan Manuel Rodríguez

NA – Buenos Aires, Argentina

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Prometían la bendición de Dios, pero en realidad se dedicaban a explotar y reducir a la servidumbre a personas en situación de vulnerabilidad. Así operaba una secta “religiosa” que fue desbaratada en las últimas horas tras varios meses de investigación. Les decían “los porteños” y se trata de un matrimonio oriundo de la zona sur del conurbano bonaerense que fue detenido en el Aeropuerto de Ezeiza cuando intentaban irse del país.

Quienes parecían ser dos pasajeros más de un vuelo con destino a España eran en verdad las cabezas de una organización dedicada a la trata de personas que operaba bajo la fachada de una supuesta secta religiosa. Al momento de ser detenidos, les secuestraron una importante suma de divisas extranjeras.

Venían siendo investigados desde hace más de tres meses por el Juzgado Federal de Concordia a cargo de la Dra. Analía Ramponi y el Secretario Penal Dr. Alan Bergdolt, junto con la Fiscalía Federal de esa localidad entrerriana encabezada por la Dra. Josefina Minatta. Tras la detención, el operativo se aceleró.

En las primeras horas de esta madrugada, con los cabecillas ya bajo custodia, la Gendarmería Nacional irrumpió en tres domicilios ubicados en la ciudad de Concordia. En un campo ubicado en El Redomón, un paraje recóndito de menos de mil habitantes, fueron rescatadas doce víctimas, incluyendo mujeres y menores de edad.

Allí también se detuvo a otros miembros de la organización que custodiaban a las víctimas: no solo eran los encargados de trasladarlos hacia dentro y fuera del predio cuando los perjudicados recibían autorización, sino que cumplían un rol significativo en el control. En su poder fueron secuestrados los celulares y los DNI de las víctimas, a quienes las despojaban de sus pertenencias al ingresar al lugar.

Coordinadamente, otra brigada de la fuerza federal allanó cuatro domicilios ubicados en la zona comprendida entre Florencio Varela y Berazategui. En ellos, detuvieron a otros supuestos “pastores”, que eran quienes se dedicaban a la captación de las víctimas, generalmente jóvenes de bajos recursos en estado de gran vulnerabilidad socioeconómica y con problemas personales.

Según testimonios recopilados en el expediente judicial, “a los chicos les lavaban la cabeza, les hacían creer que Dios les había dado un propósito, y que toda su vida dependía de Dios (…) no les dejaban usar los celulares para contactarse con sus familiares, les decían que tenían que enfocarse en servir a Dios sin distracciones.”

Una vez que pasaban el primer filtro, en “celebraciones” que se realizaban en esas localidades del conurbano, las víctimas eran convencidas para viajar a internarse en el campo donde finalmente fueron rescatadas. La organización las trasladaba hasta ese predio, que por su ubicación tornaba prácticamente imposible regresar por medios propios, y allí las incomunicaban.

A partir de ese momento, quedaban reducidas a la servidumbre y realizaban trabajos no remunerados que iban desde la limpieza del predio hasta labores de tipo rural. También los obligaban a participar de ferias donde le vendían a gente de la zona la ropa – principalmente de marca – que primeramente recolectaban pidiendo donaciones.

Las visitas de sus familiares eran esporádicas, solo cuando los “pastores” las autorizaban. Los encuentros se producían bajo total supervisión de los líderes, que impedían en todo momento el diálogo privado. Ni siquiera tenían pruritos en hacerlos trabajar delante de sus familiares.

La caída comenzó a gestarse cuando la Justicia Federal autorizó técnicas especiales de investigación que se encuentran expresamente previstas en la ley con el propósito de combatir estos crímenes complejos. La Gendarmería destinó agentes reveladores que, simulando interés en las actividades de la organización, aportaron información certera acerca de los movimientos de los responsables, su modus operandi, la situación y cantidad de víctimas y los mecanismos aplicados a su captación, control y traslado.

Durante la noche, las víctimas, ya rescatadas, fueron alojadas provisoriamente en un predio que el Sindicato de Camioneros habilitó a estos efectos por requerimiento de la Justicia y posteriormente trasladas al Juzgado Federal, donde están siendo atendidas por los equipos del Programa de Rescate para las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación. Los responsables, por su parte, se encuentran detenidos e incomunicados, y en las próximas horas serán citados a declarar ante la Jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi.

Fuente: Ámbito

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Una menor estaba alojada en un Hogar oficial

De acuerdo a lo informado por Jefatura de la Policía de Paysandú, en base a una denuncia efectuada ante la Unidad de Investigaciones por responsables del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente), a mediados de febrero de 2021, por una situación sospechosa que involucraría a una adolescente víctima de algún delito relacionado a la explotación sexual, se comenzó un trabajo en coordinación con Fiscalía de Primer Turno. Una vez recogidos varios indicios, sobre todo pruebas en dispositivos tecnológicos, se logró identificar al menos a 24 hombres y una mujer, así como incautaron dispositivos móviles relacionados al hecho.

A través de la incautación y la videovigilancia se estableció que 6 adolescentes, de entre 14 y 16 años, estaban formando parte de una red que las vinculaba con hombres de entre 24 y 72 años, tanto de la ciudad como del interior departamental, quienes pagaban por su compañía; así como también la figura de una mujer –identificada como Agustina Belén Cañedo Rodríguez– vinculada al hecho al ser nexo entre las jóvenes y negociar sustancias estupefacientes.

Fue evidenciado que varios de los hombres mantenían contactos con las jóvenes a sabiendas de su edad y conociendo que una de ellas permanecía en una dependencia del INAU; quien en ocasiones sorteaba las custodias para acudir a tales encuentros a cambio de dinero.

Se efectuaron allanamientos durante los cuales fueron detenidas 12 personas, poniendo las diligencias a disposición del Juzgado Letrado en lo Penal del 4º Turno. Una vez finalizada la instancia, se condenó a Cañedo Rodríguez por “un delito de negociación de sustancias estupefacientes”, a dos años de penitenciaría. Y por delitos de “retribución o promesa de retribución a cambio de actos sexuales o eróticos y/o delitos de contacto con menores de edad por cualquier medio de tecnología con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual” a A.A.D.G. (37); R.I.D.S.B (39); J.H.W.G, (25); E.G.M.A (24); J.F.S.D.L (28); L.D.M.D.L.S (39); A.D.R.C (48); y a P.A.G.R (38), imponiéndoseles penas de entre 24 y 28 meses de cárcel.

En tanto, a A.C.G.F (23) se le sumó “un delito de divulgación de imágenes o grabaciones de contenido íntimo agravado”; a D.F.M.G (41) delitos de retribución y contacto con menores por medio de la tecnología para fines sexuales; y a F.S.B.M (28), además del contacto con menores mediante la tecnología, se le computó el de “almacenamiento de material pornográfico con imágenes de menores”. Los tres fueron penados mediante el régimen de libertad a prueba.

Fuente: El Telégrafo

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Por Miguel Prieto Toledo

“Todavía escucho sus gritos”. Es lo primero que se le viene a la cabeza a Valeria Velarde al recordar la tragedia de la que fue testigo durante el festejo de Año Nuevo: su esposo, Jesús Fernández, fue asesinado a golpes y de siete puñaladas por una patota de adolescentes que lo atacó en medio de una plaza de la ciudad entrerriana de Gualeguay. Pero no fue lo único. La mujer también fue violentamente golpeada y el hijo de la pareja, un chico de 14 años, recibió dos puñaladas.

Por el homicidio, agravado por alevosía, fueron imputados dos menores de 15, mientras que otro de la misma edad fue acusado del delito de encubrimiento. Debido a su edad, los tres acusados ya fueron enviados a su casa. Sin embargo, en la tarde del lunes fue detenido un joven de 18 años como sospechoso de haber participado de la agresión. De acuerdo con información policial a la que accedió Infobae, el cuarto sospechoso fue arrestado en una casa del Barrio Molino, ubicada en las inmediaciones de la calle Salta y el boulevard San Juan.

En el lugar se secuestró una cuchilla con cabo de madera, dos teléfonos celulares y una bicicleta. Todos los elementos serán sometidos a pericias. En un breve contacto con este medio, la fiscal del caso, María Delia Ramírez Carponi, indicó que desde la mañana se llevan adelante las ruedas de reconocimiento. Se espera, además, que le tome declaración indagatoria al joven de 18 años, cuya identidad no trascendió.

El crimen ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del sábado pasado en las inmediaciones de un local nocturno ubicado en el parque Intendente Quintana de la ciudad de Gualeguay, lugar al que la familia Fernández había concurrido para celebrar el Año Nuevo. Se trata de un lugar que tradicionalmente es visitado por los vecinos para las Fiestas. De acuerdo a lo que reveló la propia fiscal en medios locales acerca de la investigación que recién comienza, el hombre de 36 años en un determinado momento de la madrugada se acercó a un edificio abandonado para usarlo como baño. Allí, presuntamente se encontró con un grupo de chicas y entablaron una discusión.

Jesús tenía 36 años

Jesús, agredido, volvió al lugar donde estaba Valeria para contarle lo ocurrido y mostrarle que las jóvenes hasta llegaron a rasgarle la ropa. La mujer decidió volver al lugar para recriminarles por el ataque y fue entonces que todo empeoró. La esposa de Fernández recibió un botellazo en la cabeza y fue pateada en la cara. En el medio, una de las jóvenes le avisó a otro grupo de adolescentes que las acompañaban de lo ocurrido.

En ese momento, los amigos de las chicas se abalanzaron sobre la familia y agredieron a sangre fría al padre. Le propinaron varios cuchillazos. La autopsia revelaría que fueron siete; algunos de ellos en el tórax. Las puñaladas le perforaron el pulmón y murió por la hemorragia. El hijo de la pareja, en tanto, fue herido dos veces y corrió hasta un auto para refugiarse de la turba iracunda de adolescentes. En diálogo con la prensa local, la fiscal indicó que serían al menos 30 chicos entre los 12 y los 18 años los que participaron del linchamiento.

La fiscal Ramírez remarcó que se tomó declaración a múltiples testigos del hecho y se recabó información de cámaras de seguridad de la zona, lo que permite “no descartar más involucrados” en el crimen. ”Estimamos que participaron del hecho entre 15 y 30 personas. Siguen surgiendo distintos nombres y hemos podido identificar claramente a quienes agredieron a la mujer”, agregó.

Según fuentes policiales, Jesús y su hijo fueron llevados al hospital San Antonio, donde a los pocos minutos el padre de familia -a pesar de las maniobras de los médicos- murió. El menor de 14, por su parte, presentó dos heridas cortantes: una fue en la espalda. Pese a eso, está fuera de peligro.

En el lugar del crimen se secuestró un arma blanca y se le dio intervención también al personal de la Sección Asuntos Judiciales, Criminalística e Investigaciones de la Policía. 

Valeria, en tanto, agradeció especialmente a dos personas que intercedieron y según dijo a LT 38, salvaron a su hijo. “Si no hubiera sido por ellos hoy estaría llorando la muerte de un esposo y un hijo”. En ese sentido, la esposa de Jesús, reveló el presunto rol de una mujer, “que fue la que incitó y buscó a los demás chicos”, involucrados en el momento de el ataque. Además, se quejó de las burlas de las que fue objeto mientras velaban a Jesús. “Tuvimos que llamar a la policía porque pasaban por la casa velatoria y se burlaban como si nosotros fuéramos los delincuentes”, agregó. Finalmente pidió justicia y convocó a participar de la marcha que se realizará en Gualeguay el próximo viernes a las 20.

Pocos días después crimen se viralizaron las primeras imágenes del hecho. Se trata de una filmación hecha por un testigo con su celular, que estaba ubicado a varios metros de distancia. Sin embargo, en el video se llega a observar cómo un grupo perpetraba el ataque contra la víctima detrás de lo que parece un arbusto. De fondo, suenan los gritos, los insultos y el sorpresa de muchos al presenciar el brutal crimen.

“Dios ha de querer que lleguemos a un resultado favorable y podamos llevar un poco de tranquilidad y paz a una querida familia de nuestra ciudad, que se ve enlutada por el accionar vandálico y la mentalidad despiadada y sentimiento criminal de un grupo importante de adolescentes (y algunos adultos) que salieron dispuestos a masacrar a una familia”, escribió el abogado Javier Rosconi, representante de la familia de Jesús en Facebook.

Fuente: Infobae

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