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El Gobierno nacional oficializó una autorización para concretar operaciones de financiamiento por hasta USD 5.000 millones mediante préstamos con entidades financieras internacionales respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales de crédito. La medida quedó plasmada en el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo es obtener financiamiento para el Tesoro Nacional en condiciones más favorables y reducir el costo de la deuda mediante el respaldo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Jurisdicción en Nueva York

Uno de los aspectos que más repercusión generó es que el decreto autoriza la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales de la ciudad de Nueva York para resolver eventuales controversias derivadas de estos contratos.

La disposición también contempla que el Estado argentino pueda renunciar a la inmunidad de jurisdicción en relación con esos litigios específicos. Sin embargo, el propio texto establece límites expresos y mantiene protegidos diversos bienes considerados estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares, y aquellos afectados a servicios públicos esenciales.

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Una práctica frecuente en el financiamiento internacional

La aceptación de jurisdicción extranjera no constituye una novedad en las operaciones de deuda soberana argentina ni en las de otros países que buscan financiamiento en los mercados internacionales. Este tipo de cláusulas suele incorporarse para brindar mayor previsibilidad jurídica a los acreedores y facilitar el acceso al crédito.

No obstante, distintos sectores políticos y especialistas cuestionan estas condiciones por considerar que pueden limitar la capacidad del Estado para litigar exclusivamente bajo su propia jurisdicción y aumentar la exposición a demandas en tribunales extranjeros.

Pan, circo, debate político y repercusión

La publicación del decreto coincidió con una jornada de alta atención pública debido a la participación de la Selección Argentina en el Mundial, lo que dio lugar a críticas y especulaciones en redes sociales sobre una supuesta intención oficial de minimizar el impacto mediático de la medida.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas que acrediten que la fecha de publicación haya sido elegida deliberadamente con ese propósito. La coincidencia temporal es un hecho verificable, pero atribuirle una intención política constituye una interpretación que no ha sido demostrada.

Un nuevo capítulo en la estrategia financiera

La autorización no implica por sí misma la toma inmediata de los USD 5.000 millones, sino que habilita al Ministerio de Economía a negociar las operaciones y definir sus condiciones financieras, incluyendo plazos, tasas de interés y entidades participantes.

En este contexto, el decreto se inscribe en la estrategia del Gobierno de fortalecer su esquema de financiamiento externo y garantizar recursos para afrontar compromisos del Tesoro, en un escenario donde el acceso al crédito internacional continúa siendo un componente central de la política económica.

FM del Este 100.5

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Durante su discurso, Frigerio destacó el valor institucional del encuentro y sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa que exige construir nuevos consensos entre Nación y provincias. “Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal”, afirmó.

El mandatario entrerriano señaló que Entre Ríos representa el espíritu del federalismo y destacó que espacios como el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal constituyen herramientas fundamentales para fortalecerlo. “Muchas veces se habla del federalismo desde la cuestión política o desde los valores, pero creo que es la dimensión institucional la que finalmente consolida la posibilidad de vivir en un país federal”, expresó.

Asimismo, recordó que desde hace muchos años viene trabajando en la construcción de este esquema de coordinación entre las provincias y la Nación, y valoró que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas haya logrado sostenerse en el tiempo. También señaló que la provincia enfrenta el desafío de consolidar un cambio de modelo orientado al desarrollo, y puso como ejemplo al Mirador Tec, convertido en un polo de la economía del conocimiento.

Por su parte, Caputo destacó que el país atraviesa una transformación basada en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y la generación de condiciones para atraer inversiones. En ese sentido, consideró fundamental que las provincias acompañen ese proceso y avancen en una agenda común que permita fortalecer el desarrollo económico y la competitividad.

“Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, afirmó el ministro.

@frigeriorogelio recibió a @LuisCaputoAR en Paraná y afirmó: “Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal”
Reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que reunió a ministros y autoridades económicas del país. https://t.co/uCxuurmzuk pic.twitter.com/dlJKIKf0IF

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) June 19, 2026

Caputo también sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un modelo “mucho más federal”, donde las provincias puedan fortalecerse con mayor autonomía y menor dependencia de la Nación, en el marco de una futura reforma tributaria consensuada.

Del encuentro participó además el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, junto a equipos técnicos y representantes del Comité Ejecutivo del Consejo.

La realización de la reunión en Paraná ratifica el protagonismo que ha recuperado Entre Ríos en los ámbitos nacionales de discusión fiscal e institucional. El encuentro reunió a los responsables de las finanzas públicas de todo el país para analizar políticas de coordinación, transparencia y buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos.

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El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronosticó que el 2026 romperá el récord que se alcanzó en pandemia. Ante este escenario, le reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes y exigió al Congreso nacional que ponga en tratamiento legislativo y apruebe “en lo inmediato” el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.

“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, afirmó el presidente de IPA.

Rosato dio precisiones del avance de la crisis junto con el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien alertó por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año.

“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, detalló Pizzano a través de un documento elaborado por el área legal de IPA. Las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas, ya que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.

El informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, el cual “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.

En ese sentido, Pizzano explicó que, frente a la crisis, importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que otras empresas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.

Esta parálisis del entramado Pyme tiene un correlato judicial alarmante que satura a los tribunales. El documento del Departamento de Legales puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023; es decir un incremento del 131,71%”. La inercia destructiva empeoró en el arranque de este año: “durante el lapso transcurrido del primer trimestre judicial, es decir los meses de febrero, marzo y abril de 2026, se abrieron 92 procesos concursales”. De hecho, durante el ciclo pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado.

La gravedad de la estadística radica en que “en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”. Ante la impotencia patrimonial que empuja a las Pymes a un “fatal resultado falencial”, el informe de IPA subrayó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una “capacidad ociosa del 40,2%”. Sin embargo, Pizzano aclaró que lo peor del cierre de fábricas no es el costo contable, ya que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y micro entorno de las empresas”.

Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”.

“Se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de Emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc. No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de Emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”, señaló IPA.

Pizzano sostuvo que “el empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.

El documento institucional de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir obligatoriamente acompañado de un viraje en el rumbo del país, debido a que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.

Fuente: Ambito

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Una nueva medida del Gobierno nacional vuelve a encender el debate sobre la reducción del rol del Estado en áreas técnicas y de control. Tras la Resolución 213/2025, el Ejecutivo dispuso el cese progresivo del control metrológico que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre los surtidores de combustible en todo el país.

La normativa establece que la transición deberá completarse antes del 30 de junio, fecha en la que más de 5.000 estaciones de servicio deberán migrar al sistema de verificación en manos de certificadoras externas. En la práctica, la principal beneficiaria es la empresa Lenor, vinculada al entorno del ministro de Economía Luis Caputo.

El proceso de la “argentinada” para ceder negocios millonarios a los amigos

Hasta ahora, el INTI realizaba la verificación de surtidores en 9 de cada 10 estaciones del país, garantizando la precisión en la venta de combustibles. El organismo cobraba 25.000 pesos por pico expendedor, bajo un esquema sin fines de lucro y orientado al servicio público.

En una primera etapa, la gestión de Javier Milei incrementó la tarifa del INTI a 100.000 pesos, con el objetivo de que el mercado migrara hacia el sector privado. Sin embargo, las estaciones continuaron contratando al organismo por sus estándares técnicos, lo que finalmente derivó en la decisión de eliminar el servicio.

Un mercado millonario

Argentina cuenta con 5.349 estaciones de servicio activas y unas 45.000 bocas de expendio entre nafta, gasoil y GNC. Con el nuevo esquema, el costo de verificación ascendería a 75.000 pesos por pico, lo que habilita un negocio estimado en 12.000 millones de pesos para el sector privado.

Desde la empresa sostienen que existía “competencia desleal” por parte del Estado. El CEO de la firma, Julio Made, ingeniero industrial cercano al Propuesta Republicana (PRO), había cuestionado el rol del INTI en la prestación del servicio.

Impacto en el organismo científico

El cierre del área de Metrología Legal implica además un golpe financiero para el INTI. Esta actividad representaba cerca del 50% de la facturación por aranceles del Fondo Común de Centros de Investigación del organismo, por lo que la medida amenaza una fuente clave de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos.

La decisión se suma a otras reformas orientadas a reducir la intervención estatal y promover la participación privada, pero genera fuertes cuestionamientos por el aumento de costos, el impacto en la estructura del organismo y la posible concentración del negocio en manos de pocos actores.

La diputada Julia Strada lanzó una denuncia explosiva que sacude al sector productivo nacional. Según la economista, el Gobierno de Javier Milei está ejecutando un plan sistemático para desmantelar el INTI, eliminando funciones vitales de control y asistencia técnica. La legisladora advirtió que ya se dieron de baja más de 900 ofertas tecnológicas que servían de apoyo a nuestras empresas, dejando al organismo en un estado de parálisis operativa total por falta de fondos básicos como los viáticos para los técnicos.

El vaciamiento no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo la calidad de lo que producimos. Strada detalló que se eliminaron áreas clave de calibración y metrología legal, fundamentales para los estándares industriales. Para la oposición, este ajuste no es casualidad, sino una estrategia para que el país prescinda del desarrollo industrial y la innovación técnica, afectando directamente el futuro de la competitividad argentina. La situación de los convenios internacionales también está bajo la lupa tras cancelaciones masivas.

Prácticas predatorias y desregulación

   El gobierno justifica la medida en el achicamiento del Estado, pero críticos la califican como un desmantelamiento de capacidades científico-tecnológicas en favor de privados con conexiones políticas. “Luis Caputo habilitó la disolución de áreas clave del INTI para que sus amigos hagan negocios multimillonarios”, señalaron denuncias publicadas por La Nación, Clarín, Página 12 y otros medios.

   Desde Lenor, el director de Relaciones Institucionales, Alberto Schiuma, defendió la transición como “gradual pero positiva”. La empresa ya realiza verificaciones en varias provincias y asegura que garantizará costos acotados, aunque hasta ahora no ha publicado tarifas fijas para 2026. Mientras tanto, las estaciones de servicio deberán contratar estos servicios privados sin otra alternativa, en un mercado que se perfila como monopolístico.

FM del Este 100.5 con información de Cuchá y Diario Norte

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El presidente Javier Milei ratificó el martes, ante los principales directivos de empresas de Estados Unidos en la Argentina, su firme voluntad de sostener la política de superávit fiscal en un contexto de caída de la recaudación.

En el marco del AmCham Summit 2026, que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Milei aseguró: “En la última reunión de Gabinete insistí en que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo”, insistió el primer mandatario.

Leé también: La motosierra de Milei a las provincias: resignaron US$18.000 millones en fondos nacionales en dos años

Si bien Milei habla de seguir recortando gastos, uno de los recursos que está aplicando el Ministerio de Economía para controlar el gasto primario es pisar los pagos, más precisamente, las transferencias.

De acuerdo con datos de la Tesorería de la Nación, en febrero la deuda flotante de la Administración Central —que incluye la Presidencia, los ministerios y los poderes Judicial y Legislativo— por el rubro transferencias creció algo más del 60% real interanual. Pasó de $472.296 millones el año pasado a $1,02 billones en 2026. En términos nominales creció 116%.

Las transferencias de la APN refieren a un amplio abanico de conceptos, que incluyen los envíos a las provincias, ya sean para gastos corrientes o de capital. También puede haber envíos a municipios. Están las transferencias a universidades y empresas públicas. También hay envíos al sector privado, como es el caso de los subsidios.

Eso explica algunas demoras en pagos de subsidios a las empresas de transporte del área metropolitana, que se sintieron hace una semana con una disminución de las frecuencias y un paro de choferes.

También estarían incluidas las demoras en los envíos del Ministerio de Economía al PAMI, ya que la obra social de los jubilados no logra financiarse totalmente con los aportes de los trabajadores. De hecho, médicos del PAMI están en una protesta por 72 horas. No percibieron sus haberes, lo mismo que las clínicas no cobraron por sus prestaciones.

Es de aclarar que la deuda total exigible de la Administración Central de febrero ascendía a $1,9 billones, compuesta por $1,6 billones de 2026 y $252.478 millones remanentes de 2025. Eso implica una caída real de la deuda flotante del 13,7%.

La baja de esa deuda se explica por el rubro Gastos Figurativos, es decir, deudas intraestado. En moneda de febrero de 2026, esta deuda era de $846.242 millones, mientras que este año bajó a $399.667 millones, lo que implica una caída del 52%.

Pisar el gasto para ir al FMI

Para Graciela Ocaña, extitular del PAMI y actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza Pública, “el ministro de Economía, Luis Caputo, está pisando los fondos del PAMI, los distritos y el transporte para dibujar el superávit fiscal”.

Al respecto, el economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que “para sostener el pilar del superávit primario hay que frenar pagos”. “Si los pagos se hubieran hecho, tal vez habría habido más gasto que ingresos”, explicó.

Sigaut Gravina se refirió al resultado del Sector Público Nacional (SPN) de febrero, en el que se registró un superávit primario de $1,4 billones. En los dos primeros meses del año, el Gobierno recurrió, para mejorar las cuentas, a dinero de rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del resultado de la privatización de la represa del Comahue.

El otro recurso fue pisar pagos y transferencias. Según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, los retrasos de pagos de este año de la Administración Pública Nacional (APN) —que incluye Administración Central y organismos descentralizados— llegaron a $4,3 billones y, en términos nominales, subieron 14% respecto del primer trimestre de 2025.

Tras la aprobación del FMI, ¿bajará la deuda?

En ese sentido, el ministro Luis Caputo viajó a Washington para entrevistarse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. En principio, el titular del Palacio de Hacienda podrá mostrar que cumplió con las metas indicativas de superávit fiscal del primer trimestre, por $4,5 billones.

Caputo logró la aprobación del staff técnico del FMI, por lo que ahora resta la aprobación del Directorio para un desembolso de u$s1.000 millones.

Como suele ocurrir en contextos similares, es probable que, una vez lograda la aprobación de las cuentas, Economía intente ponerse al día con la deuda.

Fuente: Ambito

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“Opino bárbaro de Adorni“, aseguró este domingo el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una cerrada defensa del cuestionado jefe de Gabinete de Ministros. Fiel a su estilo, Caputo defendió el curso de la economía, restó importancia a las cifras de endeudamiento familiar y caída de la recaudación y sostuvo que los créditos hipotecarios entregados a miembros del equipo económico no implican ninguna irregularidad.

En diálogo con Luis Majul en su programa La Cornisa, el ministro se ocupó de refutar toda preocupación por el rumbo económico. Dijo que el escándalo por los viajes y propiedades del jefe de Gabinete “no afectan en nada” al Gobierno, y aseguró que hay un récord de actividad y consumo privado. “Los medios tratan de instalar que no se nota, pero claramente se nota. Tratan de instalar que hay una megarrecesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico”, afirmó. También tuvo palabras de desprecio para el kirchnerismo, que calificó como“el infierno”.

Créditos “homogéneos” del Banco Nación: ni ilegales ni inmorales

Después de que el diputado Esteban Paulón presenara un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Banco Nación por haber entregado créditos hipotecarios a funcionarios públicos, Caputo negó la posibilidad de cualquier tipo de ilícito: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, aseguró. “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Probablemente haya sido convincente el ministro en sus sugerencias, ya que el exdirector del BCRA y ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, tomó un crédito de más de $367 millones, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, un préstamo inicial cercano a los $373 millones.

Surgen nuevos casos de beneficiarios de los créditos del Banco Nación y el caso no frena

También recibió un crédito por alrededor de $113 millones Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, más conocido en la red social X como “Juan Doe“.

Por su parte, Alejandro Bongiovanni, diputado nacional por La Libertad Avanza, recibió un crédito hipotecario de alrededor de $255 millones en enero de 2026, mientras que Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano, también aparece en la polémica con un crédito de casi $420 millones.

El Banco Nación había rechazado las acusaciones y sostenido que el proceso de selección crediticia es “homogéneo, sin excepciones”. Caputo aseguró que el criterio de otorgamiento de créditos no hizo diferencias entre funcionarios y no funcionarios. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, aseveró. Y justificó que los funcionarios pidan los créditos en el Banco Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da. Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”. Según los números que presentó el ministro, los créditos otorgados a funcionarios serían “menos del 0,2%” de los 27 mil presentados.

La inflación de marzo, por arriba del 3 por ciento

En otro tramo de la conversación, Caputo concedió que es posible que la medición de la inflación de marzo sea “un poco más alta” que la de febrero, ubicada en 2,9 por ciento mensual. Lo atribuyó a causas como la guerra en Medio Oriente, que hizo subir el precio de los combustibles, y el comienzo de clases, que representa gastos para las familias. La inflación lleva nueve meses en ascenso.

También manifestó su esperanza de que “los dólares del colchón” se integren al sistema financiero a partir de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, y culpó por la demora al temor de los mercados a un posible regreso del kirchnerismo. Dijo que eso sería “el infierno”, pero aseguró que hay “cero” posibilidades de que suceda.

“En la mayor parte de los países del mundo, la gente vive con deuda. No está mal”, argumentó el ministro cuando Majul le señaló que el endeudamiento familiar está en un récord histórico. “Es porque hay crédito. Yo no estoy preocupado, los que tienen que estar preocupados en todo caso son los bancos”, se desentendió.

En relación a los ocho meses consecutivos de descenso de la recaudación, la explicó a partir de la eliminación de gravámenes como el Impuesto PAIS. También reconoció como causa la pérdida de 270.000 puestos de trabajo formal desde el comienzo de la gestión libertaria. “Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también”, matizó Caputo.

MB/ML/ Perfil

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Una pequeña filtración empezó a horadar silenciosamente la monolítica empalizada que Javier Milei construyó en torno de su plan económico. Un sutil debate que empieza por indicadores de percepción social, pero que ahora se instaló en la cúpula del establishment y que está forzando una tímida conversación dentro del Gobierno. Incluso a pesar de las resistencias del propio presidente. ¿Y si no todo es un problema de tiempos y en realidad el plan no está funcionando? Como dice un cartel que se vio en las calles de Buenos Aires de la agrupación global Notes to Strangers, dedicada a difundir mensajes inspiradores por el mundo: “Its not a long road, its endless crossroads” (No es un camino largo, es una encrucijada interminable).

Lo que empieza generar dudas es si alcanza con los permanentes retoques que se fueron introduciendo al programa económico, sobre todo en el plano monetario. Por primera vez comenzaron a emerger algunas dudas internas sobre el dinamismo del plan para generar reactivación antes de que el horizonte de inversión y consumo se diluya definitivamente. La convicción fiscalista del equipo económico se transforma en incertidumbre cuando el desafío tiene que ver con la capacidad de producción. No hay todavía un mensaje nítido que permita atravesar la dura transición de la reconversión.

Y hay dos indicadores básicos que exponen esas tensiones. El primero surge de la relación inflación-actividad económica. Durante lo que va de la gestión de Milei la prioridad absoluta fue bajar la inflación. El precio a pagar fueron medidas que, se asumía, enfriarían la actividad, como los límites salariales o las subas en las tasas de interés. Pero ahora el Gobierno se encuentra con que se estancó la economía, pero tampoco pudo doblegar del todo una inflación que navega en el orden del 3% mensual.

Por primera vez Luis Caputo admitió esta semana que el proceso de desinflación sufrió un “retroceso” y que no estaba cumpliendo con sus expectativas. El primer trimestre del año terminará con una suba de precios muy cercana a la proyección anual que se había hecho en el presupuesto. Estas complicaciones desgastan el corazón de la promesa libertaria.

En el board de una importante cadena de supermercados quedaron sorprendidos por los números de febrero: les bajó 5% el volumen de ventas en comparación con el mismo mes de 2025. Ocurrió después de un enero con una retracción del 2%. Ese es un indicador claro de la merma en el consumo masivo, afectado por la escasez salarial y el impacto en el bolsillo de la suba de los servicios públicos.

Pero además, esa misma empresa detectó señales más profundas de ese proceso en relevamientos cualitativos que realiza entre sus clientes. Los tickets de compra promedio son cada vez por menor valor y el consumo se orienta a alimentos ricos en hidratos de carbono. Crecen las ventas de productos como galletitas y alfajores, muestra de que hay un cambio en los hábitos alimenticios en detrimento de frutas, verduras y carne (cuyo precio subió 70% en un año, y es probable que continúe en alza por mayores exportaciones a EE.UU., y próximamente a Japón). Aumentaron los encuestados que admiten que se están salteando una comida diaria (en general el almuerzo), que compensan con una suerte de merienda de galletas y mate cocido. Es la resultante de una combinación de inflación resiliente e ingresos deprimidos.

El segundo indicador surge del cruce de dos datos de 2025 que se conocieron en los últimos días. Por un lado, un crecimiento del PBI anual de 4,4%, después de dos años consecutivos de caída. Pero al mismo tiempo, el Indec informó que el desempleo también subió el año pasado de 6,6% a 7,5%, el valor más alto tras la pandemia. Como la mejora de la producción estuvo focalizada en la minería, el campo y la intermediación financiera, no tuvo un correlato en términos laborales. Un amargo déjà vu de la época menemista: se puede crecer mientras aumenta el desempleo. Otro dilema para el modelo.

“Sí, están preocupados, pero serenos. Ven que los datos no son los que esperaban y empezaron a evaluar qué ajustes deben hacer”, comentó un hombre de negocios que conversó con el staff económico. Incluso relatan que en una reunión con directivos de una empresa importante que le planteaban sus inquietudes, Caputo los desconcertó con una pregunta: “¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? Traigan propuestas”. Quienes lo escuchaban se sorprendieron porque el ministro, siempre inflexible y hermético, parecía abrir una ventana para una interacción.

En las últimas dos semanas hubo correcciones en la política monetaria. Empezaron a permitir mayor liquidez en el mercado, ajustaron algo las tasas de interés y los bancos comenzaron a mover un poco el crédito. Pero la conversación incipiente gira en torno de medidas más profundas para reanimar la economía, sin que derive en más inflación y sin afectar las líneas rojas de Milei. Está claro que el plan económico lo conduce Caputo, pero el Presidente interviene y frena las medidas que entiende que no van con su visión.

Por eso el ministro muchas veces termina actuando como un equilibrista entre el diagnóstico técnico de su equipo y el dogma de Milei. Hay varios indicios de que así como en Economía se abrió un diálogo sobre los próximos pasos, en la quinta de Olivos rige una inflexibilidad total. Milei está en una etapa de irreductible autoconvencimiento de sus ideas, como le ocurre cada vez que se siente amenazado. Frente a él, Caputo parece un heterodoxo.

El riesgo es que el mensaje del Gobierno empiece a quedar desfasado de la realidad, como les ocurrió a otras administraciones. En los estudios que hace mensualmente Mora Jozami, de la consultora Casa Tres, surge un dato que refleja a nivel social la misma inquietud que se empieza a filtrar en el Gobierno.

Ante la pregunta “¿cree que el país está yendo en el camino correcto?”, en enero el 48% respondió en forma afirmativa, pero ya en marzo ese indicador descendió a 43%. Y después hay otro interrogante revelador: en enero el 43% respondió que “el Gobierno no tiene la capacidad para resolver los problemas”, pero dos meses después ese indicador aumentó a 48%. Se trata, en definitiva, de una señal de angostamiento de la paciencia, pero fundamentalmente de la confianza en las capacidades de la administración libertaria.

Es quizás el indicador más sensible para seguir con atención, porque como señala el politólogo Carlos Gervasoni, “la gente vota mucho más en función de cómo ve la dirección del país que por su situación económica actual. Una persona que no la está pasando muy bien, pero que ve que el país está bien encauzado, muy probablemente pueda votar por el oficialismo”. Por eso es tan gravitante que, más allá de las penurias del presente, no haya dudas sobre la efectividad del rumbo.

El último estudio de la consultora Poliarquía también detectó un descenso en las mediciones de expectativas económicas. Por ejemplo, la evaluación negativa de la situación actual del país alcanzó el 47%, 10 puntos más que el mes anterior. Algo similar ocurrió con el índice de “optimismo ciudadano”­­­­­­, que cayó 11% en marzo, y con la valoración negativa de la situación macroeconómica, que subió 7 puntos para alcanzar el 48%.

A pesar de todos estos datos, hay un indicador que no sufre el mismo deterioro: la aprobación de la gestión de Milei se mantiene estable en el 51%. Se trata de una anomalía absoluta, que revela la naturaleza particular del fenómeno Milei. Nunca ocurrió que un presidente con los actuales índices económicos se mantenga indemne. Probablemente exprese más a una sociedad que sigue aferrada a la esperanza de un cambio virtuoso. El fracaso de Milei significaría el fin de la ilusión, y mientras no haya un proyecto alternativo convincente, la gente mantendrá la fe para no hundirse en el vacío de un futuro sin expectativas.

El comité de bienvenida

Fue otra semana muy dura para el Gobierno. La doble pinza entre las revelaciones de $LIBRA y el pantano del que no puede salir Manuel Adorni, paralizaron otra vez a la Casa Rosada. Marzo quedó consumido por una agenda muy negativa, que expuso una vez más las dificultades para gerenciar las crisis.

Las nuevas filtraciones del escándalo cripto dejaron margen para dos interpretaciones. Una, retrospectiva, quedó inmortalizada en los videos y mensajes que salieron del celular del lobista Mauricio Novelli, en los cuales quedan expuestos los vínculos que tenía con Milei y su hermana Karina antes de que llegaran al Gobierno. La humildad de los videos entre los tres, los supuestos pagos por servicios de influencer, las charlas rentadas, todo parecía formar parte de un mecanismo precario de sobrevivientes tratando de capitalizar la fama de Milei. Es un retrato vivo de la precuela de $LIBRA, que permite entender qué pudo haber pasado después.

Ese armado de subsistencia de pronto se encontró en la cúspide del poder, con la posibilidad de potenciar ingresos y socios, pero con la imprudencia y los descuidos que regían en la etapa anterior. Como si no hubiese habido nadie en condiciones de filtrar esa dinámica para hacerles ver que ya en la Presidencia ese juego necesitaba otras reglas. Es cierto que el tema socialmente no impacta tanto porque el mundo cripto es muy complejo y porque en el fondo la gente no percibe que el dinero ganado o perdido allí saliera de su bolsillo. Pero el silencio que se impuso la Casa Rosada sobre el tema empieza a resultar insuficiente como estrategia.

La segunda interpretación es judicial, abonada incluso dentro del propio Gobierno, sostiene que la filtración del contenido del celular de Novelli pudo haberse tratado de una vendetta del “comité de bienvenida” de Comodoro Py. Esta hipótesis apuntaría al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA (aunque la investigación la lleva el fiscal Eduardo Taiano), quien integra el sector de tribunales ligado a Ariel Lijo y al espía Antonio Stiuso, que se referencia en Santiago Caputo.

Este grupo, que auspiciaba la llegada de Guillermo Montenegro al Ministerio de Justicia, fue el gran derrotado con el arribo de Juan Bautista Mahiques y estaría mostrando el poder de respuesta que conserva. “Resulta paradójico que ocurra justo una semana después de la llegada del nuevo ministro. Me parece que allí hubo un mensaje. Además demostraría que tan mal no lo estábamos haciendo, porque el caso $LIBRA estaba contenido y ahora se desató con fuerza”, relata un concurrente de ese equipo.

Lijo, que ya tramita la sensible causa de Andis, ahora también está a cargo de investigar cómo se pagó el viaje de Adorni a Punta del Este. Es imposible no mirar lo que ocurra allí sin el prisma distorsivo de la susceptibilidad. El jefe de Gabinete quedó atrapado en un vuelo menor por no poder explicar en forma convincente cómo se pagó el chárter. Pero el problema es que ese video maldito de él subiendo al avión con su familia podría haber expuesto algo más: un estándar de vida que se elevó con gracia desde su llegada al poder.

Quienes vieron esta semana al jefe de Gabinete lo notaron visiblemente abrumado por la situación, en particular porque no está acostumbrado y porque también involucró a su familia. Es la primera vez que está sometido a semejante presión. El caso no sólo caló socialmente, sino que descolocó a la militancia digital libertaria, que hizo silencio ante la incomodidad del caso.

“No nos podemos plantar como otras veces. Nos dicen que lo protejamos, pero es difícil. Hay una disociación entre los que están arriba y los que estamos abajo. Lo que pasó no gustó entre los sectores jóvenes más activos que tenemos”, grafica un referente libertario en el ecosistema de las ­redes.

Adorni cuenta con el aval completo de los Milei, por lo cual hoy luce improbable que deje su cargo, excepto que se trate de una decisión personal. Sin embargo, la falta de una estrategia comunicacional le está generando un daño grave, porque frente a la adversidad dentro del Gobierno se impuso la lógica del silencio. Insólitamente cuando el lunes se reunió la mesa política, no se debatió el tema. Ese nucleamiento al que concurren cada vez más integrantes (Karina, Adorni, Caputo, los Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e invitados), empieza a transformarse en una charla de té sin efectos reales.

Al hablar en televisión Adorni apuntó implícitamente contra Santiago Caputo y su manejo de la SIDE al decir que la filtración del video surgió “puertas adentro”. Después la identificación de una gremialista como la autora de la grabación buscó disipar la tensión. Pero quedó flotando en el aire un nuevo intento por generar sospechas sobre la agencia de inteligencia.

Es parte de la ofensiva de un sector del karinismo para quitarle al asesor el control del espionaje. Pero de fondo hay un problema mayor, que es que la información que se reúne en la SIDE no fluye con naturalidad. Y un caso lo refleja como ningún otro: el del gendarme Nahuel Gallo. Contrariamente a lo que se creía, el Gobierno recibió un informe de inteligencia del organismo que anticipaba 40 días antes que sería liberado. También sabía que el gobierno de Venezuela nunca se lo entregaría a Milei, razón por la cual Cancillería resolvió mantener el reclamo por las vías oficiales.

Todo el trámite estuvo a cargo del oscuro abogado Franco Bindi, la pareja de la diputada Marcela Pagano, quien mantiene un vínculo personal con Delcy Rodríguez, la presidenta a cargo de Venezuela. La aparición de la AFA para aportar el vuelo de repatriación fue meramente instrumental. Si tenía esa información, ¿no debió el Gobierno haber activado otro tipo de estrategia para no emerger completamente fuera de registro, dos horas antes de que Milei hablara ante la Asamblea Legislativa? Hay muchos que atribuyen el incordio a la interna eterna.

Quienes conocen a la hermana presidencial, aseguran que no le perdona a Caputo su desplante público el día de la asunción de Mahiques. Ella le retribuyó el miércoles al no aplaudirlo. Chiquilinadas. “Karina espera un gesto de Santiago, hasta algo afectivo diría. Si una vez me dijo: ‘No me saludó ni para las fiestas de fin de año’”, relata un hombre al tanto de los vaivenes de esa relación. Pero Caputo le profesa una baja consideración intelectual y todo el tiempo le hace ver que su vínculo es con Javier. El problema ahora es que lo que él acuerda con Milei es de cumplimiento cada vez más relativo.

De la SIDE partirá en los próximos meses Diego Kravetz, en los papeles el número 2 del organismo. Se irá para disputar la intendencia de Lanús el año próximo. Esa premura se corresponde con la percepción generalizada de que nuevamente Axel Kicillof desdoblaría las elecciones bonaerenses, por presión de los intendentes, tanto los propios como los más cercanos a La Cámpora. Con el argumento de que la logística de las elecciones concurrentes es muy compleja, los barones quieren escindir su suerte de la disputa nacional. El problema es que esta vez al gobernador no le convendría para sus aspiraciones presidenciales.

Las penurias del Gobierno, y la convicción de que el calendario electoral se adelantará en la mayoría de las provincias, activó en los últimos días a diferentes sectores de la oposición. Mauricio Macri volvió con globos amarillos para reafirmar lo que queda de Pro, Miguel Pichetto y Emilio Monzó anduvieron de recorridas y fotos, y un grupo de referentes peronistas empezaron a levantar el perfil para articular una “Alternativa Nacional”, léase una corriente peronista federal no kirchnerista.

Allí los convocantes son Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos. Detrás circula la sombra de Sergio Massa. Si bien hay nexos con Kicillof, por ahora no es parte de la movida porque todavía no confían en su deskirchnerización. Son los primeros movimientos de una oposición que se despereza tras más de dos años de desconcierto.

Intuyen que el cuadro social se agravará y que tendrán una oportunidad. Saben que lo que define la partida es el éxito o el fracaso del programa económico de Milei. Ese plan con el que convenció a la sociedad argentina, pero que ahora quedó envuelto en interrogantes.

Por Jorge Liotti /La Nación

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De acuerdo a la información oficial, el costo de este préstamo ascendió al 7,4% anual (SOFR más cuatro puntos adicionales).

Se trata de una tasa más baja que los anteriores “repo” rubricados por el propio @LuisCaputoAR .

En los primeros minutos de rueda había una leve suba de los títulos públicos en dólares.

Hace justo un año, la tasa de interés por el “repo” de u$s1.000 millones el Gobierno pagó una tasa de interés del 8,8% anual.

Fue equivalente a la tasa SOFR más un adicional de 4,75 puntos.

La segunda operación fue en junio del año pasado, por un total de u$s2.000 millones. En aquella instancia, el Gobierno afrontó un pago de 8,25% anual (SOFR más un plus de 4,5 puntos).

Finalmente, hoy, medio año más tarde, el costo se redujo al 7,4% anual. Eso fue gracias a una reducción de la tasa internacional pero también al adicional que debe pagar el Gobierno, que esta vez fue de 4 puntos.

Impacto en el mercado

Los analistas consultados por iProfesional aseguraron que esta operación, si bien quita del medio cualquier incertidumbre de corto plazo sobre la solvencia de la Argentina, no termina de cerrar algunos traumas que aquejan al país desde hace años.

“La mejora en el riesgo país puede ser en el margen”, aseguró el economista Amílcar Collante. “Yo creo que solo una acumulación sistemática de reservas podría comprimir a 400 puntos el riesgo país“, concluyó.

En el mismo sentido opinó el analista Christian Buteler: “El plazo es un poco corto. Tal vez haya una reacción inmediata positiva, pero la realidad es que la Argentina sigue necesitando de más deuda para poder pagar sus compromisos”.

Menor plazo; más garantías

Esta vez, los bancos participantes reclamaron garantías por alrededor de u$s5.000 millones. Una suma que excede en un 67% el monto de la deuda a pesar de que se trata de un convenio de corto plazo: 370 días. 

El primer Repo, de comienzos del año pasado, se pactó a dos años y cuatro meses, y tuvo una garantía que en la proporción fue similar.

Algo parecido sucedió con el segundo “repo“, de junio del año pasado. Se pactó a abril de 2027 (22 meses), con una garantía de u$s3.350 millones sobre un préstamo de u$s2.000 millones.

Interés por el crédito

“El BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, dijo un informe oficial.

Esta operación le permitirá al Gobierno contar con los u$s4.200 millones necesarios para el pago del vencimiento de deuda que cae el próximo viernes.

De ese total, unos u$s500 millones corresponden a organismos públicos y los restantes u$s3.700 millones con inversores particulares. 

“Falta el ingreso de u$s706 millones de la venta de las hidroeléctricas y trascendió que habría un repo “puente” con bancos para cubrir el faltante hasta la colocación de deuda en los mercados internacionales”, sintetizó un operador del mercado.

Esos fondos ingresarían en las próximas horas y completarían el stock que el Gobierno necesita para cumplir con los inversores.

Por otra parte, existen unos u$s1.700 millones adicionales en cabeza del Tesoro, que servirían para cumplir con el vencimiento del próximo mes de julio.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país”, añadió.

Claudio Zlotnik/Iprofesional

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El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, utilizó su cuenta de X para destacar un hito en la política económica del gobierno de Javier Milei: el dólar paralelo se ubicó en $1065, por debajo del tipo de cambio oficial, previo a la eliminación del cepo cambiario. En un tono triunfal, Caputo subrayó que este escenario desmiente las críticas de quienes acusaron al gobierno de haber devaluado la moneda, y llamó la atención sobre la falta de autocrítica de periodistas y economistas que, según él, pronosticaron un panorama mucho más sombrío.

“Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, y pasó lo que dijimos que iba a pasar”, escribió Caputo en su publicación del lunes 21 de abril a las 13:56 UTC, acompañando el mensaje con emojis de la bandera argentina.

Dólar en 1065 en este momento, por debajo del dólar oficial, previo a la salida del cepo.
Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder.
Una vez más, hicimos lo que…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 21, 2025

El ministro se refirió a la decisión de levantar las restricciones cambiarias, una medida que había generado incertidumbre en los mercados y entre los analistas económicos. Sin embargo, Caputo enfatizó que los resultados están alineados con las promesas del gobierno, liderado por el presidente Milei, quien asumió el cargo con un plan económico centrado en la liberalización de la economía y la reducción del déficit fiscal.

El tuit de Caputo generó una ola de reacciones en la plataforma X. Algunos usuarios celebraron la noticia, como @JhonM888, quien destacó que el gobierno no solo evitó una devaluación, sino que “valuó y revaluó” el peso, agradeciendo al ministro por “cuidar el bolsillo de los argentinos”. Otros, como

@MiltonFriedom5, explicaron que la baja del dólar beneficia a los asalariados en pesos, ya que permite adquirir más bienes importados con el mismo ingreso, aunque advirtieron que podría afectar a quienes ganan en dólares, como los trabajadores del sector cripto.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron positivas. El economista Sergio Chouza (@SergioChouza) expresó su preocupación por el impacto de esta “apreciación cambiaria espuria”, argumentando que el fortalecimiento del peso, basado en dólares prestados, podría “destruir la economía real” y generar incentivos financieros negativos a corto plazo. Chouza instó al gobierno a intervenir comprando reservas para establecer un piso al tipo de cambio y evitar mayores complicaciones.

El contexto de esta declaración se remonta a las medidas económicas implementadas por el gobierno de Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Entre ellas, se destaca la devaluación inicial del peso, que llevó el tipo de cambio oficial de $365 a $800 por dólar, según datos del Banco de la Nación Argentina, y la eliminación progresiva de restricciones al acceso al mercado de cambios. Estas políticas, aunque inicialmente generaron inflación y tensiones sociales, parecen haber logrado una estabilización relativa del mercado cambiario, al menos según lo expresado por Caputo.

El ministro también aprovechó para cuestionar la falta de disculpas por parte de sus detractores. “Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder”, escribió, evidenciando una relación tensa con ciertos sectores de la prensa y la academia económica.

La eliminación del cepo cambiario era una de las promesas centrales de Milei durante su campaña, alineada con su visión de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para evitar la monetización del déficit fiscal, según un análisis de S&P Global Ratings. Aunque la dolarización plena aún no se ha concretado, la convergencia entre el dólar paralelo y el oficial podría ser un paso hacia una mayor unificación cambiaria, un objetivo clave para el gobierno.

A medida que la economía argentina continúa navegando un escenario de alta complejidad, con inflación persistente y presión sobre las reservas internacionales, las declaraciones de Caputo reflejan la confianza del gobierno en su rumbo económico. Sin embargo, las advertencias de economistas como Chouza y las experiencias de otros países dolarizados, como Ecuador y Panamá, sugieren que el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que garanticen la disciplina fiscal y el crecimiento sostenido.

Mientras tanto, la discusión en redes sociales sigue encendida, con memes, críticas y apoyos que reflejan la polarización que atraviesa al país en este momento de transición económica. La gestión de Caputo, bajo el liderazgo de Milei, continuará siendo un tema de debate mientras Argentina busca dejar atrás décadas de crisis económicas recurrentes.

FM del Este 100.5

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Las grandes cadenas de supermercados comenzaron a rechazar listas de precios con fuertes aumentos por parte de grandes fabricantes.

Así lo aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que rechazaron productos de grandes empresas alimenticias con aumentos de precios de hasta 12%.

Algo similar ocurrió con las listas presentadas por empresas líderes en consumo masivo, que incluían alzas del 9%.

Con la flexibilización del cepo cambiario y el nuevo esquema de flotación entre bandas de $1.000 a $1.400, la presión inflacionaria se veía venir.

X de totocaputo

Caputo dijo que “los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos, con subas de 9% a 12%”.

Según trascendió, el funcionario reiteró a los fabricantes que la gente “no va a convalidar aumentos de precios”.

Por su parte, el presidente Javier Milei consideró que no hay necesidad de trasladar el nuevo precio del dólar a los precios.

“Los precios determinan los costos, y no los costos los que determinan los precios”, sostuvo Milei, y al advertir sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria, agregó: “Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación”.

En este escenario de pelea contra la inflación, Caputo consideró “un gran dato” que los precios mayoristas hayan subido solo 1,5% en marzo, según informó el INDEC.

Gran dato 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/SonOrEe5Om

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 16, 2025

Noticias Argentinas

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   En el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora Argentina 2024, disertó sobre las medidas del Gobierno nacional para ordenar la economía e impulsar el crecimiento.

   Durante su discurso, Caputo se refirió a la herencia económica recibida por el Gobierno Nacional a un año del cambio de gestión.

   En esta línea, explicó que “si hubiéramos dicho que íbamos a terminar con el flagelo del déficit fiscal en tan solo un mes; bajar el gasto en términos reales 30%, aún atendiendo a los más vulnerables; terminar con los pasivos remunerados; con el déficit cuasifiscal y la emisión monetaria, hubiera parecido increíble, pero se hizo”.

   Asimismo, el ministro remarcó la baja de la inflación minorista de 25% a 2,7% y de la inflación mayorista de 54% a 1,2%, en el marco de una recomposición de los precios relativos.

   “También estamos terminando el año con un tipo de cambio libre más bajo que cuando asumimos. Es algo que no podía esperar nadie; la brecha se redujo de 200% a menos de 10%”, agregó.

   Además, el titular de Economía resaltó la recomposición de las reservas internacionales y la rebaja de impuestos. En esta línea, Caputo hizo hincapié en que para 2025, “todos los analistas pronostican que Argentina crecerá 5%, que es el mayor nivel de crecimiento de los últimos 15 años”.

   En su exposición, Caputo se refirió a las distintas desregulaciones que se impulsaron desde Economía para fomentar el desarrollo del sector privado y a la recuperación del crédito desde las distintas instituciones bancarias.

   “Pasamos de discutir hiperinflación a créditos hipotecarios a 30 años”, resaltó.

   El ministro también aclaró que estos resultados no hubieran sucedido si el presidente Javier Milei no se hubiera encargado “de tomar la bandera para dar la batalla cultural”.

   “Hay un enorme interés a nivel mundial de invertir en la economía real y eso es exclusivamente por el trabajo que está haciendo el Presidente”, afirmó.

   Por último, Caputo aseguró que “estamos en un punto de inflexión en la historia argentina” y destacó que “el Gobierno tiene un mandato de la mayoría de la gente que quiere que sigamos y profundicemos este camino”.

   “No tengan dudas de que vamos a ganar la batalla económica, la política y la cultural; Argentina va a ser el país que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años”, concluyó.

La Prensa

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 por Matias Longoni

El último viernes 4 de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, designó en planta permanente de su organismo y le concedió un ascenso dentro de su cartera al funcionario kirchnerista que se ocupó, entre 2021 y 2023, del bloqueo sistemático de las exportaciones de carne y de granos en la Argentina. El contador Luciano Zarich, que además fue quien condujo en el terreno el intento de intervención de la aceitera Vicentin, fue “premiado” por el gobierno libertario con uno de los más altos escalafones en la carrera de los empleados del Estado y goza de uno de los haberes más elevados.

Según los términos de la Resolución 1021/2024 firmada por Caputo y publicada hoy en el Boletín Oficial, Zarich fue designado en “la planta permanente del Ministerio de Economía, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la ex Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. Tendrá entonces uno de los más altos escalafones de la administración pública (la categoría A9) y trabajará como economista especializado dentro del área de la Secretaría de Política Económica.

La situación, aunque no tan publicitada como aquella, recuerda al día en que el ex titular de la AFIP en tiempos del kirchnerismo más duro, el ex guardiamarina Ricardo Echegaray, luego de haber cometido las mil y unas tropelías dentro de la función pública, volvió a su trabajo como empleado de planta permanente de la Aduana, en febrero de 2020.

Aunque Zarich lejos está de haber manejado tanto poder como Echegaray, fue el funcionario clave en las políticas anti agro que desplegó el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es decir, aplicó todas las restricciones al libre comercio de productos del campo que el gobierno del presidente Javier Milei comenzó a desmantelar a partir de diciembre de 2023.

https://bichosdecampo.com/luciano-zarich-quien-debe-controlar-a-las-exportadoras-ya-lo-hizo-en-el-pasado-las-empresas-truchas-que-recibian-roe-le-pasaban-por-delante-de-los-ojos/embed/#?secret=my1dvGCbZm#?secret=7sRWvcRqr1

El primer cargo político ocupado por Zarich sucedió entre 2011 y 2015, en el segundo gobierno de Cristina, cuando dentro de Agricultura se ocupaba del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) y desde allí habilitaba a las empresas truchas creadas por ese entonces para recibir los ROE Verde (permisos de exportación) para maíz y trigo que otorgaba el ex secretario Guillermo Moreno, y que luego eran canjeados por dichas empresas falsas a cambio de unos cuantos dólares por tonelada.

Con el regreso del peronismo al poder, Zarich ocupó en 2020 el cargo de subinterventor designado por el Ejecutivo en el fallido intento de expropiación de la empresa Vicentin, e incluso protagonizó por unos pocos días el desembarco como interventor en la sede central de la compañía, en la ciudad santafesina de Avellaneda. Luego, a partir de marzo de 2021, fue designado por Alberto Fernández como nuevo director nacional de control comercial agropecuario, con un objetivo más que preciso: debía implementar el nuevo cierre de las exportaciones de carne vacuna decidido por el gobierno desde abril de dicho año. Por eso creó las DJEC, unas declaraciones juradas de exportación que cumplían la misma función que los viejos ROE.

Más tarde, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, lo ascendió al puesto de secretario de Mercados Agropecuarios y le asignó también la regulación de las exportaciones de granos y subproductos agrícolas, por vía de los denominados “volúmenes de equilibrio”, que no eran otra cosa que la fijación de cupos para el mercado interno y de saldos exportables. En ese momento era el funcionario más poderoso del todo el área agropecuaria, pues podía aprobar o rechazar exportaciones por más de 40.000 millones de dólares al año.

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En su gestión en la denominada ex ONCCA, el gris contador desarticuló los controles electrónicos de faena en los frigoríficos y los caudalímetros en los molinos harineros, que había implementado ese organismo en la gestión de Cambiemos y que recién ahora está tratando de reemprender la nueva gestión de La Libertad Avanza como método para reducir la evasión en ambos sectores.

Pese a todo esto, y desoyendo por completo las promesas de Milei de enfrentar a la casta enquistada en el Estado Nacional, el ministro Caputo designó a Zarich para trabajar como un alto asesor de su cartera y gozar de uno de los sueldos más elevados dentro del escalafón de la función pública, ya que incluso se le concedió un ascenso dentro del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito del Sistema Nacional de Empleo Público.

“En dicho marco, el Ministerio de Economía promueve el desarrollo de carrera de sus agentes de planta permanente bajo los lineamientos de la ley 25.164, fortaleciendo la igualdad de oportunidades, potenciando la carrera administrativa y la mejora de las condiciones laborales en la repartición, todo lo cual es condición y sustento para la inclusión, formulación e implementación de políticas de fortalecimiento del empleo público, que sin duda redundan en la mejor gestión de esta jurisdicción”, fue la única explicación brindada por Caputo, ministro de un gobierno que supuestamente venía a combatir este tipo de manejos dentro del Estado.

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Incluso Zarich cobrará más que otros empleados de carrera: “Reasígnase, a partir de la fecha de posesión de la nueva situación escalafonaria el Suplemento por Función Específica de la carrera de Economista de Gobierno”, dice la norma firmada por el ministro. Su salario extra lo pagaremos entre todos: “Será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2024”.

Es decir que lejos de ser investigado por sus actos dentro de la función pública, Zarich recibió un premio de parte de la administración libertaria.

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No es de extrañar, pues desde un primer momento el gobierno de Milei se mostró muy solidario con la situación de este funcionario y sus principales colaboradores en la ex ONCCA, como José Secchi y Gerónimo  Sarría. El primero sigue en su puesto al mando del RUCA mientras que el segundo, que oficiaba como coordinador general del organismo que regulaba las exportaciones de carnes, se mantiene como asesor del actual secretario de Mercados Agropecuarios, Agustín Tejera.

Desde el vamos quedó claro que ese grupo de funcionarios kirchneristas iba a gozar de impunidad en la nueva etapa que se inició con el gobierno de Milei cuando el ex secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, le negó sistemáticamente a Bichos de Campo el acceso a la información del listado de DJEC (permisos de exportación) concedidos por esa administración de Zarich a los diversos grupos frigoríficos.

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Pero el caso que mayor perplejidad despertó fue el contador Alejandro Agustín López, que aún sigue trabajando dentro del Estado y es coordinador de la ex ONCCA en la zona de Rosario -también con una alta categoría A2- pese a que al mismo tiempo trabajaba como parte de un estudio jurídico y contable que asesoraba empresas agropecuarias en dicha región.

Fuente: Bichos de campo

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