La reciente aplicación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal reconfiguró de manera determinante una de las causas más emblemáticas vinculadas a la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 resolvió este martes dictar el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros implicados en una investigación por millonarias deudas impositivas a través de la firma Austral Construcciones SA. En un giro que generó fuertes cuestionamientos, la decisión judicial se conoció en un momento clave del proceso.

La decisión se produjo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.799, que elevó significativamente los montos mínimos necesarios para considerar delito la evasión fiscal. A partir de esta modificación, gran parte de las sumas investigadas quedaron por debajo del umbral legal, lo que derivó en el beneficio directo para los acusados. El expediente analizaba la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y la tasa establecida en el artículo 37 de la ley de Ganancias, correspondientes a los períodos fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

La nueva normativa establece que la evasión simple sólo se configura cuando supera los $100.000.000 por tributo y por ejercicio anual, mientras que la evasión agravada requiere un piso de $1.000.000.000. Asimismo, penaliza el uso de facturas falsas únicamente cuando el perjuicio económico excede los $100.000.000.

En este contexto, las defensas solicitaron el sobreseimiento argumentando que los montos originalmente investigados ya no alcanzaban los nuevos mínimos legales. El planteo se apoyó en un principio central del derecho penal argentino: la aplicación retroactiva de la ley más benigna para el imputado. El fiscal general Diego Velasco se opuso firmemente a esta interpretación. Sostuvo que la Ley 27.799 constituye una mera actualización de valores frente a la depreciación monetaria, y no una norma más favorable en términos penales. En esa línea, reclamó la continuidad del proceso mediante la realización del juicio oral y público.

Sin embargo, la postura acusatoria no prosperó. Desde la querella, el abogado Nicolás Dertinopulos, representante de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), adoptó una posición más flexible y anticipó que no se opondría al sobreseimiento en aquellos casos donde los montos no superaran los nuevos límites, aunque aclaró que la acción penal debía continuar para los períodos que sí excedieran ese piso. Finalmente, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli resolvieron aplicar la Ley de Inocencia Fiscal y desestimar el planteo del fiscal. En su voto, Zabala sostuvo que los montos imputados no cumplían con los requisitos establecidos por la nueva legislación, con excepción del período correspondiente a 2012. Por su parte, Machado Pelloni —quien el 12 de febrero fue sorteado para integrar el tribunal del juicio Hotesur-Los Sauces— respaldó la decisión apoyándose en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impone la aplicación obligatoria y retroactiva de la ley penal más benigna.

En tanto, la jueza Perilli sumó argumentos basados en el espíritu de la reforma. Citó el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original, donde se sostiene la necesidad de “racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y de “castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”.

El fallo también detalló las cifras involucradas en la causa contra Austral Construcciones SA. En 2010, se registraron $23.959.038 en IVA y $46.461.367 en Ganancias. En 2011, los montos ascendieron a $99.964.224 en IVA y $90.014.387 en Ganancias. En 2013, se contabilizaron $8.753.187 en IVA y $8.495.232 en Ganancias. En 2014, los valores fueron de $59.954.725 en IVA y $22.860.611 en Ganancias. Ninguno de estos períodos superó el nuevo umbral de $100.000.000. El único ejercicio que excedió ese límite fue 2012, cuando Austral Construcciones registró deudas por $113.190.286 en concepto de IVA y $178.037.143 en Impuesto a las Ganancias. Por este motivo, el proceso judicial continuará exclusivamente por ese año.

En su resolución, el tribunal dispuso el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez y de sus hijos Martín Báez y Luciana Báez, mientras que Leandro Báez recibió un sobreseimiento total. La medida también alcanzó, de manera total o parcial, a otros imputados vinculados a la empresa: Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Eduardo Arrejín, Mario Delgado, Tomás Garzón, María Cristina González, Gastón Lemoine, Emilio Martín, Ariel Nieto y Hugo Uribe. De este modo, una causa que investigaba presuntas maniobras millonarias de evasión quedó significativamente reducida, con un único tramo aún en pie. El Tribunal ordenó continuar el trámite únicamente respecto de los hechos vinculados al ejercicio fiscal 2012, manteniendo abierta una porción acotada de un expediente que durante años fue símbolo de las irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo.

Fuente: La Derecha Diario

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El fisco puso el ojo en una trama que involucra a sus hijos Martín y Leandro, a la pareja del empresario, inmobiliarias y hasta un inquilino de apellido Kirchner. Y también a funcionarios.

La ficción creó a Don Corleone y la realidad mostró el talón de Aquiles del mafioso Al Capone. La debilidad de muchos para terminar en la cárcel fue el fisco, que le probó delitos a quienes eludían su responsabilidad en otros crímenes. Pero en Argentina a veces las historias se desarrollan al revés. Así pasa que ahora, Lázaro Báez, condenado y preso, aún tiene capacidad para que se abran investigaciones en su contra, incluso mientras está en la cárcel. Es que el empresario emblema de la corrupción kirchnerista ahora es observado como principal responsable de una flamante y millonaria maniobra de evasión fiscal.

Es que la DGI -dependencia de ARCA, la ex AFIP- abrió una investigación al descubrir que Báez facturó más de 240 millones de pesos entre 2020 y el corriente año por alquileres de sus casas. El expediente aseguran que avanzará hacia una denuncia penal ya que, en ese lapso, el zar de la obra pública kirchnerista y su entorno no presentaron declaraciones por Ganancias o Bienes Personales. En criollo, no pagaron los impuestos.

Según pudo saber Clarín, entre los primeros indicios de los informes fiscales, ya habrían detectados más de 50 contratos que tienen por objeto la explotación de más de 20 propiedades. Las mismas -en su mayoría en Río Gallegos, capital de Santa Cruz- son apenas una muestra y están vinculadas a una sola de las inmobiliarias en la trama. No son las únicas. “Aún se está en proceso de cuantía de la evasión”, sostienen las fuentes.

Los cálculos judiciales llegaron a adjudicarle a Báez y su emporio cerca de 600 mil hectáreas, adquiridas en los años del apogeo kirchnerista que lo volvieron uno de los latifundistas más prósperos del país. Un informe del Tribunal de Tasación de la Nación registró, en 2017, que el empresario y sus compañías tenían 418 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuentes judiciales le adjudicaron propiedades en Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Las casas y departamentos de Báez están en proceso de ser decomisados por la Justicia como efecto de las condenas por corrupción. Están inhibidos pero solo para su venta. No hubo ninguna restricción para impedir que sean explotados, es decir, puestos en alquiler o, como en muchos casos, continuaran ocupados, con contratos vigentes. Tampoco hay impedimentos legales, más allá de la curiosidad, para que alguien preso pueda emitir facturas.

Allí entonces se abrió la brecha de nuevos negocios para Báez y los suyos. Es que la maniobra involucra también a sus hijos Martín y Leandro, a su novia Claudia Noemí Insaurralde -que habría ido a cobrar alquileres en persona-, a ex empleados de Austral Construcciones -la nave insignia del empresario- y hasta a empleados y funcionarios del actual gobierno de Santa Cruz, algunos en calidad de locatarios.

Por el momento, la investigación también apunta a dos firmas del rubro. Una sería Inmobiliaria Patagonia Propiedades y la otra usaría los nombres de fantasía Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, relacionadas a Luis Alberto Orué. Ambas ya habrían reconocido administrar propiedades en nombre de Báez y realizar rendiciones de ingresos y egresos de los fondos surgidos de los alquileres.

Esas empresas “serían el nexo necesario para el cobro de los alquileres y su distribución a terceras personas directamente relacionadas” con Báez, precisan los investigadores, que definen el caso como una “distracción de fondos”, es decir, un desvío de dinero para eludir el embargo judicial.

Lázaro Báez y Claudia Insaurralde, una pareja que se formó con el empresario kirchnerista en prisión.

Es que, además de sus propiedades, Báez -como gran parte de su entorno, salvo su hijo Leandro- tiene congeladas sus cuentas bancarias por la Justicia.

Por eso es que, según las propias facturas emitidas del talonario personal del empresario -con la curiosa alta de actividades en 2003-, los pagos de los alquileres se hicieron en efectivo, algunos incluso en dólares.

Es el caso de una locataria en Río Gallegos, de apellido Riesgo. Se trataría de la ex esposa de Germán Nivello, un exfuncionario kirchnerista que secundó a José López en la Secretaría de Obras Públicas -bajo la órbita de Julio De Vido- y que actualmente es uno de los juzgados por la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Las delgadas líneas entre los Báez y los Kirchner

En la lista de locatarios de Báez también hay un Kirchner. Es Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del expresidente que trabajó para Lázaro en la constructora Gotti Hermanos y desde 2024 es el director general de Infraestructura del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, donde gobierna Claudio Vidal.

La trama de dinero en efectivo de alquileres de los Báez también trajo consecuencias dentro de la DGI, donde hubo desplazamientos en las jefaturas de Agencia y de Recaudación de Río Gallegos porque la maniobra trascurrió sin atención en su lugar de origen, casi hasta fechas de prescripción de los posibles delitos.

Por ello, en la interna se puso el ojo en funcionarias de rango nacional en el organismo recaudador que fueron designadas por Virginia García, la ex cuñada de Máximo Kirchner, que ahora cumple tareas en el Senado, con licencia de su puesto en la exAFIP.

Fuente: Daniel Seifer/Clarin

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El tribunal oral que condenó a Lázaro Báez a 15 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del dinero K le decomisó y ordenó transferir a la Argentina tres millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista tenía en un banco suizo.

Además, dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Lázaro Báez y de su hijo Martín Báez, también condenado, que incluyenlotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos, casas y otros inmuebles(46), más unas 10 quintas, chacras y estancias que se encuentran en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.

El Tribunal Oral Federal 4 ejecutó este decomiso como parte de la condena por lavado de dinero de la ruta del dinero K y Lázaro Báez debe reunir en principio 55 millones de dólares, por el monto lavado, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

El juez Néstor Costabel dispuso la medida antes de que se venza el plazo, el miércoles próximo, para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos Cristina Kirchner y el propio Lázaro Báez, depositen 350 millones de dólares, que es el monto total de lo decomisado por ese fraude con la obra pública.

El abogado de Báez, Juan Villanueva, presentó un escrito en el tribunal federal 2 de Vialidad en el que dice que -como la condena de su cliente fue unificada en 15 años, en ese caso y en la Ruta del Dinero K-, no debían decomisarle los bienes, sino que el tribunal federal 4 debía hacerlo.

El fiscal Diego Luciani se opuso y en un escrito firmado con su colega Sergio Mola dijeron, de manera conjunta, que deben avanzar con el decomiso, porque se unificaron las penas, pero no los decomisos.

Báez le dijo a los jueces que no tiene otros bienes porque están embargados, al igual que el contenido de sus cuentas, y que está inhabilitado para tener cuentas bancarias. Su CUIT estuvo bloqueado hasta 2021. Pero ahora puede facturar. Sin embargo, no puede abrir cuentas para hacer transferencias, porque está preso y no puede vender propiedades para pagar el dinero que le reclaman porque están embargadas.

Según anticiparon fuentes judiciales a LA NACION, el tribunal oral federal 2 va a avanzar con el proceso de ejecución de los bienes y su remate y en todo caso lo repartirán con los que ya embargó el tribunal oral federal 4.

En paralelo, un juicio comercial que lleva quiebra de Austral Construcciones ya decomisó y remató algunas propiedades de Báez para pagar a los acreedores de la firma. La quiebra tramita desde 2017 y el expediente tiene fojas por 400 cuerpos.

En esa causa el gobierno de Santa Cruz formalizó una oferta para adquirir el obrador principal de Austral Construcciones, ubicado en Río Gallegos, que se encuentra en proceso de liquidación desde el 2017 cuando se inició la quiebra de la constructora de Lázaro Báez.

La gestión del gobernador Claudio Vidal ofertó U$S 2.000.000 con la intención de reconvertir al emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas. El ofrecimiento de compra se realizó ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones SA, y que a la fecha solo le resta subastar el obrador central para terminar con la venta de los inmuebles que estaban a nombre de la empresa.

Si no entregan ese dinero, la Justicia avanzará en el decomiso de los bienes de cada uno, que están embargados. Por esta razón e interesados tanto en los galpones, como en la estratégica ubicación sobre la Ruta Nacional 3, a solo seis kilómetros del centro de Río Gallegos y en el ingreso al aeropuerto, es que el gobierno santacruceño se presentó en la causa y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra, que fue afectado a un plazo fijo renovable cada treinta días, según lo dispuesto por el juez subrogante Jorge Sícoli.

La oferta fue trasladada a la sindicatura, al Banco de la Nación Argentina y a los martilleros intervinientes en el proceso en tanto que la acción de parte del estado provincial la está llevando con suma discreción el directorio de la empresa estatal “Santa Cruz Puede SAU” y el fiscal de Estado Ramiro Castillo, quienes presentaron una propuesta de venta directa a favor de la sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.

El juez Costabel del Tribunal Oral Federal 4 ahora dispuso la “remisión y/o transferencia” por decomiso de lo depositado en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza. Allí hay U$S907.202 y las ganancias por intereses desde 2011 a la fecha.

Además, repatrió de Bahamas 2.981.646 euros de la cuenta 590201 del Banco Cbh de Bahamas, a nombre de Eastern Shoreline Limited, y de 1.009.391 de euros encuentran en la cuenta N° 590207 del banco CBH de Bahamas, de la misma firma.

Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte 56 propiedades de Báez y su hijo Martín Báez y es avisó de todo esto al tribunal oral federal 2 de Vialidad. También ordenó la adjudicación definitiva a la Corte de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, Matrícula: LV – MBY y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.

Las propiedades decomisadas a Báez y a su hijo son 40 de la provincia de Santa Cruz, de las cuales hay nueve en El Calafate, 26 propiedades de Río Gallegos;cinco estancias enSanta Cruz (Coronel Cuarumba, Zona Sur del Río Santa Cruz; La Irenita, Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini; Los Gurises Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini, Manantial Alto Colonia General Paz y Estancia Río Olnie.

Además se decomisó una propiedad en Chubut,en Lago Puelo y cuatro de la provincia de Buenos Aires. Al hijo de Báez le decomisaron 11 propiedades, tres de la Provincia de Buenos Aires, siete en Santa Cruz y una en Chubut.

El monto que los condenados por Vialidad deben depositar el miércoles es de 684.990 millones de pesos, que es el perjuicio que -según la sentencia- provocaron con el delito de fraude con licitaciones de obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu,notificaron a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan esa cifra. Si no cumplen el miércoles 13 con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.

Ahora se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner realizará una presentación para oponerse a esa medida. Aún no lo ha hecho dijeron fuentes del tribunal y cercanas a la expresidenta.

En rigor, el plazo final son la dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema y descartó la cuenta del perito de Cristina Kirchner, que según su cómputos, reducía el monto del perjuicio a $42.000 millones.

Los jueces dispusieron que se cobre el dinero “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Ese decomiso se dispondrá “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” ya embargados.

En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutados el tribunal federal 4, en la causa de la Ruta del dinero K.

Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la causa Vialidad incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades, estancias, chacras y departamentos. En esa nómina figuran 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades. Además están los bienes de José López, Nelson Perotti y Mauricio Collareda, entre otros condenados.

Por Hernán Cappiello LA NACION

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Buenos Aires, julio de 2025 – La causa del fentanilo contaminado, que ya causó decenas de muertes, sumó hoy nuevos elementos que profundizan el alcance del caso: armas y documentación fueron encontradas en propiedades de los dueños del laboratorio implicado, la planta HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, los mismos vinculados con Lázaro Báez.

Hallazgos en los allanamientos

En los allanamientos realizados a principios de julio en domicilios y empresas relacionadas con HLB Pharma y Ramallo, la Justicia secuestró celulares, computadoras, documentación clave e incluso un arma de fuego no declarada, según informó el diario El Día en su cobertura del 7 de julio.

Vínculos con Lázaro Báez

La causa destapó conexiones con el entorno del empresario kirchnerista: según La Nación, Ariel García Furfaro —dueño de HLB Pharma— y su socio Jorge Salinas tenían negocios conjuntos con Báez, incluyendo una empresa de vuelos privados (Top Air SA), la tenencia de un hangar en el aeropuerto de San Fernando y transferencias accionarias sospechosas realizadas durante el escándalo.

Además, Sebastián Nanini —abogado con historial de defensa de Báez y actual presidente formal de HLB Pharma— habría asumido dicho rol tras la elaboración del lote contaminado, lo que genera cuestionamientos sobre un posible intento de resguardo societario.

Sabotaje interno y destrucción de pruebas

Un video difundido por La Nación muestra oficinas de HLB Pharma en San Isidro revolcadas y con papeles rotos el 12 de mayo, pocos días antes de los allanamientos, en lo que se habría intentado destruir registros de producción y calidad. Ariel García Furfaro denunció ante la Justicia que fue víctima de un sabotaje perpetrado por un excolaborador, Andrés Quinteros, a quien acusa de extorsión y chantaje.

Magnitud de la tragedia

El escándalo comenzó en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata identificó el lote “31202” de fentanilo contaminado con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, provocando infecciones y muertes en hospitales de La Plata, Rosario, Neuquén y CABA. Hasta ahora se reportan entre 40 y 53 víctimas fatales y decenas de casos infectados.

La ANMAT suspendió la distribución del producto y clausuró las plantas de HLB y Ramallo. Los registros revelan que ambos laboratorios tenían historial de infracciones anteriores, incluyendo falta de trazabilidad, producción sin habilitación y fraudes regulatorios.

Avances judiciales y líneas de investigación

El juez federal Ernesto Kreplak lidera la pesquisa, abierta tras la denuncia del Hospital Italiano. Ordenó allanamientos en siete puntos del país, incluyendo droguerías distribuidoras. También toma declaraciones y evalúa las acusaciones contra Quinteros. Se investiga si la introducción de un nuevo dueño —Nanini— y los movimientos societarios responden a maniobras para eludir responsabilidades.

Impacto y expectativas

La causa expone severas falencias en los controles de ANMAT: HLB no recibía inspecciones específicas desde 2018 y Ramallo nunca fue auditado por el Departamento de Sustancias Controladas.

La aparición de vínculos con una figura ligada a Lázaro Báez, la destrucción de documentación clave y la presunta maniobra societaria posterior a la contaminación, abren múltiples frentes que exceden lo sanitario y apuntan a esquemas de encubrimiento y concentración de poder. Mientras tanto, la respuesta del sistema de salud y del Estado se enfoca en el control del lote contaminado, la recolección de ampollas y el seguimiento de posibles más víctimas.

Lo que comenzó como una emergencia sanitaria se transformó en una compleja investigación judicial, con ramificaciones políticas, empresariales y regulatorias. A medida que avanza, lo que peligra no solo es la salud pública, sino la confianza en el rigor de las normas y la transparencia en el sector farmacéutico.

Fuentes periodísticas sobre la causa del fentanilo contaminado:

• Infobae – “Hallaron armas y documentación de los laboratorios en las casas y empresas de la familia vinculada al fentanilo mortal” (05/07/2025)
  infobae.com
• La Nación – “Los vínculos entre los dueños del laboratorio del fentanilo mortal y Lázaro Báez: visitas a la cárcel, sociedades y vuelos” (05/07/2025)
  lanacion.com.ar
• La Voz del Interior – “Fentanilo contaminado: la relación entre el dueño del laboratorio HLB y Lázaro Báez” (05/07/2025)
  lavoz.com.ar

FM del Este 100.5

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El fiscal federal Diego Velasco pidió que el entrecruzamiento de los teléfonos vinculados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea agregado a la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces.

La presentación de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 5 fue luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara los sobreseimientos y habilitara el juicio oral y público donde se prevé sea juzgada Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

Velasco pidió que sea agregado al expediente el informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero k”, del cual resultó sobreseída Cristina Kirchner aunque Báez fuera condenado.

Según ese informe, existieron 370 comunicaciones entre el dueño de Austral Construcciones y la ex Presidenta y sus principales “allegados”. El fiscal Guillermo Marijuan, si bien con este informe igualmente sobreseyó a la Vicepresidenta, sí dejó en claro que eso demuestra “el estrecho vínculo comercial” entre ambos.

Esos contactos telefónicos, que se suman a visitas a Olivos por parte de Báez durante la Presidencia de Cristina kirchner, fueron entre 2010 a 2013. 

Esas 300 comunicaciones fueron entere Cristina Kirchner y Lázaro Báez a través de teléfonos de líneas personales de la entonces Presidenta y también las de sus secretarios privados y/o colaboradores.

De esas comunicaciones, al menos cuatro se registraron en ese período entre las líneas a nombre de Cristina Kirchner y los teléfonos de Báez. También 23 comunicaciones con líneas de Casa de Gobierno, una con la Residencia de Olivos y las restantes con secretarios o colaboradores de Cristina Kirchner.

Velasco pidió incorporar ese informe al caso Hotesur-Los Sauces porque es “prueba nueva” que no se conocía hasta el momento.

Asimismo, la fiscalía le pidió al Tribunal que sume documentación de la causa por la cual terminó condenado por enriquecimiento ilícito el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López. 

Es que López fue una pieza clave en el armado de la obra pública y donde ya fue condenada Cristina Kirchner en un juicio a seis años de cárcel, fallo que no está firme aún. El pedido fiscal incluye el peritaje sobre las comunicaciones del ex funcionario, el cual fue determinante en éste caso.

Velasco lo pidió en función de las comunicaciones de López con varios de los implicados en la investigación por lavado de dinero, a raíz del alquiler de hoteles y viviendas a manos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por parte de los Kirchner. 

Ésta es una primera tanda de medidas al Tribunal Oral luego de ser reabierto el caso y es parte de la “instrucción suplementaria” de cara al juicio oral y público. Todo ello mientras Cristina Kirchner y demás implicados aguardan ahora la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizará ese fallo de Casación que revocó los sobreseimientos. 

Escrito por Sergio Farella

NA – Buenos Aires, Argentina

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La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento a favor del empresario Lázaro Báez en una causa en la que  había sido denunciado por la AFIP durante el gobierno de Cambiemos por supuesta evasión de aportes a la seguridad social.

La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por “la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez”, revelaron fuentes con acceso al expediente.

Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla.

La causa se mantuvo abierta hasta ahora porque en cada instancia el Ministerio Público Fiscal apeló incluyendo nuevos períodos mensuales de supuesto faltante de aportes.

Así, el expediente atravesó todas las instancias judiciales, desde la Cámara en lo Penal Económico hasta la Corte, pasando por la Cámara Federal de Casación Penal.

La última apelación llegó a la Cortea raíz de un “recurso de queja” interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino,  Eduardo Casal.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve desestimar el recurso de hecho”, resolvió la Corte, por unanimidad.

Escrito por Néstor Espósito

NA – Buenos Aires, Argentina

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La Justicia Federal difundió los argumentos de las condenas dictadas en diciembre pasado en el marco de la Causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros imputados. Pasadas las 9 de la mañana de este jueves, el Tribunal Oral Federal N°2 difundió vía sistema informático un escrito de más de 1.600 páginas, con un pormenorizado análisis de la prueba y los hechos juzgados.

En cuanto al hecho, los jueces del tribunal sostuvieron que “la magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”. También que “hemos visto una promiscua y absoluta confusión” entre la esfera pública y la privada (el Estado y Lázaro Báez).

Más adelante, el Tribunal se metió a analizar los planteos defensivos que alegaban que el juicio trataba de criminalizar una cuestión política no judicializable, como lo es un plan de obras públicas. “Descartamos la facultad para juzgar en el contexto de este proceso penal los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que moldearon el plan de desarrollo de infraestructura vial en Santa Cruz”. Y agregaron: El acierto estratégico de esa decisión, por su naturaleza, queda sometido al elevado control democrático de la ciudadanía y fuera del alcance de los suscriptos“.

Para los jueces, durante el kirchnerismo “se consolidó un régimen que otorgó al ente vial nacional gran liquidez y agilidad para realizar erogaciones, con escasos procesos burocráticos y de control”. Los jueces dijeron que Báez “se vería beneficiado con un trato diferenciado y de privilegio gracias a la adopción de resoluciones internas diseñadas a su medida”. 

Al enumerar las ventajas, dijeron que el empresario gozó de un “acceso irrestricto a una modalidad de pagos anticipados” y de “la inexistencia de deuda exigible al concluir el gobierno de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en diciembre de 2015”.

Las conclusiones sobre el rol de Cristina Kirchner

1) “Nos encontramos en condiciones de afirmar que, a raíz de algunas intervenciones determinantes de Cristina Kirchner y José López, la infranqueabilidad que la ley con tanta claridad marcaba no fue tal, no sólo en términos políticos sino patromoniales, en virtud de decisiones que modificaron drásticamente las fuentes de financiamiento puestas al servicio del organismo, o mejor dicho, de los intereses exclusivos de la Presidencia. Una verdadera autarquía ficta”.

2) “Nos encontramos en condiciones de afirmar que Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, José Francisco López y Lázaro Antonio Báez planificaron, decidieron y ejecutaron el abandono de las obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez”.

3) “Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner eran los verdaderos beneficiarios del fraude objeto de este proceso”. 

4) Respecto de lo que los fiscales determinaron el plan “limpiar todo”, los jueces se refirieron a una supuesta reunión ocurrida en los últimos días de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Báez, que fue negada por la defensa a cargo de Carlos Beraldi. Sin embargo, afirmaron: “No quedan dudas de que Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en la provincia de Santa Cruz aquel fin de semana largo (con el avión presidencial a su disposición) al menos desde el domingo 29 de noviembre”.

5) “Hemos anticipado desde el inicio que el móvil que daba sentido a tan compleja maniobra era el beneficio que de ella obtenía, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”. En ese párrafo, los jueces también dijeron que “parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”.

6) Los magistrados dijeron que entre 2007 y 2015 “Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta“.

Qué votaron los jueces en la Causa Vialidad, y sus diferencias

Después de exponer sus considerandos y analizar la prueba y las valoraciones hechas por las defensas a lo largo del proceso, a partir de la página 1511 de la resolución los integrantes del tribunal esgrimieron sus conclusiones. Primero lo hicieron de forma conjunta Gorini y Giménez Uriburu, quienes decidieron absolver a la vicepresidenta del delito de asociación ilícita. Después, en solitario, lo hizo Andrés Basso, que discrepó con esa decisión. 

En los argumentos absolutorios de ese delito, los jueces salieron al cruce de la acusación de los fiscales Luciani y Mola al decir que “hemos llegado a la conclusión de que la premisa acusatoria respecto a esta figura penal parte de una hipótesis equivocada“. 

Para ambos magistrados la Fiscalía consideró satisfechos dos elementos que requiere la figura para acreditarse que “a nuestro modo de ver no han logrado verificarse”. La referencia es a la “pluralidad de planes delictivos indeterminados” y “la cantidad de personas que habrían integrado la organización”. 

A su vez, señalaron que en su alegato los fiscales Mola y Luciani no profundizaron sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría ejecutado el acuerdo previo de voluntades que enmarca a la figura de asociación ilícita.

En solitario, Basso sostuvo que “a partir de una valoración conjunta y armónica de las pruebas rendidas en el debate considero que se han acreditado los extremos fácticos -y su correlato jurídico que constituyeron la acusación del Ministerio Público Fiscal” respecto de la acusación de asociación ilícita. 

Sin embargo, el juez sostuvo que “ninguno de los parámetros que en detalle he valorado a lo largo de este voto para dar por acreditada la pluralidad delictiva propia de toda asociación ilícita involucran directamente a Julio Miguel De Vido”. Es decir, no estuvo de acuerdo en la absolución de la asociación ilícita para Cristina Kirchner y Báez pero si en el caso de De Vido porque “no existía una relación estrecha entre el imputado y el patrimonio del organismo vial que permitiera sostener una posición de garante”. 

Para Basso, y el resto de los jueces, “De Vido actuó dentro de los límites de lo permitido, en el marco de su competencia funcional”. 

Se conocen los fundamentos de las condenas

Este jueves 9 de marzo será un día atravesado por la agenda judicial. Ocurre que la Justicia federal dará a conocer los fundamentos de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la llamada Causa Vialidad. A diferencia del pasado 6 de diciembre cuando los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 hicieron una audiencia que se transmitió en vivo para comunicar las penas, esta vez sólo se notificará a las partes vía sistema informático. 

La vicepresidenta y titular del Senado fue condenada ese día a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, de menor escala a la asociación ilícita, delito por el que la habían acusado los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola. 

El juicio se desencadenó con la elevación que hizo el juez federal Julián Ercolini de una causa que investigó a partir de una denuncia de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri. Todo partió por una auditoría encargada por el entonces titular del organismo, Javier Iguacel, que hablaba de supuestas obras sin terminar o sin hacer pero anticipos financieros millonarios.

Ese supuesto esquema ilícito puso énfasis en las obras otorgadas al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y cercano a los Kirchner, que recibió también una pena de seis años de prisión por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Los firmantes de ese veredicto y de los fundamentos que se conocerán hoy son los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. 

Vale recordar que a partir de la condena en esta causa por la obra pública en Santa Cruz Cristina Kirchner sostiene públicamente que es víctima de una proscripción orquestada por los medios de comunicación y el Poder Judicial. En ese marco, y con la consigna “Frenemos la proscripción”, La Cámpora junto a otras organizaciones políticas del riñón kirchnerista realizaron una vigilia en Plaza Lavalle para esperar los fundamentos.

En tanto, también es menester señalar que los motivos que tuvieron en cuenta los jueces para condenarla se darán a conocer un día antes de su aparición en un acto en Río Negro, donde se espera que de un discurso bajo el título “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. Será este viernes 10 de marzo en la Universidad Nacional de Río Negro, donde le entregarán el título honoris causa.

La cronología de la primera condena a una vicepresidenta en ejercicio

La denuncia inicial fue radicada en abril de 2016, pocos meses después del desembarco del Gobierno de Macri en la Casa Rosada. El informe que le sirvió de sustento a Iguacel se tituló “Avance de Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito Santa Cruz”, y describía las supuestas irregularidades a pesar de que luego, en el juicio, se ventiló una de las conclusiones que decía que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia (…)” y que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las obras”.

La denuncia quedó en manos de Ercolini, que el 12 de septiembre de 2016 llamó a indagatoria a los imputados, entre ellas Cristina y ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario José López. Después de esa etapa, el juez dictó los actos de procesamiento: fue el 27 de diciembre de 2016, con embargos por hasta 10 mil millones de pesos. 

Un año después, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, confirmaron ese fallo, ratificado el 2 de noviembre por la Cámara de Casación con la firma de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El 2 de marzo de 2018, en tanto, se conoció el pedido de elevación a juicio. 

Al referirse a los imputados, consideró, por ejemplo, que Cristina “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”. En el caso de Báez, el magistrado le atribuyó haber participado del montaje “de la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado”.

El juicio que termina con los fundamentos

El 21 de mayo de 2019, la entonces senadora llegó con Carlos Beraldi a la Sala Amia de Comodoro Py para presenciar el inicio del proceso oral. A lo largo del juicio, Cristina declaró tres veces: el 2/12/19 fue indagada, el 23/09/2022 expuso en defensa propia en el cierre del periodo de alegatos y el 29/11/2022 dio sus “ultimas palabras” antes del veredicto.

Después de la primera indagatoria comenzó el proceso de declaración de testigos, que se extendió hasta 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Declararon desde ex diputados nacionales hasta empresarios y ex funcionarios como el actual ministro Sergio Massa o el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el presidente Alberto Fernández, todos en calidad de ex jefes de Gabinete.

En el medio, mientras se acercaba la etapa final del proceso, la Corte Suprema jugó sus cartas. El Máximo Tribunal tenía pendiente expedirse respecto a recursos de queja presentados por la vicepresidenta, entre ellos uno que sostenía que el objeto del proceso era cosa juzgada en Santa Cruz y otro que cuestionaba que el juicio se basaba en la pericia de solo 5 de las 51 obras realizadas por Báez y puestas en el foco. 

Esos planteos fueron rechazados 21 de junio pasado con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El 11 de julio del 2022 comenzó la ronda de alegatos, que terminó con un pedido de condena a 12 años de prisión para la actual vicepresidenta por parte de los fiscales Mola y Luciani. 

Fuente: Perfil

AS/fl

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Por Néstor Espósito

La Cámara Federal de Casación redujo de 12 a diez años la condena por “lavado” del empresario Lázaro Báez y consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito.

El fallo dispuso, además, absolver a las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, y reducir la condena al financista Leonardo Fariña a tres años y medio de cárcel.

Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez: Martín, inicialmente condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a  tres en suspenso.

La fundamentación del fallo podría tener alcances en las condenas por la Causa Vialidad. 

El tribunal oral que condenó a Báez a 12 años por “lavado” había considerado que la obra pública que le fue adjudicada en Santa Cruz y que motivó la segunda condena para él y la primera para Cristina Fernández de Kirchner había sido la fuente del dinero ilegal.

Pero ahora, la decisión del máximo tribunal penal coincide con el criterio en minoría que había expuesto en el juicio oral la jueza María Gabriela López Iñíguez, quien atribuyó a la evasión fiscal el “delito precedente” que derivó en el lavado.

“No es posible encontrar un conjunto de razonamientos integrados por deducciones e inducciones y, por ello, aquél no refleja el trabajo intelectual de los jueces que conformaron la mayoría, pues no efectuaron un estudio crítico de las cuestiones planteadas por el justiciable, sus pruebas y alegatos”, sostuvo la Casación, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo.

“Al momento de analizar el ilícito precedente denominado ‘vialidad’, optó por reemplazar esos lineamientos probatorios por remisiones genéricas al requerimiento de elevación a juicio obrante -hasta ese momento- en la causa señalada. De esta manera, la sentencia adolece de falta de fundamentación”, añade la crítica al fallo del tribunal oral.

Para que haya lavado, el dinero debe provenir de un delito anterior, que para la Casación fue la “evasión fiscal” y no la corrupción en la obra pública.

“El tribunal ha analizado los diversos indicios existentes para tener por acreditado el nexo causal con respecto a este caso, haciendo expresa alusión a los elementos probatorios incorporados al juicio oral, así como a los períodos fiscales señalados; en el supuesto de vialidad, decidió suplantar el análisis de la prueba por la remisión a las constancias escritas de ese proceso (requerimiento de elevación a juicio), lo que torna evidente la arbitrariedad de la decisión”, sostuvo el máximo tribunal penal.

Así, los jueces de la Casación decidieron “acoger favorablemente los agravios de las defensas y anular ese tramo de la sentencia por encontrarse desprovista de fundamentación. De adverso, está suficientemente fundado el ilícito precedente derivado de los casos de evasión tributaria, los cuales fueron considerados de manera unánime por el tribunal como fuente proveniente de los fondos que fueron objeto de expatriación y ulterior repatriación parcial en la maniobra de lavado de activos aquí juzgada”, añade el falo, de casi mil páginas.

El tono general del fallo de Casación es crítico hacia los jueces que formaron mayoría en el tribunal oral, Néstor Costabel y Adriana Palliotti.

Pero además, la camarista Ledesma fustigó también la actuación de la fiscalía de juicio, a cargo de Abel Córdoba: “no escapa a esta magistrada que el ilícito precedente derivado de la causa “vialidad” está vinculado con hechos de corrupción estatal. Las circunstancias demandaban el máximo celo por parte de los acusadores, quienes debieron actuar con especial esmero para promover una teoría del caso consistente y sustentable”.

“En casos de alta complejidad y gravedad institucional vinculados con supuestos de criminalidad económica organizada, los órganos acusadores deben asumir un rol estratégico no sólo en la recolección de información necesaria para construir una hipótesis investigativa coherente sino también en la formulación y el sustento de una teoría del caso que se adecúe a los elementos probatorios obtenidos durante esa investigación”, resumió el cuestionamiento.

El fallo dispuso confirmar con rebajas las condenas impuestas a Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.

Al contador Pérez Gadín, la pena le fue reducida de ocho a seis años, igual que al abogado Chueco; a  Julio Mendoza, quien fuera presidente de Austral Construcciones, de seis a cinco años; al financista y ex marido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, de cinco a cuatro y medio;  al también financista Federico Elaskar, de cuatro años y medio a tres en suspenso.

Escrito por Néstor Espósito

NA – Buenos Aires, Argentina

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Por Juan Gasparini

El abogado Néstor Marcelo Ramos, sindicado en su momento como presunto testaferro del dinero que manejaban Lázaro Báez y sus hijos en Suiza, falleció hace unos tres meses en el Ticino, informó hoy un medio periodístico de la prensa regional en idioma italiano. Ramos encarnó la fallida tentativa de crear una suerte de “orga propia” para administrar hipotéticamente “dinero sucio”, luego de las investigaciones sobre el dispositivo panameño Mosac Fonseca, una maniobra para preservar además conjeturalmente el secreto de la criminalidad. Arropado de fiduciario, Ramos se querelló en Suiza contra tres periodistas que destaparon sus labores en favor del enriquecimiento ilícito del clan Báez, pero la justicia helvética archivó los procedimientos judiciales, toda vez que perduran ciertos fondos impunes, de momento congelados en la banca suiza.

La justicia argentina desistió de extraditarlo según las exigencias suizas para una persona enferma de gravedad, prefiriendo tomarle declaración por video conferencia. El juez y el fiscal competentes desecharon de ese modo viajar personalmente a interrogarlo. La Oficina Federal de Justicia en la Confederación Helvética (OFJ), informó entonces que la Argentina “retiró el pedido de extradición” de Néstor Marcelo Ramos. “No podemos darle otras informaciones”, zanjó la portavoz de la OFJ, Sonja Margelist. La noticia estalló antes que la justicia federal de Buenos Aires condenara el año pasado a Lázaro Báez, y otros cómplices, a 12 años de cárcel por corrupción, luego del juicio oral donde testimoniaran por «zoom» los banqueros suizos involucrados.

Cabe recordar que el requerimiento de extradición lo formuló el juez federal de Buenos Aires, Sebastián Casanello en 2016, quien imputó a Ramos de haber participado en una operación de lavado de dinero en bancos de Ginebra y del Ticino por unos 60 millones de dólares, cuyo origen remontaba a Lázaro Báez, el cual utilizó sociedades de fantasía creadas en Panamá y Belice, manejadas por prestanombres de su entorno, para disimular la titularidad, procedencia y el destino final del dinero.

En 2019 Ramos apeló la extradición ante el Tribunal Penal Federal (TPF), equivalente a la Cámara Nacional de Casación en Argentina. Negó los hechos y desvinculó a su sociedad del Ticino, “Helvetic Services Group”, de eventuales infracciones penales. Aportó denuncias sobre hacinamiento carcelario y torturas en Argentina, y certificados médicos que al parecer le daban una corta esperanza de vida ante el deterioro de su salud. Afirmó que “nunca” conoció a Báez, “ni a los Kirchner”, y se erigió en víctima colateral de una “venganza del gobierno de Macri contra sus oponentes políticos”.

El 13 de febrero de 2020, el TPF desestimó la veracidad de “una connotación política” en la voluntad de extraditar a Ramos. Consideró valida la demanda del juez Casanello, que podría “subsumirse en Suiza al delito de blanqueo de dinero”. Dio por probado que “entre 2012 y 2013, Ramos presuntamente ayudó a Báez a devolver a la Argentina los fondos negros depositados en cuentas de bancos suizos”, siendo los beneficiarios de algunas de ellas “los hijos de Báez”. El TPF detalló que con ese dinero se adquirieron “valores argentinos” que “fueron liquidados en la Bolsa de Rosario”. Precisó que dicha venta “se pagó mediante a emisión de 9 cheques por 2.750.000 dólares”, que fueron a parar a una empresa argentina de Báez.

Sin embargo, el TPF añadió una admisión “parcial” del recurso de Ramos, con arreglo a que faltaba “aclarar inequívocamente el estado de salud y la transportabilidad (del otrora dueño de “Helvetic Services Groups”, sociedad entre tanto disuelta), así como verificar las posibilidades terapéuticas de la Argentina para el tratamiento de su grave enfermedad”. En consecuencia devolvieron el expediente a la OFJ, “para una nueva decisión »…posiblemente acompañada de una solicitud a las autoridades extranjeras de garantías a la luz de los informes médicos oficiales, que respeten “los derechos humanos…en el ámbito de la atención de una persona enferma en prisión”, resolución que de haber existido, y si le hubiera sido adversa, Ramos podía susceptiblemente nuevamente apelar ante el TPF.

Lo sucedido en la Confederación Helvética es un enigma, y quizá se convierta en un misterio, es decir que nunca se sepa completamente lo ocurrido. Otro portavoz de la Oficina Federal de Policía, Raphael Frei, informó periódicamente a lo largo de 2020, que Suiza no había tomado ninguna nueva decisión al respeto. Tampoco dio indicio alguno que la Argentina se hubiera manifestado, hasta que su colega Sonya Margelist, anteriormente citada, dijera que Argentina abandonaba la partida de extraditar, sin precisar cuando ni quien, y con que argumentos, comunicaron desde Buenos Aires la voluntad de desistir la extradición, reemplazándola por una videoconferencia.

Todas las transacciones brevemente hasta aquí evocadas, llevas a cabo por el clan Báez, principalmente en geografía de los Cantones de Ginebra y el Ticino, verificadas por el Tribunal Penal Federal helvético antes resumidas, a las que presumiblemente se vinculara Ramos, mediante su firma “Helvetic Services Group” afincada en el Ticino, hipotético instrumento para lavar dinero de procedencia criminal proveniente de la Argentina, fueron tratadas en al menos varios diarios locales desde el 2013, en las tres lenguas principales del país: alemán, francés e italiano. Motivaron dos interpelaciones parlamentarias federales rechazadas. No merecieron que la fiscalía federal helvética (MPC) abriera una investigación penal nacional por blanqueo de dinero, sin olvidar que se utilizaron instituciones domiciliadas en territorio suizo para trasegar los capitales involucrados, de sospechoso origen delictivo. El jefe del MPC en Suiza en las fases claves de tales circunstancias, Michael Lauber, dimitió el el 25 de julio de 2020, inmerso en un escándalo relacionado con
la FIFA, desencadenando una investigación penal por “abuso de autoridad, violación del secreto de función, obstaculizar a la acción penal e instigación de esas infracciones”, procedimiento aún en curso.

No obstante, con anterioridad, el MPC autorizó en 2014 desbloquear alrededor de 10 millones de dólares de los Báez y Ramos, en los bancos Lombard Odier y Safra Sarasin de Ginebra, y en el PKB del Ticino. Surge también de los documentos del expediente judicial destapado en Suiza que el 31 de julio de 2015, Néstor Marcelo Ramos transfirió desde Suiza 1.380.000 dólares a una cuenta a nombre de la sociedad Intlex Limited del Noor Islamic Bank en Dubai, mientras no se sabe lo acontecido con los haberes de otra cuenta revelada por el portal suizo Gotham City, el 3 de octubre del 2019, en el Indosuez de Ginebra, cuyos derechohabientes aparecen travestidos detrás de la sociedad panameña Star Equities Holdings. Resta por saber a donde irán a parar los fondos todavía congelados, bajo control de la fiscalía del Ticino, de acuerdo a la pista exhumada ahora por la prensa suiza.

En Ginebra, Juan Gasparini, autor de “Las bóvedas suizas del kirchnerismo” (Sudamericana, 2013)

Fuente: Perfil

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Hernán Cappiello

n un fallo histórico, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada hoy a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la Justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

El tribunal dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en el fallo en que quede firme. Ese dinero es el monto de “los efectos del delitos”.

Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El veredicto de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fue leído por el primero desde la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002.Fue un fallo dividido, ya que el juez Basso se pronunció por condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita, pero quedó en minoría.

Apenas terminada la lectura del veredicto, desde el Senado Cristina Kirchner dio un mensaje y denunció al Poder Judicial. “Son un Estado paralelo, es la mafia judicial”, dijo la vicepresidenta, que adelantó que apelará la sentencia.

La sentencia fue recibida con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio de Comodoro Py 2002. La agrupción del piquetero Luis D’Elía empezó a agitar las vallas que rodean al edificio, lo que generó que la policía de la guardia de infantería se colocara cerca de las reja con sus escudos listos para intervenir, pero no fue necesario hacerlo.

Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo vía Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitió luego un mensaje por las redes sociales.

El tribunal oral absolvió al exministro de Planificación Julio de De Vido, a Abel Fatala y a Héctor Garro por los hechos que fueron motivo del juicio. Y en el mismo sentido sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner, por prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico.

Además de Cristina Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.

López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado la pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años.

Es la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina durante su segundo mandato.

A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo corresponde condenarla por el delito de fraude.

Un edificio vacío

El momento de la lectura del veredicto estuvo rodeado de solemnidad. El edificio de Comodoro PY 2002 estaba vacío. A las 17.20, diez minutos antes de la hora prevista para la lectura del veredicto, los tres jueces del tribunal bajaron juntos en el mismo ascensor desde sus despachos hasta la planta baja. Los esperaban una cápsula de ocho policías, que los rodeó y fueron así caminando juntos a lo largo del pasillo, hasta ingresar a la sala de audiencias. En el pequeño recinto, con el aire acondicionado al máximo, los esperaba el secretario del tribunal, Tomás Cisneros, y de inmediato los policía se acomodaron uno en cada rincón de la sala.

En la sala había solo 12 empleados del tribunal oral federal N° 2 dispuestos a presenciar el momento histórico. Había un silencio sepulcral, que se quebró cuando el juez Gorini dio por iniciada la sesión y anunció que tras el veredicto iban a dar a conocer una breve reseña de los fundamentos del fallo, que se van a difundir por completo el 9 de marzo próximo.

Así comenzó la lectura, delante de una decena de periodistas, los empleados, los policías, y un camarógrafo que tomaba la escena para retransmitirla por Zoom y por Youtube. Gorini leyó las condenas y las absoluciones sin ser interrumpido. A su izquierda, Basso, y a su derecha, Giménez Uriburu, lo escuchaban con la manos juntas, como rezando. Giménez Uriburu con la mirada baja leía un texto y Basso miraba al frente.

“Firme que sea la sentencia, ejecuténse los puntos dispositivos y archivese. Señora y Señores este juicio a ha terminado”, finalizó el juez Gorini. Tomó los papeles de la sentencia en sus manos, los acomodó, se puso de pie, colocó la su lapicera en el bolsillo interior de su saco y salió caminando con sus colegas. La sala quedó sumida en silencio. Ni un murmullo.

Los jueces fueron los primeros en salir caminando rodeados de policías. Los siguieron los empleados del tribunal oral. Dos de ellos se palmearon el hombro. El último fue el secretario Cisneros, que cerró la fila con su termo violeta y el mate. En la puerta de los tribunales, los manifestantes ya estaban cansados y agobiados por el calor. No cantaban más “¡Cristina Presdienta!”. Se deperdigaron apenas todo terminó.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

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Hugo Alconada Mon

Baéz pasó de ser un empleado en el Banco de Santa Cruz a convertirse en un empresario multimillonario bajo el amparo de Néstor Kirchner

El timing fue exacto. Mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner cargaba a través de YouTube contra jueces, fiscales, opositores y periodistas por la causa Vialidad, una de las investigaciones criminales más incómodas para Lázaro Báez y el kirchnerismo registró un paso sustancial, 635 kilómetros al sudoeste del Senado de la Nación.

El fiscal federal con asiento en Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, pidió el martes la elevación a juicio oral del grupo de empresarios que conformó una asociación ilícita abocada a evadir tributos y lavar activos, y permitió así que el presunto testaferro de los Kirchner defraudara al Estado nacional por más de $673 millones, según determinó un peritaje oficial.

Con el pedido del fiscal en sus manos, el juez federal Walter López da Silva evaluará ahora si eleva la investigación a un tribunal oral o si, por el contrario, considera que quedan medidas de prueba pendientes en primera instancia.

La pesquisa que se desarrolla en Bahía Blanca resulta clave para el entramado de expedientes que afrontan Báez y los Kirchner. Entre otros motivos, porque podría configurar el “delito precedente” para las condenas dispuestas en la causa por la ruta del dinero K, y vincularse con la comisión de otros ilícitos investigados en las causas Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

El fiscal Martínez consideró que ya “se encuentra debidamente acreditado” que un puñado de empresarios locales –Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti, y José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolas Ferreyra, además del contador Rogelio Chanquia– formaban parte como “miembros, de una organización tendiente a generar un entramado societario para emitir facturación total o parcialmente apócrifa de la que se beneficiaba, como empresa ‘usuaria’ Austral Construcciones SA”, por lo que serían “autores” de una asociación ilícita fiscal.

De prosperar la petición de la Fiscalía, la investigación criminal podría, al fin, remitirse a la instancia oral, tras una instrucción que se extendió ocho años y pasó por las manos de varios jueces y fiscales, además de registrar todo tipo de turbulencias, como el viraje de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),que dejaron de impulsar la pesquisa contra todos los sospechosos.

El giro de la AFIP, como también de la UIF, sorprendió en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados habían requerido a la Cámara Federal que confirmara todos los procesamientos, incluido el de Lázaro Báez. Pero luego volvió sobre sus pasos.

El propio Báez pasó así de quedar procesado en el expediente como presunto jefe de esa asociación ilícita fiscal –en la que también habría participado su hijo Martín– a ser tomado como su mero beneficiario, por lo que se revocó su procesamiento, aunque todavía afronta otra investigación por presunta evasión vinculada a facturas truchas. Tramita en Buenos Aires, ante el juez en lo penal económico, Javier López Biscayart.

En la misma línea, en Bahía Blanca también se cerró la investigación por los delitos que habrían cometido funcionarios y empleados de la Regional de la AFIP en esa ciudad durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger a Báez y la usina de facturas apócrifas. La Justicia bahiense concluyó que se trataba de “cosa juzgada” porque los acusados ya habían sido beneficiados por un cuestionado sobreseimiento que firmó el juez federal Norberto Oyarbide el 7 y 9 de diciembre de 2015. Es decir, cuando restaban horas para que Cristina Kirchner concluyera su mandato presidencial.

“Sin capacidad económica”

Desde su inicio en 2014, tras una investigación de LA NACION, la tramitación del expediente judicial afrontó múltiples dificultades en Bahía Blanca. Provocó incluso que Echegaray ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad, algo que la Cámara Federal consideró que no logró probarse en el expediente. Y dejó en evidencia la pasividad para investigar de los fiscales federales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, luego procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.

Ahora, ya sin Báez ni el personal de la AFIP entre los acusados, el fiscal Martínez consideró que los responsables de los grupos Ficcadenti y Ferreyra, más el contador Chanquía, cometieron y ayudaron a Báez a evadir impuestos “al menos desde 2007 en adelante”, con el supuesto apoyo de la poderosa financiera local Crediba.

“Así –remarcó la Fiscalía–, en el orden de la maniobra delictual que es objeto de esta pesquisa, Austral Construcciones SA, surgiría como usuaria de las facturas emitidas por cuatro de las empresas involucradas y denominadas ‘sin capacidad económica’”. En otras palabras, que un grupo de empresas y sociedades simularon prestarle servicios a Austral Construcciones, por cientos de millones de pesos, para que pudiera extraer esos fondos de sus balances y disponer de ellos, sin restricciones, desde las sombras.

De ser hallados culpables, los Ferreyra, los Ficcadenti y el contador Chanquía afrontarían penas de tres años y seis meses a diez años de prisión efectiva. “Cada uno de los imputados ha tomado parte activa en beneficio de la asociación –destacó el fiscal Martínez–, configurándose así una comunidad de propósito delictivo, que se ha exteriorizado a través de la contribución de cada uno a la constitución de las sociedades, impresión de comprobantes, punto de contacto externo, la comercialización de las facturas, los tramites de ida y vuelta de cheques, cobros, etcétera, más allá del lucro efectivo que les retornaba a cada uno, participando así de la evasión fiscal agravada de los usuarios [por los Báez con Austral Construcciones] de dichos soportes apócrifos”.

Hugo Alconada Mon

Fuente: La Nación

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En el tercer día de su alegato del caso Vialidad, el fiscal Diego Luciani mostró nuevos mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Púbicas José López y apuntó contra el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, que -afirmó- “no tenía ningún cargo” y, sin embargo, intervenía en la toma de decisiones y era consultado sobre qué obras públicas iban a realizarse.

“Está comprobada la participación de Máximo Kirchner”, dijo Luciani cuando cerraba la semana del juicio que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita destinada a hacerse de fondos públicos.

Entre las pruebas que esgrimió este viernes Luciani, mostró llamadas del hijo de la vicepresidenta a López. “Digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”, afirmó el fiscal.

Según los mensajes del teléfono de López que exhibió Luciani, el exsecretario de Obras Públicas -el hombre de los bolsos con millones y armas en el convento- le consultaba a Máximo Kirchner dónde debían realizarse las obras, que luego serían adjudicadas a Báez.

“¿Pudiste hablar con Maxi para definir la ubicación de las 100 cuadras?”, dice un mensaje que López le envió a un asesor del hijo de la vicepresidenta, Matías Bezi, dirigente de La Cámpora y exfuncionario de YPF. Se trataba de una licitación para obras de pavimentación en Río Gallegos, la ciudad de Máximo Kirchner.

En ese momento, destaca el fiscal, “Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”.

“Nótese cómo Máximo Kirchner era la persona encargada de definir la ubicación de las 100 cuadras que se iban a repavimentar”, subrayó Luciani. El fiscal mostró además mensajes de López al propio Máximo. Uno de ellos, del 30 de julio de 2015, decía: “Encaminado lo de la Viv de El Calafate y de 28 de Nov. El miércoles firma los dos convenios Nivello [Germán, que luego se convirtió en el primer exfuncionario kirchnerista en admitir el cobro de sobornos]. Viaja a los dos lugares”. La misma información le envió López a Bezi para que le avisara a Máximo Kirchner.

“Estos mensajes demuestran la coordinación de los imputados, de José López, del hijo de la Presidenta y de su asesor sobre licitaciones que se llevaban a cabo en Santa Cruz hasta el final del mandato”, dijo Luciani.

A lo largo de esta semana, los fiscales Luciani y Sergio Mola hicieron un análisis detallado de las distintas licitaciones que ganó Báez en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner. Mostró los mensajes de López cuando analizó la última, hecha al filo del final del último gobierno kirchnerista: las cien cuadras de pavimentación en Río Gallegos.

“No queda duda de que esta licitación fue un montaje, con una orden de los jefes de la organización. Detrás de esta licitación estaba Cristina Fernández, con su hijo, direccionando la licitación hacia Baez -afirmó Luciani-. Esta fue la última licitación, tenía que direccionarse como fuera y se debía cobrar lo antes posible porque se acercaban las elecciones presidenciales”.

Según Luciani, hasta los últimos días de gobierno hubo dinero disponible para desviar fondos para Lázaro Báez, pero no para hacer las obras. “Las obras nunca les importaron”, insistió el fiscal.

La oferta de Kank, cuenta Luciani, fue objetada por falta de información y Kank pidió diferentes prórrogas, “concedidas una y otra vez con una paciencia asombrosa de la administración”.

El fiscal destacó que, más allá de la intervención de Máximo Kirchner, en la licitación de la obra de las 100 cuadras hubo muchas otras irregularidades; varias de ellas debido a la urgencia que se le imprimió al trámite para llegar a ejecutarlo antes del cambio de gobierno. “Quedó establecido que la orden y el apuro para adjudicar esta licitación emanaban directamente de lo más alto del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios José López y el hijo de la Presidenta”, sostuvo el fiscal. Y añadió: “La urgencia no hubiera tenido sentido sin una orden de lo más alto del Poder Ejecutivo”.

“Fueron 25 millones de dólares por hacer 100 cuadras”, contó Luciani. “Algo así como 250.000 dólares por cuadra”, detalló.

Y relató: “La empresa ganadora fue Kank y Costilla [del grupo de Báez]. Ya desde el inicio del trámite y sin justificación se le dio un trámite muy rápido. Desde la fojas uno, se estableció el carácter de ‘urgente’. Fue una simulación de licitación pública.”

De acuerdo con el fiscal, en esta obra “se sabía de antemano quién iba a ganar: una empresa de Lázaro Báez”.

“La obra no tenía el crédito legal específico que exige el artículo 7 de la ley 13.064, que establece que no podrá llamarse a licitación obra alguna que no tenga crédito legal”, agregó Luciani.

El fiscal dijo que la asesoría jurídica incluso advirtió que se publicó mal la licitación. “Sin embargo Periotti [Nelson, por entonces director de Vialidad Nacional] desoyó esto”.

Para Luciani, una buena publicidad es necesaria para conseguir más oferentes, evitar la opacidad y posibilitar el control ciudadano. “¿Saben cuantas ofertas se presentaron? Una”, relató.

“Tal era la urgencia que se convocó a la licitación sin aprobar previamente el proyecto”, añadió, y dijo eso solo está habilitado en casos excepcionales cuando situaciones especiales así lo requieran. En este caso, según Luciani, esto no pasaba. Además, los funcionarios debieron pedir una “excepción” al Boletín Oficial para hacer una publicación de un día para el otro.

El fiscal también exhibió mensajes que dan cuenta del conocimiento que tenía Máximo Kirchner de otras obras públicas de Santa Cruz y que acreditan -afirmó Luciani- su injerencia en las decisiones. “Hola, me encantó el video de Laguna Ortiz. Cómo hacerlo estoy viendo y quiero consultarte”, le dice López en un mensaje al hijo de la vicepresidenta.

“¿Qué pareció a Máximo las obras?”, dice otro mensaje que José López le mandó a Abel Fatala, por entonces subsecretario de Obras Públicas. “Cayó de sorpresa con Matías Bezi”, le contestó Fatala, que le cuenta que se reunió con Máximo Kirchner y con Bezi.

El alegato de los fiscales seguirá el lunes próximo. Esta semana fueron las tres primeras jornadas. Restan otras seis, que terminarán con los pedidos de pena.

Fuente: LA NACION

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