Cómo funcionaba el circuito

Mientras fue secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal.

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Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el exgobernador Gustavo Bordet.

Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.

El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados.

Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.

Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.

Una vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla.

Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.

Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.

Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000.

Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron.

El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas.

El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente:

2016 – $ 3,6 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 – USD 240.080

2017 – $ 5,1 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 – USD 304.114

2018 – $ 8,35 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 – USD 291.913

2019 – $ 10,062 millones – Valor promedio del dólar oficial 49,72 – USD 202.373

El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.

El marco legal

A partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto.

Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.

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El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto.

Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.

Los videos

Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal.

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La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros.

La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa.

Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo. Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones.

Lo que consta en la denuncia es una tercera versión.

El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado para elaborar esta nota. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”.

La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019.

“Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry. Fuente: Infobae

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Un nuevo episodio sacude la órbita del exsenador nacional Edgardo Kueider. En la noche del miércoles 2 de abril de 2025, personal de Aduana interceptó en el Puente Internacional de Salto Grande a Víctor Hugo Muller, un empleado de la Dirección Nacional de Migraciones y exchofer personal de Kueider, cuando intentaba ingresar desde Uruguay con 288 botellas de licor alemán Jägermeister ocultas en el baúl de su vehículo, un Volkswagen Vento. El hallazgo, que desencadenó una causa por presunto contrabando, suma un nuevo capítulo a las polémicas asociadas al entorno del exlegislador entrerriano, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay por otro caso de intento de contrabando de divisas.

El operativo tuvo lugar pasadas las 23:30, cuando Muller, de 47 años y oriundo de Concordia, fue detenido en un control de rutina en el paso fronterizo que conecta Concordia con Salto. Según fuentes de la Aduana, el funcionario no declaró la mercadería, que supera ampliamente los límites permitidos para el ingreso sin tributación, valuados en aproximadamente 300 dólares por persona. Las 288 botellas, de 700 ml cada una, tienen un valor estimado en el mercado que excede los 2 millones de pesos argentinos, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades. El vehículo y la carga fueron incautados, y Muller quedó supeditado a la investigación judicial iniciada por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Pablo Seró.

Muller, quien trabajó como chofer de Kueider durante años antes de ser designado en 2023 como empleado en la delegación Entre Ríos de Migraciones —un puesto gestionado por la entonces directora Florencia Carignano—, no pudo justificar la procedencia ni el destino de la mercadería. En un video que circula en redes sociales, se lo ve visiblemente nervioso mientras los agentes revisan su auto, lo que refuerza las sospechas de irregularidad. “Es un caso claro de intento de contrabando. La cantidad y el tipo de mercadería no se condicen con un consumo personal”, afirmó una fuente judicial a Análisis Digital.

El vínculo con Kueider, una figura ya envuelta en escándalos por enriquecimiento ilícito y el traslado ilegal de 211 mil dólares a Paraguay, pone bajo la lupa las redes de influencias que el exsenador tejió durante su carrera política. Muller, conocido en Concordia por su cercanía con el exlegislador, había sido también entrenador en las inferiores del Club Atlético Belgrano, pero su trayectoria laboral dio un giro tras integrarse al entorno de Kueider. Este nuevo incidente reaviva las preguntas sobre cómo personas de su círculo cercano accedieron a cargos públicos y si estos fueron utilizados para fines ilícitos.

La Justicia ahora busca determinar si las botellas, adquiridas presumiblemente en el free shop de Salto, tenían como destino la reventa ilegal en Argentina, un delito que podría acarrear penas de hasta 8 años de prisión. Mientras tanto, el caso de Muller se suma a la lista de controversias que persiguen a Kueider, alimentando la indignación pública y las sospechas de una trama más amplia de corrupción en Entre Ríos. ¿Será este el último eslabón de una cadena que aún tiene mucho por revelar?

FM del Este 100.5 con información de Análisis y La Fusta

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En un nuevo capítulo de investigaciones judiciales que sacuden a Entre Ríos, salió a la luz la conexión entre los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, el empresario Daniel Carbonell y Marcos Julián Díaz, un exjugador de rugby detenido por actuar como “valijero” narco. Este caso, que combina corrupción empresaria y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pone en el foco a figuras clave de la causa Securitas y revela una trama que se extiende desde Paraná hasta Rosario.

Díaz (nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires) fue detenido en un camino rural cerca de Strobel. Se hacía llamar “Rafa Lewis” y llevaba una vida bastante solitaria en relación a sus vecinos, pero cada tanto salía, viajaba a Rosario y regresaba. Es una vivienda amplia, en un terreno de importantes dimensiones, con piscina y parquizado. No necesitaba mucho más y así permanecía oculto. Pero el fiscal de la PROCUNAR (Procuración de Narcotráfico) de Rosario, Matías Scilabra, y el personal de la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario, finalmente lo encontraron y arrestaron. Este lunes será indagado por su rol en la banda narco del peruano Julio Rodríguez Granthon, proveedor de Los Monos.

Según información publicada por Análisis Digital, Marcos Díaz, arrestado el sábado pasado en Strobel, una pequeña localidad cercana a Diamante, estaba prófugo desde 2021. La Justicia lo señala como el proveedor de dólares para una organización narco liderada por el peruano Julio Rodríguez Granthon. Díaz, conocido en el ambiente del rugby por su paso por el club Plaza, habría mantenido estrechos lazos con los hermanos Tórtul y Carbonell, quienes enfrentan cargos por el pago de coimas millonarias en la causa Securitas. Esta investigación, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, apunta a que las empresas Tornell SA (propiedad de Tórtul y Carbonell) y Segar Seguridad SA fueron utilizadas como fachadas para canalizar sobornos por más de 7,6 millones de dólares a organismos públicos, incluyendo la estatal energética Enersa.

Un post compartido en Facebook, el pasado 30 de marzo amplifica la gravedad del caso, destacando que Díaz no solo proveía dólares al narcotraficante Rodríguez Granthon, sino que también se vinculaba con el financista Gustavo Shanahan, condenado a siete años de prisión por lavado de dinero en Rosario. Shanahan, ex titular de Terminal Puerto Rosario, adquiría divisas a través de Díaz en una “cueva” financiera ubicada en España y Rioja, un punto clave en el circuito de blanqueo de fondos narcos. En su indagatoria, Shanahan admitió conocer a Díaz del ámbito financiero y del rugby, aunque negó nexos directos con los narcotraficantes.

La detención de Díaz en Strobel, donde se escondía tras abandonar Paraná al inicio de la pandemia, marca un punto de inflexión en esta investigación. Su captura reaviva las sospechas sobre la red de influencias que conecta a empresarios, deportistas y organizaciones criminales en la región. Mientras tanto, los hermanos Tórtul y Carbonell siguen bajo la lupa judicial por su rol en Securitas, un caso que expone cómo las contrataciones estatales pudieron ser el vehículo para operaciones ilícitas de gran escala.

Este entramado, que combina coimas, lavado de dinero y narcotráfico, promete nuevas revelaciones a medida que avancen las causas judiciales en Entre Ríos y Santa Fe, dejando al descubierto las oscuras conexiones entre el poder económico y el crimen organizado.

FM del Este 100.5 Con info de Análisis digital y La Fusta

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Es por el intento de comprar seis departamentos mucho antes del episodio en la frontera con Brasil. La denuncia es por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales de ese país a Infobae. Si avanza, ese expediente podría complicar la extradición a la Argentina, que fue pedida por la jueza Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado, publicó Infobae.

La maniobra figura en reportes de operación sospechosa (ROS) que llegaron a la UIF de Paraguay. Según esos documentos, publicados por la Revista Análisis, la secretaria y pareja de Kueider, Iara Guinsel Costa, hizo un primer desembolso de USD 120 mil en abril de 2024. Un segundo pago, de USD 250 mil, se efectivizó en junio.

A partir de ese momento, hizo varios pagos parciales, siempre en dólares, para comprarles seis departamentos a las firmas Innova Asunción SA, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.

Esas dos personas son los supuestos dueños de Golsur, la empresa que utilizaron Kueider y Guinsel Costa para justificar el dinero que llevaban en la camioneta.

Infobae había revelado que la compra de esa firma se concretó el 30 de julio del año pasado, en la misma fecha que se intentaba cerrar la compra de seis departamentos. Los nuevos dueños (Torales Benega y Courisat) pagaron 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, le firmaron un poder amplio a Guinsel Consta.

La operación de los seis departamentos nunca se concretó. En septiembre, se terminó firmando una rescisión del contrato que habían suscripto en junio.

“Del análisis realizado respecto a las documentaciones proveídas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores paraguayos.

Los detalles de esa maniobra fueron enviados por la UIF de Paraguay al organismo antilavado local y se terminaron filtrando. Eso motivó un reclamo del Grupo Egmont, la entidad internacional de cooperación que ambos países integran, y hasta se abrió un sumario interno en la UIF local.

Fuente: Infobae

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El miércoles a las 11, en una sede de la Policía Federal, finalmente se abrirán los teléfonos de dos personajes clave en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider, que sigue con prisión domiciliaria en Asunción (Paraguay). Se trata de Daniel González, “dueño” de la camioneta que utilizó el ex senador para viajar a Paraguay, y la abogada Adriana Crucitta, que aparece en varias de las sociedades creadas en la ciudad de Buenos Aires. La apertura de los teléfonos fue pedida por el fiscal de Entre Ríos Jose Arias y es el primer paso para analizar el contenido de esos aparatos.

El celular de Crucitta fue secuestrado a mediados de diciembre, durante un allanamiento en su estudio jurídico, en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso. Ese domicilio fue utilizado por González al momento de crear la empresa ICELER SA, dedicada a la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). También se utilizó para registrar otra empresa llamada Peninsular Sudamericana SAS.

Crucitta fue empleada de la Biblioteca del Congreso desde 1985, donde habría conocido a González.

El amigo de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió al Kueider y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio.

Además de buenos amigos, Kueider y González fueron socios en Betail SA, una empresa clave que está siendo investigada en varias causas por la compra de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis. “la documentación secuestrada en los allanamientos demuestra que los departamentos son de un particular, y no de la empresa que integra Kueider”, sostuvo una fuente de la defensa del ex senador.

“Gonzalito”, como lo conocen en Entre Ríos, aparece en al menos dos sociedades más: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con la abogada Crucitta. En una de esas firmas, González declaró como domicilio un departamento ubicado en el barrio de Caballito.

Cuando estalló el escándalo, el fiscal Arias y la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenaron varios allanamientos en todos sus domicilios pero no lo pudieron ubicar. Después de varios días, González se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Entre Ríos, entregó su teléfono, y designó a Oscar Bacigalupe, un veterano penalista local que participó en varios casos resonantes.

La apertura de los teléfonos está prevista para este miércoles 12 en el Laboratorio Forense Digital del Departamento Técnico del Cibercrimen, en Cavia al 3300.

“Los chats están, no se borró nada, pero no van a encontrar nada relevante para la causa”, dijo Bacigalupe ante una consulta de Infobae. Para la investigación, igualmente, pueden ser importantes porque la Justicia de Paraguay nunca secuestró los teléfonos de Kueider ni de su secretaria.

La competencia judicial

La investigación sobre el patrimonio de Kueider en Entre Ríos está a la espera de una decisión clave. El juez de Concordia, Edwin Ives Bastián, debe decidir si la competencia se mantiene en esa provincia o si pasa al juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, donde hay otra causa contra el ex senador. En Tribunales descuentan que la disputa terminará en la Corte Suprema.

La disputa comenzó en diciembre del año pasado, cuando Arroyo Salgado le envió un oficio a Bastián para que se inhibiera de seguir investigando al ex senador. Hace pocos días, el fiscal Arias sostuvo que en el planteo de la jueza federal “se advierte una interpretación que pretende extender la competencia federal a hechos que no tienen una vinculación necesaria con los otros hechos investigados por el fuero de excepción (el Federal) y que justifique esa conexidad”.

La causa de Entre Ríos comenzó en junio del año pasado por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco, quien llevó a la Justicia una publicación del sitio El Disenso. Ese expediente investiga el patrimonio de Kueider entre 1999 y 2019, cuando asumió en la Cámara baja. Además de las sociedades y las propiedades, también se analizaron los viajes al exterior. La mayoría fueron a Uruguay.

En tanto, Arroyo Salgado comenzó a investigar a Kueider a raíz de una denuncia del periodista Christian Sanz que también apuntaba a su patrimonio. La jueza luego vinculó esa causa con otra anterior donde se investigan los sobornos pagados por la empresa Securitas a funcionarios públicos de Entre Ríos. ¿Quiénes? En el expediente, hay un mensaje que menciona directamente al ex gobernador Gustavo Bordet, jefe político de Kueider.

Fuente: Infobae

La entrada Enriquecimiento ilícito: inicia una pericia clave para analizar los celulares del socio de Kueider y de una abogada se publicó primero en FM del este 100.5.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó nuevos allanamientos en la casa del destituido senador Edgardo Kueider, imputado por enriquecimiento ilícito, como así también una clínica de kinesiología de su ex esposa, y otras dos propiedades en Concordia, localidad donde residía.

El primero de los operativos se dio en la casa particular de Kueider. Allí convivió hasta el año pasado con Liliana Di Lello, su segunda esposa, y dos hijos menores, que a su vez ya había sido revisada durante esta semana.

Luego, los móviles de la Gendarmería Nacional se dirigieron hacia la calle Güemes entre 25 de Mayo y Sarmiento, a pocas cuadras de la peatonal de Concordia, donde funciona una clínica de recuperación perteneciente a Di Lello, quien oficia como kinesióloga.

Más tarde, la intervención se llevó a cabo en otros dos lugares del centro de la ciudad: una casa ubicada en la esquina de las calles Carriego y La Rioja, y una oficina, alquilada por una persona que no está involucrada en la causa.

Cabe destacar que estos allanamientos continúan la investigación que se inició el viernes en su despacho en el Senado, ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo y otras dos oficinas de asesores y personal administrativo en el Anexo del Senado nacional, en avenida Hipólito Yrigoyen 1710 de la Ciudad de Buenos Aires.

Arroyo Salgado ordenó las intervenciones en el marco de la causa en la que se investiga al ex legislador entrerriano por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Noticias Argentinas

La entrada Allanaron la casa de Kueider y otros domicilios vinculados a él en Concordia se publicó primero en FM del este 100.5.

Los K tuvieron doble festejo en el Senado: echaron a Kueider y salvaron a Parrilli. Foto Maxi Failla. 

El senador Edgardo Kueider, quien está detenido en Paraguay al intentar ingresar a ese país con más de US$ 200 mil sin declarar, fue expulsado este jueves de la Cámara alta por iniciativa del kirchnerismo y con el apoyo de la UCR, un sector del PRO y hasta los propios libertarios.

La decisión fue adoptada en una sesión especial que se vio cruzada por el pedido de desafuero y detención solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado contra el entrerriano.

La votación arrojó 60 votos a favor, y 6 en contra que correspondieron al radical Maximiliano Abad; los macristas Carmen Alvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli y Martín Goerling; y Carlos “Camau” Espínola compañero de bloque de Kueider que pidió cambiar su voto luego de haber acompañado a la mayoría. En tanto que el salteño Juan Carlos Romero de Unidad Federal se inclinó por la abstención. Los dos senadores por Santa Cruz estuvieron ausentes.

En tanto fracasó el intento del oficialismo de avanzar con la suspensión del ultra K Oscar Parrilli al no alcanzar los dos tercios que se necesitaban para habilitar el tratamiento en el recinto por no tener despacho de comisión. La medida había sido incluida en el temario a pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel a raíz de la causa abierta por el Memorándum con Irán, en la que el senador cercano a Cristina Kirchner está procesado e irá a juicio oral por orden de la Corte Suprema. La votación fue 34 votos a favor de la propuesta, 31 en contra y 1 abstención que correspondió al propio Parrilli.

Sin fueros y a la espera de una camporista

Con la expulsión aprobada por el Senado, Kueider se quedó sin fueros y podrá ser juzgado tanto en Paraguay como en la Argentina, donde enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La jueza Arroyo Salgado investiga si tres departamentos que el ahora ex legislador tiene en Paraná habrían sido adquiridos con fondos provenientes de presuntos sobornos que la compañía Securitas habría pagado a la empresa estatal Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), en momentos que el legislador formaba parte de su directorio.

Hasta el miércoles a la noche, tanto la UCR como el PRO apoyaban la opción de la suspensión hasta el 1° de marzo, propuesta por el oficialismo con el objetivo de reducir los daños generados por Kueider y evitar que los K sumen una nueva banca que quedará para la camporista Stefanía Cora, que acompañó la boleta de Kueider. Incluso, en los pasillos del Congreso, los dialoguistas justificaban la decisión argumentando que el entrerriano tiene derecho a la defensa.

Sin embargo, toda la estrategia cambió horas antes de la sesión cuando se conoció la noticia de que la jueza Arroyo Salgado había notificado por mail a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, sobre su pedido de desafuero y detención de Kueider.

Giro radical

En la reunión de bloque de la UCR se bajó un mensaje de que no se podía votar en contra de la expulsión de Kueider. Por eso, durante la sesión, el fueguino Pablo Blanco anticipó el cambio de posición, cuando luego de haber señalado que Kueider debería haber renunciado, anunció que iba a apoyar “la echada o la destitución, como dicen más elegantemente”.

Más tardes, Eduardo Vishi, jefe de la bancada, confirmó su voto en favor de la destitución. “Daña tanto lo que ha hecho Kueider como la hipocresía de los últimos 20 años de este sector político que se hace el distraído de la serie de condenados que tiene, que tuvo hasta la presidente de este cuerpo condenada”, deslizó el correntino apuntando contra el kirchnerismo y Cristina Kirchner, quien fue condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad.

En realidad fue una combinación de factores lo que hizo virar a los radicales. Como había quedado acordado el temario, el Senado votó primero el pedido de expulsión firmado por Mayans junto a Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti y posteriormente se iba a tratar la propuesta de suspensión del libertario Ezequiel Atauche.

La estrategia del oficialismo era hacer caer la expulsión para dejar a los K obligados a votar la suspensión, pero como no estaban asegurados los dos tercios de los presentes, la UCR quiso evitar quedar como aquella fuerza que hubiera pedido que el entrerriano sea sancionado. Por eso terminaron votando con el kirchnerismo.

Luis Juez, luego de anunciar que su bloque iba a dar quórum para pedir la suspensión, en el recinto cambió de idea. “No venimos a entregar nuestra honra a los chanchos, esto no es un aguantadero”, dijo el jefe del bloque del PRO, para enfatizar que “la conducta del senador Kueider merece la expulsión”.

Uno de los mensajes más esperados fue el de Carlos “Camau” Espínola, quien preside el bloque de Unidad Federal, es aliado de Kueider y se mantuvo en silencio desde que estalló el escándalo. El correntino pidió garantizar el derecho a la defensa de su compañero de bancada. “Si hay que echarlo, lo vamos a echar”, aseguró el exmedallista olímpico, quien reclamó más información para saber cuál es la situación procesal de Kueider en Paraguay.

Fuertes cruces

La sesión tuvo momentos de alto voltaje como cuando José Mayans intimó al oficialismo preguntando: “¿Qué le dieron ustedes a Kueider?” para que apoye la aprobación de la Ley Bases. En este contexto, el senador por Formosa confirmó también: “Queremos la banca que nos robaron por plata”.

Por su parte, el senador Oscar Parrilli, quien zafó de un pedido de suspensión impulsado por el oficialismo, reconoció que Kueider ingresó a la Cámara alta por el peronismo pero planteó que luego se pasó a las filas del Gobierno. “Nos duelen las traiciones, tiene muchas el peronismo. Kueider se pasó con bombos y platillos a las filas de su gobierno. Le dieron comisiones, nos chicaneaba y nos verdugueaba. Ahora quieren darle una licencia”, transmitió.

Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, fue uno de los pocos que quiso ponerle un freno a los K. “Nadie lo quiere salvar a Kueider, es insalvable”, arrancó el salteño para advertir que el cuerpo no puede “caer en la liviandad (de expulsar a Kueider sin un fallo judicial) ya que cualquier causa armada en una provincia puede terminar en un escándalo institucional”.

Mientras se desarrollaba la sesión, Villarruel ordenaba colocar fajas y precintos en la oficina que tiene asignada Kueider en el Anexo de la ex Caja de Ahorro, mientras que en el despacho del Palacio Legislativo se dispuso una custodia de seguridad para que no ingrese nadie a la oficina que comparte el piso con Parrilli.

En un principio peligró que los K puedan alcanzar los dos tercios debido a la ausencia del santiagueño Gerardo Montenegro, quien viajó junto a su comprovinciano José Neder y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza al Vaticano, para participar en la consagración del nuevo cardenal Vicente Bokalic Iglic por parte del Papa Francisco, nombrándolo así como arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Iglesia Católica en Argentina.

Al parecer, Montenegro decidió continuar con el viaje pese a la sesión convocada por su bloque para recuperar una banca que perdieron en 2023 cuando Kueider conformó Unidad Federal.

Gustavo Berón/Clarin

Redactor de la sección Política gberon@clarin.com

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El Senado sesionará desde las 11 para definir el futuro del senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria desde la semana pasada en Paraguay luego de haber sido demorado en un control fronterizo por llevar 200 mil dólares sin declarar. 

Por otro lado, los libertarios juntaron las firmas necesarias y lograron ampliar el temario le incluyeron la suspensión del kirchnerista Oscar Parrilli, procesado en la causa Memorándum con Irán. 

Las alternativas que se barajaban para Kueider marchan formalmente por dos carriles: la expulsión o suspensión.

La primera es impulsada por el interbloque peronista de la Cámara alta que lidera José Mayans, mientras que la suspensión es alentada por La Libertad Avanza (LLA) y cuenta con apoyo parcial del PRO, la UCR y otros espacios referenciados en gobernadores y algunos legisladores con autonomía.

Ambas opciones fueron oficializadas este mediodía por quien firmó el decreto de convocatoria a la sesión, el presidente provisional Bartolomé Abdala.

Tanto la remoción de Kueider como la suspensión requieren una mayoría de dos tercios de los presentes; sin embargo, existe una tercera alternativa que no está en el temario oficial y es la licencia, que Kueider ya solicitó sin explicitar plazos, y es una posibilidad requiere una mayoría simple.

El martes último, el PRO reunió a su bancada y no logró consensuar casi nada con respecto a Kueider; solo confluyeron -en un encuentro subido de tono, según especificaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas- en que debían dar el quorum a la sesión convocada por el kirchnerismo.

Lo mismo hizo la UCR que se reunió a las 18 de hoy y se inclinó, con divergencias también, por la suspensión. En algunos despachos libertarios hasta se aventuraban a hablar de licencia sin goce de sueldo hasta el 1 marzo.

La suspensión que propone el oficialismo, que sirvió para sentar al resto de los bloques dialoguistas en una misma mesa, sería también hasta la misma fecha.

Más allá de estas posturas, el final sobre el destino de Kueider es abierto; de todos modos, para la Casa Rosada no es lo mismo la expulsión que una suspensión o licencia: si el Senado eyecta al representante provincial, en su lugar ingresará Stefanía Cora, y le sumaría una banca más a Mayans, que pasaría a tener de 33 a 34.

Cora es la segunda en la lista del Frente de Todos que compitió en 2019 y por la ingresó Kueider, quien de todos modos abandonó ese espacio en febrero de 2023 para crear otro con el dirigente justicialista Carlos “Camau” Espínola.

Ambos tuvieron buen vínculo con el gobierno del presidente Javier Milei desde su aterrizaje en la Rosada.

De hecho, en septiembre pasado el dúo, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, creó un bloque llamado Las Provincias Unidos y era presentado en los pasillos del Senado como el desembarco del Poder Ejecutivo en el territorio de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En tanto, el director nacional de la administración de Ingresos Tributarios paraguaya, Oscar Orué, profundizó hoy sobre los lazos de Kueider con el Gobierno al afirmar ante la prensa de ese país que, cuando fue detenido, el legislador dijo: “Yo soy afín al gobierno del presidente Milei”.

“Voy a tener muchos problemas en Argentina si esto trasciende en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente Milei”, agregó el funcionario aduanero de Paraguay sobre los supuestos dichos de Kueider.

En otro carril, la suspensión de Parrilli sobrevoló durante todo el día de ayer y tomó fuerza esta tarde. La solicitud para incluir su suspensión lleva la firma de cinco libertario: Abdala, Vilma Bedia, Ezequiel Atauche, Ivana Arrascaeta y Juan Carlos Pagotto. Villarruel había intentado ayer incluirlo, pero no tuvo éxito. 

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la ex presidenta Cristina Kirchner y el resto de los involucrados en esa causa irán a juicio oral en noviembre de 2025 por la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Fuente: Noticias Agentinas

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Por Nicolás Pizzi

La camioneta 4×4 que utilizaron el senador Eduardo Kueider y su secretaria,Iara Magdalena Guinsel Costa, para cruzar la frontera con Paraguay abrió una puerta inesperada. El dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, es Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que ahora trabaja “en comisión” en el despacho del senador, tal como reveló Infobae. El vehículo lo compró en 2021 y se lo cedió al senador y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio. Llamativamente, González no tiene otro vehículo a su nombre. Pero hay más. Detrás de González se esconde una red de empresas sospechosas que serán objeto de investigación.

En mayo de 2023, González creó la empresa ICELER SA con un objeto concreto: explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). Al momento de fundar esa empresa, informó un domicilio en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso, donde solo hay un galpón.

Su “socia” minoritaria en esa firma es Adriana Cecilia Crucitta (59 años), que también figura en los registros comerciales como empleada de la Biblioteca del Congreso, un lugar utilizado durante décadas por diputados y senadores para designar amigos y familiares.

La red de empresas de González arrancó hace tiempo. El dueño de la camioneta aparece en al menos dos sociedades más: NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010, también en sociedad con Crucitta. En una de esas firmas, González declaró como domicilio un departamento ubicado en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito.

Los datos personales de Crucitta también sorprenden. La “socia” de González es empleada de la Biblioteca del Congreso, antes trabajó en la vicejefatura de Gabinete del Interior, y declara como domicilio una humilde casa ubicada en Fructuoso Rivera al 3300, en pleno Villa Soldati. Todo indica que sería una prestanombres.

La situación de Kueider está en manos de la Justicia de Paraguay. Los fiscales que quedaron a cargo del caso ya imputaron al senador y a Guinsel Costa por tentativa de contrabando y pidieron que queden detenidos con prisión preventiva. El senador además tiene un proceso abierto a nivel administrativo, donde se secuestró la camioneta y todo el dinero: USD 211.102 en efectivo, $646.000, y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente).

No era la primera vez que viajaban juntos a Paraguay. Tal como reveló ayer Infobae con documentos oficiales, Kueider hizo seis viajes a ese país en lo que va del año. En cinco de esos cruces coincidió con su joven secretaria: el 13 de octubre, el 16 y 21 de junio, y el 3 de marzo.

En muchos de esos casos, declararon que se iban a alojar en el Hotel Five, un cuatro estrellas ubicado en el centro de Asunción. En ese mismo lugar se alojó el embajador de China en los Estados Unidos, Xie Feng, a fines de junio, cuando se realizó la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), contaron fuentes diplomáticas de Paraguay.

González salió a la luz a partir de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el senador y su acompañante para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021. Cinco meses después, casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, pudo saber este medio.

¿Cómo justifica entonces la compra de esa camioneta? González trabaja en el Congreso desde 2004.Y es planta permanente de la Biblioteca del Congreso, con un sueldo básico bruto que ronda $1,2 millones. Pero está “en comisión” en el despacho de su amigo Kueider desde diciembre 2019, tal como anticipó Infobae.

La camioneta era de González en los papeles, pero se las “prestaba” habitualmente al senador y a su acompañante. Lo llamativo es que González no se compró otro auto desde ese momento.

Además de buenos amigos, Kueider y González fueron socios en Betail SA, una empresa que está siendo investigada en la Justicia de Concordia y la Justicia Federal por la compra de tres departamentos con cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló en exclusiva la revista Análisis en marzo pasado.

Concretamente, la firma es propietaria de las unidades del 6 “D”, el 6 “E”, y el 13 “A”. Tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, la misteriosa secretaria.

Infobae

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Kueider fundamentó en el recinto del Senado su proyecto, cuyo objetivo es la reducción del precio de la tarifa eléctrica que pagan todos los argentinos. Explicó que “esta iniciativa se basa en un estudio de los diferentes componentes impositivos que sufre la tarifa eléctrica” y luego de remarcar “la inequidad de lo que se paga en Buenos Aires respecto del interior del país, indicó que la iniciativa implementa un sistema de compensación en lo que hace el precio de la distribución para que sea más justa la ecuación, independientemente de la densidad de las poblaciones en las que se presta el servicio”.

El senador indicó que “la iniciativa también propone una disminución del precio a través de la reducción del IVA, así como las cargas y tasas municipales que se incluyen en la tarifa encareciendo bajo el ítem de alumbrado público.

Finalmente, señaló que “el proyecto que trabajamos propicia un aumento de regalías para las provincias generadoras de energía hidroeléctrica”.

Fuente: Análisis Digital

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En primer lugar, se tratará el proyecto de disminución en las tarifas eléctricas de Edgardo Kueider (Unión Federal), quien en la última sesión -el 12 de julio- no dio quórum, molesto por la falta de tratamiento de su iniciativa. En el temario de esa convocatoria, el Frente de Todos buscaba aprobar un paquete de 75 pliegos judiciales: el que más les urgía tratar era el de la camarista Ana María Figueroa.

Además, se dará tratamiento a dos pliegos para cubrir cargos en la Justicia Federal de Entre Ríos, con despacho de la Comisión de Acuerdos. Por un lado, se incluyó el dictamen Nº 355 que busca designar defensora pública ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay a María Josefina Bonifacino. Por el otro, se incorporó el dictamen Nº 64 para nombrar defensor público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná a Mauricio Gabriel Zambiazzo.

Sin embargo, esta vez no se contempló el tratamiento del pliego del juez Daniel Alonso, pero tampoco fue retirado por el Poder Ejecutivo, por lo que se estima será abordado en otra instancia.

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Fuente: Análisis

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La reunión se llevará a cabo desde las 11.30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El proyecto de Kueider tiene como objeto “establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales”.

Según la iniciativa, el Precio Estacional que trimestralmente aprueba la Secretaría de Energía a propuesta de CAMMESA, será afectado por un “Factor K” que “tenga en cuenta las características de los mercados eléctricos en cada una de las jurisdicciones del país”.

“El Factor K será determinado por jurisdicción, afectará al Precio Estacional y tendrá una relación inversamente proporcional al Valor Agregado de Distribución (VAD) que le corresponde a cada una de los agentes distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, señala el articulado del proyecto.

El avance de la iniciativa era exigido por el senador entrerriano para ayudar al oficialismo a obtener el quórum necesario que le permita realizar una sesión antes de la celebración de las elecciones PASO.

El 12 de julio, una sesión convocada por el Frente de Todos para brindarle acuerdo a más de setenta jueces, fiscales y defensores oficiales fracasó porque la oposición de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal, decidió no facilitar el quórum.

Entre los acuerdos solicitados por el Gobierno nacional se encontraba la designación de Ana María Figueroa, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces.

En la causa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, fueron investigados por lavado de dinero y luego sobreseídos.

Fuente: Télam

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