LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió esta madrugada tener sancionada la ley de Financiamiento, que lo autorizó para tomar nueva deuda por poco más de 3.000 millones de dólares.

De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.

Cuando se vota de madrugada…

Tras una jornada de negociación en la que se había llegado a un principio de acuerdo en la noche del miércoles en el interior del peronismo para sancionar la ley de Financiamiento -que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura- el Poder Legislativo bonaerense dio un paso más sancionó la ley cerca de las 3.40 de la madrugada.

La sesión inició a la 1.30 en Diputados -casi cuatro horas después de lo pautado- con un recinto en el que había 88 diputados presentes de los 94 que conforman la Cámara. Entre ellos, los 36 que forman parte del bloque Unión por la Patria, y el resto pertenecientes a los bloques Unión y Libertad, Nuevos Aires, Coalición Cívica, UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y PRO.

El PRO, El Frente de Izquierda y los legisladores que bajaron de LLA votaron en contra: “Quieren que el pueblo le financie la campaña electoral”, dijo Guillermo Castello, desde este ultimo espacio. También se señalaron “acuerdos oscuros” y “actitudes seudo extorsivas”. Expresaron también que se trató de un escándalo: “La Legislatura se convierte en un mercado de pulgas. Hoy salieron a la venta cargos millonarios”, denunció Castello.

El Senado sancionó la ley en forma veloz, sin debate en el recinto.

Finalmente quedaron saldadas las persistentes diferencias sobre el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. El Poder Ejecutivo se comprometió a crear un fondo para los municipios de $352.000 millones y a transferir a los intendentes $250.000 millones, en cuotas, en forma independiente del porcentaje de la deuda que finalmente la provincia coloque en el mercado.

Uno de los puntos clave que destrabó la negociación con la oposición fue la ampliación del directorio del Banco Provincia. Así es que debió modificar la ley de la carta orgánica de la institución para que de ahora en más sean nueve los directores (uno más). Además, se definió la creación de un consejo de directores dentro del BAPRO (tres vocales asociados y dos síndicos).

El mayor debate se dio en Diputados donde se inició el tratamiento de la Ley enviada por el Poder Ejecutivo: el bloque de Unión por la Patria reunió 37 votos, lejos de alcanzar los votos para lograr los dos tercios. Kicillof contó con el aval de Nuevos Aires, que tiene tres legisladores conducidos por Gustavo Cuervo, y con los votos de Unión y Libertad, conducidos por Martín Rozas, que tiene seis diputados. Hasta allí la suma daba 46.

Radicales K

La UCR+ Cambio Federal, con nueve diputados, exigía que las cuotas del Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal se paguen en tres cuotas y no en cinco. También ponía reparos Somos Buenos Aires, que tiene seis legisladores.

La Libertad Avanza (LLA) -que en la Cámara de Diputados ratificó la conducción del bloque de Agustín Romo- anunció que no iba a acompañar la votación. Así lo hizo y no dio su voto en ninguna de las dos Cámaras.

En el Senado, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, el trámite fue más fácil: el bloque de Unión por la Patria tiene 21 escaños sumó a los tres de Unión y Libertad, al legislador de derecha popular, a los ocho senadores de las dos vertientes radicales, que necesitan los fondos para que sus intendentes paguen los aguinaldos y al bloque de Pro que tiene nueve escaños,

En cambio no acompañó La Libertad Avanza. “Santilli y Ritondo acordaron”, se quejó una senadora de ese espacio que se negó a dar autorización a tomar deuda a Kicillof.

María José Lucesole/La Nación

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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso hoy en funciones a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumió este jueves la presidencia del CEAMSE, la empresa creada por Provincia y Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).  

Entre sus funciones centrales, se destacan: establecer, implementar y revisar periódicamente objetos, metas y programas ambientales y de la calidad en la búsqueda permanente de la mejora continua.

Durante el encuentro por la asunción estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

“Le deseamos éxitos al compañero @tapiachiqui en su gestión como presidente de @ceamseoficial. Desde el Gobierno de la @BAProvincia seguiremos trabajando junto al CEAMSE para mejorar la calidad ambiental de los barrios y una correcta disposición de los residuos urbanos”, indicó Bianco en sus redes sociales.

Tapia ya había formado parte del CEAMSE, en su etapa como vicepresidente en representación de la Ciudad.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, lo removió del cargo en octubre del 2024 debido a que “estaba vencido” y “correspondía tener alguien de dedicación plena, que sea parte del equipo”, según sostuvo Macri.

Noticias Argentinas

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Axel Kicillof, Carlos Bianco, no descartó la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires emita su propia moneda si se reduce la asistencia financiera de la Nación con la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y la nueva administración de Javier Milei. “Es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial como parte de los pactos preexistentes”, señaló Bianco.

La mano derecha de Axel Kicillof recordó que “en su momento, el Banco Provincia emitió moneda” de curso legal y no solo los patacones, el bono de emergencia que el gobierno de Carlos Ruckauf emitió en 2001 y 2002. “La primera moneda de curso legal de nuestro país fue emitida del Banco Provincia. En tanto lo permite la Constitución, es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial. Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia”, agregó, para terminar de redondear un mensaje pensado para un destinatario puntual: el equipo económico de Miley y su ministro de Economía, Luis Caputo.

La mención sobre la posibilidad de emitir moneda propia bonaerense –no solo un bono de emergencia– ocupó el primer tramo de la entrevista que Bianco le concedió este jueves a El Destape Radio. Allí, el hombre de confianza de Kicillof señaló que la provincia tiene vías de financiamiento propias, como el Banco Provincia, pero que un Estado “tan grande” requiere inevitablemente de fondos específicos de origen nacional y programas especiales de la Casa Rosada. En otras palabras, que la administración de Kicillof necesariamente requiere de los fondos discrecionales que Milei, Caputo y los voceros presidenciales anunciaron, en distintos momentos, que se “eliminarán” o “minimizarán”.

Axel Kicillof y Carlos Bianco

Instagram Carlos Bianco

“Nosotros tenemos las vías de financiamiento provinciales, fundamentalmente con el Banco Provincia, que es el banco que más crédito productivo da en la Argentina, al sector industrial y al agropecuario. El sector agropecuario es uno de los principales beneficiarios de las distintas líneas de crédito –muchas veces subsidiados, a tasa de interés real negativa–. Pero sabemos que con el Banco Provincia no alcanza para asistir, para financiar a una Provincia tan grande, con tantos sectores, industrias, servicios y producción agrícola. También se requieren los fondos nacionales y los programas de desarrollo nacionales. Pero la verdad es que no estamos viendo ninguna intención de llevar adelante ese tipo de programas, por eso nos preocupa y nos ocupa”, remarcó Bianco en la entrevista radial.

En ese marco llegó la alusión a la cláusula derivada del Pacto de San José de Flores de 1859, que reserva la potestad de imprimir moneda para el gobierno bonaerense, preexistente al nacional. “Es algo que nos permite la Constitución Nacional y la Constitución Provincial como parte de los pactos preexistentes. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda: la primera moneda de curso legal de nuestro país fue emitida del Banco Provincia. En tanto lo permite la Constitución, es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial. Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia”.

Enviado el mensaje, Bianco matizó: “Por ahora no estamos avanzando en ese sentido, pero si la Constitución lo habilita y consideramos que resulta una herramienta que puede paliar cierto déficit de liquidez o de crédito en la Provincia, será evaluada como tal. Hoy por hoy no”.

El gobernador bonaerense ya dejó en claro tanto en la reunión con el ministro del Interior de Milei, Guillermo Francos, como en su discurso ante la Legislatura bonaerense, que la Provincia demanda la asistencia nacional para garantizar la cobertura en salud, educación y seguridad para 17 millones de argentinos. Del mismo modo, recordó que su territorio aporta casi el 40% de la recaudación nacional y la mitad de la industria, pero recibe poco más del 20% del Estado nacional a través de la coparticipación federal.

LA NACION

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Alberto Fernández sigue de despedida. Faltan solo siete días para que Javier Milei jure y lo reemplace como Presidente y, en ese marco, realizó un balance de su gestión y volvió a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta”. También apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al asegurar “no nos representa a todos”.

El mandatario, en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, se refirió a su futuro político y su rol como titular del PJ nacional, sobre todo luego del pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que presente su renuncia.

“Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No sé si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, en cómo vivir. Uno nunca se va de la política”, sostuvo.

La foto de la transición. Alberto Fernández y Javier Milei en la quinta de Olivos

Las principales definiciones de Alberto Fernández en la entrevista:

La elección de candidaturas en el Frente de Todos: “Una interna hubiera sido mejor, hubiera movilizado mucho más a nuestra gente. Unas PASO hubieran dado más fuerza, pero creo que Sergio hizo un gran esfuerzo, una gran elección, pero no alcanzó”.

La derrota ante Javier Milei: “Seguramente, uno tiene que preguntarse por qué perdimos y no podemos pensar que perdimos porque la gente está equivocada, perdimos porque evidentemente el problema inflacionario se profundizó con la falta de dólares. Cuando la inflación alcanza los nieles que alcanzó los bolsillos se deterioran y no pudimos encontrar una respuesta a eso”.

Dudas sobre la medición de la pobreza: “Creo que está mal medida la pobreza. Es que si hubiera semejante cantidad de pobreza (40%), la argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”.

Las renuncias que presentaron varios ministros K tras la derrota en las elecciones legislativas: “Si aceptaba esas renuncias, la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Porque era decir “Váyanse ustedes”. Eso estoy seguro de que hubiera generado una ruptura y a mí me quedaban dos años por delante. A mí me encanta la valentía de los que dicen, animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Yo prioricé ahí la unidad y lo haría mil veces más”.

Su relación con Cristina Kirchner: “Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que sé yo… Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta”.

El rol de Kicillof en la etapa que se abre después del 10 de diciembre: “No sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, “Coqui” Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres”.

Cómo le gustaría que lo recuerden: “Como a un gobierno que de verdad soportó los cuatro peores años de la humanidad en este siglo, que soportó la pandemia, la guerra, la peor sequía y con una deuda impresionante y que heredamos un 54% de inflación, porque no es que teníamos la inflación en 0. Quisiera que sepan todos, que tanto yo como todos los ministros que me acompañaron trabajamos todos honesta y lealmente. Que seguramente nos habremos equivocado, pero nos equivocamos honestamente”.

Fuente: Infobae

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Carlos Pagni

Sergio Massa amenazó anteayer con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Sólo que, en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.

El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

A Massa se le cruzan, a pocos días de las elecciones, dos cables de alta tensión que se mantenían separados: el desbarajuste financiero y la obscenidad de la corrupción que contamina su distrito, la provincia de Buenos Aires. A prepararse para el chisporroteo.

La presentación de Hranitzky es explosiva porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios. El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.

Hranitzky afirmó ante el tribunal de Manhattan que Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica.

Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.

El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan observa una paradoja: que Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, haya impuesto controles de capital y que, al mismo tiempo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”. Un futuro discovery revelará más, promete.

La presentación de Hranitzky no se limita a agentes del Estado. Menciona también a “corporaciones con conexiones políticas”. Habla de que Corporación América, “un operador aeroportuario multimillonario dirigido por Martín Eurnekian, ha movido varios millones de dólares de cuentas bancarias suizas a Argentina”. Para retratar a Eurnekian, recuerda que “estuvo implicado en los infames Cuadernos, que expusieron una red masiva de sobornos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina de 2007 a 2015″.

Para demostrar ante el tribunal el uso indebido de fondos que podría documentarse si Bank of New York Mellon, Pershing y American Express liberaran sus archivos, el abogado informa a la jueza Vyskocil que Martín Insaurralde, quien acaba de renunciar como jefe de Gabinete de la provincia, puede estar vinculado a un escándalo de corrupción. “Fue fotografiado disfrutando de lujos que legítimamente no podía permitirse”, acusa Hranitzky, y menciona que habría pagado 20 millones de dólares en un acuerdo de divorcio. El escrito recoge la versión de que esa suma se habría movido a través de la firma uruguaya Pro Capital, del financista Miguel Sulichin, que dirige también Advise Wealth Management. Coincide con la denuncia hecha el lunes pasado por la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico.

La exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”. Para el abogado, la propia Allaria habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo “por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses”. Ernesto Allaria, el titular de la firma, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser “cercano a la familia Kirchner”.

El documento completo presentado ante la Justicia de Nueva York

La sagacidad de Hranitsky como litigante está fuera de duda. En 2012 consiguió, en nombre de un grupo de holdouts que demandaron a la Argentina, el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana; y en 2020 fue el líder de los bonistas que negociaron, con gran éxito, la reestructuración de títulos propuesta por Martín Guzmán. El abogado evocó esos antecedentes este miércoles, cuando explicó a LA NACION: “Cuando descubrimos el papel de Mossack Fonseca en la Ruta del dinero Kirchner aprendimos que el discovery estadounidense es una herramienta muy poderosa para descubrir el robo de fondos estatales por parte de funcionarios públicos. Todos vimos lo que sucedió en 2013 cuando surgió esa historia, y estamos ansiosos por ver qué más emerge a medida que tiramos de este nuevo hilo”.

Ese conocimiento del país se advierte con claridad en su presentación ante Vyscocil: pega donde duele. Menciona a Massa como jefe directo de Mendiguren, pone en la vidriera judicial a funcionarios bonaerenses como Montaña, mano derecha de Berni, que ya protagonizó algunos escándalos, por ejemplo, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debió presentar su renuncia ante Daniel Arroyo. Montaña fue uno de los vicepresidentes de Independiente bajo el reinado de los Moyano. Benítez, en cambio, pertenece a la cofradía de intendentes que, encabezados por Insaurralde, intervinieron la administración Kicillof. Depende de Nardini, el entrañable “celular”. Pero había estado a cargo del área de infraestructura de Escobar, secundando a Ariel Sujarchuk. En otras palabras: Hranitsky impacta con sus explicaciones en un esquema de poder que tomó las palancas más rentables, por decirlo de algún modo, del gobierno bonaerense, en una operación organizada por Máximo Kirchner para cercar a Kicillof.

Hranitsky tampoco ha de ignorar que cuando menciona a Corporación América está refriéndose a la compañía más cercana al candidato más competitivo de la carrera electoral en curso: Javier MIlei.

El gobernador de Buenos Aires está ante dos problemas principales. Uno muy inmediato y evidente es el riesgo electoral que significa esta catarata de novedades sobre la desagradable calidad moral de su administración. El otro es el desafío de dar una respuesta de gobierno. Es una reacción que viene demorando desde que la indiscreta Sofía Clerici dio a conocer en su cuenta de Instagram los obstinados berretines de Insaurralde. Kicillof atinó a disolver la Jefatura de Gabinete, pero no tocó áreas bajo el control político directo de su colaborador más inmediato. Entre ellas está nada menos que el Tribunal de Cuentas, donde Insaurralde ejerce una influencia decisiva a través de Juan Pablo Peredo, quien fuera su vínculo más directo con el negocio del juego. Peredo era funcionario de Codere, la más importante operadora de bingos de la provincia.

El Instituto del Juego es otro de los reinos de Insaurralde. Lo dirige Omar Galdurralde. Es un área política muy significativa porque allí Insaurralde convive con el candidato a presidente Massa. La segunda de Galdurralde es María Laura García, dirigente del Frente Renovador de General Conesa. El vínculo de Massa e Insaurralde es antiguo y, a pesar de los vaivenes que presentan las lealtades de estos dirigentes, muy estrecho. En 2015, Insaurralde estuvo a punto de volcarse a favor de la candidatura presidencial de Massa.

La relación de la dirigencia bonaerense con el negocio de las apuestas diseña un mapa de complicidades muy extenso. Así queda unido Insaurralde con Federico Achával, el intendente de Pilar. Es el hijo del Federico de Achával que, en sociedad con Cristóbal López, explota desde hace años el opulento casino que funciona en el Hipódromo de Palermo. Achával consiguió que su hijo se integrara a la política provincial gracias a su vínculo con el entonces intendente de Pilar Humberto Zúccaro, figura relevante del turf que recibía un tratamiento privilegiado del concesionario del hipódromo. Los Achával son, como se ve, expertos en carreras.

Sin embargo, el rentable negocio del socio de Cristóbal López está expuesto a algunos accidentes. Los grandes protagonistas del turf se han levantado en su contra, para exigirle que vuelque en la actividad una parte más significativa de sus ganancias en Palermo. Achával cumple con lo mínimo: 5% de lo recaudado en las tragamonedas. Pero se reserva para sí un caudal incalculable de fondos procedentes de las mil actividades que montó en el predio que el Estado le concesiona. Por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández no reclama una moneda. Los kirchneristas todavía no descubrieron la soberanía turfística. Es una discusión crucial, porque dentro de dos años vence la concesión de esa mina de oro, que Néstor Kirchner extendió con un decreto de necesidad y urgencia días antes de abandonar el poder, en diciembre de 2007. Esa norma llevaba la firma de Fernández, que era su jefe de Gabinete.

Sería un error imaginar que la fortuna que ha exhibido Insaurralde en sus últimos movimientos se deba con exclusividad a su vínculo con el juego. Aun cuando por esa relación deba dar explicaciones. Por ejemplo, por la publicidad de las empresas del binguero Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici, en los programas televisivos de Jésica Cirio, cuando era la esposa del jefe de Gabinete de Kicillof. Mautone explica que no fueron dádivas. Mucho menos sobornos. Que esos avisos de Casino Victoria, emitidos por Telefé en los programas La Peña del Morfi y Mujeres de la Selección, nunca se pagaron. Y que no eran destinados a la cónyuge de un funcionarios sino a alguien que es referente del bienestar físico. Aunque ambas fueran la misma persona. Temas para que desentrañe algún fiscal inquieto.

La red de vinculaciones de Insaurralde con empresarios del conurbano bonaerense es inabarcable. Una de sus líneas lleva hacia los hermanos Russo, Eber y Nahuel. Dos constructores a los que Insaurralde conoció gracias a Cirio, quien los presentó como amigos de una prima. En 2017 los Russo fueron investigados por una gigantesca operación de lavado de dinero efectuada a través de facturas apócrifas. En aquel momento el fraude sumó 4000 millones de pesos. A Eber Russo, que fue el principal protagonista de ese escándalo, se le encontraron 77 propiedades, 240 autos de alta gama, ocho barcos y 35 camiones. En uno de los allanamientos, realizados por la policía bonaerense en un gran depósito de Lanús, apareció un auto puesto a nombre de Cirio. Una versión muy insistente indica que el galpón pertenecía al municipio a cuyo frente está Néstor Grindetti. ¿La maquinaria de lavado de los Russo estaba puesta al servicio de la política? Otra pregunta para ese fiscal imaginario.

La trama de intereses relacionados con el opulento Insaurralde lleva también a empresas de servicios eléctricos. Se menciona, en la primera fila, a Servilum. Es una compañía que realiza el mantenimiento del alumbrado público de Lomas de Zamora y Almirante Brown. En el municipio de Lomas todas las versiones apuntan que pertenece a un hijo de Insaurralde, aunque no está puesta a nombre de él. Uno de los proveedores de Servilum es la empresa Jeluz, de materiales eléctricos. Otro avisador inesperado de los programas de Jésica Cirio. Su dueño, Gustavo Lema, es una estrella del automovilismo. Lo recuerdan los vecinos de Lomas de Zamora, porque cuando Cristina Kirchner concurrió a inaugurar las obras de entubamiento del arroyo Unamuno, en abril de 2010, las relucientes máquinas de Lema hicieron un desfile sobre el cemento todavía fresco. Aplaudían José López y José Luis Lingeri, dos “fierreros”. Postales deprimentes de una economía regional.

Carlos Pagni

Fuente: La Nación

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No hubo tregua por el día patrio ni por el feriado. El jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, reaccionó con acidez tras el error que cometió la diputada María Eugenia Vidal, quien publicó un tuit escrito por sus asesores sin borrar las instrucciones que debía seguir. En defensa de la exgobernadora bonaerense acudió el senador provincial de Pro Walter Lanaro, con una respuesta subida de tono contra la mano derecha de Kicillof.

Anoche, a las 22.40, Vidal hizo la publicación inicial que se viralizó en Twitter, y que le valió críticas y bromas. “Mariu, y te pasamos este tuit para sacar hoy a la noche por el acto de mañana. $490 el dólar, 60% de pobreza infantil, 104,8% de inflación interanual. ¿Eso van a festejar a la Plaza de Mayo”, decía el escrito que podía leerse en la cuenta de la referente de Pro.

Al darse cuenta de que se había equivocado, Vidal borró el tuit. Pero los usuarios de esa red social ya habían capturado el mensaje, que comenzó a difundirse en distintas cuentas con comentarios y dardos de variado calibre.

Quien no dejó pasar la oportunidad fue Bianco, que emuló el tuit de Vidal como si también hubiera sido escrito por sus asesores. “Carli, acá Vidal acaba de meter la pata y lo quiere hacer pasar como algo bueno. Hizo un papelón, porque le bajan línea y no lee lo que ella misma twitea. ¿Por qué no le contestás irónicamente? Saludos, el administrador de tus redes”, escribió en la misma red social el jefe de asesores de Kicillof.

Carli, acá Vidal acaba de meter la pata y lo quiere hacer pasar como algo bueno. Hizo un papelón, porque le bajan línea y no lee lo que ella misma twitea. ¿Por qué no le contestás irónicamente? Saludos, el administrador de tus redes. https://t.co/wPJTvRt3YP— Carlos Bianco (@Carli_Bianco) May 25, 2023

El dardo parece haber dado en el blanco, dada la destemplada respuesta que le dedicó a Bianco el senador provincial Walter Lanaro, vidalista de la primera hora. “Te echaron y te inventaron un cargo porque sos el inútil al que mandan a twittear. Seguí así que venís bien, salame. Te quedan 199 días para decir pelotudeces”, afirmó Lanaro, para recordar que Bianco fue desplazado de la jefatura de Gabinete de Kicillof tras la derrota en las elecciones legislativas de 2021, cuando Máximo Kirchner presionó para que varios intendentes ingresaran al gabinete bonaerense.

Bianco fue reemplazado por Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y fue designado como jefe de asesores de Kicillof, una estructura que creció desde entonces y cobijó a los ministros y secretarios del gobernador que debieron dar un paso al costado tras la avanzada de los intendentes.

Te echaron y te inventaron un cargo porque sos el inútil al que mandan a twittear. Seguí así que venís bien, salame. Te quedan 199 días para decir pelotudeces. https://t.co/Z5IdDxex6V— Walter Lanaro (@WalterLanaro) May 25, 2023

Lanaro integró la comitiva de vidalistas que, más temprano, se reunió con el precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti. La foto que compartieron impacta en la interna provincial de Pro, ya que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli también buscan un acercamiento con Cristian Ritondo, que quedó como jugador “libre” luego de que Bullrich eligiera como su postulante al intendente de Lanús. Ritondo y Grindetti posaron juntos para la foto.

Al encuentro asistieron también otros referentes del vidalismo en Buenos Aires, como los intendentes Martín Yeza (Pinamar) y Hernan Bertellys (Azul) o los precandidatos a intendente Santiago López Medrano (San Martín) y Alejandro Finocchiaro (La Matanza), entre otros.

Fuente: La Nación

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por Carlos Claá

Periodista político

Más allá de la investigación oficial por el atentado a Cristina Kirchner, muchos dirigentes del oficialismo empezaron a marcar a presuntos autores ideológicos de lo que podría haber sido un magnicidio: uno de los más señalados fue el fiscal Diego Luciani, el funcionario judicial que acusó a la vicepresidenta por la Causa Vialidad.

A pesar de intentar mantenerse al margen de la agenda noticiosa, Luciani sintió el impacto de cada una de las declaraciones que lo responsabilizan del ataque y finalmente explotó: ahora evalúa denunciar a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, y a cada uno de los dirigentes que lo agravió.

Ataques. “El objetivo (del intento de magnicidio) era deshacerse de la vicepresidenta y yo no puedo dejar de relacionarlo con lo que escuchamos hace poquito de un exponente judicial que también quería erradicarla de la vida política”, dijo en conferencia el gobernador de Buenos Aires. Para el fiscal, esa comparación ameritaría una demanda. Se asesora para saber si es viable realizarla, mientras continúa escuchando los alegatos de los abogados defensores en la Causa Vialidad.

Es que Luciani vive en la provincia de Buenos Aires, por eso teme que algún militante, envalentonado por las palabras del gobernador, pueda realizar un acto violento hacia él o su familia, a quienes les tocó vivir momentos desagradables desde el alegato.

Mientras tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) manifestó una “profunda preocupación” por los dichos del gobernador. “Se ha llegado al extremo de construir una relación de causalidad entre la tarea técnica de los fiscales y el conflicto social”, indicaron en la carta.

Kicillof no fue el único. El senador K José Mayans, cercano a Cristina, pidió que pararan la Causa Vialidad para que “haya paz social”. Y el sindicalista de la CTA Gonzalo Rubiola llamó a “acomodarle los dientes” a Luciani: diputados de la oposición lo denunciaron por “intimidación pública y amenazas”.

De acuerdo al entorno de Luciani, si las demandas que evalúan prosperan, el fiscal no se quedará con lo obtenido. “Vamos a donar todo, no quiero un peso. Sólo que no voy a permitir que me difamen a mí y a mi familia”, les pidió a quienes lo asesoran sobre la factibilidad del juicio.

Por ahora, Luciani cree que no han podido derribar sus argumentos. La fiscalía busca que las ofensas que reciben no hagan mella en el ánimo del equipo y confían en que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 no serán permeables a tantas declaraciones que suceden fuera de Comodoro Py, en el mundo de la política, donde todo arde.

Fuente: Perfil

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“La consigna ‘Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’ remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales”, advirtieron Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Héctor Baldassi, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña y María Luján Rey, entre otros.

La denuncia afirma que “existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores”.

“El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de’“lawfare’, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”, sostiene el desprolijo texto de la denuncia.

“Una vez producido el cambio de gobierno se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en tales casos en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales”.

Los dirigentes opositores denunciaron que Cristina Kirchner “utilizando las dependencias asignadas por y para el ejercicio de su cargo en el Senado de la Nación, además de las estructuras y personal de esa institución, lanzó una versión falsa del proceso (la Causa Obra Pública) a modo de proclama política”.

En ese contexto, identificaron los presuntos delitos de “incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, encubrimiento, perturbaciones al ejercicio de la función pública, coacción agravada e instigación a cometer delito”.

Además, el texto asegura que “el artículo 36 de la Constitución Nacional atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento”.

Sin embargo, tal artículo establece que la Constitución regirá “aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”  y sólo determina que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”, pero no equipara esos hechos con la “traición a la patria”.

Esa figura está contemplada en el artículo 119 de la Carta Magna: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”.

El artículo 214 del Código Penal fija penas de diez años de cárcel y prisión perpetua para “todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”.

La causa recayó en el juzgado federal número seis, subrogado actualmente por Daniel Rafecas.

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El conflicto se inició a mediados de este año, cuando la administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó un proyecto que incluye el desalojo de emblemáticos comercios y propiedades históricas de la Isla Martín García.

El plan del gobernador causó consternación en gran parte de los bonaerenses, dado que consiste en transformar a la reserva natural en un lugar de descanso exclusivo para los funcionarios de su gestión, acorde a las denuncias de los vecinos de la zona. Por otro lado, los lugareños intimados por la provincia aseguraron que eran intimidados y hasta amenazados por representantes de la gestión Kicillof.

En efecto, la propietaria de uno de los comercios más emblemáticos de la Isla Martín García, la panadería Rocío, aseguró a REALPOLITIK que “después de amenazas y hostigamientos de los funcionarios, nos exigieron a entregar la panadería en quince días, incluyendo los utensilios que incorporamos con esfuerzo a lo largo de treinta años”.

En las últimas horas, la Justicia acertó un duro golpe para las intenciones de Kicillof y de sus funcionarios Diego Simonetta, director de Gestión Integral de Islas Martín García, y Eugenio Liggesmeyer, director provincial de Islas. A través de una resolución, se aceptó el amparo judicial impuesto por los propietarios, quienes durante estas horas ya comenzaron a volver a sus rutinas habituales.

La propietaria de la panadería Rocío, en comunicación con REALPOLITIK, aseguró: “Ya pudimos abrir. No por llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia, sino por una medida cautelar que salió a nuestro favor. Esto implica que podemos abrir y trabajar como siempre hasta que haya una resolución definitiva”.

(www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Una familia que regresará en los próximos días desde los Estados Unidos pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de las normas impuestas por el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, en contra de ser enviados a un hotel para hacer la cuarentena.

El pedido es porque la familia, que viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, volverá el próximo domingo y pidió a la Justicia que invalide la norma administrativa la cual consideran contraria a la Constitución Nacional.

El abogado Norbreto Borlenghi, de 73 años, viajó con su familia para obtener la segunda dosis de vacunación luego de recibir en la Argentina la primera del laboratorio Sputnik V, y en aquel país se aplicó la de Pfizer. Además del letrado, se vacunaron su esposa y las dos hijas del matrimonio, pues “no le quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, y ahora, de yapa, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo en un hotel desconocido”, sostuvo.

La presentación hecha ante la Justicia federal de San Martín, cuestiona el DNU 411/2021 y la Decisión Administrativa Nº 643/2021 dictada por el jefe de Gabinete Santiago Andrés Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la que propiamente dictó el gobernador Kicillof.

“Se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, argumenta la misma.

“Todo ello resulta un absurdo intolerable, por cuanto más que protegernos y evitar la dispersión de una eventual propagación del virus -circunstancia poco probable ya que, para ingresar a la Argentina deberemos contar con dos PCR negativos, uno del país de salida y otro de nuestro país al llegar-, mantenernos cuatro días encerrados en un hotel, acrecienta las posibilidades de contagios, ya que estaríamos inmersos en una burbuja cerrada y cercana de posibles infectados, con lo cual no se cumple lo que la pretendida norma predica, sino todo lo contrario. Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional, afectando los derechos protegidos por la Constitución”, concluyó.

Además, apuntó que no hay fundamento del por qué “600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta -tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y que podía hacer la cuarentena en sus hogares”.

Fuente: La Prensa

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“Hay que ganar la provincia de Buenos Aires, hay que ganarla porque si no es el principio de la complicación”. Con esa frase, uno de los protagonistas del acto en San Fernando del último martes, donde se entregaron patrulleros, dio un diagnóstico claro, escueto y contundente: aunque no lo asuma, el oficialismo inició la campaña electoral para las elecciones de medio término y empezó a focalizar en los puntos donde el gobernador Axel Kicillof dará una pelea particular por la composición del senado bonaerense. La Primera sección electoral es una de esas batallas.

El gobernador bonaerense fue el último en llegar al acto de este martes en San Fernando. Allí lo esperaban el intendente del distrito Juan Andreotti, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Extrañamente para quienes asistieron al evento, el ex intendente de Tigre llegó puntual. Hasta tuvo tiempo de bromear con Berni, una faceta que años atrás resultaba impensada. También estuvo la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, que es de San Isidro.

Massa tiene su núcleo político en la Primera sección electoral. Este martes, además de él, asistieron varios dirigentes territoriales con base en Tigre donde el Frente Renovador espera, en algún momento, volver a gobernar. Hoy ese municipio sigue dentro del universo del Frente de Todos, pero bajo la conducción de Julio Zamora que ya reporta en los intendentes del PJ y buscan apilarse bajo el paraguas del presidente Alberto Fernández.

De hecho, hubo un debate sobre dónde hacer la entrega de patrulleros de este miércoles: si iba a ser en San Fernando o en Tigre. Zamora no participó del acto. Massa estuvo acompañado por la tropa que responde a Malena Galmarini para mostrar presencia propia.

La Subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación y concejala de Tigre Micaela Ferraro Medina, la directora de Relaciones Institucionales y concejala de Tigre, Mayra Marini, el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura y también concejal de Tigre, Rodrigo Álvarez, dijeron presentes. Además de la concejala de Tigre, Sandra Rossi. Es parte del armado que tiene Malena Galmarini en el distrito que no gobierna. A nivel local, en Tigre, esa discusión entre el intendente Zamora y el massismo no está saldada.

Si bien los intendentes peronistas buscarán retener los lugares que tienen en el Senado bonaerense por la Primera sección electoral, con las bancas de Gustavo Soos, que responde a Gustavo Menéndez (Merlo), Luis Vivona del esquema del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y Marta Pérez, esposa del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, Massa también tendrá lugares de acceso reservado por la Primera sección electoral, donde cuenta con nombres para aportar.Massa, Kicillof y Berni junto a dirigentes del Frente Renovador

En el medio de este universo multisectorial dentro del oficialismo, la Primera sección electoral es uno de los objetivos particulares que tiene el oficialismo en la campaña. Es particular porque allí se renuevan ocho bancas del senado bonaerense, donde hoy tiene predominio Juntos por el Cambio (controla cinco de las ocho bancas). Esa ecuación ha complejizado algunas leyes que pretendía aprobar Kicillof.

Con la entrega de patrulleros, Kicillof aseguró: “Aquí en San Fernando solo se habían incorporado siete vehículos usados durante los cuatro años anteriores, en los que se abandonó y se postergó el cuidado de los vecinos y las vecinas”. Los dichos de Kicillof levantaron la crítica de la oposición. La concejala del PRO Agustina Ciarletta expresó que “durante la gestión de María Eugenia Vidal, San Fernando recibió 8 autos, 7 camionetas, 280 chalecos antibalas, 4 destacamentos móviles y la transferencia de fondos para la seguridad de más de $23 millones”. En la Primera sección electoral, Juntos por el Cambio gobierna los municipios de Campana, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, San Miguel y Suipacha.

Pero además, la Primera sección electoral acumula 4.621.932 electores. Ese número se incrementará en estos comicios. La Primera, junto con la Cuarta, Quinta y Séptima sección serán los objetivos puntuales. En las elecciones 2019, el Frente de Todos se alzó, en la Primera, con el 52,22% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio se ubicó en el segundo lugar con el 38,06%.

El viernes Kicillof estuvo en Villa Gesell y mudó su gabinete a una reunión itinerante junto con los intendentes oficialistas de esa sección.

Como dio cuenta Infobae, en la Primera sección hay cierto ruido entre los intendentes oficialistas por la escasa participación de ese sector como bloque en la denominada “mesa de los lunes”. Es el ámbito donde Kicillof junto a Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se reúnen para delinear políticas macro y aplacar ruidos internos hacia cada espacio que integra el Frente de Todos.

Allí sí hay presencia de la Tercera sección electoral con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de La Matanza, Fernando Espinoza, aunque no aparece una referencia directa de un intendente de la Primera sección. Sí participa el ministro de Obras Públicas de la Nación y ex jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis.

Fuente: Infobae

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