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Cómo se explica este fallo de la justicia de los EEUU.

Buenos Aires, 21 julio (NA)– La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo condenando al país a pagar aproximadamente US$321 millones (más intereses y costas) en reclamo por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur hace 18 años.

Luego del pedido de anulación del laudo por parte de la Argentina, finalmente quedó firme en 2019. Tiempo después, Titán Consortium -la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo como cesionario de Teinver y otros- presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 2021.

En 2024, la Corte de Distrito rechazó la aplicación del plazo de prescripción de 3 años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable es de 12 años. Luego de ello, reconoció el laudo CIADI por un monto de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024 (fecha de la sentencia) sumado a intereses posteriores a la sentencia.

El año pasado Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 determinado en primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó hoy la decisión de primera instancia, indicando que el plazo aplicable es el de 12 años por el monto final de más de US$390 millones.

Desde la Procuración del Tesoro informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran analizando “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia” y señalaron que la causa se origina “en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.”

Agencia NA

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La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. 

Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

#AgenciaNA 

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Argentina ha recibido este lunes un durísimo varapalo en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ha ordenado al Estado argentino que entregue la totalidad del 51% de las acciones que tiene en la petrolera YPF, estatizada parcialmente por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando el accionista de control era la española Repsol. Los títulos se usarán como parte de pago a los beneficiarios de un fallo de septiembre de 2023, en el que Preska había condenado a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas que se consideraron afectados por el proceso de nacionalización de la petrolera. Argentina no cederá sus acciones de inmediato porque el fallo es aún apelable, pero supone una puerta que se cierra en la estrategia legal del Gobierno de Javier Milei.

“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA”, dice la sentencia de Preska. “La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el texto.

Milei apelará el fallo

El presidente argentino, Javier Milei, ya adelantó en su cuenta en X que el Gobierno apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Fue la única línea que dedicó a la estrategia oficial en un posteo que usó para despotricar contra el gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien era ministro de Economía cuando se expropió YPF.

“Esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof (…) YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”, escribió.

En el momento de la estatización en 2012, el 57,5% de YPF estaba en manos de Repsol, el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazy— y el 17% estaba repartido entre inversores minoritarios, como Eton Capital. En 2023, Preska sentenció a Argentina a pagar 14.385 millones de dólares a Petersen Energía y otros 1.714 millones de dólares a Eton Capital. En el escenario entra también Buford Capital, un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicios de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, una metodología similar a la que usan los fondos buitre con los títulos de deuda. El fondo demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que están en concurso de acreedores en España porque en su momento se endeudaron para comprar su participación en YPF, devaluada con la expropiación.

Detalles del fallo

El fallo de Preska de hace dos años consideró que, en el momento de la expropiación, Argentina tendría que haber ofrecido el trato que dio a Repsol al resto de los accionistas, como establece el estatuto de YPF cuando se trata de un trasvase de más del 15% de las acciones. Argentina intentó desde el principio imponer el argumento de que la causa debía saldarse en tribunales locales y que la expropiación de YPF había cumplido con todas las normativas legales, incluido un pago de 5.000 millones de dólares a Repsol. Para la jueza Preska, sin embargo, “los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía internacional pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que la ley extranjera controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, cada Estado extranjero podría evitar cumplir fallos en los tribunales estadounidenses”.

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— Coherencia Por Favor (@CoherenciaFavor) June 30, 2025

Preska dejó a YPF fuera del litigio. Eso significa que será el Estado argentino y no la empresa (que aún conserva el 49% de sus acciones en manos privadas) quien deberá pagar la indemnización. En cualquier caso, el Gobierno no está en condiciones de satisfacer la demanda judicial. No solo porque no tiene el dinero, con sus reservas internacionales en negativo y dependiendo del Fondo Monetario Internacional para sostener su moneda. Sucede que la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin previa autorización del Congreso.

El fallo sorprendió a la Casa Rosada. En noviembre de 2024, tras el triunfo de Donald Trump y dos meses antes de su asunción, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió mediante un escrito a la jueza Preska que rechazase la indemnización exigida por Burford Capital y Eton Capital, ganadores del juicio contra la petrolera argentina. El argumento de la Casa Blanca era que la exigencia de los demandantes viola leyes locales de Estados Unidos y abre la posibilidad de algún tipo de reciprocidad por parte de Argentina con activos soberanos estadounidenses.

Federico Rivas Molina Fuente: El Pais

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