A tono con el discurso de Javier Milei, habló de “guerra” y “excesos” y dijo que “algunos prevaricadores” usan la justicia para “hacer prevalecer algún tipo de venganza o de ideología”. 

El diputado nacional Beltrán Benedit (La Libertad Avanza-Entre Ríos) habló por primera vez de la visita que realizó, junto con otros legisladores libertarios, a represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Se tomó su tiempo, pero vino recargado Benedit: justificó sus actos; no se privó de atacar abiertamente las políticas de memoria, verdad y justicia ni de apelar a los clichés negacionistas del terrorismo de Estado (“tuvimos una guerra”, “se cometieron excesos”); y llegó a hablar del negocio de los juicios de lesa humanidad. Todo en una sola entrevista, en el programa GPS (FM Litoral), con Tiago Romero y Dalila Luquesi.

El legislador justificó su silencio en todo este tiempo en que hubo un pedido del “Poder Ejecutivo, pero no del presidente (Javier Milei)”, y admitió que hubiese preferido explicar las motivaciones de aquella visita, pero que acató la orden.

El 11 de julio último, un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza realizaron una visita al penal de Ezeiza para reunirse con militares y represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esto originó una controversia al interior de la Cámara Baja, pero también dentro del bloque oficialista. Se supo que la comitiva estuvo encabezada por Benedit y que lo acompañaron María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra.

En la foto que se filtró del encuentro aparecen Alfredo Astiz, el ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti –al lado de Benedit–, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Mario Marcote, entre otros represores condenados.

“Era gente muy educada”, se le ocurrió. Dijo incluso que no conocía a ninguno en particular, aunque se refirió a los represores como “gente que combatió al terrorismo” o “participó en la guerra contra la subversión”.

En otro tramo de la entrevista afirmó que “algunos prevaricadores” usan la justicia para “hacer prevalecer algún tipo de venganza o de ideología” (sic). “Eso no está bien. Los derechos humanos son para todos. Tuvimos una guerra y no importa si era un terrorista que puso una bomba o un militar que le dio una orden”, apuntó.

Como si hubiese quedado claro, luego reforzó el punto: “Si vamos a empezar a usar (la justicia) a gusto y piacere de la ideología o de la identificación de cada uno, estamos mal”.

“Fue triste lo que nos pasó. Tuve conocidos de ambos lados”, dijo enseguida el libertario, y es curioso que lo dijera: fue compañero de colegio de Eduardo Mencho Germano, detenido, torturado y asesinado el 17 de diciembre de 1976; y Marcote, alias el Cura y ex miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, es uno de los condenados por su desaparición.

“Tenemos que superarlo, pero conociendo la verdad y no permitiendo que instituciones sigan manteniendo estas heridas abiertas porque, entre otras cosas, es un gran negocio. Los juicios de lesa (humanidad) tienen un presupuesto enorme”, se explayó Benedit.

Sobre este punto, abundó: “Y cuando ya los principales actores, como las (conducciones de las) Fuerzas Armadas que impartieron órdenes que podrían haberse prestado a que se cometieran excesos ya no están, porque fallaron por un tema de edad, salen a buscar a alguien porque hay que seguir facturando. Eso es un espanto”, afirmó.

El diputado libertario puso un ejemplo personal. Sin dar mayores precisiones, contó que pidió a uno de sus asesores, abogado, ex juez, a quien no identificó, “que presenciara los juicios (de lesa humanidad) que se estaban llevando en adelante los tribunales orales. Primero hubo resistencia a que participara, aunque después lo conseguimos. Ahí quedó claramente demostrado que sea lo que dijera el acusado, la sentencia ya estaba escrita. Duele que eso ocurra”, sentenció.

La afirmación, sin embargo, se da de bruces con la realidad. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consignó que, hasta septiembre de 2024, un total de 1.187 personas habían sido condenadas por delitos cometidos durante la dictadura, se dictaron 192 absoluciones, 379 personas continúan procesadas, a 161 se les dictó la falta de mérito, 103 fueron sobreseídas, 70 han sido indagadas, 467 están imputadas y 1.213 han fallecido desde la reapertura de las causas, en 2006.

Benedit, sin embargo, redobló la apuesta: “Reveamos (si) los fallos están bien hechos o si no hay negocios atrás. Transparencia. Y que la verdad salga a la luz”, se despachó.

Según dijo, la visita se gestó a instancias de “muchas denuncias de familiares y allegados de presos que estaban en ese penal” con alegaciones a que “no se cumplían las leyes ni los tratados internacionales de derechos humanos”. Dijo que recabó información acerca de “la veracidad de las denuncias” y entonces se decidieron a realizar “una entrevista y una recorrida en el penal donde había presos que estuvieron en la guerra contra el terrorismo”.

“Lo particular es la edad (de los condenados) (…) Son personas que excedían largamente los 70 años. Había personas de 80, 85 años. Algunos de 90. Algunos presos querían saludarnos. Era la primera vez, al menos en la historia de su detención, que alguien de la política se acercaba y se interesaba por esa situación humanitaria de salud que tenían”, agregó.

Los datos, otra vez, se contradicen con la realidad: el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que del total de quienes han sido condenados, 630 permanecen detenidas, pero 501 están bajo arresto domiciliario, 73 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 en otras dependencias.

Por último, Benedit aseguró que no había en la agenda ningún proyecto tendiente a morigerar las condiciones de detención de los represores, como ha dejado trascender Lourdes Arrieta, la diputada que dijo haber sido engañada sobre los motivos de la visita a los represores, y como surge de los chats de un grupo de WhatsApp que ella misma filtró sobre cómo se organizó la visita al penal de Ezeiza.

Fuente: Página Judicial

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