El tribunal oral federal N° 7 que llevará adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 exfuncionarios y empresarios en la causa de los cuadernos de las coimas comenzará el jueves, se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori Germán Castelli emitieron a última hora de hoy un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.

El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.

Por eso los jueces decidieron que durante los jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerá la elevación a juicio en las causas Nº 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre en las causas Nº 13816/2018/TO1) y 11 de diciembre en las causas Nº 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1).

Esta primera etapa del juicio durará casi hasta fin de año. Tras la lectura de la acusación, donde es obligatorio que todos los acusados estén presentes en el Zoom, con sus abogados, comenzará el debate en sí mismo.

Según pudo saber LA NACION, Cristina Kirchner se conectará desde San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.

La fiscalía está a cargo de la fiscal general Fabiana León, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.

Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, se abrirá formalmente el juicio oral y se preguntará a los defensores y querellantes si tienen alguna cuestión preliminar para plantear, por ejemplo nulidades, o algún otro asunto que entiendan que debe resolverse de antemano.

Los jueces suelen posponer su resolución para el final del juicio, excepto asuntos urgentes. Una vez completada esta etapa comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Es la oportunidad que tienen los imputados de realizar su defensa. Todo esto podrá verse por Zoom abierto. La fiscalía quiere que las indagatorias sean presenciales.

Tras esas declaraciones comenzará a exhibirse la prueba a través de las declaraciones de los testigos. Esa etapa no se podrá ver por Youtube abierto, sino que solo podrán asistir los periodistas y público acreditado en un Zoom cerrado.

Esto es para que un testigo que debe declarar no sepa de antemano lo que declaró el testigo anterior y pueda acomodar así su relato. Una vez finalizadas las declaraciones de testigos y peritos, comenzarán los alegatos donde se volverá a conectar el Youtube para que todo el mundo pueda ver el cierre del proceso y la lectura del veredicto.

Se estima que todo el juicio durará varios años, porque los testigos previstos son más de 440 y los acusados son 86. Cada uno con sus abogados, que pueden interrogarlos a su antojo.

Sin probation

En tanto, hoy el tribunal oral federal 7 decidió rechazar la pretensión de uno de los empresarios acusado, Patricio Gerbi, que pidió una probation, es decir que ofreció suspender el juicio a prueba a cambio de la realización de tareas comunitarias y pagar una suma de 209.683.710 de pesos.

Gerbi fundamentó su pedido en su “colaboración activa y constante con la justicia”. Destacó que declaró como arrepentido y que su información fue ratificada.

Pero los jueces rechazaron su pretensión. Sostuvieron que si bien la situación de Gerbi (carencia de antecedentes condenatorios y una eventual pena que podría ser de ejecución condicional) podría ajustarse a las pautas de la probation, la oposición fundada de la fiscalía hacía imposible admitir su solicitud.

La fiscal León se opuso a esta solución y los jueces dijeron que como representante de la sociedad, sin su acuerdo, la suspensión del juicio a prueba no podía prosperar.

La fiscalía dijo que no correspondía porque en este caso se juzga además a funcionarios públicos y porque hay instrucciones generales de la Procuración General de la Nación, en este sentido. Por lo tanto, el tribunal oral resolvió negarle la suspensión del juicio a prueba.

Por Hernán Cappiello

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El fiscal federal Diego Luciani reveló que durante el juicio en el que le tocó acusar a Cristina Kirchner en la causa Vialidad sufrió “presiones inconcebibles” del expresidente Alberto Fernandez, señaló que tuvo que enfrentar “operaciones mediáticas” y dijo que los medios kirchneristas lo hostigaban.

En una charla en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organizada por Transparencia Internacional y Poder Ciudadano, Luciani afirmó que las presiones se extendieron al fiscal Sergio Mola, con quien llevó adelante la acusación en el juicio, y también a sus familiares.

“Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos”, aseguró Luciani.

El fiscal federal, cuyo alegato fue tomado como base para la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, dijo que ese “hostigamiento” tuvo su origen en “los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.

Luciani compartió la charla con con François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la jueza Alejandra Provítola; y Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

“El mismo presidente de la Nación, dos días después de terminado nuestro alegato, dijo ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron”, recordó Luciani.

Además, afirmó que “la corrupción es un grave atentado contra la democracia y, principalmente, contra los derechos humanos, ya que desapodera de recursos públicos a sectores vulnerables, para enriquecer a los corruptos y a los amigos del poder”. Reiteró, así, parte de los conceptos que usó al alegar en el juicio.

“Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia”, sostuvo.

Fuente: LA NACION

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l fiscal Diego Luciani, encargado de investigar junto a Sergio Mola la causa de obra pública en Santa Cruz por la que pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 una condena de doce años a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuestionó duramente el fallo que le dio seis años y no por asociación ilícita sino por administración fraudulenta. Además, reclamó por la absolución de Julio De Vido en esa misma causa.

Por eso es que adelantó que apelarán al fallo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso. 

“Para nosotros está comprobada la asociación ilícita. Y vamos a apelar. Queremos revertir esa mirada que se instaló en Tribunales de que en las causas de corrupción no aplica la asociación ilícita”, dijo a Infobae.

Asimismo, se lamentó: “¿Cómo puede ser que Cristina Kirchner formó parte y que José Lopez, secretario de Obras Públicas, formó parte y que De Vido no esté cuando el Tribunal entiende que hubo una colosal maniobra?”

Y, en esa linea, agregó que “en nuestro alegato nosotros hemos demostrado que acá hubo una verticalidad a la hora de favorecer a Lázaro Báez”.

La condena que había pedido Luciani para Cristina Kirchner

Luciani había pedido una condena de doce años de prisión y la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerada la jefa de una “asociación ilícita” que benefició al empresario ligado al kirchnerismo, Lázaro Báez, con obras en Santa Cruz. 

“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, dijo en aquel entonces. 

JD / CP

Fuente: Perfil

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Hernán Cappiello

n un fallo histórico, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada hoy a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la Justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

El tribunal dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos actualizados al momento en el fallo en que quede firme. Ese dinero es el monto de “los efectos del delitos”.

Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

El veredicto de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fue leído por el primero desde la sala B de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002.Fue un fallo dividido, ya que el juez Basso se pronunció por condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita, pero quedó en minoría.

Apenas terminada la lectura del veredicto, desde el Senado Cristina Kirchner dio un mensaje y denunció al Poder Judicial. “Son un Estado paralelo, es la mafia judicial”, dijo la vicepresidenta, que adelantó que apelará la sentencia.

La sentencia fue recibida con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio de Comodoro Py 2002. La agrupción del piquetero Luis D’Elía empezó a agitar las vallas que rodean al edificio, lo que generó que la policía de la guardia de infantería se colocara cerca de las reja con sus escudos listos para intervenir, pero no fue necesario hacerlo.

Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo vía Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitió luego un mensaje por las redes sociales.

El tribunal oral absolvió al exministro de Planificación Julio de De Vido, a Abel Fatala y a Héctor Garro por los hechos que fueron motivo del juicio. Y en el mismo sentido sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner, por prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario publico.

Además de Cristina Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.

López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado la pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años.

Es la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina durante su segundo mandato.

A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo corresponde condenarla por el delito de fraude.

Un edificio vacío

El momento de la lectura del veredicto estuvo rodeado de solemnidad. El edificio de Comodoro PY 2002 estaba vacío. A las 17.20, diez minutos antes de la hora prevista para la lectura del veredicto, los tres jueces del tribunal bajaron juntos en el mismo ascensor desde sus despachos hasta la planta baja. Los esperaban una cápsula de ocho policías, que los rodeó y fueron así caminando juntos a lo largo del pasillo, hasta ingresar a la sala de audiencias. En el pequeño recinto, con el aire acondicionado al máximo, los esperaba el secretario del tribunal, Tomás Cisneros, y de inmediato los policía se acomodaron uno en cada rincón de la sala.

En la sala había solo 12 empleados del tribunal oral federal N° 2 dispuestos a presenciar el momento histórico. Había un silencio sepulcral, que se quebró cuando el juez Gorini dio por iniciada la sesión y anunció que tras el veredicto iban a dar a conocer una breve reseña de los fundamentos del fallo, que se van a difundir por completo el 9 de marzo próximo.

Así comenzó la lectura, delante de una decena de periodistas, los empleados, los policías, y un camarógrafo que tomaba la escena para retransmitirla por Zoom y por Youtube. Gorini leyó las condenas y las absoluciones sin ser interrumpido. A su izquierda, Basso, y a su derecha, Giménez Uriburu, lo escuchaban con la manos juntas, como rezando. Giménez Uriburu con la mirada baja leía un texto y Basso miraba al frente.

“Firme que sea la sentencia, ejecuténse los puntos dispositivos y archivese. Señora y Señores este juicio a ha terminado”, finalizó el juez Gorini. Tomó los papeles de la sentencia en sus manos, los acomodó, se puso de pie, colocó la su lapicera en el bolsillo interior de su saco y salió caminando con sus colegas. La sala quedó sumida en silencio. Ni un murmullo.

Los jueces fueron los primeros en salir caminando rodeados de policías. Los siguieron los empleados del tribunal oral. Dos de ellos se palmearon el hombro. El último fue el secretario Cisneros, que cerró la fila con su termo violeta y el mate. En la puerta de los tribunales, los manifestantes ya estaban cansados y agobiados por el calor. No cantaban más “¡Cristina Presdienta!”. Se deperdigaron apenas todo terminó.

Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

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