Apenas el 14% de los jueces de las Cortes Supremas provinciales de todo el país permitió acceder a sus declaraciones juradas patrimoniales, tras un pedido de acceso a la información solicitado por Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación– y Connectas entre abril y mayo de 2025.

Así ocurrió con los máximos magistrados de seis provincias, aunque solamente en dos casos pusieron a disposición la información de la totalidad de sus integrantes. En las otras cuatro hubo respuestas parciales. Como principal argumento para negar la accesibilidad pública, la amplia mayoría de las autoridades se escudó en que cumple con la obligación ante organismos locales, pero a sobre cerrado.

La obligación que tienen los magistrados provinciales de presentar las declaraciones juradas está normada por leyes de ética pública locales, por las constituciones de cada provincia o por leyes específicas de declaraciones juradas que incluyen a los miembros del Tribunal de Justicia, funcionarios y magistrados del Poder Judicial local, consignó el portal elruido.org (*).

Sólo se pudo acceder a las declaraciones juradas de apenas 19 magistrados. A su vez, en dos provincias se pudo acceder a las DDJJ de la totalidad de sus miembros: fueron las de Córdoba (7), que respondió a la solicitud ante el pedido de acceso a la información presentado, y Mendoza (7), que las tiene públicas y accesibles en el portal de Ética Pública.

En otras cuatro provincias hubo respuestas parciales. En Catamarca sólo respondió la ministra María Fernanda Rosales Andreotti. En La Pampa, sólo el ministro Fabricio Ildebrando Luis Losi. En Neuquén, el ministro Gustavo Mazieres compartió el link al expediente completo de su designación, donde estaba incluida su DDJJ. En Tierra del Fuego, los ministros Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano.

En Formosa no hubo respuesta oficial, y el sitio web muestra las DDJJ de 2 de los 5 ministros, pero antiguas: la de Ariel Gustavo Coll, de 2016; y la de Marcos Bruno Quinteros, de 2012.

También hubo respuestas de los ministros de la Corte de Salta, Río Negro, Entre Ríos y Chaco, aunque en todos los casos explicaron que las DDJJ fueron oportunamente presentadas ante las Escribanías de Gobierno, Oficinas de Investigaciones Administrativas y de Ética Pública, Contaduría General del Poder Judicial o Tribunales de Cuentas; en cuyo caso derivaron la consulta a estos organismos.

En Entre Ríos, además, se aclaró que las DDJJ son “secretas” y sólo pueden ser abiertas por el propio magistrado o por pedido de un juez en el marco de una investigación penal.

Las cortes supremas de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán no respondieron al pedido. Tampoco la de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos corresponden a las Cortes según estaban conformadas a mayo de 2025.

“El máximo tribunal de Córdoba hizo públicos los patrimonios de sus miembros tras un pedido de información. El de Mendoza es el único que tiene las declaraciones juradas en un portal público. En Catamarca (sólo uno de los siete jueces), Neuquén (uno de cinco), La Pampa (uno de cinco) y Tierra del Fuego (dos de cinco) hubo respuestas parciales”.

Investigación sobre vínculos políticos de jueces

Los pedidos de DDJJ a magistrados se realizaron al mismo tiempo que se les solicitó información sobre sus antecedentes laborales, con el fin de determinar sus vínculos políticos previos a su llegada a la función judicial.

Esa investigación de Ruido y Connectas, publicada el 8 de agosto de 2025, reveló que, de los 138 jueces de las Cortes Supremas de todo el país, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos.

En el caso de la Justicia Federal, es la Ley de Ética Pública la que establece que los magistrados del Poder Judicial de la Nación están obligados a realizar la declaración jurada de sus bienes patrimoniales. El objetivo es que exista un control del Estado y la ciudadanía respecto del patrimonio de los funcionarios públicos y esta información se pueda utilizar como contralor de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Además, la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097), a las que adhirió la Argentina, prevén la incorporación de “sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos de personas que desempeñan funciones públicas, posibilitando su publicación cuando así corresponda”.

“En Entre Ríos contestaron que son secretas. De 138 magistrados, 119 no entregaron lo solicitado. Cada provincia tiene su propio régimen de presentación de declaraciones juradas”.

Información oculta o secreta

En todos los casos, la publicidad de esta documentación podría contribuir al fortalecimiento de la alicaída confianza pública y de la legitimidad que tiene el Poder Judicial: según datos de la consultora regional Latinobarómetro, en nuestro país apenas el 22% de la población confía en la Justicia.

“El Poder Judicial siempre es el más oscuro de todos los poderes en cuanto a la rendición de cuentas. Es necesario que los encargados de administrar justicia eleven los estándares de transparencia, y conocer la declaración jurada de los jueces es fundamental para saber si hay una evolución patrimonial anormal, o si pudiera existir un conflicto de intereses”, advirtió Pablo Secchi, director de la fundación Poder Ciudadano.

Para Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, este relevamiento dio con información “muy valiosa y es muy bueno poder cuantificarla”, aunque advirtió que no llama la atención.

“Si tenemos instituciones muy cuestionadas, es necesario trabajar para recomponer esos vínculos que se han roto con la sociedad. La generalización de esto nos advierte de que hay una sensación del ‘vale todo’. Eso obedece a que los ministros no sienten una inclinación o vocación a trabajar para que ese vínculo de deslegitimación se componga. Tampoco hay una demanda institucional ni social, ni reproche alguno que empuje a trabajar en la transparencia”, señaló.

(*) Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Fuente: Análisis

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En diálogo con El Despertador, Jorge Enríquez, presidente de la ONG Justa Causa, expresó su rechazo a las versiones que señalan un posible acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Escuchá la nota completa:

Enríquez recordó que, si bien la Constitución Nacional no fija un número determinado de miembros y ha variado a lo largo de la historia, lo preocupante son las modificaciones impulsadas por motivos coyunturales. “Cada gobierno llega diciendo que quiere una Corte independiente, pero después aparece la tentación de someterla a sus intereses”, afirmó.

NO A LA MANIPULACIÓN DE LA CORTE SUPREMA.

Ante versiones que sugieren que habría un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, Justa Causa manifiesta su más enérgico rechazo a esa manipulación de nuestro más alto… pic.twitter.com/qXOMROwMJD

— Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) August 11, 2025

El dirigente remarcó que una ampliación del tribunal no garantiza mayor agilidad en el tratamiento de las causas: “Al contrario, con más jueces se generan más demoras. Lo que importa es la idoneidad y la independencia de quienes lo integran”.

También destacó la importancia de cubrir las vacantes actuales con juristas de prestigio que cuenten con el aval constitucional del Senado. “La Corte, aún funcionando con tres miembros, ha demostrado independencia. No podemos caer en la lógica de ‘poner a los nuestros’ según quién gobierne”, señaló.

Enríquez advirtió que la historia argentina muestra cómo distintos gobiernos intentaron manipular la composición de la Corte, desde Perón en 1947 hasta casos más recientes. A su criterio, esa práctica atenta contra la seguridad jurídica y debilita las instituciones republicanas.

Finalmente, subrayó el rol de la sociedad civil en la defensa de la institucionalidad: “Desde Justa Causa hacemos esta advertencia para que se entienda que la República se construye sobre una justicia independiente. Sólo así habrá futuro para los argentinos”.

FM del Este 100.5

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En una entrevista exclusiva en “El Despertador”, Sergio Parodi, nos cuenta que esto comienza en el año 2004. Sus abogados Alejandro Razona y Diego Martínez Talau presentaron el primer amparo colectivo contra la pedofilia global con pruebas que involucran a la empresa proveedora de internet Arllinq, perteneciente al grupo Vila – Manzano.

Se acreditaron 2 billones de sitios vinculados a la pedofilia. Parodi cuenta que esto lo tenía la jueza Martinelli y por amiguismo, como una de las empresas demandadas era del Sr. Manzano y Vila, le sacaron la causa a la jueza Martinelli y se la dan a la Jueza Olga Pura Arrabal, amiga íntima de Vila, (Uno de sus hijos trabaja para el grupo Vila-Manzano) y es quien archiva la causa.

Escuchá la entrevista completa

Esta en la punta de un hilo que iremos dando cuenta. Porque hasta en Córdoba, el Dr. Norberto Vaca (de Provida y la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género) ha realizado diversas denuncias incluyendo una por encubrimiento contra Juan Carlos Bergoglio (hoy el Papa Francisco)

Esta denuncia ha sacudido los cimientos de la sociedad con la revelación de presuntos vínculos entre reconocidos empresarios y el consumo de contenidos sexuales de niños en la web. Esta escalofriante indagación, que se remonta a 2004, ha desvelado un entramado global de explotación infantil oculto tras la fachada de la industria pornográfica.

El caso cobró relevancia cuando se expuso un negocio pedófilo encriptado dentro de la mafia de la pornografía infantil, y se señaló la complicidad de magistrados corruptos que no imputaron a los “grandes empresarios” involucrados en la trata de personas.

Según información recibida, la jueza federal Olga Arrabal de Canals desestimó en 2007 una acción de amparo que buscaba regular los contenidos pornográficos en internet, argumentando que no era competencia de su jurisdicción tomar medidas al respecto. Este fallo provocó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público.

En síntesis, desde 2007 se espera el bloqueo inmediato de esos sitios encriptados en el buscador google.com

El querellante particular Sergio Parodi y la doctora Claudia Vélez hicieron una presentación judicial contra la compañía global Google por corrupción de menores, aunque por acción u omisión el expediente continúa cajoneado.

Al dia de la fecha, La Magistratura de Mendoza ha sido denunciada ante la Magistratura federal. Pero la pornografia sigue en línea mientras continúan las idas y vueltas de notificaciones.

La acción legal había sido presentada por unos 250 ciudadanos mendocinos, quienes exigían controlar la proliferación de contenido sexual explícito involucrando a menores. A pesar de un pedido de bloqueo de páginas web con pornografía infantil, el juzgado ordinario declinó continuar con el caso, trasladándolo al ámbito federal.

La jueza Arrabal fundamentó su rechazo en la falta de capacidad procesal de los demandantes, la ausencia de injerencia de las empresas proveedoras de internet sobre los contenidos publicados, y la incapacidad de demostrar que dichas empresas tuvieran control sobre los espacios alquilados.

Sergio Parodi, instructor de educación física y líder de la denuncia, ha levantado una voz de alerta, enfatizando en la necesidad de una acción conjunta para combatir este flagelo. Sin embargo, las implicaciones de estas revelaciones trascienden las barreras jurisdiccionales y demandan una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional.

Esta investigación arroja luz sobre una sombría realidad que exige una respuesta firme y decidida por parte de las autoridades competentes. Es esencial garantizar la protección de los menores y la persecución efectiva de quienes perpetran estos actos atroces, sin importar su estatus social o económico.

La jueza federal mendocina Olga Pura Arrabal emitió un fallo sorprendente a favor de una red de pedófilos, ignorando completamente los derechos del niño y marcando un precedente sin precedentes en la historia del país. A pesar de la evidencia abrumadora, incluyendo la presencia de más de 2 billones de sitios pornográficos encontrados en la pericia informática, la jueza optó por archivar la primera acción de amparo.

En su decisión, la jueza encubrió a la red pedófila vinculada al grupo Vila-Manzano, especialmente a una de sus empresas, Arllinq, proveedora de internet en la provincia de Mendoza y facilitadora de sitios pornográficos y la corrupción de menores. Es importante destacar que la magistrada no solo evitó bloquear estos sitios, sino que permitió su expansión, contribuyendo así al crecimiento de la red de pedofilia.

Esta no es la primera vez que se observa complicidad entre la justicia mendocina y las altas esferas del poder en temas similares. En 2007, una presentación judicial contra la compañía global Google por corrupción de menores fue ignorada, lo que sugiere una falta de acción por parte de las autoridades judiciales.

El procurador general de la Corte de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, es señalado como el principal responsable de detener la denuncia penal contra la corrupción de menores. Se destaca su estrecha relación con el diputado nacional Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, quien también es señalado por ignorar el tema durante su gestión.

Recientemente, el senador mendocino Hugo Bonarrico denunció la desaparición de un proyecto de ley contra la pedofilia en la provincia, pero después de hacer pública esta grave acusación, el expediente apareció misteriosamente archivado. Además, los "pornocanales" de Direct TV violan un decreto nacional que prohíbe el comercio sexual a través de los medios masivos de comunicación en Argentina, sin que se haya investigado si hay menores involucrados. Estos acontecimientos sugieren una combinación de inoperancia, cobardía o corrupción que obstaculizan los procesos judiciales.

FM del Este 100.5

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A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a jueces, entre elloslos ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, revelaron a Infobae fuentes del caso.

Ya hay tres detenidos y el cuarto anunció que se entregará en las próximas horas, detallaron las fuentes. En la causa se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre con el fin de cometer delitos.

El buscado es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios. El sospechoso de 22 años, confirmó a Infobae su defensa, no fue encontrado en un allanamiento porque estaba en viaje hacia Buenos Aires para ampliar una declaración indagatoria en la justicia porteña. Su defensor prometió al juzgado que se entregará en estas horas. Nuñes Pinheiro no solo está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales. También reconoció, en otra causa, haber participado del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Pero hay más imputados en la megacausa del espionaje: en la ciudad de Junín fue allanado y arrestado ayer, lunes un ex policía llamado Ariel Zanchetta. Según pudo saber Infobae, el ex policía pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares. Eso surge de la investigación que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido de Pollicita.

De ese análisis de comprobó que Zanchetta hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema, revelaron las fuentes consultadas. Trascendió que el ex policía justificaba sus solicitudes en esa base de datos diciendo ser periodista en busca esta información.

Los jueces de Casación Hornos y Borinsky

En tanto, los otros dos detenidos por orden del juez Martínez De Giorgi tienen que ver con el capítulo que involucra a los jueces de la Corte Suprema y las líneas que se crearon simulando sus identidades. Una de las sospechosas es una mujer que vive en Posadas: Nelly Soledad Valdes. Desde el mismo IMEI que se activó una de las lineas inventadas a Rosatti aparece la activación de tres líneas a nombre de la mujer. El otro detenido es Santiago Machado. Al igual que Valdés, vive en Posadas y también aparece ligado a una de las lineas del presidente de la Corte.

Las tres personas que ya fueron allanadas y detenidas serán indagadas en el curso de las próximas horas. Se aguarda además la presentación que prometió la defensa de Nuñes Piñeiro, mientras la policía lo buscaba. El joven tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy a raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la investigación. Su defensa lo había solicitado porque aún no fue procesado y quería aclarar algunos puntos.

Vale recordar que la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, puntualmente al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido. Pero el juez federal rechazó ser competente en esa investigación y volvió a su tribunal de origen. El conflicto entre ambos juzgados debe resolverlo la Corte Suprema de Justicia, el tribunal común superior entre ambos.

“No sé por qué ordenan la detención de un joven que se mostró predispuesto a colaborar y dijo todo lo que sabía, cuando en esa causa todavía no está ni indagado. Es el pato de la boda”, se quejó en diálogo con Infobae el abogado Sebastián Noguera, defensor del hacker.

El juez y el fiscal quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa. No solo se busca esclarecer el fin de la maniobra sino quiénes habrían estado detrás.

La causa investiga ataques informáticos a los jueces de la Corte Suprema

Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte. En la primera de las causa se comprobó que Nuñes Pinheiro fue el responsable de haber buscado por encargo y previo pago datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Luego llevó adelante maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Así, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos y aplicaciones.

Al hacker también le adjudican haber ingresado al celular del diputado del PRO y precandidato a gobernador Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño. De esa intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de supuestos chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Esas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.

La segunda parte de esa investigación nació a fines de marzo pasado cuando Rosattidenunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes se encontró que con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El 8 de mayo, el fiscal Pollicita le pidió al juez Martínez De Giorgi que llamara a indagatoria a Nuñes Pinheiro por el hackeo a cuatro jueces federales. “Se encuentra acreditado con elementos probatorios objetivos que fue él quien creó los usuarios de NOSIS y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del RENAPER, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, sostuvo el fiscal Pollicita.

Para el fiscal, las maniobras comenzaron desde “al menos desde febrero de 2022, por un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos —entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas— tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación, para con ello acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

Su indagatoria no se concretó en ese momento porque el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención junto a otros tres nuevos involucrados. La defensa de Nuñes había solicitado que todas las causa contra su cliente se concentraran en este juzgado.

Infobae

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La exfiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche fue entrevistada en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) a un día de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolviera denegarle la concesión del recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate el caso de su destitución, ocurrida el 24 de mayo de 2022 por dictamen del Jurado de Enjuiciamiento.

Goyeneche tiene ahora ochos días hábiles para interponer recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y confirmó que dará ese paso.

La exfuncionaria advirtió que el “Superior Tribunal de Justicia está constantemente bombardeando a través de su presidenta (Susana Medina) la actividad de los fiscales, tratando de entorpecer, echándolos de las oficinas, tratando de molestar constantemente”.

También reprochó la sumisión de algunos vocales del STJ para con el poder político: “Que haya jueces del Superior Tribunal que reciban directivas o llamadas desde Casa de Gobierno es algo que no corresponde”, disparó.

Y respecto de causas de corrupción como la de enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri, advirtió: “Hay un juego ahí con los tiempos, esperando el momento en que esta causa llegue al Superior Tribunal, a la Sala Penal, donde él tiene toda la esperanza de lograr un sobreseimiento o la extinción de la acción por esta idea de que las investigaciones tienen que durar nada más que un año y medio”.

Del mismo modo, señaló que, en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, que es la de mayor corrupción en toda la historia de Entre Ríos: “Cuando salga el primer juicio quedarán sobre la mesa todas las conductas de los que tenían responsabilidades políticas y administrativas dentro del sistema”.

-¿La súper estructura de la Justicia Penal en la provincia terminó de cumplir con su objetivo de que quede fuera de la Justicia?

-Con el rechazo del recurso extraordinario federal, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo que hizo fue tornar ejecutable la destitución. Y pierdo todo vínculo laboral con el Poder Judicial más allá que todavía tengo un recurso adicional y es el que estaba esperando y que es el de presentar un recurso directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pediremos que se dé tratamiento a todo lo que aquí no se ha tratado.

-Tenemos entendido que se despidió de sus pares fiscales a través de un mensaje de WhatsApp.

-La verdad es que las escribí con la idea de prácticamente invitarlos a la fiesta de reincorporación que vamos a hacer cuando todo esto termine. Obviamente, me costó, es duro y sabíamos que estas eran las piedras que estaban en el camino. Con muchos de ellos (los fiscales) tengo un vínculo que va más allá de lo laboral.

-Hay una frase que dice: “Les mando mi cariño a todos. Sigan trabajando con independencia y compromiso con el bien común que para eso estamos”.

-Estoy muy orgullosa del trabajo del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, de los fiscales en general. Y lo estoy porque creo que se hace mucho con muy poco; con muchas cosas en contra; con un sistema que a veces demanda demasiado; razonablemente como ciudadanos queremos que se resuelvan intereses de nuestra vida cotidiana sin hechos delictivos que nos estén molestando. Pero, también es cierto que para el que está dentro ningún esfuerzo alcanza. Y, sobre todo, lo que se percibe dentro del Poder Judicial. Hay un Superior Tribunal de Justicia que está constantemente bombardeando a través de su presidenta (Susana Medina) la actividad de los fiscales, tratando de entorpecer, echándolos de las oficinas, tratando de molestar constantemente.

-¿Pareciera que lograr el objetivo contra usted no les haya alcanzado?

-Esto es público y todo está concatenado en una mirada bastante incomprensible en algunos aspectos. Pero, esta idea del poder absoluto que quieren tener algunos y la idea que es necesario perjudicar o destruir al que no hace caso; al que no sigue las directivas de una línea que se quiere bajar, de un mandato que se quiere bajar. Por eso, les marqué a los fiscales que una de las cosas que nos enorgullece es el trabajo independiente. El hacer lo que el sistema jurídico nos impone hacer, a veces con acierto, otras con errores, pero nunca por obediencia a un organismo o a un sistema político inclusive como les pasa a ellos, que están mandando lo que se tiene que hacer. Esto que haya jueces del Superior Tribunal que reciban directivas o llamadas desde Casa de Gobierno es algo que no corresponde.

– ¿Y si su recurso ante la Corte no se trata?

-Bueno, como a todo el que haya tenido una causa judicial, ahora me toca a mí padecerla, sabe que hay una surte de albur, de suerte en esto que te puede ir bien o mal; que los tiempos son algo impredecibles y este es uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial respecto de la demanda ciudadana que no puede estar previendo un tiempo razonable. Y aún en mi caso, conociendo lo que está pasando y sé cómo funciona el sistema, resulta que los plazos no son como los que yo pienso. Igual sabía que los plazos o los tiempos son largos. Creía que la Corte Suprema iba a tratar el tema del amparo, pero decidió esperar que llegara el expediente con el fondo de la cuestión. El amparo es una instancia para tratar cosas excepcionales y estando la destitución ya resuelta la Corte decidió esperar que llegue el recurso sobre la destitución. Y ahora llegó ese momento que también llevará tiempo.

-Y mientras tanto usted tendrá que vivir de algo.

-Sí. Soy docente en la Universidad Nacional del Litoral y con nuestros ingresos familiares podemos vivir perfectamente y si esto se dilata, buscaré otra cosa ya sea a través de la profesión o ya veré lo que haré. Por el momento me he enfocado en poder conseguir que esta injusticia se resuelva y que esta fase termine.

-Alguna vez manifestó la idea de irse de la provincia. ¿Lo sigue pensando?

-Los argentinos siempre tenemos la idea de irnos como una salida. Pero, la verdad es que no lo pienso como algo real. Sí tengo un trabajo en Santa Fe y que es el ejercicio de la docencia; pero no lo he pensado más allá de un sueño.

– ¿Tuvo algún ofrecimiento laboral en este tiempo?

-Sí, hubo algunas cosas. Pero, el ser docente universitaria a veces concatena con algunas otras cosas como charlas o clases de postgrado y eso es un extra. Si bien tuve algunas ofertas genéricas, hasta ahora he estado bastante enfocada en no dar ese paso no he mantenido una charla concreta en ese sentido.

– ¿Y de la política hubo algo?

-No tengo interés que ese sea el siguiente paso que tenga que dar. Esa es la situación actual. Creo que no es el momento. No puedo decir lo que haré el día de mañana o dentro de 4, 6 u 8 años; pero, no es algo que lo esté pensando en estos momentos. No hay algo que me movilice en estos momentos estar en algún lugar vinculado con la política.

– ¿Cuántas veces lloró por esta situación?

-Una a veces se desalienta. Incluso esta decisión de ayer que estaba esperando e incluso pensaba que cuanto antes, mejor; siempre se desalienta con la noticia, con el ver los fallos de personas que, sobre todo, en algún momento tuvo expectativas de que levantaran un poco el nivel del Superior Tribunal de Justicia; y cuando una ve finalmente lo que pueden concretar… aún para decirme que no, porque podrían hacer un fallo importante, con análisis jurídico o relevante para decirme “que no”. Cuando se ve que nada de eso hacen y que todas las resoluciones carecen de un contenido sólido y una se desalienta. Muchas veces he llorado, pero siempre son momentos… el llanto a veces sirve para retomar el vuelo.

-Alguna vez manifestó que le sorprendía la cantidad de personas que la reconocían y la alentaban…

-Me sigue sorprendiendo. Una de las cosas que agradezco siempre es que hay días que me pasa dos o tres veces en la misma jornada que hay personas que me reconocen, que me da un beso, que quieren sacarse una foto conmigo en la calle, que me alientan; que otros me envían mensajes… o voy a negocios y me reconocen y me cuentan cosas que les han pasado vinculadas a situaciones de corrupción y me cuentan experiencias de conocidos de ellos… hay un trasfondo en la situación social actual de mucho desaliento con la forma en que funciona la institucionalidad, con la forma en que se ha deteriorado nuestra democracia y esta sensación de que el ciudadano no tiene nada para decir, no tiene nada para hacer porque tampoco la oferta política lo termina de convencer y no tiene nada para decir, que es simplemente un número y tiene que aguantarlo. Lo que me ha pasado a mí les ha generado la posibilidad de hablarlo, de decirlo, de manifestar un apoyo como una forma de manifestar el disgusto que sienten con muchas de las situaciones que viven como es el enriquecimiento de algunas personas que no pueden justificar la forma en cómo viven.

Corrupción e impunidad

-Hoy Sergio Urribarri habló en su indagatoria por enriquecimiento ilícito por casi 40 minutos.

-Urribarri es un imputado por hechos delictivos; condenado en una causa e imputado en otras más. En ese marco creo que hay que analizar lo que dice. Y el imputado tiene derecho a mentir, puede dar una versión que lo conforme a él. Pero, claro, a mayor inverosimilitud de la versión es más evidente su situación de imposibilidad de explicar. Sobre todo, cuando el enriquecimiento ilícito es un delito que se termina de configurar con el pedido de explicación ante un Tribunal y debe justificar por qué tiene ese dinero. Entonces, obviamente, él encuentra en estos datos que aporta su situación de persecución o lo que pudo haber cobrado el hijo que no está imputado en la causa… una explicación que a él lo satisface. Y, además hay un juego ahí con los tiempos, esperando el momento en que esta causa llegue al Superior Tribunal, a la Sala Penal, donde él tiene toda la esperanza de lograr un sobreseimiento o la extinción de la acción por esta idea de que las investigaciones tienen que durar nada más que un año y medio. Entonces, en ese contexto la negación le sirve para que vaya pasando el tiempo y conseguir eso que él está buscando.

– ¿Cómo se imagina la causa por los contratos truchos de la Legislatura?

-La jugada que están haciendo en la causa contratos tiene dos aristas: una, es la hipótesis de máxima y es conseguir que la Corte les dé la razón diciendo que esto es competencia federal. Lo cual, jurídicamente, es un absurdo total. Pero, bueno, nadie puede descartar ninguna de estas posibilidades, sobre todo, porque sabemos que las presiones políticas que se han ejercido en Buenos Aires son muchísimas. Pero, la verdad no creo que termine ocurriendo eso. Lo que sí están consiguiendo es que transcurra el tiempo de una manera muy favorable para los intereses de estas personas. El tiempo va pasando y el termómetro no es lo mismo que cuando se descubrió que se robaron 53 millones de dólares del Senado y que pasaron diez años de que esto ocurrió.

-Se van a cumplir cinco años de la causa de corrupción más grave en la historia de Entre Ríos.

-El tiempo en ese sentido es un espaldarazo para la posición de los que están investigados. Al menos, les da la esperanza de que algo cambie. Y lo primero que buscan es que pase tanto tiempo que los acusadores sean otros; que nombren previamente a los fiscales Anticorrupción en este concurso amañado que quieren hacer; que cambie todo el escenario y eso es siempre toda una esperanza.

– ¿Tiene margen el gobernador Gustavo Bordet para nombrar a un fiscal Anticorrupción antes que finalice su mandato el 10 de diciembre?

-Él lo podría nombrar si previamente terminan los concursos y si tiene el acuerdo del Senado; porque los cargos transitorios los nombra el Procurador General. En estos cinco meses me parece que es imposible. De hecho, nunca hubo un concurso que dure menos de un año y medio. Este concurso empezó a fines del año pasado o principio del actual, pero han cometido tantos errores sucesivos que están en los inicios del concurso.

– ¿Usted cree que en algún momento habrá condenados por la causa contratos truchos de la Legislatura?

-Creo que sí, que habrá condenados en la causa contratos. Además, cuando salga el primer juicio quedarán sobre la mesa todas las responsabilidades de los que tenían responsabilidades políticas y administrativas dentro del sistema. Y van a estar todos los nombres y se va a ordenar un poco todo esto: una investigación que se lleva adelante en el transcurso de un tiempo importante y cuando en un mes o dos que es lo que lleva de tiempo estos juicios, se pongan todas las cartas sobre la mesa; probablemente los jueces mismos que lleven adelante ese juicio van a tener que instar a que se inicie la segunda parte en la causa contratos.

– ¿Y usted considera que eso puede darse en los próximos cuatro años?

-Si la Corte fallara este año sobre la competencia, seguramente que sí; porque la causa sobre los Contratos I ya está cerrada y queda solo la parte de elevación a juicio, control de pruebas, etcétera y juicio posteriormente.

-Está claro que aquí hay toda una estrategia defensiva que se va viendo todo el tiempo cómo va poniendo barreras.

-Es indudable que están buscando que en el transcurso del tiempo que la prescripción funcione como una suerte de amnistía.

-Sería una vergüenza nacional.

-Ya es una vergüenza porque todo el sistema ha quedado muy expuesto en el sentido que se ha dirigido que esta causa no llegue a juicio, cuando lo que tuvo que haber sido si todavía se hubieran respetado las condiciones de trato y de existencia con el ideal de que todavía tengamos alguna dosis de moral en nuestra forma de actuación, sería que los funcionarios políticos estuvieran instando que esta causa llegue a juicio. Fuente: Análisis Digital

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Se trata del juez de la sala IV del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir, informaron fuentes judiciales.

“Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones SA en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”, sostuvo Carbajo en su excusación.

La sala IV de Casación está también integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó, de modo paralelo, que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.

Este mediodía, los abogados que representan a la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recusaron a los tres jueces de la Casación que integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según surge de la presentación.

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado”, sostuvieron los abogados.

La defensa de la vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión sobre el tema, mientras que a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.

“Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las distintas partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que fue apelado, entre otros, por la vicepresidenta que reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que reclamaron agravar las condenas.

Al apelar el fallo condenatorio, la defensa de la exmandataria reclamó su absolución por considerar que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

La condena “se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, advirtieron los abogados de la vicepresidenta.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos.

En aquella presentación, los representantes del ministerio público fiscal también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.

La Prensa

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El año pasado, con pocos días de diferencia, dos jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que juzgaba el caso Vialidad perdieron el control de sus celulares, mientras el juicio contra Cristina Kirchner se encontraba en etapa de alegatos de las defensas, después de un pedido de condena del fiscal Diego Luciani. La situación encendió luces de alerta: hacía semanas que en el Consejo de la Magistratura se había intrusado el área de declaraciones reservadas de jueces nacionales y federales. Esos mismos jueces fueron dos de las veinticuatro víctimas de esa violación ilegal. Además, la semana pasada se supo también  fueron “objetivos” del joven de 22 años que desde Misiones hackeó una extensa lista de teléfonos. ¿Las víctimas? Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Hace una semana, en su indagatoria, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro reconoció que hizo la maniobra de SIM SWAP contra el celular del ahora ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Pero durante las siete horas que declaró ante la jueza porteña Araceli Martínez y la fiscal especializada en cibercrimen Cecilia Dupuy, dio más detalles y contó sobre “otros objetivos” para los cuales lo contrataron.

Fue entonces que el hacker habló de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Ambos integran el TOF 2 que desde mayo de 2019 llevó adelante el primer juicio por hechos de corrupción contra Cristina.

Cuando el debate oral iba a ingresar en etapa de alegatos, con las nueve jornadas que tuvo a su cargo el fiscal Luciani en los primeros días de agosto y que concluyó con un pedido de doce años de prisión contra la vicepresidenta, una anómala situación alertó al Poder Judicial: la intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces del Consejo de la Magistratura.

Se determinó que en esa intromisión se revisaron los sobres con los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2. Además de Giménez Uriburu y Basso, también espiaron la declaración jurada de su colega Jorge Gorini.

Los ciudadanos tienen acceso a la declaración jurada con los datos generales, pero no a los sobres donde están los número de cuentas bancarias y la dirección de las casas de los jueces, por ejemplo. A estos datos solo se puede acceder con una orden judicial.

En Comodoro Py sostienen que ese hecho se convirtió en “la antesala de una serie de hackeos” que podrían tener “relación con el hackeo iniciado desde Misiones” y que confesó el joven de 22 años.

El 13 de septiembre del año pasado, seis días antes de que inicie su alegato en el juicio el abogado de Cristina Kirchner -Carlos Beraldi-, el juez Giménez Uriburu denunció que la compañía prestadora de su línea telefónica celular había ordenado un cambio de chip que él no había gestionado ni autorizado.

Según refirió el magistrado en aquel entonces, Movistar le informó que le habían cambiado el chip de su dispositivo. Y luego le aclaraban que si él no había realizado la gestión podía comunicarse al teléfono de atención al cliente.

Un detalle: ese ataque ocurría mientras avanzaba el juicio oral a Cristina, y la vicepresidenta recusaba al magistrado por integrar un equipo de fútbol que participaba de un torneo que entre otras sedes se jugaba en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Ese intento fracasó, entre otras cosas porque el juez jugó en ese sitio mucho antes de ser sorteado para el caso Vialidad, y jamás se cruzó con el ex presidente.

Giménez Uriburu denunció la irregularidad en la justicia. Lo inquietó el posible acceso a los datos de sus cuentas bancarias, teniendo como antecedente lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura.

Fuentes de esa investigación indicaron a Clarín que “los informes remitidos por las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular no llegaban a identificar a quién vendió los chips, pero sí se llegó a establecer que el chip se compró en Misiones”.

Ese dato cobró mayor relevancia cuando la semana pasada Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó que entre sus “objetivos” para el hackeo de teléfonos se encontraba Rodrigo Giménez Uriburu. Todo lo hizo desde Eldorado, la localidad misionera cercana a Paraguay.

Otro dato es tenido en cuenta estos días en la justicia federal. El listado de teléfonos celulares que le habrían pedido al joven que hackee incluyó a Andrés Basso, otro de los integrantes del TOF 2.

El 30 de septiembre de 2022, veintisiete días después de lo ocurrido con el celular de Giménez Uriburu, Basso perdió el manejo de su celular. Se comunicó con Movistar y allí le plantearon que alguien, aduciendo ser el titular de la línea, había solicitado un reemplazo del chip de su teléfono.

Ante esa circunstancia, el juez realizó una denuncia administrativa entendiendo que los protocolos de seguridad de la compañía no funcionaron correctamente. Cuando su línea de celular se restableció, decidió no radicar la denuncia penal.

Habían pasado siete días desde que la vicepresidenta hizo su alegato en el juicio oral por el caso Vialidad.

Andrés Basso fue el único de los tres jueces que consideró que a Cristina Kirchner había que condenarla como jefa de una asociación ilícita, además de la acusación por el delito de administración fraudulenta.

También con un voto minoritario, el juez fue quien entendió que había pruebas suficientes para condenar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en el juicio por la defraudación al Estado de 8.000 millones de pesos a través de su firma Oil Combustibles. El único condenado fue Ricardo Echegaray como ex titular de la AFIP, no así los empresarios que a criterio de Basso fueron necesarios para que la maniobra se concrete.

El avance del caso por espionaje ilegal

El joven Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el único que confesó de cinco imputados en el expediente que tramita en la justicia porteña. Junto a él son investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, y otros presuntos integrantes de la red que se dedicaba a hechos de inteligencia ilegal: Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado. Todos tienen residencia en El Dorado, una localidad misionera fronteriza con Paraguay, aunque ostentan un dato singular: “para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por la Jefatura de Gabinete de la Nación que les permitió acceder a datos personales de las víctimas reservados en el Registro Nacional de las Personas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para cobrar por los hackeos encargados, Nuñez Pinheiro dijo que recibió por cada objetivo un promedio de 15 mil pesos y que le pagaron con criptomonedas. Por eso se investiga a la billetera virtual Lemon, desde donde cobró,  En esta etapa de la instrucción, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.

Fuente: Clarin

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Rodis Recalt

Periodista de política y columnista de Radio Perfil.

Los jueces Andres Basso, Jorge Gorini y Jorge Giménez Uriburu quedaron molestos con el accionar de algunos abogados que participaron del debate oral en el juicio por la Causa Vialidad. “Cuatro de las defensas, integradas por los Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Perroti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán  (Carlos Kirchner), dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”, comienza el descargo de los magistrados que terminará con el pedido de fiscalizar el rol de los abogados.

“Así, aunaron esfuerzos en repasar circunstancias que, desde su perspectiva, constituían pruebas irrefutables de que el proceso constituía una verdadera persecución política”, sigue el escrito y hace incapié en el trabajo de Carlos Beraldi: “Los abogados de la ex Presidenta, además, enumeraron la gran cantidad de causas en las que se encontraba imputada, pretendiendo demostrar el modo con que se materializaba dicha guerra judicial”, continuaron los jueces y además se refirieron a acusaciones puntuales contra ellos.

“Le otorgaron la misma finalidad persecutoria a la oportunidad escogida por este tribunal para que el juicio oral se iniciara pocos meses antes de las elecciones del año 2019, como un dato que generaba al menos suspicacias acerca de la intencionalidad de perjudicar su imagen de cara a los comicios”, describieron y también hicieron alusión a acusaciones contra el rol de los medios: “En pleno debate las mismas partes dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad”. 

Antes de anunciar las medidas que tomarán, el tribunal cuestiona la efectividad del trabajo del defensor de CFK: “No niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita”. Para finalizar, los jueces anuncian que notificarán a la autoridad a cargo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” de los letrados matriculados que participaron del juicio. Según la ley que regula la actividad de los defensores, tienen como deber “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.

Fuente: Noticias.Perfil.Com

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las “prácticas mafiosas” en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, a raíz de una nota publicada por el diario La Nación, en la cual “una vez más” se volvió a “amenazar con meter presa” a su hija, Florencia Kirchner.

En un texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria recordó el “episodio mafioso y dramático” del que fuera víctima la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó el número del teléfono celular de una de sus hijas.

Además, la Vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos “no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”.

“Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla”, aseveró la exmandataria en una publicación que compartió en sus redes sociales.

De esta forma, Fernández de Kirchner respondió a la nota publicada en La Nación bajo el título “Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista”.

De Hijos, Hijas y Mafias https://t.co/F5uYFEM5iB— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 10, 2022

La expresidenta compartió el siguiente fragmento de esa información, en la cual se afirma: “Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre”.

Cristina Kirchner agregó que en la misma publicación también se puso “en duda que haya dado positiva de Covid”.

“El fragmento reseñado de la nota se refiere a las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío (ya fallecido), el juez sicario, y concluidas por Julian Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero”, contextualizó la vicepresidenta haciendo referencia al viaje a Lago Escondido en el que habría participado el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10.

De esta forma la exmandataria hace referencia a Ercolini, quien junto a otros magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación viajó a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

Las personas que realizaron este viaje formaron un grupo de chat, cuyo contenido se difundió en los últimos días, y en el cual los involucrados mantuvieron conversaciones para dar una versión falsa sobre esa la excursión que realizaron a las tierras de Lewis.

El gobierno nacional denunció esta semana a magistrados, funcionarios y empresarios por dádivas, y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare pidió profundizar la investigación sobre estas personas.

“En esas causas (Hotesur y los Sauces), que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito”, recordó la titular del Senado.

Además, la Vicepresidenta hizo referencia a las conversaciones del grupo de chats de los involucrados en el viaje a Lago Escondido, y señaló que en una de las conversaciones también participa el juez Pablo Cayssials quien llevó adelante la causa “contra la procuradora fiscal Gils Carbó (ultima designada constitucionalmente en el cargo)” y que originó su renuncia.

“(La causa) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier) conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana”, aseguró y compartió una captura del material filtrado.

En dicho fragmento se menciona a una periodista llamada Paz que “corresponde a una periodista del mismo diario” y otro colega que “contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora”.

“Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín”, remarcó la expresidenta.

Fernández de Kirchner recordó que el fiscal de Cámara, Gabriel de Vedia, declaró que el exasesor presidencial del expresidente Maurcio Macri, Pepín Rodríguez Simón, “fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas”.

“Finalmente, como es de público y notorio, la procuradora constitucional renunció”, subrayó.

Por último, la exmandataria sostuvo que el fragmento aludido “no trae ninguna originalidad”, sino que se trata de “la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante”.

“Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”, concluyó.

Télam

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Quién es Marcos Herrero, el entrenador de perros rastreadores de los casos Astudillo y Maldonado? Herrero participó con sus perros en casos como el de Santiago Maldonado, Araceli Fulles y Micaela Ortega.

Herrero es perito independiente (rastreador con perros) y por su destacada labor en casos resonantes, fue contratado por la familia de Viviana Luna, una mujer que un día fue a buscar trabajo y nunca regresó. En su búsqueda, los canes lo llevaron llegó hasta un lugar convertido en un basural y encontró documentos sobre una presunta red de trata de personas en la que estarían involucrados un ex gobernador, policías, empresarios propietarios de grandes cadenas de medios a nivel nacional.

En esta entrevista en “El Despertador” por FM del Este 100.5, el Dr. Mariano Ludueña nos cuenta: Marcos Herrero es rastreador, tiene un método particular de entrenamiento de canes de búsqueda, que lo convierten en un caso único. Buscando a Viviana Luna, encontró documentación sobre lo que sería una red de trata de personas en la que estarían involucrados políticos, Jueces, Fiscal y Policía.

Escuchá la nota completa

Lo curioso del caso es que el Fiscal, lo procesa a Herrero por “falso testimonio”, queda 9 meses preso y al día de hoy está con libertad condicional.

Leé también: Ordenan liberar al perito Marcos Herrero, preso durante nueve meses en una causa irregular

El adiestrador de perros que halló pruebas clave en juicios que involucran a policías y poderosos está detenido en Mendoza desde diciembre. Un fiscal (con interesado apoyo mediático) lo acusa de plantar pruebas cuando fue a buscar rastros de Viviana Luna, desaparecida desde 2016 y a quien el Estado se negó a buscar. La defensa de Herrero denuncia ilegalidades en el proceso “desde el minuto cero”.

El Tribunal Penal Colegiado N°2 de Mendoza ordenó liberar al perito Marcos Herrero tras casi nueve meses de prisión preventiva. La decisión unánime de los jueces Ramiro Salinas, Ramón Spektor y Luis Correa Llano Cascallares se dio en el marco de la causa penal en la que el adiestrador de perros (de actuación clave en causas que involucran a sectores de poder) está acusado desde diciembre de 2021 de haber “plantado” objetos y restos óseos en Potrerillos mientras realizaba rastrillajes a pedido de los familiares de Viviana Luna.

Hallazgos

Vale recordar que Luna está desaparecida desde el 7 de diciembre de 2016, cuando salió de su casa de esa localidad cuyana para una entrevista de trabajo y nunca más se la vio. El Poder Judicial lleva casi seis años negándole respuestas concretas y creíbles a la familia, que no sabe cómo ni por qué desapareció la mujer de 47 años. Sus hijos llevan años denunciando que jueces y fiscales “no saben o no quieren investigar”.

Por eso el año pasado la familia convocó a Herrero para que ayudara a buscar rastros. Sabían de lo fundamental que fueron sus hallazgos para llegar a la verdad en casos como los de Facundo Castro (Villarino), Marito Salto (Santiago del Estero), Araceli Fulles (San Martín) y Micaela Ortega (Bahía Blanca), entre otros. Por eso, pese a las reticencias de la fiscal Claudia Ríos (encargada de “investigar” la desaparición) y con apoyo de parte de la comunidad mendocina, decidieron llamarlo como perito de parte.

En la documentación aparecen Mari Cash y Micaela

La documentación fue encontrada en dos lugares diferentes: en un basural y en la casa de la ex pareja de Viviana Luna, lo que hace presumir que la desaparición de Viviana Luna, tenga relación con la actividad de trata.

FM del este 100.5 con información de La Izquierda diario.

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En vísperas del alegato de Cristina Kirchner ante el tribunal federal que la juzga por corrupción en la obra pública, el kirchnerismo aprobó una reforma del tribunal para licuar el poder de sus actuales componentes.

El bloque de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto oficialista por estar totalmente alejado de la realidad que vive el país.

La mayoría kirchnerista del Senado aprobó por 36 votos afirmativos contra 33 negativos y envió a Diputados el proyecto que aumenta a 15 el número de los ministros de la Corte Suprema. La oposición intentó bloquear su tratamiento restando el quórum, pero el Frente de Todos logró iniciar la sesión con el auxilio de aliados como el rionegrino Alberto Weretilnek y la riojana Clara Vega, aunque para conseguirlo debió cambiar su plan inicial de elevar a 25 los miembros del tribunal.­

Antes de iniciar el debate sobre la Corte, el oficialismo pidió la vuelta a comisión de los pliegos de tres candidatos a ocupar la Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena de la provincia de Santa Cruz: Marcelo Bersanelli, Carlos Borges y Nelson Sánchez. Juntos por el Cambio había denunciado que con estos camaristas se trataba de blindar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la justicia de su provincia, especificando que Bersanelli era ex concuñado de Máximo Kirchner y que se había desempeñado como defensor letrado de la vicepresidenta.­

Abrió el debate sobre la Corte el kircherista Guillermo Snopek, alegando que la iniciativa reflejaba la voluntad de los gobernadores de federalizar el tribunal y hacerlo más heterogéneo en materia de género. Al igual que la mayoría de los oradores oficialistas, cuestionó la lentitud de la Justicia y puso énfasis en su desprestigio ante la sociedad. Otra línea de defensa de la iniciativa fue la expuesta porla neuquina Silvia Sapagque impugnó el juicio contra Cristina Kirchner y sostuvo que el “pueblo había salido a la calle a defenderla”.­

A su turno, la opositora Beatriz Avila dijo sentir “estupor y vergüenza” porque el Senado se ocupaba en plena crisis de tratar una cuestión tan alejada de la agenda de la gente. En tanto, Martín Lousteau rechazó no sólo la falta de oportunidad, sino también el contenido del proyecto. Argumentó que el aumento de jueces de la Corte no aceleraba el funcionamiento de los restantes fueros ni mejoraba la federalización y que para dar mayor participación a las mujeres debería el gobierno empezar por mandar al Senado el pliego de la reemplazante de Elena Highton de Nolasco.­

La nota de color estuvo a cargo del radical Pablo Blanco que puso un bolillero sobre su banca para representar la incertidumbre sobre el número final de miembros que tendría el proyecto. Pero el tono del debate pasó de la ironía a las acusaciones cuando otra radical, Carolina Losada, recordó al FdT las amenazas de miembros del gobierno al fiscal Luciani que pidió doce años de prisión para Cristina Kirchner. “Si no son mafiosos, no actúen como mafiosos” y “hablan de diálogo, pero sólo conocen la ley de la selva. Tienen el número y hacen lo que quieren”, acusó al oficialismo. Para la legisladora, el principal objetivo del proyecto es el de lograr la impunidad de la vicepresidenta.­

Fuente: La Prensa

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La decisión Agüero Iturbe generó que los sobreseimientos dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y apelados por la fiscal Alejandra Mangano queden firmes sin necesidad de ser revisados por la Cámara Federal porteña toda vez que en esta causa no hay una querella que pueda reclamar la continuidad de la investigación, explicaron fuentes judiciales.

En esta causa se buscaba determinar si los encuentros que mantuvo el expresidente con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos pudieron servir como escenario de presiones indebidas o para el direccionamiento de causas judiciales en contra de los adversarios políticos del líder del PRO.

“Se encuentra acreditado que el hecho investigado no se cometió; no en punto a la existencia de algunas de las reuniones acreditadas, sino en cuanto a que mediante ellas se influyó en el actuar de la justicia para dictar pronunciamientos con la intención de perjudicar y/o agravar la situación procesal de algún encartado/a”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en el dictamen.

“En este punto es necesario indicar que la reunión de un magistrado con quien ejerce el poder ejecutivo (de carácter unipersonal) en un período determinado no representa de por sí acción u omisión alguna reprimida por el catálogo penal de la nación. En tal sentido es posible afirmar que cualquier reunión entre un integrante de la administración púbica nacional o del Congreso de la Nación con un magistrado no se encuentra per sé prohibido bajo sanción penal”, abundó.

“Los motivos de tales encuentros pueden resultar de distinta índole (sobre temas de coordinación, laborales, personales, etc.) sin que ello importe encuadre punitivo alguno. Ahora bien, la eticidad de algunos encuentros entre miembros del poder judicial con el Presidente de la Nación no puede ser zanjada en esta jurisdicción y queda reservada a los resortes propios que la organización judicial previstos para analizar la conducta de sus magistrados, así como también los posee el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.

Y, agregó que “sostener que de tales encuentros surge un accionar delictivo importa comprobar una conspiración tendiente a perjudicar a una persona sometida a proceso. Sin embargo, en ningún caso, ni en los acreditados o en los supuestos, puede señalarse que las decisiones adoptadas por los magistrados mencionados hayan sido carentes de fundamentación acorde a las normas procesales que rigen su dictado o que resulten contrarias a la lógica forense o a una indebida interpretación de la norma sustantiva”.

En otro párrafo del dictamen, Agüero Iturbe admitió que “el maridaje político-judicial no resulta adecuado frente a la necesaria independencia judicial” pero señaló que eso “no abarca a las relaciones interpersonales que pueden existir entre miembros de distintos poderes del Estado, sin que ello importe cometer un delito”.

“Las motivaciones personales que llevan a cada ser humano a entablar relaciones con otro, sin importar el rango o jerarquía, no se encuentran prohibidas por el código punitivo. Que resulte bien o mal visto que un magistrado se encuentre con un político no es una cuestión que ataña a la justicia penal”, sostuvo el fiscal.

En otro pasaje del dictamen, el representante del ministerio público fiscal señaló que, más allá de considerar que no hay delitos en el comportamiento de los denunciados, quedan las “cuestiones concernientes a la conducta ética de los magistrados que tramitan por ante el Consejo de la Magistratura”.

La denuncia por las visitas de los jueces a Macri fue presentada por los diputados nacionales Martín Soria (actual ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

En la presentación se detallaron seis visitas a la Casa Rosada por parte de Hornos para ver a Macri “días antes de dictar sentencias favorables a los intereses de ese mismo Presidente” entre 2015 y 2018.

En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones; de ellas 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada “con proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política”.

Fuente: La Prensa

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