El encuentro tuvo como eje central la apertura de una instancia de diálogo para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y construir consensos en torno a posibles modificaciones del sistema.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; de los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Edad jubilatoria y años de aporte en discusión

Tras el encuentro, la representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, valoró la instancia de diálogo y destacó que “se escucharon varias opiniones” en una mesa que consideró necesaria para la discusión. En ese sentido, subrayó la importancia de que todos los sectores sean parte del debate y remarcó que cualquier eventual ajuste no debe recaer únicamente sobre los trabajadores estatales.

Asimismo, Domínguez señaló que los ejes planteados por el gobierno -como la edad jubilatoria y los años de aporte- constituyen variables lógicas dentro del análisis técnico, aunque aclaró que ello no implica acuerdo. Indicó además que se avanzará en reuniones sectoriales para profundizar cada uno de los puntos y que también se presentaron propuestas vinculadas al financiamiento del sistema.

Finalmente, Domínguez consideró que la continuidad de los sindicatos en la mesa de diálogo refleja la oportunidad de debatir la reforma, más allá de la existencia de un proyecto de ley. Sostuvo que el objetivo es evitar mayores conflictos o perjuicios sectoriales y avanzar hacia un sistema previsional sostenible, con criterios de equidad tanto para trabajadores activos como pasivos.

Por su parte, el representante del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, calificó como positivo el encuentro y remarcó que existe una expectativa por parte de los trabajadores de participar en el proceso. Señaló que se abre una etapa de trabajo sostenido, con seguimiento y aportes sectoriales, en defensa de los derechos adquiridos.

En esa línea, García sostuvo que el proceso debe contemplar soluciones de fondo frente a una problemática estructural. “Estamos avanzando y vamos a aportar porque creemos que el gobernador ha planteado que existe una problemática muy profunda. Es un camino a futuro que nos toca resolver o al que debemos aportar desde nuestro lugar”, afirmó.

Del encuentro participaron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

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El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación.

Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.

En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”.

El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar.

Siempre según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido anteriormente.

La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio.

Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real.

“Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%”, precisa el análisis.

Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.

El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben.

Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector.

El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores.

Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.

Fuente: La Prensa

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Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes cumpliendo los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo harán en la sesión del próximo miércoles convocada ayer.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.

El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

Los proyectos vetados

Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

Fuente: La Prensa

La entrada Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad se publicó primero en FM del este 100.5.

Javier Milei y Luis Caputo ya se ocuparon de anunciar el plan “talibán” de resistencia. Ambos dijeron que el Gobierno no va a aplicar ninguna ley con costo fiscal, aún cuando esas normas hayan sido sancionadas ayer por unanimidad en el Senado.

El Presidente advirtió que va a vetar a todos los proyectos: tanto la ley que actualiza jubilaciones, como la que declara la emergencia en discapacidad. También las dos iniciativas de los gobernadores para coparticipar fondos con las provincias, si bien estas solo tienen media sanción.

Además, ambos funcionarios comenzaron a darle el forma a la narrativa que acompañará a la gestión libertaria de acá hasta las elecciones, en línea con el repetido “principio de revelación”. “Quedan en evidencia todos los políticos que quieren que vuelva la época de la emisión, la inflación descontrolada y el caos, con tal de tener alguna chance de volver al poder”, lanzó el ministro de Economía en X.

Con esa línea de acción que el Presidente bajó desde la cúpula, en la práctica, los brazos políticos del Gobierno ya tienen los ojos puestos en Diputados. La prioridad será salvar el veto a la ley de jubilaciones en la Cámara baja, donde hay más chances de conseguir -al igual que el año pasado, cuando se vetó una ley previsional- un grupo de legisladores “héroes” del Poder Ejecutivo.

Si bien el Gobierno aseguró que todo el paquete de leyes tiene un costo fiscal del 2,5% del PBI (y que esto impide que la Argentina pueda cumplir con la meta de superávit que se fijó con el Fondo Monetario Internacional), está claro que la actualización de jubilaciones tiene un peso sustancialmente mayor al resto de los proyectos.

Fuentes del oficialismo ya comenzaron a hacer la matemática. Para salvar el veto hace falta un tercio de los presentes. En Diputados, el proyecto de jubilaciones -que ayer se sancionó en el Senado- obtuvo 142 votos afirmativos, 67 votos negativos, 19 abstenciones y 29 ausentes. El cálculo que hacen en La Libertad Avanza es que parten de 67 avales al veto (los que ya rechazaron el proyecto) y que necesitan un piso de 72 héroes para alcanzar el tercio “salvador”. Se trata, desde ya, de un cálculo muy optimista que prevé que no se sumarán voluntades a la defensa de la ley, que es por demás sensible.Diputados: la oposición aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones y un bono de $110.000 mensualesNicolás Suárez

“Hay chances de conseguir los héroes”, confió una fuente oficial y aludió a “los aliados de Pro, del MID y los radicales peluca”. Se verá si en el medio de las negociaciones electorales en las provincias, en donde los libertarios vienen haciendo escasísimas concesiones a gobernadores y dirigentes aliados, el Gobierno consigue el piso de apoyos que necesita.

Una demostración clara del efecto que tiene el factor político-electoral se vio ayer en el Senado. Los gobernadores de Pro y de la UCR que tienen senadores que les responden ayer dieron la orden de ausentarse o abstenerse en la votación de jubilaciones. Fueron los casos de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco). En cambio, los tres senadores correntinos que ahora responden al gobernador Gustavo Valdés apoyaron el proyecto previsional. En Corrientes, LLA no cerró un acuerdo electoral con el oficialismo provincial y competirá contra Valdés, por desacuerdos sobre los lugares en las listas.

Pasos a seguir

Ayer, en la Casa Rosada, estaban siguiendo de cerca la actitud que tomaban los gobernadores que supieron integrar Juntos por el Cambio y también otros mandatarios que han sido aliados, como Hugo Passalaqua (Misiones). Según pudo saber LA NACION, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo en contacto telefónico con alguno de ellos y en Balcarce 50 no descartaban de plano hacer una reunión la semana próxima a la sede de gobierno para buscar una contención política. Pichetto, Frigerio y Cornejo, en Mendoza

Por ahora, sin embargo, no hubo ninguna convocatoria concreta. Los gobernadores que “hicieron los deberes” con la Casa Rosada no recibieron ninguna invitación puntual hasta el momento.

Hasta acá, todo lo que emanó del Poder Ejecutivo fueron cuestionamientos a la oposición, advertencias de que se van a vetar “todas” las leyes y dardos filosos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, por haber convalidado la sesión en el Senado, que tenía un fuerte apoyo de la mayoría de los bloques. El factor político también jugó en el caso de la vice: hubo al menos dos contactos que se hicieron con ella desde la Casa Rosada para que impidiera la sesión, pero no tuvieron ningún efecto.

Hoy, Francos convalidó el discurso que ayer por la noche dio Milei en la Bolsa de Comercio. El ministro coordinador confirmó que se vetarán los proyectos y que en caso de no poder sostenerlo, el Ejecutivo irá a la Justicia. “El Presidente apunta contra estas leyes que se aprobaron porque no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera eso no es legal. Las va a vetar. Y si el veto no se sostiene, se judicializarán”, dijo Francos en Radio Mitre.

El jefe de Gabinete, no obstante, abrió una cuña entre los gobernadores y resaltó la actitud de aquellos que quieren “preservar los recursos”. “Nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidad de conversar. Con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las conversaciones siempre están abiertas. No todos son lo mismo, hay algunos que se dedican a gastar y otros a preservar los recursos”, diferenció.

Un claro contraste con el discurso que viene llevando el Presidente, que acusa a los 24 mandatarios provinciales -sin distinciones- de querer “destruir” al Gobierno. Una señal de que, más allá de los anunciados rimbombantes, la Casa Rosada necesita abrir una vía política con un grupo de aliados para evitar en cimbronazo mayor.

LA NACION – Maia Jastreblansky

La entrada El Gobierno buscará salvar el veto a las jubilaciones mientras Milei advierte que no aplicará ninguna ley se publicó primero en FM del este 100.5.

Después de dos horas de discusión y un intento fallido del oficialismo de posponer el debate, Unión por la Patria (UP) logró presentar proyectos de dictámenes en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre dos temas que ya fueron aprobados en Diputados: el aumento de las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional.

Javier Milei anunció que está dispuestos a vetarlos si se convierten en ley. Para alcanzar la mayoría de las firmas fue clave la colaboración de Guadalupe Tagliaferri, del PRO, pero cercana a Horacio Rodríguez Larreta, junto a quien fue electa para integrar la Legislatura porteña desde el 10 de diciembre.

Desarrollo

UP llegó a la reunión con el objetivo de acelerar los dictámenes, que para oficializarse aún requieren las firmas de la Comisión de Presupuesto. Su titular, el oficialista Ezequiel Atauche, no tiene decidido reunirla. El peronismo tiene plan B: pedirá una sesión y buscará los dos tercios, para lo que requiere respaldo de los habituales aliados del oficialismo, que son el PRO, la UCR y los partidos provinciales.

Hay versiones de que este miércoles podría haber un intento, en la continuidad de la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya avisó que no estará presente.

Este martes, la presentación del proyecto de UP llegó tras una feroz discusión entre sus referentes y la presidenta de la Comisión, Carmen Álvarez Rivero, quien en un paso de baile que rozó el ridículo, se levantó dos veces del estrado para terminar el debate, pero como nadie la siguió tuvo que volver a sentarse para que la reunión no quedara a cargo del vice, el peronista Mariano Recalde.

La pelea por la jubilaciones

La comisión había sido convocada para constituirse, pero luego de elegir autoridades Recalde sorprendió con su propuesta para incorporar expedientes y dictaminarlos. Provocó el primer intento de Álvarez Rivero por abandonar la sala, pero nadie la siguió. Su escolta en la jugada fue Atauche, quien si bien no integra la comisión estuvo para pilotear la estrategia oficial.

“Usted no tiene que aceptar mociones antireglamentarias”, instruyó el jujeño a la cordobesa, quien durante dos horas se negó sistemáticamente a poner en consideración la propuesta de Recalde. Se excusaba en que la reunión convocada tenía otros objetivos.

Les cuento algo sobre este hecho porque puede parecer menor pero no lo es. Como vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión pedí que tratemos dos proyectos: la moratoria y el aumento para jubilados y pensionados. Los dos tienen media sanción de Diputados.

La presidenta… pic.twitter.com/HPfIChOFrk

— Mariano Recalde (@marianorecalde) July 1, 2025

Atauche la ayudaba con lecturas del reglamento que le acercaba el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Uno de sus argumentos fue que el artículo 89 pide dictaminar en plenarios cuando los proyectos se giran a más de una comisión.

Curiosidades

El debate tuvo momentos caricaturescos, con risotadas de senadores de UP por el capricho de Álvarez Rivero en no tomar en cuenta las mociones, sin importar la decisión de la mayoría de la comisión, que es la que en definitiva define el destino de las reuniones. Cuando la cordobesa se paró por segunda vez, volvió al estrado tras una dura discusión con Tagliaferri, su compañera de bloque, quien la acusó de querer ejercer una dictadura. Una vez sentada, la titular de la Comisión perdió la paciencia y llegó a tironearle el micrófono de escritorio a Recalde, una escena que bordeó la violencia.

Además de la moción del extitular de Aerolíneas, estuvo la del radical Eduardo Vischi (UCR), para continuar el debate este miércoles a las 17. “Lo ideal sería debatir, pero no dictaminarlo. Debe ser una discusión larga”, trató de mediar el correntino. Tanto era el caos, que, sin integrar la comisión, el radical Martín Lousteau fue a la sala y pidió hablar.

“Si hay un compromiso del presidente de la comisión de Presupuesto (por Atauche), se puede convocar a un plenario ahora mismo”, exigió una y otra vez. Pero el jujeño siguió firme con su idea de ganar tiempo como sea. “Esta reunión fue citada con otro objetivo: ¡No se puede cercenar la palabra de los senadores!”, fue uno de sus últimos argumentos.

Debate abierto

Álvarez Rivero, finalmente, tuvo que ceder ante la presión de la oposición -aliados o no- porque pese a su insistencia nadie abandonaba sus bancas y facilitaban el cuórum. La senadora repitió más de diez veces la necesidad de dar un debate “en profundidad” sobre jubilaciones, en vez de pasar a las firmas los proyectos. No lo logró y la moción de Recalde se impuso, con nueve manos levantadas.

Colaboraron los ocho UP (Recalde, Carlos Linares, Silvia Sapag, Daniel Bensusán, María Eugenia Duré, Alicia Kirchner, Fernando Salino y Oscar Parrilli). Tagliaferri no firmó los despachos, anticipó que “emitirá opinión”.

Al rúbrica de la mitad más uno de los miembros de la comisión, el dictamen puede avanzar, por eso el aporte de la legisladora electa fue clave. Pero el documento no estará listo para tratarse en el recinto hasta que no se reúna la comisión de Presupuesto y aporte la firma de más de la mitad de sus miembros. Sólo así puede haber un orden del día. Atauche no tiene previsto permitir ese trámite en el corto plazo.

Los proyectos en discusión fueron aprobados el último 4 de junio en Diputados. Uno aumenta un 7,2% los haberes previsionales y sube el bono de 70 a 110 mil pesos. El otro extiende por dos años la moratoria previsional, que permite acceder a una jubilación a quien no completó los aportes.

Milei anunció que vetará ambos si se convierten en ley, una decisión que sólo puede ser revertida con dos tercios de ambas cámaras. En el caso del incremento de las jubilaciones, UP cree que puede conseguirlos. Por eso si la comisión de Presupuesto no se reúne, el peronismo pedirá una sesión para tratar los expedientes y buscar una mayoría especial. Es la pelea que se viene.

Fuente: Letra P

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El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un avance histórico en materia previsional: “En un año salvamos la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Llevamos cinco meses consecutivos con una reducción del déficit superior al 40 por ciento y, con el acuerdo con Luz y Fuerza, consolidamos una reducción del déficit de más del 50 por ciento”.

El mandatario precisó que actualmente el déficit de la Caja asciende a 20.000 millones de pesos. “Si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo, hoy estaría en 34.000 millones. Esta diferencia es concreta, es real, y representa un alivio enorme para todos los entrerrianos”, subrayó Frigerio en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, junto al presidente del organismo, Gastón Bagnat. Esto se suma al acuerdo alcanzado con el gremio de Luz y Fuerza, que restituye los aportes de los trabajadores al sistema previsional provincial. “Teníamos 40 aportantes y pagábamos más de 700 jubilaciones de empleados de Enersa. Era un absurdo. Este acuerdo corrige una distorsión histórica”, explicó. Con esta medida, el gobierno prevé consolidar una reducción de más de la mitad del déficit.

El resultado, remarcó, es fruto del “esfuerzo, el compromiso y la decisión política de ordenar las cuentas públicas”, y permite garantizar la sostenibilidad del sistema, preservando el 82 por ciento móvil, un beneficio previsional que distingue a Entre Ríos del resto del país.

Transparencia y decisiones estratégicas

“El déficit de la Caja fue durante años una mochila pesada para todos los entrerrianos. Hoy, gracias a decisiones responsables, estamos logrando achicarla considerablemente. Además, las cuentas de la Caja son transparentes, abiertas y están a disposición de todos los ciudadanos”, afirmó Frigerio.

Un reclamo al gobierno nacional

Frigerio también hizo referencia al reclamo que la provincia mantiene ante el gobierno nacional: “Pasamos de no recibir nada a recibir unos 2.000 millones de pesos mensuales por parte de Nación, pero deberíamos estar recibiendo 9.000 millones. Ese reconocimiento, junto con una ley de reforma del sistema jubilatorio, será clave para continuar con esta recuperación y alcanzar el equilibrio”.

La entrada Frigerio: “En un año, salvamos la Caja de Jubilaciones y protegimos el 82 por ciento móvil” se publicó primero en FM del este 100.5.

La Cámara de Diputados inicia este lunes 29 de abril el debate de la nueva Ley de Bases y Puntos de Partida que negoció con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el fracaso de febrero, y que incluirá el apartado fiscal. Los bloques que colaboraron con los objetivos del gobierno adoptarán una nueva actitud y buscarán motorizar muchos de los asuntos que dejaron de lado para evitar el entorpecimiento del acuerdo.

La oposición “amigable” impulsará cuestiones resistidas por el oficialismo, como la recomposición de los haberes jubilatorios con la inflación desde enero, la desarticulación de regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, el financiamiento educativo y el incremento del impuesto al tabaco para todas las empresas. Este giro en la conducta de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tiene dos explicaciones.

Los dialoguistas quieren evitar que Javier Milei continúe señalándolos como los culpables de los traspiés de su administración. Además, consideran imprescindible marcar una agenda que alimente el sentido de pertenencia de su propio electorado. En paralelo a su acompañamiento a las iniciativas del Poder Ejecutivo, estos legisladores intentarán tomar las riendas del recinto y forzar la introducción de otros temas.

Innovación Federal, la bancada que responde a los oficialismos provinciales de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, buscará la restitución de los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos. La misma estrategia adoptará parte del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, que apuntará a desarticular los regímenes especiales de tributación, como el que beneficia a la industria electrónica en la provincia de Tierra del Fuego.

Jubilaciones y educación

Las jubilaciones también serán parte de la agenda que la tríada dialoguista buscará imponer. Estos bloques están de acuerdo en emplazar a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar los proyectos que pretenden profundizar la recomposición de los haberes previsionales. A pesar de que Milei definió una actualización mediante el IPC y un aumento por única vez del 12,5%, los legisladores insistirán con una reparación mayor que contemple la totalidad de la inflación de enero, de un 20,6%.

Por su parte, la UCR se volcará a su militancia universitaria y promoverá la aprobación del proyecto de ley del Régimen de financiamiento de Universidades Nacionales. Tras la firma de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal, los radicales apuraron un pedido para el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro (PRO), para debatir este asunto. La UCR también insistirá en su pelea contra los sindicatos. El espacio de De Loredo impulsaba una reforma laboral por la que se pretendía desarticular las principales cajas gremiales, entre las que se encontraba la eliminación de la obligatoriedad de las “cuotas sindicales”, así como la limitación de los bloqueos por huelga.

Esta no fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). A instancias de los gobernadores, Hacemos Coalición Federal exigía el compromiso del gobierno de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas a la Nación. Este punto, entre otros, será parte de la discusión que tendrá como protagonistas en el Congreso a los mandatarios provinciales, quienes esperan ansiosos un alivio económico en este nuevo round parlamentario.

Polémica por la reforma laboral

Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento, pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida. Fue la forma salomónica de “cortar al medio” entre dos posturas antagónicas.

La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados. En un momento dado, cuando trascendió que el gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Pichetto, dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley de Bases, a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral.

El rionegrino está convencido de que este tema no pasa en el Senado y no quiere que se pierda el tiempo en Diputados. Al final, se incluyó una versión comprimida de la reforma circunscrita básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.

Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco. Además, fiel a su tradición de no otorgar “superpoderes” a ningún presidente, la fuerza política de Elisa Carrió no votará la delegación de facultades.

También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. El radicalismo está dividido respecto de esta propuesta del gobierno y podría haber un batacazo en este sentido.

Por si fuera poco, hay diputados de la UCR y de HCF que no están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley de Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.

Los diputados del espectro “dialoguista” están en una encrucijada dilemática: aseguran que quieren darle a Javier Milei las herramientas para que gobierne y deje de lado las excusas, pero no están conformes con la redacción final de algunos artículos y saben que si aplican su poder de veto el presidente, un fundamentalista del “todo o nada” podría volver a ordenar el retiro del proyecto en plena sesión, levantando el dedo acusador contra toda la oposición.

ML / ED / ff

Fuente: Perfil.com

La entrada La Ley Bases llega este lunes a la Cámara de Diputados y la oposición piensa en su próxima jugada se publicó primero en FM del este 100.5.

El artículo 106º de la “ley ómnibus”, el que propone suspender la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar discrecionalmente las jubilaciones, asoma como la gran batalla del debate legislativo de los próximos días.

Los bloques más proclives a apoyar la iniciativa de Javier Milei están muy firmes con la idea de modificar ese párrafo del proyecto. Quieren que se ponga por escrito que, si se pasa a un esquema sin fórmula, las prestaciones no perderán contra la inflación. La Casa Rosada y el Ministerio de Economía, sin embargo, se resisten fuertemente a introducir una indexación.

“Eso no se toca. Está prohibida la indexación”, soltó esta semana un estrecho colaborador presidencial cuando empezaba a aclarar el paisaje legislativo y asomaban los puntos críticos del proyecto.

De todo el paquete de reformas que hay en la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” el de las jubilaciones es uno de los más sensibles porque impacta en la botonera fiscal que debe digitar Luis Caputo, que quiere terminar con el déficit. De hecho, cuando el ministro de Economía presentó sus primeras medidas, publicó un cuadro en donde se fijaba un ajuste del 0,4% del PBI en jubilaciones.

Tanto Pro, como la UCR y Hacemos Coalición Federal ya marcaron un límite con el capítulo de las jubilaciones. Están de acuerdo con que la fórmula actual (que rige desde fines de 2020) es perjudicial y dicen que hay que eliminarla, pero no quieren delegar las actualizaciones en el Poder Ejecutivo sin fijar límites. Al artículo lo pintaron de amarillo dentro del “semáforo” que utilizaron para clasificar qué artículos del proyecto pasan y cuáles no. Es decir, que para ellos es un aspecto a ser modificado para que sea votado afirmativamente.

Los aliados

“Esto de darle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo debe tener un límite para que los jubilados no pierdan contra la inflación. Y si se está trabajando en una nueva fórmula (de movilidad) nos tenemos que comprometer a que venga al Congreso en un plazo determinado”, dijo la diputada por Santa Fe, Germana Figueroa Casas (Pro) durante el debate en el plenario de comisiones.

Un diputado de Pro que integra el grupo que responde a Patricia Bullrich -la pata más proclive a acompañar al Gobierno- advirtió: “No sé cómo va a quedar redactado el artículo, pero si quieren que la ley salga lo van a tener que modificar. Ellos están políticamente en contra de las indexaciones. No sé qué término van a usar pero lo tienen que cambiar”.

El bloque del radicalismo en Diputados, por su parte, el viernes por la noche emitió un comunicado en el que señaló: “Rechazamos la suspensión de la movilidad jubilatoria ya que esta medida perjudica a nuestros jubilados y pensionados que ya vienen siendo fuertemente castigados. Consideramos que es prioridad proteger sus ingresos contra la inflación”.

El proyecto de Milei fija la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y pretende que se faculte al Poder Ejecutivo a establecer una nuevo cálculo teniendo en cu enta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Hasta tanto se apruebe una nueva fórmula (no hay un plazo), la iniciativa dice que el Gobierno “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.

La postura de Economía

El Gobierno todavía no tiene en carpeta una nueva fórmula de movilidad. Es decir que se desconoce por cuánto tiempo el Poder Ejecutivo pretende actualizar los haberes sin un cálculo fijo. En la gestión de Milei se apalancan en lo perjudicial que viene resultando la fórmula actual y en que los bonos para compensar la caída de los ingresos que han otorgado también respondieron a una maniobra “discrecional”.

Así, aseguran que con el nuevo esquema se protegerá el poder adquisitivo de los jubilados sin precisar cómo. Y apuntan a que se cuidará “en particular” a los beneficiarios de menores ingresos, dejando entrever que las actualizaciones no serán iguales para todos.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a LA NACION: “La propuesta del Gobierno es suspender esta fórmula que perjudica a los jubilados y, mientras se establece la nueva fórmula, realizar aumentos periódicos para proteger el poder adquisitivo de los jubilados priorizando a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Y enfatizaron: “Durante el gobierno de Alberto Fernández utilizando la fórmula actual y el pago discrecional que hacía su gobierno, las jubilaciones perdieron entre el 15 y más de 30% contra la inflación”.

Caputo esta semana hizo una defensa del planteo durante la conferencia de prensa que brindó para anunciar el nuevo acuerdo con el FMI. “¿Se puede hacer una nueva fórmula? Sí, obvio, pero en principio hay que terminar con esta fórmula. El cuento de la discrecionalidad es sonso porque ya está la discrecionalidad cuando se compensa con bonos”, dijo. Y siguió, con el tono “a todo o nada”: “Nuestra intención es proteger a los jubilados y eso es lo que vamos a hacer este año, no vamos a dejar que les caiga el poder adquisitivo. Si la ley no pasa, tendríamos que seguir con la fórmula que hay”.

Hoy, las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo por el atraso de cálculo propio de la fórmula vigente, lo que genera una alta brecha entre el índice de movilidad y el nivel de inflación. Así, para la gestión de Milei podría ser sencillo demostrar que otorgará a los jubilados subas superiores que las que se percibirían con la aplicación del cálculo de movilidad actual. Aún así, el Gobierno podría ajustar el gasto para cumplir con la premisa del “déficit cero”.

Un importante colaborador de la Casa Rosada apuntó: “Indexar las jubilaciones no sirve.. Ya lo hicieron anteriores gobiernos y no lo cumplieron”.

El oficialismo le transmitió a los bloques aliados que quiere votar el proyecto de ley bases antes del paro de la CGT del 24 de enero.

Un diputado de un bloque aliado apuntó: “La ley con un cheque en blanco en materia jubilatoria no va. Si no quieren fijar una indexación mensual por inflación queremos saber por qué”.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

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A las 21 hs. el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el comunicado completo tras la reunión del directorio de ayer en la que se aprobó el desembolso de U$S 7.500 millones. Señala que “los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas“. Agrega que “en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal”.

La titular del FMI Kristalina Georgieva, señaló que “con una inflación elevada y crecientes presiones de balanza de pagos como telón de fondo, las autoridades están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo, y centradas en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal”.

Reitera que es “esencial” alcanzar el déficit fiscal primario acordado del 1.9% del PIB, un objetivo que resulta difícil de alcanzar por la caída de los derechos de exportación provocada por la sequía. El desequilibrio se ubica actualmente en 2.7% del PIB, según cálculos de la consultora ACM.

La titular del Fondo precisó que el gobierno debe centrar “los esfuerzos” en:

• reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía
• contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura.

Además, consideró que estas medidas están siendo complementadas con aumentos temporales de los impuestos sobre las importaciones para compensar la pérdida de ingresos.

En lo que fue interpretado en el Palacio de Hacienda como un aval de las últimas medidas adoptados, Georgieva sostuvo que “la reciente realineación del tipo de cambio, sumada al endurecimiento de la política monetaria, debería continuar a ayudar a promover la acumulación de reservas y al mismo tiempo limitar el efecto de traspaso del tipo de cambio a la inflación”.

Mercados

Con relación al futuro de la política cambiaria la titular del FMI dijo que”

• La tasa de ajuste del tipo de cambio se calibrará con detenimiento para facilitar el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reservas y reducción de la inflación,
• Las tasas de interés real permanecerán en niveles debidamente positivos para seguir apoyando la demanda de activos en pesos.
• Las intervenciones en el mercado financiero y de futuros también serán limitadas y temporales, y se centrarán en corregir condiciones de desorden.
• Las prácticas de tipos de cambio múltiples, las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de los flujos de capital se replegarán gradualmente conforme lo permitan las condiciones, ya que no son una sustitución de una política macroeconómica sólida.

Política fiscal

Las autoridades argentinas y el staff del Fondo acordaron que en años posteriores se acelerará “la consolidación fiscal con medidas de alta calidad enfocadas en el gasto y el ingreso”. También se reconoce la importancia de fomentar las exportaciones y en este sentido, Georgieva calificó como “un hecho positivo” la culminación del gasoducto.

Como es habitual reitera que es “preciso continuar prestando atención a proteger a los pobres y a promover el crecimiento inclusivo conforme se corrigen los desequilibrios”.

Por último, advierte que “continúa siendo crucial contar con un amplio respaldo político y que el programa se asuma como propio a corto y mediano plazo, ya que para resolver los profundos desafíos a los que se enfrenta Argentina se requerirán los esfuerzos de futuros gobiernos”.

En principio, este viernes se conocería el staff report, informe extenso donde el equipo analiza la situación argentina y presenta sus observaciones.

Una síntesis de este comunicado fue difundida en la tarde del miércoles y anticipando un desembolso inmediato.

Tras cuatro meses de arduas negociaciones finalmente el gobierno logró el desembolso del FMI y durante ese tiempo las negociaciones tuvieron momentos tensos no exentos de enojos.

En el encuentro que mantuvieran la titular del FMI y el ministro de Economía se abordó, como no podía ser de otra manera, la cuestión de los tipos de cambios múltiples. Existió coincidencia en la necesidad de ir a una simplificación, pero no en estos momentos en medio de la incertidumbre electoral y la escasez de reservas.

Massa defendió su esquema de tipo de cambio diferencial para los productos agropecuarios que le permitieron, sostuvo, recomponer 1.800 millones de dólares en reservas y revertir la situación deficitaria previa.

Las evaluaciones del Ministerio de Economía arrojan que, superada la sequía y con la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, el año próximo el país tendrá un abultado superávit comercial. Cabe señalar al respecto, que el FMI inicialmente subestimó los efectos de la sequía en el país. Para no volver a equivocarse, se supo que ha contratado un estudio específico sobre las perspectivas de la cosecha argentina.

A diferencia de su antecesor, Martín Guzmán, Massa en ningún momento planteó el tema de los sobrecargos que paga la Argentina por los créditos.

Un dato no menor, que se comenta en el Palacio de Hacienda, es que el sueldo de los directores del organismo (entre 14.000 y 16.000 dólares) se cubre precisamente con estos sobrecargos. Dicho sea de paso, en estos momentos el Fondo está discutiendo la posibilidad de un aumento en las remuneraciones de los directores, a los que Argentina votará en contra.

La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de US$7.500 millones (5.500 millones de DEG), con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos US$36.000 millones. La próxima revisión está prevista para noviembre de 2023.

Fuente: Ambito

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El Frente de Todos consiguió un muy ajustado quórum y se desahogó cuando el tablero del recinto devolvió la imagen del resultado: 134 votos afirmativos y 107 negativos.

El voto positivo del Frente de Todos a la ley de moratoria jubilatoria ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, debido a las posibles consecuencias negativas que podría tener para el sistema jubilatorio argentino y para la economía en general.

Se teme que la aprobación de esta ley, que permite a las personas que no pudieron completar sus aportes jubilatorios acceder a una jubilación, podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio argentino. Además, se argumenta que las nuevas jubilaciones se financiarán con emisión monetaria, lo que podría generar una mayor inflación en el país y en consecuencia, impactaría en los haberes jubilatorios.

Juntos por el Cambio se opuso a la moratoria previsional por considerarla un “parche” que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.

La sanción de esta norma fue vivida por el oficialismo con una intensidad inusitada y lo festejó a todo lo alto (incluyendo la simbólica Marcha peronista), una gestualidad que generó malestar en la bancada de Juntos por el Cambio, que tomó las celebraciones como una “provocación”.

De hecho, en varias ocasiones diputados de la oposición como Silvia Lospennato le reclamaron a viva voz a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que llamara al orden para hacer cesar el ritual “de cancha”, pero no lograron aplacar la alegría de un oficialismo que vivió el resultado como un desahogo, después de meses sin poder mostrar logros ni en materia legislativa ni tampoco en otros ámbitos como la economía.

En medio de los tironeos permanentes y las fisuras internas entre sus distintas facciones, el Frente de Todos precisaba de “un triunfo”, por más modesto que fuere, para sacar cabeza y afrontar los desafíos venideros con otro espíritu.

La efervescencia de la fotografía final se explica no tanto por el calibre de la medida sino más bien por lo arduo y espinoso que la búsqueda de consensos mínimos para reflotar la moratoria, cuyo tratamiento estuvo paralizado desde que Juntos por el Cambio hizo caer la sesión del 24 de diciembre del año pasado en la que la iniciativa iba a votarse.

De hecho, el programa de regularización de deudas previsionales caducó el 31 de diciembre, por lo que hubo dos meses en que la moratoria no estuvo vigente.

El momento más crítico se dio en el comienzo, cuando había que garantizar un quórum que estuvo a punto de escurrirse. El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda, dos diputados del Frente de la Concordia y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.

A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.

El primer tramo de la sesión estuvo monopolizado por las numerosas cuestiones de privilegio que pidieron los representantes de Juntos por el Cambio. Por caso, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la “mayoría automática” que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en “una comisión de inteligencia de 
hecho”.

Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por sus reiteradas amenazas al dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, con la expresión “cárcel o bala”, que catalogó como un “ataque fascista”.

La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.

Los carteles en cuestión, que fueron colgados en distintas dependencias de ANSeS, mostraban los rostros de los diputados opositores, acompañados de la inscripción: “Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Legislan para un pueblo que odian”.

Al identificarlo en una de las plateas del recinto, Camaño reclamó que “ese personaje se retire”.

Tras este incidente, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache.

El debate por la moratoria previsional 

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, fue el primer orador que intervino en el debate para defender la iniciativa.

El economista puntualizó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% lo hizo a través de las distintas moratorias que se ejecutaron.

“Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, destacó, y resaltó que la razón que motiva este tipo de herramientas es el “gravísimo problema” que tiene el país en materia de informalidad laboral.

Además, especificó que “una inmensa mayoría” de las personas que no llegan a los 30 años de aportes porque trabajaron en la informalidad “son mujeres”.

Y de ellas, “una inmensa mayoría que ha trabajado en casas particulares”, especificó, por lo que criticó a quienes dicen que esas personas “no tienen aportes porque no quisieron”. 

El banquero le concedió a Juntos por el Cambio que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

La titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, completó el tiempo del bloque oficialista para defender el dictamen de mayoría. 

La diputada kirchnerista retomó parte de la argumentación de Heller y señaló que “9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres” no puedan acceder al sistema jubilatorio, y ese “es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido responsables de esas crisis”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”, dijo sobre el mecanismo que le permite a las personas que estén hasta 10 años de cumplir la edad jubilatoria a adelantar los años de aportes que ya saben de antemano que no van a tener una vez que lleguen a la edad de retiro.

Uceda llamó a “derribar los mitos” que a su entender construye la oposición para desacreditar la moratoria previsional, como por ejemplo que las personas que no trabajaron no merecen acceder al derecho a jubilarse.

“Trabajar, trabajan las mujeres en su casa todos los días, en tareas de cuidado”, aclaró.

Además resaltó las ventajas del haber jubilatorio respecto de la Pensión universal a la Adultez Mayor (PUAM), cuyos beneficiarios “están sometidos a cobrar el 80% de una jubilación mínima.

“Además no es contributiva, no es heredable”, acotó sobre la prestación creada por ley por impulso del Gobierno de Mauricio Macri.

A continuación tomó la palabra el autor del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), quien sostuvo que esta nueva moratoria tiene un “primer problema que es de equidad contributiva”, ya que “no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene”.

“No hace falta caricaturizar nuestras posiciones y decir que nosotros no queremos que se jubilen, pero lo cierto es que los aportes no están ingresados y eso trae adicional un enorme problema fiscal, profundizamos el déficit fiscal, el quiebre del sistema jubilatorio”, alertó el diputado puntano, que precisó que se trata de “medio punto del PBI del déficit que se amplía”, generando “un problema de caja al Estado de forma inmediata”. 

Cacace defendió enfáticamente la PUAM y recordó sus orígenes durante los tiempos en que gobernaba Cambiemos: “Se detectó que dentro de la población había quienes no tenían aportes y se estableció que todos los adultos mayores puedan gozar una pensión universal para garantizar un nivel de vida adecuado”.

Por último, instó a “terminar con los parches” y “establecer una prestación proporcional para que cada uno reciba su beneficio previsional de acuerdo al esfuerzo contributivo que ha realizado y a los aportes efectivos ingresados”.

Completó el tiempo del bloque opositor el presidente del bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien cargó contra la lógica misma de las moratorias previsionales y en particular contra la establecida en 2006 cuando se logró incorporar al sistema previsional a 2.500.000 adultos mayores con aportes insuficientes.

“De todas las moratorias previsionales que pusieron en crisis la sustentabilidad sistémica del régimen previsional, la del 2006 aplaudida por ustedes fue la que terminó por quebrar el sistema previsional argentino”, opinó.

El cordobés señaló que a partir de ese año se pasó de una relación de 2,6 activos por cada pasivo a una proporción de 1,5 activos por cada pasivo. 

De esta manera, “pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, vociferó.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó una visión más contemplativa de la situación de las personas que necesitan la moratoria para jubilarse porque durante su vida activa el sistema los expulsó a la informalidad laboral, haciendo hincapié en las asimetrías que padecen las mujeres.

“Especialmente las mujeres más humildes, las de los niveles socio-económicos bajos y muy bajos, son las que más soportan sobre sus hombros la carga del trabajo doméstico no remunerado, en comparación con los hombres pero también con sus pares mujeres de los niveles medios”, sostuvo. 

En este sentido, el diputado de Identidad Bonaerense manifestó que “las mujeres dedican el doble del tiempo a ese trabajo doméstico no remunerado que los hombres; y también hay una discriminación en el acceso al propio mercado laboral, incluso cuando en promedio las mujeres tienen mayor calificación en cuanto al nivel educativo alcanzado”. 

“Las mujeres -más que los hombres- cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación”, afirmó Rodríguez, y graficó las diferencias de ingresos por género: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. 

A su tiempo, Espert (Avanza Libertad) dijo que con este programa en materia previsional “a los jubilados les estamos proponiendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

“Este programa genera un déficit adicional de casi medio punto del PBI para el 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso”, advirtió en sintonía con Cacace, al tiempo que advirtió sobre la enorme heterogeneidad de los regímenes especiales.

Sin pelos en la lengua, Luciano Laspina (PRO) calificó las moratorias como “la prueba del fracaso del sistema que tenemos en la Argentina desde hace muchos años”, y opinó que condujeron a “la licuación sistemática de las jubilaciones”, en particular “de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

“Hoy estamos bajando las jubilaciones a los futuros jubilados de la Argentina. Esto es lo que estamos sancionando hoy: la baja futura de las jubilaciones, porque estamos dando beneficios sin recursos”, reiteró.

“Las moratorias buscaban compensar la falta de algunos años de aporte. No esto que estamos haciendo, que es regalarle la jubilación a alguien que no aportó”, lanzó el santafesino.

Para el economista opositor, esta nueva moratoria responde a un “mecanismo electoral”, porque a su criterio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Le salió al cruce Itai Hagman (Frente de Todos), quien aclaró que si la moratoria previsional se está tratando en este 2023 tiene que ver con la decisión opositora de bloquear el debate durante el año pasado.

El diputado kirchnerista del Frente Patria Grande también polemizó con el “mito” de que las moratorias atentan contra el trabajo formal, y puso como ejemplo la situación laboral en países de la región que tienen mayores niveles de informalidad pese a contar con sistemas de cobertura jubilatoria más restringidos que el argentino.

“¿Qué es lo injusto? ¿Qué se pueda jubilar o que no se pueda jubilar alguien que trabajó en la informalidad?”, desafió el economista.

Y señaló que alternativas como la reducción de la cobertura jubilatoria y más aún la PUAM, que consagra “jubilados clase B”, lo que hace es “cristalizar las desigualdades del mercado laboral durante la vejez”.

“No quiero resignarme a una Argentina clase A y una clase B”, concluyó.

Esta medida podría ser un alivio para aquellos ciudadanos que no pudieron completar sus aportes jubilatorios, pero a largo plazo podría tener consecuencias negativas para la economía argentina. La oposición acusa al gobierno de hacer populismo mediocre, sin medir las consecuencias a futuro ya que el único objetivo del gobierno, es buscar apoyo para las próximas elecciones. Es necesario que se tomen medidas para fortalecer el sistema jubilatorio y garantizar su sostenibilidad financiera en el futuro.

La emisión monetaria para financiar las nuevas jubilaciones puede generar una mayor inflación en el país, lo que afectaría negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y la estabilidad económica en general. Es importante que el gobierno tome medidas para controlar la inflación y garantizar la estabilidad económica del país.

En resumen, aunque la ley de moratoria jubilatoria podría ser beneficiosa para algunas personas en el corto plazo, su aprobación sin las medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio y controlar la inflación podría tener consecuencias negativas para la economía argentina en el largo plazo.

FM del Este, Con información de La Prensa

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Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán un 15,6% a partir de diciembre, anunciaron este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

A esto se sumará un bono de $ 10.000 en diciembre, enero y febrero para jubilados que cobren el haber mínimo y de $ 7.000 para los que perciben un monto equivalente a dos haberes mínimos, lo que incluye al 84% del total de los jubilados.

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El ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora del Anses, Fernanda Raverta; anunciaron un aumento por movilidad del 15,53 % para jubilaciones, pensiones y asignaciones, una medida que alcanza a más de 16 millones de personas.

A este aumento se le sumará un refuerzo mensual de hasta $ 7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembrehasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre, informó el Anses a través de un comunicado.

Dicho refuerzo “alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones, e irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 pesos, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos”, agregó el comunicado oficial.

Cómo será el incremento

Con estos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de $ 37.525 a $ 50.353 y las dos jubilaciones mínimas pasarán de $ 75.050 a $90.705 pesos.

Con estas medidas, destacó Massa en su cuenta de Twitter, “la jubilación mínima aumentará 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación”.

De esta forma, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, mientras que, quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705; por lo que “ninguna jubilación quedará por debajo de los $50 mil”, resaltó.

“Estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas. Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, agregó Massa.

“A partir de septiembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los $ 50.000 . Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas”, señaló a su vez Raverta.

Este es el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022. De esta manera, la Asignación Universal por Hija e Hijo pasará a ser de $ 8.471 .

Al mismo tiempo, se actualizan también la Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Cónyuge.

La medida fue anticipada el miércoles pasado por el propio Massa cuando asumió la cartera de Economía. En esa oportunidad, el ministro aseguró que “se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación”.

El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

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