En el marco de la investigación por presunta corrupción estructural en la adjudicación de contratos de seguridad a organismos estatales, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tomó declaración indagatoria a González, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González fue detenido por su presunta participación en maniobras de sobornos y facturación apócrifa, y posteriormente fue liberado tras su indagatoria.​

González, vinculado a la empresa Betail SA, es considerado una figura clave en la causa que también involucra al exsenador Edgardo Kueider. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita dedicada al pago de sobornos para obtener contratos con la empresa Securitas en distintos organismos y empresas del Estado, entre ellas Enersa.

González, fue allanado por Gendarmería Nacional en su vivienda del barrio privado Puerto Barrancas, de la ciudad de Paraná, en horas de la mañana del sábado, y quedó detenido e incomunicado. Lo trasladaron y alojaron en el Escuadrón “Buenos Aires” de Procedimientos Judiciales de la fuerza federal.

En horas de la mañana de este lunes, lo llevaron hasta el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Allí fue indagado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, tal como lo había solicitado el fiscal federal Fernando Domínguez. A González lo defiende el abogado Néstor Oroño, oriundo de la ciudad de Santa Fe.

Al mismo tiempo, la jueza había dispuesto la declaración indagatoria de otros dos exfuncionarios, Marcelo Morales y Juan Carlos Pimentel, “por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública”.

En el allanamiento del sábado, a González le incautaron casi 300.000 dólares en su vivienda del lujoso barrio privado de la capital provincial.

La causa se originó en 2020, cuando la empresa Securitas Argentina se autodenunció tras detectar irregularidades en una auditoría interna. La investigación reveló una red de sobornos que involucraba a funcionarios de Securitas y de diversos organismos estatales, incluyendo ENERSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y otros. Se estima que el monto involucrado en sobornos asciende a 7,5 millones de dólares.​

La jueza Arroyo Salgado destacó que la corrupción en este caso es de carácter estructural y endémico, afectando a múltiples organismos del Estado. Además, señaló que la investigación ha avanzado con el procesamiento de varios directivos de Securitas y funcionarios públicos por delitos como asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La declaración de González se enmarca en una serie de indagatorias a funcionarios y empleados públicos vinculados a la causa, que busca desentrañar la compleja trama de corrupción y sobornos en la contratación de servicios de seguridad en el ámbito estatal.​

FM del Este 100.5 con información de Análisis Digital

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