En un contexto donde se reclama mayor transparencia, equidad y participación ciudadana en la justicia, la Cámara de Diputados de Entre Ríos discute una reforma que podría significar un retroceso histórico: reducir el alcance de la Ley 10.746 que regula el juicio por jurados en la provincia. Diversas organizaciones jurídicas y sociales han manifestado su profundo rechazo a esta iniciativa, señalando que la misma es inconstitucional, innecesaria y profundamente antidemocrática.

El juicio por jurados: una institución constitucional clave

La Constitución Nacional menciona en tres artículos (24, 75 inc. 12 y 118) la obligación de implementar juicios por jurados como forma de administración de justicia penal. Esta institución no solo es un derecho del pueblo a participar en las decisiones judiciales más trascendentes —como lo es privar a una persona de su libertad—, sino que también constituye un mecanismo de control ciudadano sobre el poder judicial.

En palabras del fallo “Canales” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el jurado popular es el “juez más natural entre los naturales”, cuya intervención no puede ser eliminada ni restringida una vez activado el mandato constitucional.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto en debate busca limitar los casos en los que debe intervenir un jurado popular, devolviendo la decisión a jueces técnicos. Esto no solo concentra el poder de juzgar en una élite judicial, sino que también disminuye el involucramiento de la sociedad en la administración de justicia. De aprobarse, Entre Ríos sería la primera provincia del país en restringir esta herramienta, mientras que en el resto del país otras jurisdicciones, como Mendoza, Chaco y Río Negro, avanzan en su expansión.

Argumentos en contra de la reforma

El dossier legislativo elaborado por el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en colaboración con otras entidades como la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y VIDA-ER, desmonta los principales argumentos a favor de la reforma:

• El juicio por jurados no es costoso: representa apenas el 0,3% del presupuesto total del Poder Judicial de Entre Ríos.
• No hay saturación del sistema: los jueces dedican menos de una hora diaria a audiencias, y más del 50% de los casos penales se resuelven mediante juicios abreviados.
• No existe un colapso de juicios pendientes que justifique restringir derechos constitucionales.
• No hay consenso en el ámbito académico ni entre profesionales del derecho, que coinciden en que esta reforma atenta contra garantías básicas y genera inseguridad jurídica.

Un comunicado con fuerte rechazo

El 5 de junio de 2025, varias organizaciones emitieron un comunicado conjunto de repudio a la aprobación en comisión del proyecto. En el documento, advierten que esta medida no solo carece de sustento legal y académico, sino que abre la puerta a una judicialización masiva por inconstitucionalidad, lo que generaría demoras, litigios y mayores costos en el sistema judicial.

El comunicado subraya que esta reforma “pretende irregularmente dar poder a una justicia clasista, cada vez más deslegitimada ante la sociedad”, y exhorta a los legisladores entrerrianos a rechazar la modificación.

Más participación, más justicia

El juicio por jurados es una herramienta que fortalece la democracia, refuerza la imparcialidad y promueve una justicia más accesible y transparente. El intento de reducir su alcance no solo contradice el mandato constitucional, sino que empobrece la calidad del sistema judicial entrerriano y nacional.

En tiempos donde la ciudadanía exige ser escuchada y formar parte de las decisiones que afectan su vida, debilitar los juicios por jurado es un paso en la dirección opuesta. La democracia no solo se defiende en las urnas, también se sostiene en los tribunales, y allí el pueblo tiene derecho a estar presente.

Dossier legislativo

Comunicado

Organizaciones que participaron en el rechazo a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, según el comunicado fechado el 5 de junio de 2025:

1. Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos
2. Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER)
3. Asociación de Pensamiento Penal
4. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
5. Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ)

Estas organizaciones expresaron públicamente su profundo rechazo a la reforma y destacaron su carácter ilegítimo, inconstitucional y regresivo. Además, remarcaron el consenso técnico y profesional en contra de la modificación.

FM del Este 100.5

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