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Durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo, la cámara baja aprobó por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, que integra un paquete de medidas orientadas a acompañar a los pequeños comerciantes y sostener la actividad económica.

El proyecto contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Asimismo, prevé la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También incorpora la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.

Estas medidas representan un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. Entrarán en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley, y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante todo 2027.

Por otra parte, las medidas de alivio energético que forman parte de este esquema de acompañamiento al sector no requieren una ley para su implementación, ya que serán instrumentadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura de energía eléctrica de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia. Está destinado a usuarios cuya CUIT de la actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, y coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

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De la redacción de INFORME DIGITAL

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un esquema tributario aplicado por Entre Ríos y condenó a la provincia en una demanda iniciada por la empresa Inc S.A., controlante de la cadena Carrefour. El máximo tribunal entendió que el Estado entrerriano no podía cobrar una alícuota más elevada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a firmas radicadas en otras jurisdicciones, al considerar que esa diferencia generaba una discriminación incompatible con la Constitución Nacional.

La decisión tiene impacto directo sobre una discusión sensible para las provincias: hasta dónde pueden utilizar su autonomía fiscal para recaudar sin afectar la libre circulación de bienes y servicios dentro del país. En el caso de Entre Ríos, el fallo cuestiona una política tributaria aplicada durante años y fija un criterio que limita futuras diferencias impositivas basadas en el domicilio de las empresas.

La disputa con ATER

El conflicto se originó por un reclamo realizado por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a Inc S.A. por períodos fiscales comprendidos entre enero y septiembre de 2016. La provincia pretendía aplicar una alícuota del 5% sobre Ingresos Brutos en virtud de la Ley 9.622, modificada por la Ley 10.270, debido a que la empresa tenía su radicación fuera del territorio entrerriano.

Carrefour sostuvo que se la obligaba a pagar más impuestos únicamente por tener su sede en otra provincia, mientras que Entre Ríos defendió la legalidad del esquema y argumentó, entre otros puntos, que posteriormente había corregido esa situación mediante una nueva legislación.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que la controversia seguía vigente porque la modificación posterior no tenía efectos sobre los períodos reclamados. Además, señalaron que la normativa provincial obstaculizaba el comercio interjurisdiccional y generaba una diferencia de trato basada exclusivamente en el lugar de radicación de la empresa.

El criterio que ratificó la Corte

El mismo día, la Corte resolvió un caso similar contra la provincia de Santa Fe y volvió a advertir que las provincias no pueden crear mecanismos que funcionen como “aduanas interiores”, una práctica expresamente prohibida por la Constitución Nacional.

Para los magistrados, cobrar una alícuota superior a contribuyentes radicados fuera de una jurisdicción altera las condiciones de competencia, afecta el principio de igualdad y restringe la circulación económica entre provincias.
Aunque Entre Ríos modificó posteriormente su legislación y eliminó esa diferenciación mediante la Ley 10.557, el fallo deja un mensaje claro para las administraciones provinciales: la autonomía tributaria tiene límites y no puede utilizarse para favorecer actividades radicadas dentro del territorio provincial en detrimento de empresas instaladas en otros distritos.

La resolución también podría tener efectos sobre futuros reclamos de contribuyentes y consolida una línea jurisprudencial que la Corte viene sosteniendo desde hace años respecto de la prohibición de establecer diferencias fiscales basadas en el domicilio de las empresas.

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Ya se puede implementar y hay plazos de adecuación.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Tras la publicación del Decreto 1121/26, la Resolución 128 adoptó las medidas para la implementación del régimen que establece detallar la incidencia estimada de los impuestos a los Ingresos Brutos y de Profesionales Liberales -además del IVA y los impuestos nacionales indirectos-, en las facturas, tickets o comprobantes fiscales equivalentes por las operaciones de ventas de bienes y prestación de servicios a consumidores finales.

La medida forma parte de las políticas de transparencia fiscal impulsadas por la gestión de Rogelio Frigerio, para promover el derecho a saber qué pagan los consumidores entrerrianos. Se aclara que tiene fines meramente informativos para los consumidores y no recaudatorios, por lo cual permite el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas. Por ello, se constituye en una herramienta clave para la educación tributaria de la ciudadanía y para fomentar la competitividad en el mercado.

El titular de ATER, Jesús Korell, valoró la implementación de la normativa y destacó que Entre Ríos fue una de las primeras jurisdicciones en adherir a la Ley de Transparencia Fiscal. También fundamentó la importancia de contar con un régimen provincial propio. “La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida”, expresó.

Sobre la normativa

El texto dispone que el impuesto sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio de las Profesiones Liberales, que tienen incidencia en la formación de los precios de las ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, deberán encontrarse discriminados en los comprobantes emitidos por los contribuyentes.

Se precisa que estarán obligados de cumplir con el régimen los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Régimen Direct o Convenio Multilateral, y/o Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales, quienes deberán discriminar alícuotas a la que están sujetos e importes estimados o aproximados.

La norma indica que quedan excluidos del régimen los contribuyentes del Régimen Simplificado. También señala que la información debe ir después de la descripción de la operación y del IVA, y debe llevar la leyenda “Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesiones Liberales” en el espacio inferior izquierdo.

Entre otros puntos, se establece que el régimen se aplicará de manera gradual y escalonada por segmentación de contribuyentes. Para “grandes contribuyentes” será obligatorio a partir de los 60 días corridos de la vigencia de la resolución; y para el resto de los contribuyentes, será obligatorio a partir de los 180 días corridos desde su vigencia.

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En el marco de la agenda de modernización y actualización de los servicios que lleva adelante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), se incorporó una nueva operación que podrá realizarse sin la necesidad de concurrir a las oficinas.

La medida forma parte de las acciones desarrolladas atendiendo a las conversaciones que se mantienen con colegios profesionales y empresariales.

“La incorporación de nuevas operaciones de autogestión en ingresos brutos, no sólo busca optimizar el proceso y mejorar la calidad de la gestión y los servicios ágiles a los ciudadanos, sino que además apunta elevar los niveles de transparencia y control”, señaló el director ejecutivo del organismo, Jesús Korell.

Esta aplicación web es la tercera que habilita la ATER como parte de un conjunto de cuatro soluciones que buscan facilitar y agilizar las gestiones de saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos. Oportunamente, se habilitaron gestiones como la solicitud de Certificados de no Retención / Percepción en Ingresos Brutos y la solicitud de devolución por retenciones en Sircreb / Sircupa.

El esquema se completará próximamente con la autogestión de créditos por saldos a favor, aplicación que actualmente se encuentra en desarrollo.

Para mayor información y conocer detalles del nuevo servicio, comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), llamando al 0810-888-2837 de lunes a viernes de 8 a 13.

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