El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia de primera instancia que ordena al Gobierno provincial entregar información completa sobre la extracción de arena, en respuesta a un amparo presentado por la Fundación CAUCE. La Justicia rechazó el recurso de apelación del Ejecutivo, marcando un precedente en el acceso a la información ambiental.

La sentencia obliga al Estado a informar, en un plazo de diez días hábiles, sobre el destino de la arena extraída —principalmente utilizada en el fracking para la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta—, el volumen retirado, los controles estatales realizados y los ingresos tributarios generados.

En este contexto, cobra fuerza la reciente entrevista al ingeniero y empresario arenero Sergio Paz, emitida por FM del Este 100.5 en el programa “El Despertador”. Paz denuncia un sistema de extracción descontrolado, donde “salen entre 900 y 1000 camiones diarios cargados con arena” sin ningún tipo de fiscalización efectiva por parte del Estado. “Es un robo a la minería entrerriana. Nadie paga nada”, afirma.

Escuchá la nota completa al Ing. Paz en “El Despertador”

Paz sostiene que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tiene un rol clave en el entramado: “Hace y deshace todo lo que se llama extracción de arena”, y lo vincula con empresas de transporte presuntamente ligadas al negocio. “Tiene información de todos los que están en el poder, y no dudará en “carpetearte”; por eso nadie se anima a enfrentarlo”, asegura.

Según sus cálculos, la arena utilizada para fracking se comercializa a valores cercanos a los 200 dólares por metro cúbico, lo que implica cifras multimillonarias que, según él, no se traducen en ingresos para la provincia. Paz también es empresario agrícola y sentencia: “Yo en el agro tengo retenciones por cada tonelada de soja. ¿Por qué no se aplica lo mismo con la arena?”, cuestiona.

Además, advierte sobre el impacto ambiental del lavado de arena con productos químicos: “Eso va al río o al arroyo, y nadie controla nada”.

La denuncia de Paz, sumada al fallo del STJ, revela la urgente necesidad de una revisión profunda del sistema de explotación de recursos naturales en Entre Ríos. La Fundación CAUCE celebra el fallo como un triunfo del derecho a la información pública ambiental, pero aún queda por ver si el Estado provincial cumplirá efectivamente con su obligación de informar.

Mientras tanto, queda en evidencia que la transparencia y el control ciudadano son claves para frenar la impunidad con la que, según las denuncias, se viene operando en este millonario negocio.

FM del Este 100.5

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