El Fondo dijo que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por escasa transparencia”.

El Fondo Monetario Internacional dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. Se trata de la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a endeudarse con él en 2018. Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción. Destacó allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional. Además, apuntó que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.

Leé también: El FMI pidió explicaciones por el índice de inflación del INDEC y el sucesor de Marco Lavagna propone actualizarlo

Los durísimos términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción: “Es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual. Las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación. Asimismo, la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”. La palabra “corrupción” se repite 16 veces en las 136 fojas.

FMI: un tono elevado poco frecuente

Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante las gestiones del Palacio de Hacienda de Martín Guzmán, Silvina Batakis ni Sergio Massa. Incluso tampoco cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri, que además de a Caputo llevó frente al FMI a Nicolás Dujovne (que hacía dupla con “Toto” en un ministerio escindido) y Hernán Lacunza.

La presidencia de Alberto Fernández, anterior a la etapa libertaria, fue criticada por muchas aristas, pero la corrupción no estuvo entre ellas. De hecho, en las encuestas de esa época no era una preocupación para la sociedad. Hoy, sí y resulta difícil omitirlo.

De hecho, en 2022 un informe del Fondo destacó “fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia para asegurarse el cumplimiento de los estándares internacionales y apoyar los esfuerzos anticorrupción”.

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción (Framework for Enhanced Engagement on Governance) que le permite evaluar cómo la corrupción o las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país. Desde ese entonces a cada nación le agregan un apartado que lo analiza, pero ex ministros argentinos que trataron cara a cara con el Fondo aclararon a PERFIL que “lo que escribieron ahora no pasó nunca”. Los consultados por este medio recordaron que en sus etapas no se mencionó de esta manera porque la transparencia no estaba en dudas. El documento actual menciona de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción.

“Es imposible no hacer mención de ello. Está en juego la reputación del FMI, que quedó golpeada después del préstamo del período de Macri”, analizó una persona con años de experiencia en el trato con el Fondo, quien coincidió que se trata de una presión que buscan generar sobre el Gobierno. La revisión se encuentra a cargo del equipo técnico y posiblemente la mención se debe a que esta sea la postura de los países que lo integran, que no quieren quedarse “pegados” al salvataje a Milei, que se originó por la instrucción política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Altas fuentes consultadas por PERFIL consideraron que no hay tipificada una sanción si el Gobierno incumple con seguir estas medidas que instruye el Fondo. Lo único que podría acarrear penalidades, es decir, que no lleguen los desembolsos, sería incumplir las metas macroeconómicas. Sin embargo, Caputo volvió a pedir un “perdón” por el objetivo de reservas.

En Suramericana Visión, la consultora y think tank del ex ministro Guzmán, analizaron que “la negativa del Gobierno en 2025 a acumular reservas (lo que hubiera significado un menor ritmo de desinflación y un tipo de cambio mayor) agravó la inconsistencia del programa inicial con el FMI. Así, ahora se requiere un mayor ritmo de acumulación y un acceso más voluminoso de acceso al mercado de deuda internacional, condiciones que serán muy difíciles de cumplir en un año electoral como el 2027”.

Las propiedades de Adorni

El plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio. Ahora tienen dos meses más para completar los formularios que están obligados por ley a presentarle a la Oficina Anticorrupción. En el ojo de la tormenta política se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.

Los departamentos que compró Adorni desde que es funcionario con préstamos privados y poco claros, sumados a los millonarios gastos que repentinamente comenzó a realizar, generan la duda del origen de los fondos. Las denuncias por enriquecimiento ilícito, que tramitan en tribunales, suman pruebas que complican aún más a un vocero presidencial que se niega a dar explicaciones sobre el tema. Según él, no habla para “no obstruir el trabajo de la Justicia”. El FMI, por lo que se deduce del documento, no está de acuerdo.

La elevada mora de las familias

En su revisión, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”.

Asimismo, el organismo detalló que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” con el objetivo de “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”.

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron una disparada en la morosidad de los hogares, que llegó al 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (3,3%). Para el sector privado en general subió 0,3 puntos al 7%.

LT / Ezequiel Orlando Perfil

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El Gobierno argentino elevó el nivel de alerta nacional y dispuso medidas preventivas en infraestructuras críticas. La represa de Salto Grande, una de las centrales hidroeléctricas más importantes del Cono Sur, quedó bajo vigilancia reforzada.

Autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se reunieron con fuerzas federales para coordinar operativos preventivos en el complejo hidroeléctrico ubicado entre Argentina y Uruguay. La decisión responde a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y al aumento de las alertas de seguridad sobre infraestructuras estratégicas.

Reunión con fuerzas federales para reforzar la vigilancia

En este contexto, autoridades de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande mantuvieron una reunión con mandos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval para coordinar el incremento de las medidas de seguridad en el complejo energético.

Del encuentro participaron:

• Alejandro Daneri, presidente de la delegación argentina
• Pedro Galimberti, vicepresidente
• Gustavo Araujo, gerente general del complejo
• Matías Andrés Pérez, jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería
• Jorge Horacio Ribinski, titular de Prefectura Concordia
• Néstor Alfredo Hoffmann, jefe de Prefectura Salto Grande

El objetivo principal fue fortalecer los dispositivos preventivos de seguridad y protección del complejo hidroeléctrico, considerado una instalación clave para el funcionamiento energético regional.

Aunque no se difundieron detalles operativos específicos, el refuerzo de seguridad suele incluir controles de acceso más estrictos, aumento del patrullaje y coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades del complejo.

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La seguridad en la represa de Salto Grande fue reforzada por las autoridades argentinas luego de que el Gobierno decidiera elevar el nivel de alerta nacional ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La medida preventiva apunta a proteger infraestructuras consideradas críticas dentro del sistema energético del país. Entre ellas se encuentra la represa hidroeléctrica de Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay y compartida por Argentina y Uruguay.

El complejo energético es uno de los más importantes de la región y su funcionamiento resulta clave para el suministro eléctrico y la regulación hidráulica del río.

Reunión con fuerzas de seguridad

El objetivo del encuentro fue analizar medidas de prevención y fortalecer los protocolos de vigilancia en el complejo hidroeléctrico.

Entre las acciones evaluadas se encuentran:

• mayor presencia de fuerzas de seguridad
• controles más estrictos en accesos
• monitoreo permanente de instalaciones
• coordinación entre organismos de seguridad

Estas medidas buscan garantizar la protección de la infraestructura energética ante posibles riesgos derivados del escenario internacional.

Por qué la represa de Salto Grande es estratégica

La represa de Salto Grande es una obra hidroeléctrica binacional inaugurada en 1979 y considerada una de las principales centrales energéticas del Cono Sur.

El complejo cuenta con 14 turbinas y una capacidad instalada cercana a los 1.900 megavatios.

Su producción energética tiene un impacto directo en el sistema eléctrico regional:

• abastece una parte importante del consumo de Uruguay
• aporta energía al sistema eléctrico argentino
• regula el caudal del río Uruguay

Además de su rol energético, la represa funciona como conexión física entre ambos países, ya que sobre el complejo se encuentra uno de los pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay.

Alerta preventiva en infraestructuras críticas

El refuerzo de la seguridad en la represa de Salto Grande forma parte de una decisión más amplia del Gobierno argentino de elevar el nivel de alerta nacional.

Esta medida responde al aumento de la tensión internacional generado por el conflicto en Medio Oriente, que involucra a potencias militares y genera preocupación en distintos países.

Cuando se producen crisis internacionales de gran escala, los Estados suelen reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas como:

• centrales eléctricas
• represas hidroeléctricas
• aeropuertos
• puertos
• instalaciones energéticas

El objetivo es reducir riesgos y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Seguridad energética en un contexto internacional inestable

La situación también reabre el debate sobre la protección de las infraestructuras energéticas frente a amenazas globales.

Represas, centrales eléctricas y redes energéticas se consideran activos estratégicos porque cualquier interrupción podría generar impactos económicos y sociales significativos.

En ese contexto, la seguridad en la represa de Salto Grande se vuelve un tema clave dentro de la agenda de prevención y protección de infraestructuras críticas en Argentina.

Aunque las autoridades aclararon que no existe una amenaza concreta contra el complejo, el refuerzo de controles busca anticiparse a cualquier escenario en un contexto internacional cada vez más incierto.

Las preguntas que surgen

La represa de Salto Grande, símbolo histórico de integración energética regional, vuelve así al centro del debate sobre la seguridad de los sistemas energéticos en un mundo cada vez más interconectado y geopolíticamente volátil.

¿Por qué reforzaron la seguridad en la represa de Salto Grande?

Porque el Gobierno argentino elevó el nivel de alerta nacional tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y decidió aumentar la vigilancia en infraestructuras críticas.

¿Dónde está la represa de Salto Grande?

Está ubicada sobre el río Uruguay, entre las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay).

¿Por qué la represa es considerada infraestructura estratégica?

Porque genera una parte importante de la electricidad regional y regula el caudal del río Uruguay, lo que la convierte en una instalación clave para la estabilidad energética y económica.

¿Existe una amenaza directa contra la represa?

No hay información pública sobre una amenaza concreta. Las medidas se adoptaron de forma preventiva dentro del esquema de seguridad nacional.

FM del Este 100.5

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Desde las 0 horas de este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía del Mercosur asumió la operación del corredor vial que integran las Rutas Nacionales 12 y 14, en el marco de una nueva concesión impulsada por el Estado Nacional. La medida, presentada oficialmente como el inicio de una “nueva etapa”, vuelve a poner en evidencia una realidad que los usuarios conocen desde hace años: el pésimo estado de la Ruta 14 y la falta de respuestas concretas ante un fracaso que tiene responsables claros.

La Ruta Nacional 14, eje clave del transporte regional, turístico y del comercio internacional, fue construida con fondos públicos, es decir, con el aporte de todos los contribuyentes. Sin embargo, lejos de ser preservada como una infraestructura estratégica, fue concesionada durante años a la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), bajo un esquema que terminó en abandono, juicios al estado (nosotros) deterioro progresivo y múltiples incumplimientos.

Durante esa concesión, la ruta se degradó de manera alarmante: calzadas rotas, baches profundos, deformaciones, banquinas peligrosas y señalización deficiente se volvieron parte del paisaje cotidiano. Los reclamos se acumularon, al igual que los accidentes, la enorme cantidad de muertes y los daños materiales, mientras el Estado Nacional —obligado a controlar y fiscalizar— miraba para otro lado.

Ese punto es central: el deterioro de la Ruta 14 no fue un accidente ni una fatalidad. Fue el resultado de políticas que priorizaban una inflación trucha a través del Indec (el gobierno no permitió aumentar peajes en tiempo y forma, lo que culminó en demandas al estado y abandono de tares de mantenimiento) una falta de control estatal sistemática, con FUNCIONARIOS RESPONSABLES que debían TRABAJAR PARA BRINDAR SOLUCIONES A LA EMPRESA y de esa manera, exigir el cumplimiento del contrato, aplicar sanciones o rescindir la concesión mucho antes. Nada de eso ocurrió. Hoy, nadie explica por qué ni quién debe responder por ese fracaso.

Una ruta destruida que vuelve a concesionarse

Lejos de reparar primero la traza, o exigir inversiones primero, el Estado optó por volver a concesionar una ruta en pésimo estado, transfiriendo el problema a una nueva empresa: Autovía del Mercosur.

Hasta el momento, la única acción visible de la nueva concesión ha sido la instalación de nuevas cabinas de TelePASE y la eliminación de la mayoria de pago efectivo. Es decir, se modernizó el sistema de cobro, pero la ruta sigue rota.

El nuevo esquema incluso penaliza a quienes no adhieran al sistema automático, ya que el pago manual electrónico tendrá tarifas más elevadas. Para muchos usuarios, el mensaje es claro: se agiliza la recaudación, pero no se ven mejoras reales en la infraestructura.

Más peaje, las mismas dudas

Mientras se anuncian planes de obras y se pide paciencia a los conductores, la realidad diaria expone una contradicción difícil de explicar: una ruta construida con impuestos, deteriorada por una concesión fallida y mal controlada, vuelve a ser entregada a un privado que cobra antes de invertir, sin que nadie rinda cuentas.

El cambio de empresa no borra el pasado ni repara automáticamente el daño acumulado. La pregunta sigue siendo la misma que desde hace años se hacen vecinos, transportistas y turistas:
¿quién se hace cargo del estado actual de la Ruta 14 y del fracaso del modelo anterior?

Hasta que esa respuesta no exista, para miles de usuarios la nueva concesión no representa una solución estructural, sino la continuidad de un sistema donde el Estado se desentiende, las rutas se rompen, la gente se accidenta y los peajes siguen cobrando.

FM del Este 100.5

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El Gobierno iniciará el primero de enero la Fase 4 del programa económico, cuyos ejes serán la compra de divisas y la inyección de pesos en el mercado.

Los datos figuran en los lineamientos presentados por la autoridad monetaria para 2026, al los que accedió la Agencia Noticias Argentinas. 

La Fase 4 buscará continuar con la baja de la inflación y acumular reservas mediante una remonetización de la economía. 

“El monitoreo y control de agregados monetarios será crucial en esta próxima etapa de remonetización”, avisó el organismo presidido por Santiago Bausili. 

El Banco Central (BCRA) dijo que la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, “priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”. 

La autoridad monetaria comprará hasta 5% diario de lo que mueva el mercado y podrá hacer adquisiciones en bloque por fuera de esas operaciones.

Además, comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias en línea con el ajuste definido por la inflación con dos meses de rezago, en este caso el 2,3% de octubre último.

En enero, el Tesoro debe afrontar vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones, para lo cual será clave la estrategia de acumulación de divisas.

Para el BCRA, el crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas se traduzca en un aumento del stock de reservas, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses”.

Flexibilización del cepo cambiario

El BCRA brindó algunas pistas sobre cuándo espera aflojar el cepo cambiario vigente para empresas.

Explicó que “en la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, el BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2025”.

En ese contexto, el BCRA continuará avanzando con el proceso de normalización de la política de encajes bancarios, reconociendo su impacto sobre el equilibrio monetario y la intermediación financiera. 

“Cualquier modificación se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación del crédito”, señaló la autoridad monetaria.

Fuente: #AgenciaNA 

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Javier Milei y Donald Trump compartirán escenario después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas con el 41% de los votos y el apoyo de Estados Unidos. El Presidente viajará el miércoles junto a Luis Caputo para participar del American Business Forum, un evento que reunirá a empresarios y celebridades en Miami, y donde podrían surgir novedades sobre el paquete financiero de US$ 40.000 millones prometido a la Argentina.

Durante el miércoles y jueves, el foro contará con figuras como el enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, Lionel Messi y Rafael Nadal, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el actor Will Smith, la Nobel de la Paz María Corina Machado, el expresidente de Google, Eric Schmidt, el CEO de Citadel, Ken Griffin, y el fundador de WeWork, Adam Neumann, entre otros.

Trump brindará una charla el miércoles a las 14 y Milei el jueves a las 15.45, frente a unas 30.000 personas en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat de la NBA. En ese marco, hay expectativas de que los mandatarios vuelvan a sacarse la foto tras la cumbre del 14 de octubre en la Casa Blanca, donde el anfitrión le dio un fuerte espaldarazo a su aliado en la región, condicionando el apoyo financiero al resultado electoral.

Si bien el líder republicano admitió que la victoria fue “inesperada”, aseguró que Milei contó con “mucha ayuda” de su parte, por el cual Estados Unidos ganó “mucho dinero” gracias a las elecciones. De esa manera, se refirió al swap de US$ 20.000 millones que la Casa Blanca aún no oficializó, el préstamo de US$ 20.000 millones con bancos, y la intervención del Tesoro de Estados Unidos con US$ 2.100 millones.

Milei y Caputo también podrían volver a verse con Dimon después de la reunión que mantuvieron el viernes previo a los comicios. Wall Street le pide garantías al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para avanzar en un crédito a la Argentina. Trump, a su vez, está interesado en el distanciamiento de la Casa Rosada de China, y las firmas de ese país en la energía y los minerales argentinos.

Según pudo saber Clarín, algo de eso se habló en el coctel en el Teatro Colón organizado por el JP Morgan. El principal banquero de Nueva York tiene tiene un vínculo estrecho con el sector público argentino, al cual provee de servicios, y Buenos Aires es uno de los principales hub de apoyo para sus operaciones internacionales, que incluye servicios de tecnología, finanzas y ciberseguridad. En diciembre, la entidad anunció que iba a contratar 1.500 empleados en cinco años. “Están jugados en Argentina”, señaló una fuente al tanto de las charlas.

Después de la fuerte dolarización, el batacazo electoral catapultó los bonos y provocó una caída del 38% del riesgo país por debajo de los 650 puntos -la mayor baja intradiaria de la historia-, junto con una suba del más de 30% del Merval en dólares, superando el máximo previo de enero de 2002. Con todo, la baja del dólar fue mucho más moderada y cerró el viernes en $1.445 (-3%), mientras las reservas se redujeron en US$ 1.833 millones en una semana.

La expectativa en Washington y Nueva York es que Milei avance en reformas económicas que reduzcan los costos a las empresas y una apertura política para sostener su gobernabilidad hasta el 2027. Como primera respuesta a la renovada interna oficialista,el Presidente designó este domingo a Diego Santilli como ministro de interior, en reemplazo de Guillermo Francos. Pero también hay presiones para que acumule reservas, abra el cepo y despeje pagos de deuda.

Milei ya anticipó que, de ser necesario, utilizará el swap con Estados Unidos para el pago de US$ 4.500 millones a los bonistas que vence en enero. Ahora, sugirió que primero podría salir a colocar deuda al mercado si el riesgo país llega a los 500 puntos. “Ya empezaron a salir empresas argentinas están colocando deuda en torno al 8,75%, ojo. Y también las provincias. Nosotros queremos que baje más”, dijo el jueves a Pablo Rossi en A24.

Si bien el mercado se mantiene en alerta frente a un posible ajuste del esquema monetario y cambiario, Milei dijo que está bajando la inflación y las tasas de interés, y que no está “apurado” en eliminar las bandas cambiarias. “El tipo de cambio flota y pocas veces tocó la banda”, afirmó, y aseguró que “el Banco Central puede empezar a considerar monetizar la economía comprando dólares”, afirmó.

Según el economista jefe de Cohen, Martín Polo, el Tesoro compró US$ 7 millones el martes en lo que sería la primera intervención post elecciones. En caso de confirmarse, el monto sigue siendo ínfimo teniendo en cuenta que este lunes vencen US$ 850 millones de intereses con el Fondo Monetario y que Argentina debería acumular US$ 9.900 millones para cumplir la meta de diciembre con el organismo, según el Banco Galicia.

La desaparición de Estados Unidos del mercado de cambios local coincide con la preocupación del gobierno por el impacto que podría tener la compra de reservas en el dólar y la inflación, sin una demanda suficiente de pesos. Según LCG, su relevamiento de los precios de alimentos y bebidas de la última semana de octubre dejó una inflación promedio mensual del 3,3%, la más alta desde mediados de abril.

Fuente: Juan Manuel de la Barca – Clarin

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La entrada Milei suma a Luis Caputo a su gira en EE.UU. que busca avances por el paquete de US$ 40.000 millones se publicó primero en FM del este 100.5.

Según detalló en su cuenta de X (ex Twitter), la iniciativa abarca 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria), que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

“Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado”, sostuvo Adorni.

Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales.

Las mismas abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos,…

— Manuel Adorni (@madorni) October 8, 2025

El proyecto forma parte de la estrategia oficial para reducir la participación estatal en la ejecución y mantenimiento de infraestructura, trasladando estas tareas a empresas privadas a través de un esquema de concesiones.

La licitación representa la primera etapa del programa con el que el Gobierno busca extender la participación privada en corredores viales nacionales, tras años de paralización y rescisión de contratos anteriores bajo el régimen de Participación Público-Privada (PPP).

Los datos de la Cuenta de Inversión de 2024 revelan que el Gobierno alcanzó solo el 24% de las metas previstas en el programa “Pavimentación de Rutas Nacionales”.

El informe oficial señala que “el programa ejecuta obras de reconstrucción de los paquetes estructurales en pavimentos existentes, de modo de brindar condiciones óptimas de circulación”.

“Contempla obras con un estándar superior al establecido en la conservación mejorativa, e incluye refuerzos, recapados, reconstrucciones parciales y repavimentaciones”, dice el documento.

Además sostiene que “en el año 2024 se finalizaron 2 obras, con un desvío negativo de 155,7 kilómetros causado por 1 obras no finalizada, 1 obra que estuvo neutralizada, y 1 obra que estuvo paralizada”.

El programa tenía para el año pasado un meta de 205,15 kilómetros y se hicieron 49,45 kilómetros, lo que implica un nivel de cumplimiento del 24%.

Comunicado oficial

A continuación, el texto difundido desde el gobierno:

A través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondiente a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de La Red Federal de Concesiones.

Las ofertas se presentaron en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar. En total, se presentaron siete ofertas realizadas por seis empresas.

El Tramo Oriental está compuesto por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes; mientras que el Tramo Conexión lo compone el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

En esta Etapa I, se licita la concesión de más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y desarrollo logístico.

Posteriormente, se agregarán los tramos a concesionar en las subsiguientes etapas hasta conformar una extensión de más de 9.000 kilómetros para integrar la RFC.

Vialidad Nacional, organismo encargado de la elaboración de los Pliegos de Especificaciones, será el responsable de controlar por resultados el correcto cumplimiento de los contratos que se celebren. Esto permitirá garantizar las condiciones de circulación y detectar posibles incumplimientos con el fin de brindar un servicio de calidad para que todos los usuarios transiten de forma segura”.

Fuente: El Entre Ríos – Ámbito.com

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También declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de agosto de 2025, a las explotaciones de soja del distrito Rincón de Nogoyá del departamento Victoria y a las hortícolas del distrito Primero del departamento Colón de la provincia, afectadas por granizo.

La medida también alcanza a los productores de pecanes, en el período que va desde el 1 de marzo de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, cuyas explotaciones estén ubicadas en el distrito Primero del departamento Colón en Entre Ríos, afectadas por el mismo fenómeno climático.

Tales medidas, oficializadas a través de las resoluciones 1503/2025 y 1502/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, y publicadas en el Boletín Oficial, son resultado de las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario tomadas por el Gobierno de Entre Ríos.

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en la resolución. El Gobierno provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

La norma prevé que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias.

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El presidente Javier Milei vetará las leyes sancionadas semanas atrás, las cuales incrementan las jubilaciones, incorporan la moratoria y declaran la emergencia en discapacidad. Será la semana que viene, cuando se esté terminando el plazo de diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para rechazar una ley proveniente del Congreso. La decisión es vital para el Gobierno, desde donde argumentan que el costo fiscal que supone este paquete de iniciativas pone en peligro el déficit cero que funciona como ancla de expectativas sobre el programa económico nacional.

“Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado y estamos buscando alternativas para poder conversar con diferentes sectores”, comenta un hombre del oficialismo citado por el periodista Julián Alvez, para Infobae. A pesar de que en el plano legislativo hay conversaciones con los diferentes bloques partidarios, uno de los actores que también tiene una incidencia fundamental son los gobernadores. Al menos a un grupo de ellos se les busca dar un “gesto político” para poder lograr torcer algunas voluntades.

En los últimos días, trascendió que en el Ejecutivo están pensando en hacer una mayor transferencia de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos que se destinan a asistir a las provincias para situaciones específicas de emergencia o desequilibrios financieros, aunque, en rigor, se solía utilizar como un mecanismo de distribución de fondos de manera discrecional, ya que Nación es el que decide cómo manejarlo según la ocasión.

Son asuntos que se están tratando de manera conjunta en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete; áreas que seguirán con reuniones esta semana para debatir qué mecanismos posibles existen para avanzar con una propuesta formal a los gobernadores, ya sean a la mayoría o a algunos pocos.

“Existen dilemas desde lo fiscal, es decir, cuánto tengamos nosotros que relegar de fondos, hasta desde lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten desde un sector del Gobierno.

Los ATN no se rigen directamente por la Ley de Coparticipación, aunque sí se financian con fondos provenientes de la misma. La legislación establece la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, y un porcentaje de esos recursos se destina al Fondo de ATN. Aun así, no se rigen bajo un esquema automático como la coparticipación. Es todavía un dilema si pueden establecer de alguna forma que un porcentaje de lo recaudado se transfiera de manera proporcional a todas las provincias. Pero es algo que se piensa.

Entre varios gobernadores (incluso entre los más aliados) relativizan la medida. En particular, porque los 24 mandatarios subnacionales están a una aprobación en Diputados para que se sancione un proyecto que los favorece aún más. Este incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) para que el Fondo de ATN se coparticipe de forma automática y diaria, integrándose plenamente a la masa de fondos coparticipables.

Esta alternativa que piensa Nación puede ser discutida en comisiones de la Cámara Baja, aunque desde las provincias vuelven a enfatizar su escepticismo sobre el tema. Cerca del Presidente podrían evaluar no vetar la iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechaza, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto.

“Son chirolas los que nos pueden dar con ese cambio que hablan desde la Rosada”, afirma cerca de un importante gobernador. Y agregan: “El cálculo fiscal que puede significar lo que nosotros propusimos en el Congreso es de 0,05% del PIB. No le cambia a nadie la ecuación que sea menor a esto y tampoco vemos el rédito que le podrían sacar si es que implementan sus propios cambios”. Los gobernadores dicen no haber recibido esa oferta de parte de ningún miembro del oficialismo, aunque en los últimos días la Casa Rosada tuvo reuniones o encuentros presenciales con ocho provincias distintas. Por el momento no se prevé alguna reunión ni convocatoria oficial.

Puede ser que en el Ejecutivo estén pensando una medida paliativa que beneficie a los gobernadores por igual y que, para aquellos que ya le prometieron apoyos al Gobierno en el plano legislativo, tengan “algo que mostrar” para cuando vuelvan a sus provincias. “Acá no estamos hablando en términos económicos, estamos todos jugados en ese sentido. Lo que importa es el gesto político”, sintetiza un funcionario de la Casa Rosada.

El Gobierno se puso como principal objetivo político sostener los tres vetos que Javier Milei hará efectivos en el Boletín Oficial la semana próxima. El Presidente habilitó a los tres sectores políticos de la gestión a comenzar las conversaciones con distintos actores de la oposición. Tanto al círculo que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; como al del asesor presidencial, Santiago Caputo; y al del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Creo que van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando, y todos sabemos que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y estarán asesinando a nuestras generaciones futuras”, afirmó el Presidente al respecto de la posibilidad de que se volteen la mayoría de los vetos.

El veto a la moratoria previsional parece encaminado a validarse, ya que la iniciativa recibió 100 votos negativos en su media sanción. No ocurre lo mismo con los otros dos vetos, referidos a jubilaciones y a la emergencia en discapacidad, que obtuvieron 71 y 67 votos negativos respectivamente, lo que deja al oficialismo en una posición de vulnerabilidad.

En la administración libertaria indican que son optimistas al respecto de la votación en el Congreso. Hay vetos con los que el Gobierno tiene mayor probabilidad de ratificarlos que otros. La Libertad Avanza cuenta con 39 bancas en Diputados y, según el operador oficial, la estimación de los votos para respaldar los vetos se orienta entre 72 y 86. El escenario está ajustado, pero algunos violetas se aventuran a decir que “con el apoyo de algunos gobernadores se podría tener el número”. Fuente: Infobae

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Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni recordó que la medida sirve para cerrar “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”, en clara alusión al juicio por la causa Vialidad que terminó con la condena de Cristina Kirchner por sobreprecios y abandono de obras.

Qué implica la disolución de Vialidad Nacional

Según fuentes oficiales, la DNV contaba con 5.184 agentes, de los cuales solo el 33% realizaba tareas operativas. El resto formaba parte de una estructura administrativa excesiva y costosa, con un promedio de un cargo directivo cada tres empleados operativos. El resultado, advierte el Gobierno, fue una ejecución lenta de obras y altos costos operativos.

El anuncio del vocero presidencial @madorni Manuel Adorni, informando el cierre de Vialidad Nacional pic.twitter.com/uIc7gczYci

— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) July 8, 2025

El mensaje fue contundente: “Se firma el cierre definitivo de Vialidad Nacional y otros dos organismos”, informó Adorni. Se destacó que la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales se abrirá en breve, con la idea de incorporar al sector privado para reducir gastos y aumentar eficiencia.

¿Quién se queda con las funciones?

• Ministerio de Economía asumirá tareas vinculadas al diseño, construcción, conservación y mejora de la red nacional de rutas.
• La nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte —fusión de la CNRT con funciones de ANSV y CNTySV— se encargará de la fiscalización, control de concesiones y aplicación de sanciones.
• Podrá recepcionar reclamos de usuarios, supervisar licencias, inspeccionar vías y aplicar multas.
• La Gendarmería Nacional asumirá controles de tránsito en rutas nacionales.

También se anuncia la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que estará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte, ahora restringida al ámbito aeronáutico.

Ahorros y críticas

El Gobierno calcula que la medida generará un ahorro cercano a los 100 millones de dólares por año, además de contribuir a la “motosierra”, el plan de reordenamiento masivo del Estado. Además, sostienen que las facultades delegadas —que vencen hoy mismo— generaron un alivio fiscal equivalente a 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión genera inquietud en sectores críticos. Sindicatos del sector vial advierten sobre posibles despidos y temen que la licitación de rutas derive en menor control comunitario. Fuentes sindicales estiman que podrían perderse 5.500 fuentes de trabajo y alertan sobre la posibilidad de que su función pase a manos del sector privado sin garantías para la infraestructura pública .

Balance final: El cierre de Vialidad Nacional y la reorganización del transporte constituyen una reforma estructural ambiciosa, que apuesta a la eficiencia y austeridad. Pero también conlleva riesgos sociales y políticos que serán debatidos en el Congreso y en la calle.

FM del Este 100.5

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El Gobierno nacional se prepara para licitar la concesión de la denominada “Ruta del Mercosur”, un corredor vial estratégico que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, facilitando el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este corredor incluye las Rutas Nacionales 12 y 14, así como el Puente Rosario-Victoria, sumando aproximadamente 675 kilómetros de extensión.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Economía, había previsto iniciar este proceso en diciembre de 2024, con la adjudicación y toma de posesión programadas para abril de 2025, coincidiendo con el vencimiento del contrato de la actual concesionaria, Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA). Sin embargo, la publicación oficial de la licitación se ha retrasado y se espera que ocurra en los próximos días.

Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.

Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para privatizar la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país, actualmente gestionadas en su mayoría por la empresa estatal Corredores Viales. Estas vías representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito vehicular. El Gobierno estima que esta privatización podría generar un ahorro de aproximadamente 6.100 millones de dólares en los próximos 15 a 20 años.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Corrientes (FEC) han expresado su preocupación por el deterioro de estas rutas, señalando que su mal estado incrementa los costos de transporte y logística, además de aumentar el riesgo de accidentes viales. Han instado a las autoridades a realizar las reparaciones necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad de estas vías, lo que tendría un impacto positivo en el desarrollo productivo, turístico y social de las provincias involucradas.

La empresa CRUSA, concesionaria desde 1990, ha argumentado que el atraso en los ajustes tarifarios ha impedido el adecuado mantenimiento de las rutas, afectando su situación financiera. A pesar de ello, el Gobierno ha decidido avanzar con la nueva licitación, descartando una renegociación del contrato actual, y prevé que una nueva concesionaria se haga cargo de las rutas a partir del 10 de abril de 2025.

Una vez iniciada la licitación para estos 675 kilómetros, se planea una segunda etapa que abarcará la privatización de otros 8.470 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país, actualmente bajo la gestión de Corredores Viales. Esta fase estará dividida en 11 tramos, con el llamado a licitación previsto para febrero y su adjudicación para julio de 2025. El objetivo es mejorar la infraestructura vial, reducir los costos logísticos y aumentar la eficiencia del comercio exterior argentino.

FM del Este 100.5 Con Info de La Nación y Uno ER

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Comunicado de la empresa

A continuación, el texto difundido desde Caminos del Río Uruguay S.A.:

“El Gobierno ha comunicado la decisión de licitar el Corredor 18, correspondiente a la Concesión otorgada oportunamente a Caminos del Río Uruguay S.A. que vencerá el 9 de abril de 2025, luego de disponerse la última prórroga de un año. Dicho contrato tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.

La Concesionaria hace pública su preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos. Esta situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 550 empleados. El deliberado ahogo financiero derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados. Esta situación y la falta de respuesta del Concedente, forzó a Caminos del Río Uruguay S.A. a presentar su concurso preventivo, que culminó con la homologación reciente de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores.

Los incumplimientos contractuales incurridos desde el año 2009, en especial por la falta de ajuste y por no realizarse la renegociación comprometida, llevaron a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Recientemente, el juez Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión.

Pese a todo lo expuesto, Caminos del Río Uruguay S.A. mantiene su vocación conciliadora de encontrar soluciones. Ratifica su intención de cumplir los compromisos asumidos, dentro de los cuales es relevante completar el proceso de renegociación acordado, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito del Corredor, y corregir errores cometidos en el pasado por los anteriores Gobiernos.

El país merece un nuevo marco, como el anunciado por las autoridades, que brinde a los privados oportunidades en un sistema de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia. Damos la bienvenida a implementar soluciones con estos objetivos, para las cuales la política de superávit fiscal y de reducción de la inflación son condiciones indispensables”.

Fuente: Prensa Caminos del Río Uruguay

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El Gobierno Nacional publicará este lunes en el Boletín Oficial el decreto por el cual se desregulan los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros de media y larga distancia, informaron fuentes oficiales. La medida generará beneficios para todos los actores del sector.

En este caso se producirá la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.

Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplaza a la actual, que tiene más de 30 años de antigüedad.

El objetivo del gobierno nacional

El objetivo de la desregulación es lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual.

En esta línea, se crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online, para una mayor comodidad del transportista, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia.

Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción, aplicando de esta forma la nueva metodología de “Silencio Positivo” ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

De este modo, llegado el momento de vencimiento del plazo administrativo de un trámite se concede y autoriza para agilizar el procedimiento y no perjudicar al usuario.

En todos los trámites se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.

A partir de esta norma se podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, e incluso los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, lo que generará una mayor oferta de servicios y competencia de precios que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas.

A su vez, tendrán que informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.

En este punto, no se podrán ofrecer al público servicios que no se encuentren informados en el Registro Nacional del Transporte de pasajeros.

La autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

De esta manera, el Gobierno Nacional elimina trabas innecesarias, garantiza una mayor liberalización en las condiciones de prestación del servicio y agiliza los tiempos administrativos, con el fin de permitir la incorporación de nuevos actores al sector. Este cambio les permitirá a los usuarios gozar, con más competencia, de una mayor oferta en el transporte terrestre.

Fuente: UNO Entre Ríos

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