Organizaciones ambientales, comunidades indígenas, cooperativas y personas afectadas por el modelo de dragado del río Paraná solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender el proceso de concesión de la Hidrovía Paraguay–Paraná, impulsado por el Estado nacional a través de la Resolución 67/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación hasta tanto se resuelva el objeto del amparo principal.

La solicitud se enmarca en una acción de amparo ambiental colectivo presentada en marzo de 2025, iniciada por CAPIBARA, Ambiente, Derecho y Sociedad ONG, CENTRO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA ONG, MOVIMIENTO POR EL AGUA (MOPEA), FORO SANTAFESINO POR LA SALUD Y EL AMBIENTE, TRAMAS DERECHO EN MOVIMIENTO, FORO POR LA RECUPERACIÓN DEL PARANÁ y personas activistas, a la cual Fundación CAUCE, Cooperativa de Trabajo Cuidadores de la Casa Común y comunidades indígenas Mocovíes adhirieron. El objeto de este amparo es  exigir que el Estado cumpla con su obligación legal de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa de toda la cuenca del río Paraná, con participación ciudadana y consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

Un proceso licitatorio con graves irregularidades

En noviembre de 2024, el Estado Nacional aprobó la documentación técnica y legal para la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024 destinada a la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal del río Paraná y el Río de la Plata.

Tras la apertura de sobres en febrero de 2024 y la presentación de una única oferta, la licitación fue dejada sin efecto en febrero de 2025. Sin embargo, el Decreto 709/24 permaneció vigente y, en el marco de esas facultades, el Estado retomó el proceso licitatorio durante 2025, ignorando nuevamente la normativa y los principios de la democracia ambiental.

El amparo ambiental exige la suspensión precautoria del Decreto 709/24 hasta que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa de toda la cuenca del Paraná, con participación ciudadana efectiva.

Estudios insuficientes y participación cuestionada

En su respuesta judicial, el Estado intentó justificar la ausencia de una evaluación integral presentando informes parciales y desactualizados, que no pueden ser considerados una evaluación ambiental estratégica.

Asimismo, el Gobierno sostuvo haber cumplido con la participación ciudadana, pese a que alrededor del 90 % de las personas participantes de la audiencia pública del 3 de noviembre de 2025 impugnaron su validez por vicios en la convocatoria y manifestaron su oposición a las obras de dragado.

Una nueva resolución que profundiza el dragado

En medio del proceso judicial en curso, y sin haberse producido aún toda la prueba, el Estado dictó la Resolución 67/2025, que aprueba los pliegos técnicos de una nueva concesión por al menos 25 años y prevé un aumento del dragado del lecho del río respecto de la concesión anterior.

Las organizaciones advierten que esta decisión se tomó sin evaluar los impactos acumulativos de las obras sobre el ecosistema del Paraná y del Río de la Plata, avanzando de manera temeraria hacia un objetivo exclusivamente económico, sin considerar las consecuencias sociales, ambientales y culturales.

Sin consulta a pueblos indígenas

En esta seguidilla de incumplimientos, el Estado tampoco realizó los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y otras normas internacionales y provinciales.

Las normas de derechos humanos obligan a los Estados a consultar de manera culturalmente adecuada y sin coerción a los pueblos indígenas ante decisiones que puedan afectar sus territorios y modos de vida.

Principios ambientales y urgencia de la cautelar

El pedido cautelar se basa en los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura e in dubio pro agua, reconocidos por las normas ambientales nacionales e internacionales, el Acuerdo de Escazú y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos principios obligan a anticiparse al daño ambiental, ya que, en muchos casos, cuando el daño se produce, resulta irreversible.

Si el proceso licitatorio continúa y se adjudica la concesión, se consolidará un modelo de intervención sobre el río con impactos por décadas, haciendo irreparable el daño y volviendo abstracta la acción judicial.

Defender el río como bien común

Desde las organizaciones actuantes en el proceso sostenemos que no se puede decidir el futuro del río Paraná sin información pública, participación social y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

El río Paraná y sus humedales son un bien común esencial para la vida, la cultura y los ecosistemas de la región. La gestión de la Hidrovía debe ser debatida públicamente y basada en evaluaciones ambientales integrales, no en decisiones administrativas orientadas por intereses económicos de corto plazo.

Fuente: CAUCE adhiere al amparo ambiental colectivo por la Hidrovía y exige una evaluación ambiental estratégica

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Un nuevo amparo fue iniciado el 6 de noviembre de 2025 por Fundación CAUCE, luego de que no se respondiera en tiempo y forma una solicitud de acceso a la información pública presentada el 19 de septiembre. La solicitud pretendía obtener datos claves respecto de la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, a raíz, también, de la puesta en marcha de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

Concretamente, se solicitó:

1. Los proyectos de ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, aguas arriba y abajo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.
2. El proyecto de conclusión de la esclusa de navegación de la represa de Salto Grande (esclusa Ayuí) u otro proyecto alternativo que se prevea.
3. Los estudios de impactos socio-ambientales que se hayan realizado o indique qué tipo de evaluaciones ambientales se prevén realizar para las obras a las que se haga referencia en el punto 1 y 2, indicando forma de financiamiento y especialmente de qué modo se instrumentará la participación ciudadana en estos procesos.

La información solicitada no es meramente información pública: es un tipo especial de información pública pues refiere al ambiente, a sus componentes naturales o culturales y al desarrollo sustentable. Y así como no es una información de tipo genérica a la cual se le puede aplicar la recientemente sancionada ley 11.191 en nuestra Provincia, su proceso de requerimiento, respuesta, plazos y acciones en caso de denegación son especiales también.

El acceso a la información pública ambiental está regida en nuestro país por una ley de presupuestos mínimos que, justamente, como lo indica la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, son base uniforme para todo el territorio argentino, pudiendo luego las provincias complementarlas. Para este tipo de información, no nos podemos olvidar que la ley 11.191 no es una ley complementaria. Además, debemos saber que la aplicación de los estándares del Acuerdo de Escazú son obligatorios para los distintos niveles del Estado para el correcto ejercicio y goce de los derechos por la ciudadanía.

Ya la jurisprudencia entrerriana tiene un recorrido en este sentido de habilitar, ante la denegación de acceso a la información la vía del amparo como vía judicial rápida y expedita; la no aplicación de la reciente norma 11.191 para este tipo de casos y la imposibilidad del Estado de eludir la entrega de información a partir de invocaciones genéricas de confidencialidad, y que si existiera algún dato sensible, corresponde aplicar mecanismos de disociación o tachas.

Con esta nueva acción judicial, buscamos que los derechos instrumentales que establece Escazú sean realmente respetados, se genere cumplimiento para evitar responsabilidad, incluso internacional, y que la democracia ambiental siga siendo la manera de gestionar procesos y evitar futuros conflictos.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la sentencia de primera instancia que ordena al Gobierno provincial entregar información completa sobre la extracción de arena, en respuesta a un amparo presentado por la Fundación CAUCE. La Justicia rechazó el recurso de apelación del Ejecutivo, marcando un precedente en el acceso a la información ambiental.

La sentencia obliga al Estado a informar, en un plazo de diez días hábiles, sobre el destino de la arena extraída —principalmente utilizada en el fracking para la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta—, el volumen retirado, los controles estatales realizados y los ingresos tributarios generados.

En este contexto, cobra fuerza la reciente entrevista al ingeniero y empresario arenero Sergio Paz, emitida por FM del Este 100.5 en el programa “El Despertador”. Paz denuncia un sistema de extracción descontrolado, donde “salen entre 900 y 1000 camiones diarios cargados con arena” sin ningún tipo de fiscalización efectiva por parte del Estado. “Es un robo a la minería entrerriana. Nadie paga nada”, afirma.

Escuchá la nota completa al Ing. Paz en “El Despertador”

Paz sostiene que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tiene un rol clave en el entramado: “Hace y deshace todo lo que se llama extracción de arena”, y lo vincula con empresas de transporte presuntamente ligadas al negocio. “Tiene información de todos los que están en el poder, y no dudará en “carpetearte”; por eso nadie se anima a enfrentarlo”, asegura.

Según sus cálculos, la arena utilizada para fracking se comercializa a valores cercanos a los 200 dólares por metro cúbico, lo que implica cifras multimillonarias que, según él, no se traducen en ingresos para la provincia. Paz también es empresario agrícola y sentencia: “Yo en el agro tengo retenciones por cada tonelada de soja. ¿Por qué no se aplica lo mismo con la arena?”, cuestiona.

Además, advierte sobre el impacto ambiental del lavado de arena con productos químicos: “Eso va al río o al arroyo, y nadie controla nada”.

La denuncia de Paz, sumada al fallo del STJ, revela la urgente necesidad de una revisión profunda del sistema de explotación de recursos naturales en Entre Ríos. La Fundación CAUCE celebra el fallo como un triunfo del derecho a la información pública ambiental, pero aún queda por ver si el Estado provincial cumplirá efectivamente con su obligación de informar.

Mientras tanto, queda en evidencia que la transparencia y el control ciudadano son claves para frenar la impunidad con la que, según las denuncias, se viene operando en este millonario negocio.

FM del Este 100.5

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La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, hizo lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental presentada por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, en una sentencia ejemplar, bien fundamentada tanto en lo fáctico como en lo jurídico, que representa un importante avance en la defensa del bosque nativo entrerriano. El fallo establece el cese inmediato de los desmontes ilegales, declara la responsabilidad ambiental de las personas y empresas involucradas y obliga al Estado provincial a actuar con celeridad.

La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la empresa Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representado por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez por desmontes ilegales en tres lotes ubicados en zonas categorizadas como I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), donde la tala está prohibida.

Resolución de la jueza

• Ordenó el cese inmediato del desmonte en los predios identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278, de propiedad de Salentein Argentina B.V. (hasta noviembre de 2024) y de SYS S.A. (representado por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodriguez, a partir de esa fecha, aunque comodatarios a partir de junio de ese año. Y los consideró responsables de daño ambiental.
• Consideró el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que entendió procedente la acción de amparo, reconociendo la necesidad de intervención judicial para frenar los daños al monte nativo.
• Se aplicó el principio preventivo, es decir, evitar mayores daños: ya se registraron unas 125 hectáreas desmontadas en forma ilegal.
• Se basó en pruebas técnicas contundentes:
  -Mediciones de un ingeniero agrimensor, que constató “abras” de entre 50 y 60 metros que los demandados indicaron como supuestos cortafuegos
  -Un informe técnico de UADER, detallado y preciso, que confirmó que el desmonte comenzó en junio de 2024, cuando Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso del predio por comodato.
• Desestimó el informe del perito Cian, por falta de rigurosidad técnica, tal como lo había señalado Fundación CAUCE al pedir su nulidad.
• Exhortó al Estado Provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo iniciado por Cristian Sterz, Martín Bleginomini y Jorge Rodríguez (expte. N° 3.010.683), y a informar a la Justicia sobre los avances.

Una decisión que sienta precedente por el cuidado de nuestros territorios

Desde Fundación CAUCE celebramos este fallo como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y de nuestra Constitución.

 La sentencia, con fecha 29 de mayo, reconoce la gravedad del daño ambiental que implica el desmonte de áreas especialmente identificadas de monte a proteger como son las categorías I y II (roja y amarilla), la ilegalidad del accionar de empresas y particular que pretenden saltear las áreas del Estado que están para proteger y cuidar nuestros bienes naturales  y la responsabilidad que al propio Estado en el objetivo de la preservación de nuestros ecosistemas.

Continuaremos trabajando para que se garantice la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión. 

Fuente: Fundación Cauce Ecológico

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La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista lanzó un nuevo material sobre contaminación por microplásticos. En esta oportunidad, el doctor en Ciencias Biológicas Martín Blettler estudió, por primera vez en la región, la potencial presencia de este tipo de polutantes aéreos en la ciudad de Paraná y en sitios periurbanos que la circundan.

«Se trata de un estudio que realizamos desde la Fundación CAUCE con la idea de saber si en la ciudad de Paraná existen, o están presentes, microplásticos atmosféricos. ¿Qué son? Aquellos plásticos particulados que se encuentran en la atmósfera y, por tanto, están sujetos a las condiciones naturales. Infelizmente, encontramos concentraciones preocupantes, esto significa que la ciudad es generadora de microplásticos que pasan a la vía aérea, mientras otro porcentaje –que tenemos cuantificado con otros estudios– van a parar al río Paraná a través de los arroyos urbanos», destacó Blettler acerca de la investigación.

Fuente: Cauceecológico

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La resolución lleva la firma de la vocal de la Cámara Segunda de la Sala Tercera, María Valentina Ramírez Amable, quien estableció que el Estado provincial deberá presentar el estudio de impacto ambiental acumulativo dispuesto oportunamente, como máximo el próximo 31 de octubre.

La demanda es por el presunto accionar y/u omisiones tanto del gobierno provincial como de la Municipalidad de Ibicuy en la relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas ubicada en el predio “El Mangrullo”, a cargo de la empresa YPF.

Asimismo, se dispuso que la difusión y divulgación del estudio se realice durante noviembre, con la participación tanto de la ciudadanía en general como de aquella que habita en la zona afectada, sin perjuicio de que la demandada adicione cualquier otra actividad del estilo que contribuya a lograr dicha finalidad.

También ordenó que la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela García, suministre cada 15 días y hasta la presentación efectiva del estudio de impacto ambiental ordenado en esta causa, un informe detallado de su avance.

Resoluciones e informes del caso

Desde el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia indicaron que quienes estén interesados en acceder a las resoluciones e informes relevantes de la causa, pueden hacerlo ingresando a la Mesa Virtual Pública.

Fuente: El Entre Ríos / SIC STJER

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Desde la entidad, destacaron que en caso de que se realicen estos emprendimientos, previstos entre los kilómetros 181 y 183 de la ruta nacional Nº12 del distrito Ceibas, se estaría incumpliendo un mandato judicial firme. «En efecto, se estaría desobedeciendo la orden judicial dictada por la jueza Valentina Ramírez Amable: vulnerando de manera flagrante los principios de prevención y precaución, ante la clara e imperiosa necesidad de revertir la situación extractiva sin control que continúa ocurriendo en la zona», alertaron.

Efectivamente, el 27 de mayo de 2022 la Justicia ordenó al Gobierno entrerriano y a la Municipalidad de Ibicuy -en el departamento Islas, en el sur de la Provincia- «la suspensión preventiva y precautoria de todo trámite municipal y/o provincial de otorgamiento, habilitación y/o renovación, de permisos de uso, certificados de aptitud ambiental y/o finalización de trámites de Evaluación de Impacto ambiental que se relacionen con emprendimientos de extracción de arenas silíceas y/o de plantas de lavado de arenas silíceas hasta tanto se concluya la confección del Estudio de Impacto Ambiental acumulativo ordenado».

Se trata de una resolución de ejecución de sentencia dictada en el marco de la acción de amparo ambiental interpuesta por Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A. por su accionar y omisiones en relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas de YPF ubicada en un área natural protegida, en cercanías a una escuela y un barrio. La sentencia, dictada por la jueza María Valentina Gabriela Ramírez Amable, vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda Civil y Comercial, dictada el 27 de mayo, fue apelada por las partes de mandadas. Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Cauce, Valeria Enderle, expresó: «Apelan esta resolución siendo conscientes de que incumplieron la sentencia dictada y que continuaron habilitando canteras y plantas de lavado, cuando el objetivo de un estudio de impacto ambiental acumulativo es evaluar los efectos de la actividad y prevenir posibles daños a los ecosistemas».

La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF SA que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado nocivo y contaminante. Ese punto fue revocado ahora por el STJ.

Ahora, señala la Fundación Cauce, el fallo de Ramírez Amable, confirmado en ese punto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), «ordena realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo -con amplia participación ciudadana-, con el objeto de precisar los efectos que tiene sobre el ambiente la actividad de extracción de arenas silíceas».

«Mientras ello no se cumpla, y conforme se ha resuelto en el marco de la ejecución de la sentencia del amparo ambiental, han quedado suspendidos los trámites municipales y provinciales de otorgamiento, habilitación o renovación relativos a estos emprendimientos extractivos», recordó la entidad ecologista.

Y agregó: «Llamativamente, la Secretaría de Ambiente ha decidido ignorar esto, disponiendo la tramitación de nuevos expedientes que tienen por objeto la instalación de nuevas canteras en el territorio provincial. Es decir, que nos encontramos no sólo ante la violación, desconocimiento e incumplimiento de una manda judicial sino también ante una flagrante violación del principio de prevención ambiental que buscar evitar que se produzcan mayores daños ambientales».

En ese sentido, desde la entidad resaltan: «Abogamos por una magistratura activa y confiamos en que se dictarán las medidas tendientes que impidan a las autoridades públicas avanzar y continuar con las autorizaciones, para lograr así una adecuada y efectiva protección ambiental. Caso contrario, los daños serán irreversibles, tanto para el ambiente como para la población y los principios republicanos».

Fuente: Entre Ríos Ahora

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La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF SA que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado nocivo y contaminante.

La magistrada estableció un plazo de 120 días de conocida la sentencia para que la empresa reemplace ese producto, el que deberá ser compatible con las pautas que refirió la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER) en la presentación del 17 de agosto de 2021.

Asimismo, dispuso que, durante el plazo concedido para el cambio, se realicen muestreos de calidad de agua en pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela y en la frecuencia que indiquen los órganos técnicos de la SAER.

«En el supuesto de que los muestreos dieran como resultado presencia de acrilamida (AMD) en lodos o aguas analizadas, se suspenderá de inmediato la actividad, debiendo la autoridad de aplicación diseñar al efecto el plan de contingencia que corresponda”, advirtió la jueza.

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Por otra parte, estableció: «que la SAER en concurrencia con el Municipio de Ibicuy realicen una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del Municipio de Ibicuy y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela (art. 6 Acuerdo de Escazú)».

Una sentencia que aplica los principios del derecho ambiental: principio pro natura, de prevención y de precaución 

La explotación que realiza YPF SA se encuentra emplazada en una zona que integra el sistema de humedales entrerrianos constitucionalmente protegido (art. 85 Constitución Provincial). Y, al igual que sucede con la Convención Ramsar -en su nivel de reconocimiento- la protección es explícita y clara también a nivel constitucional local dada la importancia de estas áreas y lo que representan en términos ecológicos para la humanidad.

Como se explica en la demanda, YPF SA extrae arenas silíceas del territorio entrerriano, materia prima que se utiliza en Vaca Muerta para la extracción, mediante fractura hidráulica o fracking, de shale oil o petróleo de esquisto o shale gas o gas de lutita.

“La aplicación del principio precautorio, en este caso -en tanto la temática ya se encuentra en la agenda pública de los estados demandados- lleva a exhortar mediante este pronunciamiento al Estado de Entre Ríos y al Municipal de Ibicuy a que arbitren los medios y canales conducentes a fin de ejecutar -prontamente- en la zona afectada, un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos extractivos denunciados, resguardando el respeto de los presupuestos mínimos en la materia y en el que se dé amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”, indicó en la sentencia.

En otra parte del escrito, la jueza destacó que este estudio tenga como fin «adaptar las pautas de un desarrollo sustentable que respeten al máximo posible las características de área protegida que ésta posee, y sea posible avanzar en la regulación y control del desarrollo social y económico ordenado y sustentable de la zona».

Es importante destacar que la jueza interpretó correctamente las características de un proceso ambiental y el objeto del amparo como un macro bien que nos pertenece a todos y todas. Celebramos el rol que la magistratura asumió en un proceso de estas características, tanto en el devenir del proceso como en la producción y valoración de la prueba, ya que se dispuso de audiencias para la escucha de las partes, para interrogar al perito y se solicitó una prueba que no había sido considerada. 

Asimismo, señalamos el tratamiento relativo a costas:

«Si bien la sentencia no atiende íntegramente todas las postulaciones de las actoras, ello no genera mérito suficiente para apartarse de la regla general que establece el art. 20 LPC. Por lo demás, el derecho al ambiente reviste un deber de protección de todos los ciudadanos como indica el art. 41 CN, tornando al litigio ambiental en uno de interés público. Consecuentemente, salvo pretensiones infundadas o temerarias, tampoco cabría aplicar criterios tradicionales que rigen en los procesos individuales en materia de costas y permiten su distribución -en casos de vencimientos parciales- pues ello sólo contribuye a desalentar el control, la participación y defensa del medio ambiente reconocidos amplia y preferentemente por nuestra CN, la LGA y por la Constitución local».

La sentencia, con fecha de 3 de septiembre, fue apelada por YPF SA, el Estado Provincial y la Municipalidad de Ibicuy, se desconocen los fundamentos que esgrimieron para cuestionar la decisión dispuesta por la jueza Ramírez Amable, la resolución queda ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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La entrada ¡Una buena para el derecho ambiental! Sentencia favorable en el amparo por planta de arenas silíceas se publicó primero en FM del este 100.5.

La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado “nocivo” y “contaminante”.

Así, dejó establecido un plazo de 120 días de conocida la sentencia para que la petrolera reemplace ese producto, el que deberá ser compatible con las pautas que refirió la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en una presentación fechada el 17 de agosto pasado.

Asimismo dispuso que, durante el plazo concedido para el cambio, se realicen muestreos de calidad de agua en pozo de agua, dique de lodos, barrio aledaño y escuela, en la frecuencia que indiquen los órganos técnicos de la cartera ambiental: “En el supuesto de que los muestreos dieran como resultado presencia de acrilamida (AMD) en lodos o aguas analizadas, se suspenderá de inmediato la actividad, debiendo la autoridad de aplicación diseñar al efecto el plan de contingencia que corresponda”.

Por otra parte, la magistrada fijó que la Secretaría de Ambiente, en concurrencia con la Municipalidad de Ibicuy, “realicen una campaña de divulgación periódica de los resultados de los monitoreos de calidad de aire y agua obtenidos, publicando los resultados y conclusiones en lenguaje llano y accesible y fácilmente disponible para la población en general del Municipio de Ibicuy, y en especial del barrio aledaño a la planta y escuela (art. 6º Acuerdo de Escazú)”.

La sentencia se destaca por considerar de “interés público” al litigio ambiental.

Fuente: Análisis

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