“El tramo de la Ruta 2 que no fue incluido en el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se realizará con recursos provinciales. Esto implicó incluso modificar el programa de inversión que Vialidad Provincial tenía previsto para la red vial entrerriana, con el objetivo de avanzar con el llamado a licitación durante el corriente año”, explicó el legislador.

En ese sentido, precisó que la obra será incorporada dentro del tramo 3 del plan de intervención de rutas, el cual será rediseñado para incluir este sector considerado estratégico para la región. “El gobernador ya solicitó la revisión del proyecto y la actualización de costos, entendiendo que es una obra prioritaria para los entrerrianos”, remarcó.

Dal Molin aclaró además que la exclusión de este tramo del financiamiento internacional “no responde a una decisión política, sino a cuestiones técnicas que escapan a la voluntad del gobierno provincial”.

“¿Alguien puede creer que un gobernador puede excluir 15 kilómetros de una ruta por decisión propia, teniendo la posibilidad de incorporarlos en un crédito de esta magnitud? Es evidente que no se trata de una decisión política, sino de limitaciones técnicas del financiamiento”, sostuvo.

En ese marco, planteó la necesidad de abordar el tema con una mirada integral: “La discusión es si rechazamos todo el proyecto —una de las posibilidades que se plantearon por la no inclusión de este tramo— y perdemos la oportunidad de concretar más de 180 kilómetros de rutas largamente postergadas, o si avanzamos con el financiamiento y buscamos alternativas para ejecutar los tramos que quedaron afuera”.

Finalmente, el senador subrayó que la posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento internacional “es producto del ordenamiento de las cuentas públicas y de las decisiones que se están tomando para resolver problemas estructurales de la provincia”.

“Nuestra provincia, después del default de 2021 y con un fuerte déficit en la Caja de Jubilaciones, durante mucho tiempo no calificaba para este tipo de créditos. Hoy, con un margen acotado, pero real, puede hacerlo. Y eso es consecuencia de una gestión responsable del gasto público”, concluyó.

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Mientras la Justicia avanza en la investigación sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que está desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, se conoció otro escandaloso dato que salpica nuevamente a la gobernación de Jorge Capitanich, quien mantiene una cercana relación con el principal acusado Emerenciano Sena.

De acuerdo a la página oficial del Gobierno de Chaco, la Fundación del Clan Sena recibió $ 140 millones de la administración estatal.

La información marca que durante el 2023, la fundación recibió estos fondos para construir viviendas. Se trata de 25 millones en promedio por mes solo por contratos pagados por el Banco del Chaco. Los fondos se multiplican durante los años anteriores.

Los datos oficiales ya los recibió el fiscal federal Patricio Sabadini, que investiga por presunto lavado de activos a Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña. Anoche pidió formalmente que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los integrantes de la agrupación.

Vale destacar que los fondos llegaban del gobierno provincial a la Fundación que lleva el nombre del suegro de Emerenciano, Saul Acuña.

Los investigadores están convencidos de que la joven fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra, la ex precandidata a intendenta de Resistencia, Marcela Acuña, a quien la situación “se le fue de las manos”.

Además, los fiscales sospechan que mientras eso ocurrió, el resto de los acusados y que están detenidos “colaboraron activamente” con ella en la desaparición del cuerpo.

A está hipótesis llegaron los fiscales tras los testimonios de Patricia Acuña, hermana de Marcela Acuña y de su esposo Ricardo Goyo, quienes durante tres horas declararon como testigos, y también por las indagatorias de los imputados Gustavo Obregón y Fabiana González.

Por el momento, los detenidos en la causa son: César Sena, quien está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor; Marcela Acuña y Emerenciano Sena, acusados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autores.

Y también está detenidos, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por el delito de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario; Gustavo Obregón por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario; y Fabiana González por homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.

La Prensa

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Con una inversión que supera los 1.640 millones de pesos, en 2022 se firmaron convenios para Aportes No Reintegrables (ANR) con 20 municipios entrerrianos.

En el marco del Programa de Infraestructura Urbana que lleva adelante el gobierno provincial, se rubricaron 20 Convenios con distintos municipios, mediante los cuales se acompaña con ANR en la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana. Las gestiones son llevadas adelante desde el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

“Estos convenios son la concreción de lo que nos ha marcado el gobernador Gustavo Bordet en materia de obra pública, de trabajar con compromiso en todo el territorio provincial a fin de llegar con las obras necesarias o, como en este caso, el acompañamiento con aportes, y alcanzar la ejecución de trabajos que mejoren significativamente tanto la trama vial urbana, como también espacios públicos de esparcimiento”, destacó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.

El compromiso asumido por el gobierno provincial permitirá la ejecución de 24.268 metros lineales de obras en pavimento urbano, repavimentación de calles, consolidación de red vial, entre otras, alcanzando una inversión para el año 2022 de más de 1.640 millones de pesos.

Las obras beneficiadas por estos acuerdos se llevan adelante en las localidades de Tabossi, Paraná, Villa Mantero, San Justo, Viale, Bovril, Gobernador Mansilla, Federación, Lucas González, La Paz, Hernández, San José, Pronunciamiento, San Salvador, General Campos, General Galarza, Villa Urquiza, Ceibas, Chajarí, y Villa Domínguez.

Dichos convenios establecen el compromiso, de parte de la provincia, de acompañar a los gobiernos locales a través de la entrega de Aportes No Reintegrables, en un porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto presentado.

“Esta política en materia de obra pública tiene por objetivo garantizar la ejecución de proyectos que mejoren la infraestructura urbana de cada localidad, y a su vez dinamizar los mercados locales en virtud que la ejecución de los mismos la realiza cada municipio, y esto impacta de forma directa en mano de obra local, como así también en la provisión de insumos y materiales”, precisó además el ministro Richard.

Las obras

Con una inversión de más de 1.640 millones de pesos del erario provincial, en la mayoría de los casos las obras tienen que ver con repavimentación de calles urbanas, rehabilitación y consolidación de red vial. Tal es el caso de la obra de Reconfiguración y Rehabilitación de Avenida Zanni de la ciudad de Paraná.

En algunos otros, como en la localidad de Villa Mantero, departamento Uruguay, el gobierno provincial acompaña con fondos la ejecución de la obra Complejo Recreativo de Verano. Asimismo, con el municipio de La Paz, se concretó la firma de un convenio para la entrega de ANR por parte del gobierno provincial para la ejecución de la obra Ciclovía y Vereda Peatonal en calle Hipólito Irigoyen.

Cabe destacar que durante el año 2021, el gobierno provincial entregó ANR por más de 187 millones de pesos, para la concreción de obras de infraestructura urbana en los municipios de Villa Elisa, Gualeguaychú, Colón, San Salvador, Santa Elena, y Gilbert.

(Prensa Ministerio de Planeamiento)

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